LOS ORÍGENES EN EL NUEVO TRATO DEL FAUCISMO

Por Robert E. Wright
American Institute for Economic Research
9 de marzo del 2023

Nota del traductor: la fuente original en inglés de este artículo es robert e. wright, american institute for economic research, faucism’s, March 9, 2023. En él podrá leer enlaces relevantes originalmente en letra azul en el texto.

El último lote de archivos de Fauci se suponía que sería publicado en Twitter en enero, pero se ha perdido por ausencia sin órdenes para salir [AWOL por sus siglas en inglés], si no es que ha ido a dar al Hoyo de la Memoria. ¿Podría ser porque él revelaría muy claramente el rostro del Faucismo, un tipo de dictadura administrativa ejemplificada por un reinado de casi cuatro décadas de Anthony Fauci sobre el Instituto Nacional para las Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID por sus siglas en inglés)?

El Faucismo combina el control sobre recursos financieros e información con un culto cuidadosamente cultivado de la personalidad. La acumulación de poder de Fauci se dio sin ser notada por mucho tiempo, pues las apuestas parecían ser bajas, sólo más de $400.000 al año en salario y el poder de dirigir alrededor de $6 miles de millones al año en financiamiento para investigación.

Desde ese entonces hemos aprendido que Fauci y su esposa, coincidentemente la principal bioeticista de los Institutos Nacionales de Salud (NIH por sus siglas en inglés), ganaron casi $1,8 millones en el 2020 provenientes de sus salarios, ganancias de inversiones, y regalías de patentes. En aquel momento, su riqueza neta combinada era superior a $10 millones, y posiblemente mucho mayor en la actualidad. Los intereses de esa canasta de huevos, más una pensión de $350.000 y pagos vigentes por regalías, le asegurará a Fauci un millón de dólares al año de ingreso al pensionarse.

Era tan fuerte el culto a la personalidad que Fauci construyó, con ayuda de viejos medios progresistas y censura de medios sociales, que la adulación pública de sus admiradores creció aún después de la exposición pública de sus múltiples mentiras, inconsistencias lógicas, y alegatos monomaníacos de “representar la ciencia.”

No obstante, lo más impresionante de todo fue el poder sobre políticas que Fauci fue capaz de esgrimir a través de su control del financiamiento de la NIAID. Sólo unos pocos científicos valientes, pensionados o privadamente financiados se atrevieron a cuestionar sus pronunciamientos más estridentes relacionados con el COVID-19, pues, quizá, la crítica pública de Fauci habría significado un recorte a su financiamiento, lo cual es un suicidio en su carrera para la mayoría de científicos investigadores. Así que los estadounidenses permanecieron por mucho tiempo en la oscuridad acerca de hechos cruciales sobre el COVID, como tasas de mortalidad por infección, eficacia de diversas terapias, y seguridad y efectividad de mascarillas y vacunas.

La única otra fuente importante de echar para atrás vino de aquellos con suficientes habilidades intelectuales para entender lo que estaba pasando, pero que no estaban obligados al financiamiento fauciano. Fauci sabía que las políticas de cuarentena y mascarillas que él impulsó eran indefendibles, así que acudió a otras partes del gobierno para acallar el mensaje de quienes estaban cuestionando las cuarentenas, incluyendo los autores de la Declaración de Great Barrington, y economistas y analistas de políticas como Phil Magness, asociado del American Institute for Economic Research, y algunas otras organizaciones sin fines de lucro. Los Archivos de Fauci prometían revelar el alcance de su campaña de silenciamiento.

Ahora que Fauci finalmente se ha pensionado, es tentador pensar que se termina el horrendo roce de Estados Unidos con el Faucismo. Por desgracia, el alcance excesivo administrativo en el corazón del Faucismo por mucho tiempo ha sido endémico en el gobierno nacional de Estados Unidos. La enfermedad golpeó duro durante el Nuevo Trato, la respuesta radical de la administración del presidente Franklin D. Roosevelt a la Gran Depresión. Los Primeros Cien Días, el lanzamiento del Nuevo Trato, empezó esta semana hace noventa años.

Ese mismo año, 1933, se formó AIER para combatir el Nuevo Trato, que instituía una serie extensa de reformas costosas de cambio a la nación, en nombre de la seguridad económica. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDCs), los NIH, y el NIAID fueron básicamente creaciones de la posguerra, pero, se modelaron todas en burocracias de la era del Nuevo Trato, como la Comisión de Bolsa y Valores, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, y la Ley de Recuperación Nacional.

En cada caso, el Congreso delegó poderes amplios en la rama ejecutiva para lograr algunos objetivos generales. Luego, la rama ejecutiva estableció una agencia, comisión, corporación, o departamento, y los empoderó para satisfacer objetivos generales por vía de la imposición de reglas que luego llegarían a tener fuerza de ley.

Al principio, las cortes trataron de resolver las disputas que surgían bajo reglas administrativas y logró eliminar algunas de ellas, Pero, James M. Landis (1899-1964), un impulsor del Nuevo Trato, antiguo burócrata, y decano de la escuela de derecho de Harvard, afirmó que era perfectamente correcto que administradores electos tomaran decisiones cruciales sobre vidas, libertad, y propiedad, de los estadounidenses, con base en leyes que los administradores crearon y se adjudicaron para sí mismos.

Cualesquiera problemas que surgieran al dar a administradores tanta discrecionalidad, podrían resolverse, escribió Landis en su libro de 1938 The Administrative Process, tan sólo mejorando los procedimientos administrativos. Una delegación tan vasta de poder era perfectamente democrática, pues el Congreso y el presidente habían estado de acuerdo con la ley que creaba la burocracia y, también, estaban de acuerdo en su financiamiento continuo.

Los legisladores, apologistas del estado administrativo sugerido, ciertamente cerrarían una agencia díscola que, digamos, inclinara rutinariamente las leyes contra la crueldad animal, o desacataba preocupaciones ante investigación de ganancias de función. Con excepción de Fauci y otros burócratas, como aquellas en la Agencia para la Protección del Medio Ambiente (EPA por sus siglas en inglés), se dieron cuenta en algún lugar a lo largo del camino, que el gobierno de Estados Unidos había crecido hasta llegar a ser demasiado extenso como para que fuera monitoreado adecuadamente por el Congreso, o por 330 millones de personas que tenían sus propios problemas. Los administradores pueden agrandarse o enriquecerse más o menos como mejor les parezca, en especial durante una “emergencia” putativa.

Si bien ocasionalmente las agencias federales y sus lideres pueden recibir un tirón de orejas, parecen ser escasos los frenos reales contra el abuso arbitrario de su poder. Muchos estadunidenses quieren “drenar el suampo,” y necesitan hallar una forma de hacerlo antes que el suampo les drene los restos de su autonomía individual y sus cuentas bancarias.

Robert E. Wright es compañero sénior de investigación en el American Institute for Economic Research (AIER). Es (co)autor o (co)editor de más de una docena de importantes libros, series de libros, y colecciones editadas, incluyendo The Best of Thomas Paine (2021) y Financial Exclusion (2019) de AIER. También, ha sido (co)autor de numerosos artículos para revistas importantes, que incluyen a American Economic Review, Business History Review, Independent Review, Journal of Private Enterprise, Review of Finance, y Southern Economic Review. Robert ha dado cursos de negocios, economía, y política en la Universidad Augustana, en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, la Universidad Temple, la Universidad de Virginia y en otras partes, desde que obtuvo su PhD en Historia en la Universidad del Estado de Nueva York en Buffalo, en 1997.

Traducido por Jorge Corrales Quesada.