LA LIBERTAD DESORDENADA DE ARGENTINA

Por Marcos Falcone
Law & Liberty
13 de diciembre del 2022

Nota del traductor: la fuente original en inglés de este artículo es marcos falcone, law & liberty, Argentina, December 13, 2022. En él podrá leer enlaces relevantes originalmente en letra azul en el texto.

Argentina se destaca por sus calamidades económicas, pero, por décadas, también ha estado inmersa en un tipo de crisis diferente: uno legal. En efecto, la relación entre la mayoría de argentinos y la ley es tan contenciosa, que políticos y periodistas con regularidad mencionan el desprecio por el estado de derecho como una causa del retroceso económico. Si tan sólo la gente siguiera las leyes, dice el argumento, entonces ella prosperaría. Todo mundo pagaría su porción justa de impuestos, y el estado tendría dinero suficiente para brindar servicios básicos y ayudar al pobre.

En la cultura popular, la anarquía se presenta como una de las principales características de la sociedad argentina. Tal vez, el símbolo más importante de eso es el poema más famoso del país, el Martín Fierro (1872), que cuenta la historia de un gaucho, quien es conscripto, abandona el ejército, y, después, se convierte en un proscrito perseguido por la policía. Pero, décadas más tarde, Jorge Luis Borges, tal vez el escritor más famoso de Argentina en el siglo XX, escribiría que:

“El argentino, a diferencia de los americanos del Norte y de casi todos los europeos, no se identifica con el Estado. Ello puede atribuirse a la circunstancia de que, en este país, los gobiernos suelen ser pésimos o al hecho general de que el Estado es una inconcebible abstracción; lo cierto es que el argentino es un individuo, no un ciudadano.” (Nuestro pobre individualismo, 1946)

Hoy, la principal fuente académica para cualquiera que discuta la anarquía en Argentina, y, en particular, la teoría de que causa retroceso económico, es el libro Un país al margen de la ley, escrito por el filósofo legal Carlos Nino. En el documento, Nino acuñó el concepto de anomia boba para explicar la “tendencia hacia la ilegalidad” del país. Su principal argumento es que los argentinos se rehúsan a seguir conjuntos específicos de leyes en la vida diaria, pues creen que estarían personalmente mejor desafiándolos, con el resultado de que todo mundo, al fin de cuentas, termina peor de como habría estado si las leyes se hubieran. De acuerdo con Nino, es la actitud hacia la ley, en vez de la ley como tal, lo que es problemático. Y, dado que el estado de anomia resultante es una tontería, él concluye que debe cambiarse. Pero, ¿qué si hay algo que falta en esa ecuación?

En términos de la cooperación social, actuar según las leyes puede conducir a mejores resultados económicos para la mayoría de la gente, pero, también, lo opuesto podría ser cierto. En efecto, si seguir la ley ocasiona que una mayoría esté peor de lo que habría sido de quebrarla, entonces, es razonable esperar que la gente desprecie la ley. Y es en este punto en donde surge una hipótesis alternativa para explicar el aparente desprecio de las leyes por los argentinos:
¿Qué si hubiera algo en la ley que frena el progreso individual y, así, incentiva a la gente a despreciarla? ¿Qué si una actitud relajada ante la ley, lejos de condenar a la sociedad hacia el retroceso, es, en realidad, una estrategia de supervivencia del argentino? Y ¿qué si la solución a ese problema es cambiar el contenido de las leyes, en vez de la actitud de la gente hacia ellas?

Para explicar la evolución de la ley argentina, examinar cambios constitucionales es útil, y, en particular, aquellos hechos a la Constitución de 1853, que aún hoy está activa. Juan B. Alberdi, quien tenía la mayor influencia al momento de escribirla, siguió, a propósito, el modelo establecido por los Padres Fundadores de Estados Unidos, para establecer así el estado de derecho que necesitaría una sociedad clásica liberal. En el siglo XIX, Argentina declaró que cualquiera en el mundo que deseara hacer negocios en el país podía hacerlo; que desparecieran las barreras burocráticas internas al libre comercio; que no existieran privilegios extendidos por el gobierno a alguien; y que la propiedad privada fuera un derecho inviolable. Como podría decirlo Isaiah Berlin, el documento consideraba la libertad de una manera negativa. El papel del estado era, simplemente, establecer reglas para que los individuos actuaran y florecieran.

