DICTANDO LAS PALABRAS-EL CONTROL DE LA CULTURA POR LA IZQUIERDA Y LA GUERRA CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN-TERCERA PARTE

Por Marc Glendening
Institute for Economic Affairs
31 de octubre del 2023

EL ESTADO EN QUE NOS ENCONTRAMOS

La aplicación del modelo ideológico del CCI -una reinterpretación postmoderna del poder, una idea del lenguaje como medio esencial de opresión, y un compromiso para aplicar y reaplicar derechos con base en las características basadas en grupos- ha creado un clima de prohibicionismo de la expresión. La situación actual es una en que diariamente la interacción y comunicación don sujetas a una supervisión política mayor.

Una consecuencia del intento por controlar la expresión es el fenómeno de la “cultura de cancelación.” Esta es la práctica en que individuos que se considera tienen valores antitéticos a aquellos del CCI se ven obligados a perder el empleo, son censurados en por plataformas de internet, se les rescinden contratos de publicación, o se les impide hacer apariciones públicas, entre una miríada de otras sanciones posibles. Si bien en cierto momento el supuesto era que los individuos disfrutaban de la misma capacidad potencial para una acción cognitiva y política, hoy la visión prevaleciente enfatiza la “vulnerabilidad” de los grupos identificados como víctimas colectivas por el CCI. Esto se piensa que justifica una “protección” cultural (además de legal).

La adopción en la vida pública de la noción de que la ciudad universitaria es un “espacio seguro” es indicio de cuántos en la izquierda se inclinan instintivamente hacia restringir la libre expresión, para sólo permitir posiciones con las que ellos están de acuerdo. En un ejemplo del 2021, al comediante Rob “Chubby” Brown se le prohibió actuar en un teatro propiedad del Consejo de la Ciudad de Sheffield. El primer ministro local, Gill Furniss, apoyó la decisión, diciendo: “No hay lugar para cualquier actuación llena de odio en nuestra ciudad diversa y acogedora.” [23] Por supuesto que hay espacio para el debate sobre el derecho de empresas privadas para negar el acceso, y desasociarse, de gente con la que se está en desacuerdo, Pero, merece señalarse que la suerte de Brown no es una que posiblemente le ocurriría al comediante de izquierdas y políticamente franco Frankie Boyle, si se le hubiera invitado a presentarse en el lugar.

Por igual, la manera en que la policía aplica la ley se ha convertido en crecientemente parcializada. Ahora coarta derechos a la expresión. Por ejemplo, silbarle a alguien quien se ha registrado por un crimen de odio por la policía de Nottinghamshire. [24] La policía del Valle del Támesis ha amenazado con arrestar gente utilizando la Sección 5 de la Ley de Orden Público de 1986 cuando despliega o distribuye literatura que reproduce la definición de “mujer” del Diccionario del Idioma Inglés de Oxford. [25] Se han introducido cerca de 120.000 incidentes en las bases de datos de la policía, que, a menudo, tienen que ver con comentarios críticos o abusivos acerca del transgénero. [26] Algunos, como al activista feminista escocesa Marion Millar, han sido enjuiciados por su expresión política y exhibir el símbolo de las Sufragantes. [27] Otros activistas han sido visitados por la policía y amenazados con posteriores acciones legal a menos que desistieran.

En un incidente infame en el 2019, un antiguo policía de Humberside, Harry Miller, fue confrontado por la policía que le dijo que “estaban revisado su pensamiento” luego de recibir una queja sobre un mensaje suyo crítico del género en la internet. Él, luego, fue arrestado en la casa de Darren Brady, quien igualmente había sido visitado y amenazado con procesamiento bajo la Ley de Comunicaciones. La ofensa supuesta de Brady fue causar a su víctima un sentimiento de “ansiedad” al compartir una imagen tuiteada originalmente por el actor Lawrence Fox: la imagen reconfiguró el símbolo del “orgullo progresista” como una esvástica. Según Miller, la policía le dijo a Brady que, si pagaba la multa de 60 libras esterlinas y estaba de acuerdo en asistir a un curso educativo sobre transgénero, podría evitar el procesamiento. Brady se rehusó. Entonces, la policía le arrestó tres semanas más tarde. [28]

