DICTANDO LAS PALABRAS-EL CONTROL DE LA CULTURA POR LA IZQUIERDA Y LA GUERRA CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN-CUARTA PARTE

Por Marc Glendening
Institute for Economic Affairs
31 de octubre del 2023

EL ROL QUE DESEMPEÑA “EL DISCURSO DE ODIO” PARA EL CCI

La expresión de odio se ha convertido en un concepto organizador crecientemente importante del CCI. Ahora siendo moneda corriente en toda la vida política de la corriente principal, el término ha llegado a ser de forma creciente una etiqueta útil para que el CCI se ponga en marcha en el marco de sus agravios. Ante el público se han presentado exitosamente las prohibiciones a expresiones de odio como una extensión natural de restricciones mínimas a la libre expresión que existen en cualquier democracia liberal. Esto le ha permitido al CCI proseguir su proyecto de limitar la libre expresión, a la vez que limpia sus objetivos bajo el disfraz de erradicar el mal social y promover la tolerancia, diversidad y civilidad en la vida política.

Tal vez sin sorprender, la amplia utilidad estratégica del término “expresión de odio” depende en mucho en la vaguedad de la descripción que se da de ella. Su significado ha cambiado con el paso del tiempo. La naturaleza de este cambio ha sido sugerida por algunos de los ejemplos ya discutidos en este ensayo. Una miríada de iniciativas del CCI es ahora perseguida bajo el disfraz de combatir el “discurso de odio”: iniciativas que se proponen dictar proactivamente el uso lingüístico aprobado, de nuevo en relación exclusiva con grupos sociales favorecidos; iniciativas para prohibir la expresión “ofensiva;” y, tal vez, más impactante que todo, iniciativas cuyo único objetivo plausible es la limitación de la expresión con base en sólo su contenido político.

La explicación histórica de cómo el discurso de odio llegó a desempeñar tal rol decisivo en avanzar la agenda política del CCI es, de nuevo, mejor revelada en relación con los estatutos legales relevantes, así como su interpretación cambiante por parte de las fuerzas del orden.

En 1965, la introducción de la Sección 6 de la Ley sobre Relaciones Raciales ilegalizó la incitación hacia el odio racial en Gran Bretaña. Es tentador ver esto como la trama inicial de la lucha subsecuente por socavar el entendimiento liberal clásico establecido de la relación entre el estado y acción del individuo. La era de posguerra brindó una atmósfera política congenial para que tal movimiento se lograra establecer. A través de Europa, la respuesta hacia la experiencia del fascismo y el nacional socialismo le ayudó a crear un nuevo tono político, uno que era más pesimista sobre la habilidad de la sociedad para autorregularse de forma que impidiera apoderarse al extremismo político. En relación con el límite de la legalidad de la expresión política permisible, fue en particular importante el supuesto de que la persecución de los judíos bajo los nazis se había logrado gracias al uso efectivo de propaganda antisemita.

En la vida política británica, en donde el fascismo nunca había sido una fuerza política bien desarrollada, el temor primordial no fue un holocausto racialmente motivado, sino una desconfianza en la posibilidad de un conflicto interno entre la población británica indígena e inmigrantes recién arribados desde las Indias Occidentales y la Comunidad Británica. Las huelgas raciales de Notting Hill a fines de los cincuentas y sesentas parecían predecir, en una escala local pero sin embargo políticamente potente, la posibilidad futura en Gran Bretaña de desorden público políticamente cargado. Las ansiedades resultantes se sintieron a nivel de los partidos políticos nacionales. Por ejemplo, en 1964, el partido conservador puso un candidato que participó con una campaña electoral abiertamente racista en Smethwick.

Fue en este contexto bastante inusual que se aprobó la Ley de Relaciones Raciales de 1965. En el momento de su aprobación, no había sugerencia alguna de que el estatuto debiera usarse de manera preferencial hacia un grupo racial en vez de otro; eso sólo ha llegado a ser el caso en años subsecuentes. En efecto, entre los primeros a ser procesados bajo la nueva ley estuvo un hombre de Indias Occidentales; luego, vinieron miembros del Movimiento de la Liberación Negra (Twomey 1994). Pero, se introdujo un cambio crucial en la Sección 70 en la Ley de Relaciones Raciales; ello eliminó cualquier requisito de prueba de intención culposa de parte de aquellos procesados bajo la ley por incitar al odio racial.