No obstante, a partir de su inicio la Constitución de Argentina ha sufrido diversos cambios que han modificado su espíritu. En muchos ejemplos del siglo XX, nuevos artículos incorporados en la Constitución de Argentina han reconocido “derechos” sociales y colectivos, cuya vigencia en mucho depende de una creciente intervención gubernamental. Por ejemplo, la reforma de 1949 instituyó un “uso social” de la propiedad que directamente pavimentó el camino para que el estado violara los derechos de propiedad Ese cambio, luego derogado, serviría como base para el Artículo 14 bis de la Constitución, que se agregó en 1957 y está aún activo. Esta sección, entre otras cosas, garantiza la existencia de un salario mínimo, mandatos de salarios “justos” para trabajadores, demandas de que ellos obtengan una parte de cualesquiera ganancias de capital que se den, y efectivamente prohíbe al estado despedir empleados públicos.

Reformas ulteriores solidificaron el espíritu intervencionista creciente de la Constitución. Por ejemplo, la Constitución de 1994 agregó el concepto de “derechos ambientales” de una forms que implica una intervención activa del gobierno. Esta y otra tercera y cuarta generación de “derechos,” en particular aquellos que demandan acción afirmativa para diversos grupos a fin de asegurar la “verdadera” puesta en práctica de otros derechos constitucionales, muestran que el concepto de libertad incorporado en el documento ya no es más negativo, sino que se ha convertido en positivo: El estado ha de intervenir activamente para lograr resultados específicos.

Sin que sorprenda, la ley argentina se ha hecho más y más intervencionista. En distintos momentos en el pasado, el Congreso estableció e incrementó docenas de diferentes impuestos, con el resultado de que las tasas efectivas totales son mayores al 100%. Pero, también, la burocracia ha aumentado tan dramáticamente que, cumplir con la legislación, les cuesta a las empresas pequeñas y medianas 500% más tiempo que sus contrapartes en países vecinos, como Brasil.
Y, aun cuando la evolución de la rigurosidad es difícil de medir con el paso del tiempo, evidencia disponible de las últimas décadas sugiere que la situación ha empeorado: Según el Índice de Libertad Económica en el Mundo del Instituto Fraser de Canadá, en 1970 Argentina calificó en el lugar 36, pero en términos de regulación hoy califica en el lugar 151 entre 165 países, lo que significa que se ha hecho más y más burocrática. Entonces, no extraña que el empleo informal ahora signifique tanto como un 45% del total de la fuerza de trabajo. La “tendencia hacia la ilegalidad” que Nino identificó en la sociedad argentina parece ser causada por el mismo estado.

La anarquía no parece ser una característica aleatoria de la sociedad argentina. El problema normativo con la economía de Argentina del todo no lo es la anarquía, sino, más bien, la regulación excesiva de parte del estado. Lo que se necesita no es una mejor aplicación o la creación de nuevas leyes, como sugeriría Nino, sino menos y mejor legislación, lo que permitiría a la gente cumplir con ella sin que sus empresas sean hincadas en el terreno.

Sin embargo, el caos que resulta como reacción a la regulación excesiva va más allá de la economía. Por ejemplo, en el 2020, durante la pandemia del Covid-19, Argentina tuvo la cuarentena más larga en el mundo, y el gobierno impuso medidas tan estrictas que, en su momento, la gente empezó a desobedecerla masivamente. Por supuesto, los negocios estaban luchando por sobrevivir, pero también ciudadanos regulares tan sólo estaban tratando de ejercer derechos humanos fundamentales, como la habilidad para salir de sus hogares sin un permiso o reunirse con quienquiera que quisieran. Al hacer imposible disfrutar a la gente libertades básicas, el gobierno argentino obligó a todo mundo a desobedecer. Las leyes existían, pero eran absurdas, lo que en la práctica significó que se produjera un orden espontáneo.

El problema con la ley argentina, al fin de cuentas, parece ser que ha ido por mal camino. En vez de permitir que ciudadanos obedientes de la ley hagan negocios según les parezca, ha resultado en una mezcla de regulaciones sofocantes y legislación basada en resultados que obligan a la gente a permanecer fuera de sus límites para poder sobrevivir. En tal sentido, Borges, quien sintió que algo andaba mal, expresó con claridad no sólo la fuente de este problema, sino, también, el mecanismo de supervivencia que la sociedad argentina continúa abrazando décadas después:

“El más urgente de los problemas de nuestra época… es la gradual intromisión del Estado en los actos del individuo; en la lucha con ese mal… el individualismo argentino, acaso inútil o perjudicial hasta ahora, encontrara justificación y deberes.” (Nuestro pobre individualismo, 1946),

Marcos Falcone es Administrador de Proyectos de la Fundación Libertad de Argentina. También, es Compañero Visitante Harwood del American Institute for Economic Research.

Traducido por Jorge Corrales Quesada.