La Policía Metropolitana ha establecido que:

“Alguien quien usa lenguaje ofensivo hacia usted o le ha acosado debido a lo que usted es, o quien piensa que usted es, también constituye un crimen. Lo mismo va para alguien que ponga mensajes abusivos u ofensivos acerca de usted en línea… no es sólo ofensivo, es una ofensa.” [29]

Reiterando un mensaje similar como parte de un ardid que provocó una reacción pública en el 2021, la Policía de Meyerside desplegó un cartel en una camioneta que tenía la bandera del arco iris del LGBT, junto con el eslogan “ser ofensivo constituye una ofensa.” [30] El uso de la bandera puede razonablemente interpretarse como indicando el tipo de expresión que atraería la atención de la policía. El problema es que ser “ofensivo” no es un crimen, excepto en contextos altamente específicos: al intentar agitar el odio racial, cometer una ofensa agravada relacionada con la expresión bajo la Ley sobre Crimen y Desorden de 1998, o romper las dos leyes principales de comunicaciones con mensajes o imágenes “groseramente ofensivos.” Poco después se abandonó la campaña de la policía.

En Escocia, la fuerza policial ha desplegado una serie de mensajes y hojas impresas amenazantes, cuyo único objetivo plausible es inhibir la libre expresión. Uno dice, “Apreciados Intolerantes, aquí usted no puede diseminar su odio religioso. Fin del sermón.” Otro: “Apreciados Homófobos, nosotros tenemos una fobia hacia su comportamiento. Si usted atormenta a las personas por quienes ellas aman… usted debería preocuparse… El amor vive en este país, no el odio.” [31] Estas intervenciones suponen que el problema de la expresión emana exclusivamente de quienes se considera mantienen ideas “políticamente incorrectas.” Por ejemplo, no existe un intento hecho por la policía escocesa, u otros órganos públicos, de desalentar que los activistas pro transgénero militantes dejen de insultar a sus opositores políticos.

Predicadores cristianos han sido arrestados y acusados de predicar en público, a menudo con base en sus señalamientos críticos sobre la homosexualidad o el Islam. [32] Las Leyes de Protección del Espacio Público se han usado para impedir que activistas “pro vida” se congreguen cerca de clínicas de aborto. El Consejo de la Ciudad de Birmingham solicitó, en octubre del 2019, impedir permanentemente que padres musulmanes y quienes les apoyan protesten fuera de una escuela en oposición a sus clases en donde se enseñaban temas LGBT; a dos de los organizadores de las protestas se les ordenó que no coordinaran las protestas o suministraran literatura y permanecieran fuera de una zona de exclusión. [33]

En los casos más preocupantes, la simple comunicación de una idea brinda base para el enjuiciamiento. Un ejemplo de primera es el caso de Marc Norwood, miembro del Partido Nacional Británico. En el 2002, desplegó un póster en la ventana de su casa en que mostraba en llamas las Torres Gemelas de Nueva York, junto con las palabras, “Islam fuera de Gran Bretaña- Protejan al Pueblo Inglés.” El juez que presidió su juicio dijo que el póster constituía “una expresión pública de ataque a todos los musulmanes en este país, instando a todos los que puedan leerlo, que aquí los seguidores de la religión islámica deberían ser eliminados de él y advirtió que su presencia aquí era una amenaza o peligro para el pueblo británico.” [34]

Norwood apeló sin éxito ante la Corte Europea de Derechos Humano basado en que de hecho el póster de ninguna manera hacia hacía mención de “musulmanes.” No urgía su expulsión desde Gran Bretaña ni que se les atacara; el póster denunciaba una religión, el Islam, en vez de un pueblo. El estado mental del acusado en este caso fue inmaterial, pues la Sección 5 de la Ley de Orden Público de 1986, bajo la que fue acusado, no requería que la acusación estableciera alguna intención odiosa de parte del presunto ofensor. No obstante, su sentencia fue aumentada bajo los términos de la Ley contra el Crimen y Desorden de 1998, bajo la que fue encontrado culpable de haber demostrado hostilidad hacia un grupo de gente con una característica protegida.