La posterior Ley de Orden Público de 1986 (Secciones 18-22) debería verse como marcando la transición desde la primera a la según oleada de legislación sobre discurso de odio en Gran Bretaña. Este estatuto convirtió en ofensa agitar el odio racial por medio del uso de palabras o comunicación “amenazadoras, abusivas e insultantes.” En el transcurso de los años a cargo de Tony Blair, se agregaron provisiones adicionales para prohibir agitar el odio con base en la orientación religiosa y sexual (sin embargo, en estos casos se requirió demostrar esa amenaza específica, en vez de que simplemente se usaron palabras abusivas o insultantes.) En el 2014, la Ley fue reformada para remover la referencia a lenguaje “insultante;” no obstante, Sir Keir Starmer, entonces director de la Fiscalía Pública, hizo ver que esta alteración sería de poca consecuencia práctica, al ver que se retuvo la referencia a lenguaje “abusivo.” [42] Bajo la ley, los individuos podían ser convictos si sus palabras amenazadoras abusivas se n que causaban “acoso, alarma o angustia.” [énfasis agregado]. También, esa última previsión está sujeta a la Ley contra el Crimen y el Desorden de 1998, que introdujo sentencias agravadas para quienes se pensaba habían sido motivados por “hostilidad” hacia gente con características protegidas.

Como queda claro de esta breve recapitulación de la historia legal, la tendencia durante las últimas décadas ha sido que la legislación coarte en mayor grado los derechos individuales a la expresión. Se habían abandonado los objetivos originalmente circunscritos de la Ley de 1965. La distinción liberal tradicional que Mill ayudó a establecer entre expresión dañina y expresión que simplemente es ofensiva, ha sido tan plenamente desestabilizada en la imaginación popular, que hoy muchos conciben que la ofensa constituye, en sí, una forma de daño. Pero, es muy dudoso que mezclar daño y ofensa de esta forma sea compatible con un enfoque robusto de los derechos individuales a la expresión. La razón es aquella expresada por el Señor juez Sedley cuando, dijo él en referencia a un caso que involucraba un predicador religioso, que:

“No vale la pena tener libertad sólo para hablar inofensivamente. …La libre expresión no sólo incluye lo inofensivo sino, también, lo irritante, lo contencioso, lo excéntrico, lo herético, lo no bienvenido y lo provocativo, provisto que no tienda a provocar violencia.” [43]

En cierto momento la distinción entre daño y ofensa fue tan ampliamente aceptada que podía ser tratada como parte del ámbito en común de la vida política liberal. En su esfuerzo por socavar esta importante distinción, el CCI tenía que convencer a la gente de que la transmisión de ofensa mediante el lenguaje era, en algún sentido relevante, parecida a acciones ya prohibidas de violencia física. Hicieron esto enfatizando el efecto psicológico de la expresión ofensiva. Para hacer plausible que el daño psicológico era tan malo como el daño físico, el CCI encontró que tenía que introducir una concepción amorfa apropiada de daño.

Tal concepción se encontró rápidamente en la teoría que se estaba desarrollando entre la nueva izquierda durante el período de posguerra. Como ya se ha demostrado, pensadores de la nueva izquierda se inclinaban a sobre generalizar cualquier cantidad de conceptos políticos, más allá de sus límites conceptuales propios: la opresión habría de entenderse no como un fenómeno económico sino como uno cultural y también social; de la misma forma, el daño se mantuvo que debería entenderse como un fenómeno psíquico en vez de primordialmente uno físico. El crecimiento en la popularidad de esta línea de pensamiento sigue ampliamente la pista de la invasión de la ley en los derechos a la expresión individual en Gran Bretaña. Hoy, cuando la ley juzga un acto de expresión individual, el supuesto efecto psicológico del acto de expresión se toma tan seriamente como el contenido literal de la palabra.

