LA ALTERNATIVA DE RESPUESTA PRIVADA AL DESASTRE

Por Robert E. Wright
American Institute for Economic Research
3 de octubre del 2022

Nota del traductor: la fuente original en inglés de este artículo es robert e. wright, american institute for economic research, disaster, October 3, 2022. En él podrá leer enlaces relevantes originalmente en letra azul en el texto.

Las co anfitrionas del espectáculo televisivo “The View” hace poco se burlaron del gobernador republicano de Florida por pedir ayuda federal posterior a la devastación del huracán Ian. Burlonamente, preguntaron, “¿No es socialismo cuando el gobierno les ayuda a ustedes?

Gobiernos de todas las tendencias ideológicas se supone ayudan a sus ciudadanos. Las preguntas grandes de política son cuándo, dónde, y cómo se supone que el gobierno trate de ayudar y, cuando lo intenta, si en realidad ayuda a sus ciudadanos o sólo les pone un peso adicional encima.

Pero, puedo ver por qué las co anfitrionas están confundidas. El socialismo siempre falla, tal como lo hace el gobierno de Estados Unidos, incluso en la arena de la administración de emergencias. ¿Recuerden el fiasco con Katrina? Las políticas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos empeoraron los efectos de la tormenta más allá de lo que tenía que ser y la respuesta de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) llegó retrasada y fue débil. ¿Recuerdan al anterior presidente Trump lanzando rollos de papel en Puerto Rico, mientras que muchos miles permanecían sin electricidad durante todo un año, luego que el huracán María destruyó la red energética de esa isla territorio de Estados Unidos?

Tales episodios plantean serias dudas acerca de la efectividad de nuestras políticas de desastre actuales. La ineficiencia en el costo de esas políticas es todavía más problemática. Las emergencias se han politizado debido a incentivos integrados dentro de la Ley Stafford de 1988, la que comprometió al gobierno federal a pagar entre un 75 y un 100 por ciento de los costos del desastre, con una supervisión mínima de los costos. No sorprende que la presión para declarar desastres haya aumentado y que los costos se hayan disparado, exponiendo al desastre financiero al Fondo para Ayuda de Desastres de la nación. Cada dólar innecesariamente gastado o desperdiciado en un desastre, significa un dólar que no está disponible para ayudar a víctimas de la siguiente calamidad natural, menos dinero disponible para otros programas gubernamentales, o impuestos mayores, incluyendo inflación.

No pienso que los impulsores del “cambio climático global” hayan probado su caso, pero, si ellos prueban estar en lo correcto y los estadounidenses están sujetos a más tormentas o más intensas, entonces, cualquiera que desee “Mantener segura a la gente” tendrá que apoyar cambiar el sistema de ayuda para desastres de la nación, si existe un enfoque más efectivo y eficiente. Y, de hecho, existe.

Ese mejor enfoque descansa en la iniciativa privada, mercados y seguros, en vez de burocracias gubernamentales inefectivas y presupuestos inflados. Literalmente, cada aspecto de la ayuda de desastres puede privatizarse, o, más bien, volver a privatizarse, y debería serlo, si es que los responsables de las políticas quieren salvar vidas y ahorrar dinero.

¿Alguna vez ha pensado cómo la gente manejaba las emergencias antes que el gobierno federal empezara a “administrarlas”? El sentido común, la caridad, y el seguro privado trabajaron en concierto.

Sentido común significa permitir que los precios aumenten después de desastres, de forma que las partes privadas tengan incentivos para almacenar necesidades básicas o encontrar formas innovadoras, pero relativamente caras, de suministrarlos a las áreas convertidas en inaccesibles por puentes derrumbados, líneas eléctricas caídas, etcétera. Los precios competitivos, dadas las circunstancias, prevalecerán siempre que las barreras artificiales sean derribadas. Es mejor pagar $10 por una botella de agua que no tener agua potable del todo. El agua “gratis” no es gratis para los contribuyentes y no es gratis para víctimas que mueren de sed o por beber agua contaminada.

También, sentido común implica no construir estructuras permanentes endebles, pero caras, en áreas sujetas a inundaciones, altos vientos, terremotos, y similares. Constrúyalas para que duren o manténgalo barato, así que, cuando el pantano hierve, todo lo que usted pierde es una choza de madera, una que usted mismo la puede reemplazar, o con una pequeña ayuda de amigos.