Lo que queda claro en estos casos es que la ley no se aplica en un espíritu neutral entre diferentes puntos de vista políticos. Más bien, se aplica de una manera altamente selectiva. Marcus Meechan, también conocido como el “Conde Dánkula,” es un comediante y libertario escocés activista quien fue perseguido en el 2016 luego de postear un video en YouTube en donde muestra un perro de raza pug haciendo un saludo nazi mientras ve una imagen del Triunfo de la Voluntad [documental de propaganda nazi]. Al introducir el videoclip, explica Meechan: “Mi novia siempre está vociferando y delirando sobre qué tan bonito y adorable es su perrito, así que pensé que lo convertiría en la cosa menos bonita que pudiera pensar, lo que es un nazi.” [35]

Meechan fue convicto bajo la Sección 127 de la Ley de Comunicaciones, que prohíbe enviar mensajes “groseramente ofensivos,” indecentes, obscenos o amenazantes. Según el estatuto, una ofensa se juzga según “estándares contemporáneos razonablemente ilustrados, pero no perfeccionistas, y no requiere que la fiscalía establezca mens rea [intención criminal]. La defensa de Mechan era que él intentaba comunicar algo humoroso, pero eso fue descartado como irrelevante. Por encima de esta convicción, él fue encontrado culpable de prejuicio religioso agravado.

El caso de Meechan ilustra cómo la noción de ofensivo se combina con aquella de característica protegida para hacer de la comunicación con cierto contenido un blanco desproporcionado. Por ejemplo, considere que si Meechan hubiera, en vez, enseñado a su perro el saludo comunista de puño cerrado, es poco posible que hubiera sido procesado.

La experiencia de Caroline Farrow es otro caso del tema. A pesar de recibir amenazas de muerte y ser objeto de otras formas de acoso en manos de activistas pro transgénero, Farrow alega que la Policía de Surrey falló en ayudarle significativamente. En un marcado contraste, la propia Farrow fue amenazada con una entrevista bajo precaución policial, cuando, en marzo del 2019, se “equivocó de género” con la hija de la entonces directora ejecutiva de Mermaids, Susie Green. En este último caso, en su momento Green abandonó su queja contra Farrow, pero sólo porque ella quería reducir la atención pública que se daba a la posición política de Farrow (Williams 2022: 5-6).

Por supuesto, lo de Farrow y Meechan son sólo dos casos, pero ejemplifican una tendencia más general orientada a frenar la expresión de puntos de vista políticos particulares. Ya no más se necesita que sea el caso que está en cuestión una incitación real a la violencia o discriminación. Más bien, ha habido una preocupación creciente entre el número de personas siendo entrevistada, acusada o incluida en registros nacionales por la policía tan sólo por expresar sus creencias políticas.

Es importante ver que este enfoque nuevo, más intervencionista, en la aplicación de la ley se lleva a cabo de una forma parcial e inconsistente. Notablemente, la policía se ha rehusado a llevar procesamientos contra individuos en casos cercanamente análogos a aquellos descritos arriba, salvo por el hecho que involucran declaraciones racistas dirigidas hacia gente blanca.