Hay una barrera evidente a la adopción generalizada de este enfoque legal general para regular la expresión. Simplemente es impráctico prohibir la expresión en todo su ámbito con base en especulación psicológica sobre sus efectos reales o probables sobre otros. Por una razón, es muy difícil ver cómo un sistema inmanejable podría administrase legalmente de manera efectiva. En este sentido, las barreras prácticas y los imperativos de la política de identidad logran una especie de armonía: son sólo miembros de categorías de víctimas designadas los que se juzgan como vulnerables a ser dañados por el lenguaje. El CCI ha desarrollado una descripción de victimismo definido en términos de la posesión de características particulares raciales, sexuales religiosas y otras. Se juzga la posesión de tales características, por razones que rara vez son claras, para hacer a individuos especialmente vulnerables al tipo de daño psíquico que el CCI considera que prevenirlo es asunto de la ley.

La descripción distintiva del victimismo se relaciona con otra tendencia, que algunos han descrito como el “giro terapéutico” en la política del ala izquierda. Dennis Hayes, el activista y comentarista sindical, ha observado que esa política terapéutica pone un énfasis indebido en la posibilidad de que la libre expresión sin límite causará trauma o daño emocional a sus “víctimas” (Hayes 2021: 200-23). La prominencia creciente de un modismo terapéutico en la vida política de la corriente principal, ha hecho que se le facilite al CCI erosionar los derechos individuales a la expresión, al elevar la relevancia de un vocabulario conectado con su concepción reinterpretada de daño psicológico.

El sector de la educación superior ha sido particularmente central en popularizar el giro terapéutico. La práctica extendida en universidades de crear “espacios seguros” -espacios en donde a estudiantes se les ofrece protección de escuchar ideas ofensivas o de oposición- podría decirse que se ha sangrado hacia la cultura política más amplia. Tal vez esto en ninguna parte es más claro que en la propuesta de Ley de Seguridad en Línea del actual gobierno. En cierto momento, el proyecto Ley se proponía criminalizar mensajes que causarían “angustia seria” a una audiencia probable. [44]

Pero, tan inquietante como puede ser la invasión estatutaria en la expresión, lo es el giro reciente en la forma en que la legislación vigente se interpreta y aplica. Como se ha enfatizado en varios puntos, se ha hecho frecuente que autoridades estatales regulen la expresión de ideas políticas tan sólo con base en que su contenido se considera objetable. Interferir sobre esta base en la expresión pública no es nada menos que imponer restricciones sobre el contenido de ideas que son permisibles expresar en sociedad – patentemente una medida antiliberal.

No obstante, impacta que muchos con autoridad parecen haber aceptado esta consecuencia antiliberal de una manera algo casual. Por ejemplo, la Comisión de Legalidad (2020: 194) de Inglaterra y Gales afirma que,

“…las leyes sobre crímenes de odio sirven una importante función simbólica para enfrentar la intolerancia, prejuicio y desigualdad y afirman la identidad y personería de aquellos sujetos a ella… esto se liga con un movimiento más amplio hacia una mayor igualdad en la sociedad contemporánea, que busca corregir las fuentes tradicionales de discriminación.” [énfasis agregado]

El Documento de Consulta sobre el Crimen de Odio del 2020 de la Comisión de Legalidad es otro documento que revela la inclinación creciente de autoridades legales para monitorear el contenido ideológico de la expresión pública. En él, la Comisión examinó la pregunta de si la protección de la ley civil en la Ley de Igualdad de quienes mantienen “creencias” (incluso creencias religiosas) deberían en vez incorporarse en la ley criminal. Al responder la pregunta, distingue entre diferentes tipos de visión ideológica. Están quienes se dicen ser “merecedores de respeto en una sociedad democrática y no ser incompatibles con la dignidad humana o estar en conflicto con los derechos fundamentales de otros” y quienes no merecen protección, de lo que se dicen ser “filosofías políticas objetables.” Estas últimas incluyen ideas racistas y homofóbicos, así como (y cito la decisión del Tribunal de Trabajo en Forstater versus CGD Europe y otros [2019] “visiones de sexo ‘absolutistas’” (Comisión de Legalidad 2020: 340). Pero, en el reporte final publicado en el 2021, la Comisión tenía de alguna manera que enmendar su posición. A la vez que dejaba claro que “filosofías políticas objetables” se excluyen de protección, las ‘“ideas “absolutistas’ del sexo” ya no más están entre ellas. “En el caso reciente de Forstater versus CGD Europe, el Tribunal de Apelaciones Laborales definió que creencias ‘críticas de género’ (esto es, en términos amplios, una creencia de que el sexo es binario e inmutable y que una persona no puede cambiar de sexo) eran ‘merecedoras de respeto en una sociedad democrática’” y, por ende, ser protegidas. (Comisión de Legalidad 2021a: 291). A pesar de esta pequeña victoria, la implicación general del comentario de la Comisión del 2020 y el reporte final del 2021 sigue siendo ominosa: en ellos buscaron esbozar una lista de creencias endosadas por el estado que es legítimo expresar, y, aún más, insinúa que la adhesión a esos puntos de vista alzados puede formar la base de una nueva característica protegida.