La caridad privada formal también puede ayudar de manera eficiente en los casos de mala suerte, proveyendo justo los recursos suficientes para devolver la independencia a los más necesitados. A diferencia de la ayuda gubernamental, que se espera fluya con liberalidad, en especial para quienes asumieron riesgos elevados, la caridad privada no crea un gran riesgo moral. Nadie construye una mansión al borde de un volcán activo esperando un rescate de la iglesia de la comunidad. Pero, la iglesia puede ayudar fácilmente a una viuda reciente, quien no puede tener acceso a sus cuentas bancarias debido a cortes de luz diseminados.

El grueso de los servicios preventivos y la ayuda de emergencia debería venir de aseguradoras privados, tanto compañías de seguro a la propiedad como de vidas. Ellas ni siquiera necesitan un respaldo gubernamental, pues hace mucho tiempo aprendieron como distribuir sus riesgos por medio de contratos de reaseguros y retrocesión (en esencia, seguro sobre el reaseguro) y mercados alternativos de transferencia de riesgos. No obstante, la regulación exagerada ha hecho que sea difícil ponerle un precio apropiado al riesgo. Todo lo demás igual, gente que construye en lugares con mayor posibilidad de sufrir un desastre natural, necesita pagar una prima más alta que la que construye en puntos más seguros, pero, tal vez, menos escénicos.

Por ejemplo, sin restricciones de reguladores, las aseguradoras de vida podrían informar a sus asegurados que una tormenta peligrosa va en su camino y que, si no evacuan, su prima aumentará, digamos, en $500, y sugerir, en vez de ella, que los asegurados gasten dinero manejando hacia un hotel en la parte alta del estado, o que visiten a parientes fuera de la zona de peligro. ¿No trabajará eso mejor que una orden de evacuación que no se puede hace cumplir?

Las aseguradoras de vida, salud, y propiedad, también, tendrán incentivos para formar consorcios de ayuda en desastres para minimizar pérdidas y reclamos post desastre. El consorcio actuaría tal como lo hicieron agencias de emergencias privadas en el siglo XIX, antes que los reguladores se endurecieran mucho. Unirse distribuye los costos y elimina la necesidad de revisar tarjetas de aseguramiento antes de brindar ayuda. Los consorcios de aseguradoras lucharon efectiva y eficientemente contra incendios, asistieron a barcos en peligro, y ayudaron a agricultores después que sus cosechas o manadas enfrentaron el desastre.

Todavía más importante, aseguradoras de riesgos fueron capaces, en primer lugar, de reducir las probabilidades de daño y muerte, al brindar incentivos económicos a los asegurados para tomar precauciones de seguridad, como emplear tecnologías a prueba de incendios o sólo contratar capitanes de barcos sobrios. Podría ser que ellos no asuman mañana esos roles, pero, con el paso del tiempo, una desregulación y estas provisiones alternativas podrían reducir el respaldo federal ordenado por la Ley Stafford, en diez puntos porcentuales cada año.

Con la posible excepción de algunos aspectos de defensa militar y justicia criminal, cualquier cosa que el gobierno puede hacer, el sector privado lo puede hacer mejor. Cualquier cosa que el gobierno no puede hacer, que es la mayoría de cosas, el sector privado sí la puede hacer, tal vez no perfectamente, pero lo suficientemente bien. Eso incluye la ayuda ante desastres.

Robert E. Wright es compañero sénior de invstigación en el American Institute for Economic Research (AIER). Es (co)autor o (co)editor de más de una docena de importantes libros, series de libros, y colecciones editadas, incluyendo The Best of Thomas Paine (2021) y Financial Exclusion (2019) de AIER. También, ha sido (co)autor de numerosos artículos para revistas importantes, que incluyen a American Economic Review, Business History Review, Independent Review, Journal of Private Enterprise, Review of Finance, y Southern Economic Review. Robert ha dado cursos de negocios, economía, y política en la Universidad Augustana, en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, la Universidad Temple, la Universidad de Virginia y en otras partes, desde que obtuvo su PhD en Historia en la Universidad del Estado de Nueva York en Buffalo, en 1997.

Traducido por Jorge Corrales Quesada.