Por ejemplo, el modelo transgénero Munroe Bergdorf, quien fue nombrado en el consejo asesor LGBT del partido laborista en el 2018, dijo en medios sociales que “la gente blanca como grupo es creada racista …la mayoría de ustedes ni se da cuenta o se rehúsa a reconocer que su existencia, privilegio y éxito como raza están edificados sobre las espaldas, sangre y muerte de gente de color.” [36] También, Bergdorf se cita como diciendo que toda la gente blanca es culpable de “violencia racial” y constituye “la fuerza en la tierra más violenta y opresora de la naturaleza.” (Facebook removió estos mensajes porque se juzgaron que violaban su política de discurso de odio.) En otro ejemplo, la policía se rehusó a seguir un caso contra Bahar Mustafá, funcionario de bienestar y diversidad en la Unión de Estudiantes de la Universidad Goldsmiths, quien posteó en Tuiter la frase “MatenATodosLosHombresBlancos” y se refirió a otro estudiante como “basura blanca.” En el pasado, Mustafá ha organizado actividades que promueven la diversidad en donde se excluyen a estudiantes varones y blancos. [37]

En un incidente similar, la académica de Cambridge Priyamvada Gopal tuiteó, “Ahora tenemos la oportunidad de llevar a cabo una ofensiva resuelta contra los blancos, quebrar su resistencia, eliminarlos como clase y remplazar sus formas de vida con las formas de vida de la gente de color y LGBTQ.” [38] La Dra. Gopal también ha urgido discriminación contra hindúes. En respuesta a movimientos en India para dificultar la naturalización de musulmanes, ella tuiteó, “Me gustaría invitar a los países occidentales a bloquear la naturalización de hindúes. Arrebatarles sus preciosas y pequeñas visas H-1B. Enfermos.” [39] No se tomó acción policial alguna contra la Dra. Gopal, y la Universidad de Cambridge publicó una declaración de apoyo en respuesta a una petición de que ella fuera expulsada. [40] Está muy bien que la universidad defienda el derecho de un académico a la libre expresión, pero, como en el caso de la aplicación de la ley, ella no parece aplicar sus propios principios de forma consistente. Este tanto se aclaró por el hecho de que poco antes de defender a la Dra. Gopal, la Universidad de Cambridge había retirado una oferta de beca como visitante que había extendido al académico canadiense (y defensor de la libre expresión) Jordan Peterson. La justificación de la universidad fue que Cambridge era “un ambiente inclusivo y esperamos que nuestro personal y visitantes mantengan nuestros principios. Aquí no hay lugar para cualquiera que no los pueda mantener.” [41]

Es importante ver que el CCI tanto articula una posición profundamente hostil hacia la libre expresión como, a la vez, se rehúsa firmemente a aplicarla en manera consistente. Eso debería preocupar a los liberales y aquellos que creen en la igualdad bajo la ley -así como la igualdad bajo sistemas de reglas más informales como aquellas que operan en universidades- al ver casos similares tratados tan diferentemente. Las acciones de la policía y otros órganos públicos en los casos descritos arriba comparten un compromiso subyacente en los supuestos de la teoría crítica racial. En particular, lo que parece explicar su tratamiento inconsistente de casos equivalentes es la idea de que la discriminación racial es una práctica peculiar de gente blanca; que sólo “supremacistas blancos” pueden realmente ser racistas en el sentido relevante para la ley. Cuando alguien que no es blanco hace lo que parecen ser señalamientos racistas, la teoría los reinterpreta como una forma de resistencia cultural. Aquí, vemos claramente expuesto lo que es usualmente el racismo encubierto de la CCI.

Continúa en la Parte Cuarta

Marc Glendening es Jefe de Asuntos Culturales del Institute of Economic Affairs (IEA). Su serie Paralax Views de discusiones en YouTube se enfoca en temas contemporáneos que afectan la libertad cultural. Antes de llegar al IEA, trabajó para Policy Exchange enfocándose en asuntos relacionados con la libertad de expresión e implicaciones políticas de la ley de derechos humanos. En el 2011, cofundó el People’s Pledge inter partidario. Este hizo campaña para un referendo sobre la cuestión de la membresía en la Unión Europea e incluyó a políticos y otros con ideas opuestas sobre el Brexit. Marc es fundador de la Sohemian Society que se dedica a la historia y valores liberales del Soho en Londres.

Traducido por Jorge Corrales Quesada.