El deseo de la Comisión de Legalidad (2020: 2017) de que en la ley se incorpore un enfoque discriminatorio ideológico, se hace explícito en su declaración de que,

“…se nos ha formulado un caso fuerte para un cambio a la ley, de forma que la rama actual de “motivación” no requiera evidencia en el momento de un alto umbral de “hostilidad” …sugerimos una reforma a la rama de motivación de la prueba de hostilidad – para permitir tanto la hostilidad como el prejuicio… [énfasis en el original]

Como lo expresa Joanna Williams (2022: 64) esto “podría potencialmente resultar en el enjuiciamiento de crímenes de odio en circunstancias en que el perpetrador no mantiene o demuestra alguna animosidad en particular sobre la característica [protegida].” [énfasis agregado] Acerca del tratamiento legal que propone la Comisión, tan sólo con mantener ideas consideradas como siendo “prejuiciadas,” aún si no hostiles, es suficiente para colocar a un crimen en la categoría de “crimen de odio” y, por tanto, sujetar al perpetrador a una pena más dura.

El intento por distinguir la expresión ilegal tan sólo por referencia a su contenido ideológico constituye un alejamiento significativo de normas liberales – tanto es así que, en efecto, vale la pena examinar sus antecedentes históricos.

El enfoque exclusivo en el contenido de la expresión es un enfoque que se popularizó con el feminismo norteamericano de fines del siglo XX. Personajes como Catharine MacKinnon y Andrea Dworkin impulsaron críticas feministas a la pornografía, según las cuales el material pornográfico que exhibía mujeres estaba intrínsecamente lleno de odio, con independencia de cualesquiera motivaciones reales que yacen detrás de su creación. [45] Otra aplicación de esta descripción toma la forma del enjuiciamiento de que un acto de silbar a una mujer es inherentemente odioso, independientemente de cualquier motivación que yace detrás de cualquier ejemplo de la acción. En general, este enfoque rinde la conclusión algo contraintuitiva de que el odio de una acción es enteramente independiente de cómo esa acción, en efecto, se motivó.

Irónicamente, en estos tiempos muchas feministas son calumniadas por activistas transgénero como siendo progenitoras de discurso de odio. Entes caritativos LGBT como Stonewall y Mermaids alegan que desafiar el alegato de que algunos hombres biológicos son mujeres, es suficiente para violar los derechos de la persona cuya autoidentificación de cruce de sexo se cuestiona. Por su parte, Stonewall define la transfobia como “el temor o disgusto de alguien con base en el hecho de que ellos son trans, incluso al negar su identidad de género o rehusar aceptarla.’ [énfasis agregado] [46] Aquel alegato se refleja en la idea de los Servicios de Fiscalía de la Corona (CPS por sus siglas en inglés) de que “la intimidación homofóbica y transfóbica y el crimen de odio ataca el derecho de las personas a sentirse seguras y confiadas en su orientación sexual e identidad de género.” [47] La sugerencia parece ser que “la intención de negar el género” a una persona identificada como transexual al referirse a su sexo biológico en vez de un género autoidentificado, da bases para una investigación policíaca.

La Comisión de Legalidad también ha defendido la introducción de nuevas ofensas criminales bajo la Ley de Seguridad en Línea. [48] Al hacerlo, la Comisión afirma que “doxing” (la práctica de publicar información sobre la identidad de un individuo, incluso su dirección, sitio de trabajo o sexo biológico) y “outing” (publicar información sobre la orientación sexual o identidad de género de un individuo sin su aprobación) son actividades que constituyen “abuso en línea” (Comisión de Legalidad 2021b: 10). El grupo de defensa crítica de género Sex Matters (2021: 10) ha señalado en su remisión propia a la Comisión que,

“…las palabras de la propuesta sugieren fuertemente que esta ley se usaría para formular procesamientos, y generar guía que sugiere que referirse al sexo de una persona, o su nombre previo o hasta legal (aun cuando ambos son conocidos y de dominio público en otros contextos) es una forma de abuso sujeto a procesamiento judicial.”

Para dar un ejemplo adicional, la Ley escocesa de Crimen de Odio y Orden Público también parece estimular activamente procedimientos políticamente parciales. Difiere de la Ley de Orden Público de 1986 aplicada a todo el Reino Unido, al extender el alcance de “comportamiento abusivo” para incluir el acto de agitar el odio con base en la orientación religiosa y sexual. La ley para todo el Reino Unido se refiere sólo a acciones “amenazadoras” en relación con esas características. La ley escocesa tiene una tendencia aún mayor de restringir la libertad de individuos para expresar sus ideas políticas sobre homosexualidad, matrimonio gai, derechos transgénero, y creencias y prácticas de otras religiones. Este desarrollo debería ser de preocupación adicional para los que apoyan la libre expresión, pues ahora la Ley empodera al estado escocés para potencialmente perseguir individuos por lo que se comunica en privado así como en público. [49]

Aún más, cualesquiera sean las ideas de uno en estos asuntos, el marco legal usado para regularlas es obviamente dañino para el estado de derecho. Se convierte en un asunto de simple adivinación acerca de cómo la policía, el Servicio de Fiscalía de la Corona y las cortes legales pueden decidir interpretar términos vagos como “comportamiento abusivo.”
Una ley que como tal se presta para una interpretación altamente variable e inconsistente no es buena ley. Uno no puede decir si uno está cumpliendo con ella o no. En una ilustración inconsciente de este problema, algunos políticos escoceses llegaron tan lejos como hasta especular que la escritora J.K. Rowling podría ser procesada bajo el nuevo estatuto legal, con base en sus ideas profesadas críticas del género, aun cuando representantes del gobierno escocés dijeron públicamente que eso era poco posible. [50].

Para tomar el caso de la religión, considere el intento del Grupo Parlamentario de Todos los Partidos del 2019 de establecer una definición legal de Islamofobia. Si tal cambio se hubiera convertido en ley, también habría constituido un paso importante en dirección de prohibir la expresión con base sólo en su contenido ideológico. En el caso de la religión, la táctica del CCI es eludir las críticas a la doctrina religiosa como críticas a los propios religiosos. Instituir una definición legal de Islamofobia sin duda que facilitaría interpretar objeciones no benévolas hacia el Islam como objeciones a los propios musulmanes. (No obstante, vale la pena notar que las implicaciones legales plenas de cualquier ley nueva no han sido explícitamente planteadas.) [51] Tales intentos de proteger a creyentes religiosos están muy lejos de ser liberales en su espíritu. Son reminiscentes de la ahora repelida ley de blasfemia, tal como en una época se aplicó al servicio de la Cristiandad. [52] La eliminación de esas restricciones fue un logro liberal; ahora el CCI busca reimponerlas.

Continúa en la Parte Quinta

Marc Glendening es Jefe de Asuntos Culturales del Institute of Economic Affairs (IEA). Su serie Paralax Views de discusiones en YouTube se enfoca en temas contemporáneos que afectan la libertad cultural. Antes de llegar al IEA, trabajó para Policy Exchange enfocándose en asuntos relacionados con la libertad de expresión e implicaciones políticas de la ley de derechos humanos. En el 2011, cofundó el People’s Pledge inter partidario. Este hizo campaña para un referendo sobre la cuestión de la membresía en la Unión Europea e incluyó a políticos y otros con ideas opuestas sobre el Brexit. Marc es fundador de la Sohemian Society que se dedica a la historia y valores liberales del Soho en Londres.

Traducido por Jorge Corrales Quesada.