Los impuestos a las empresas se trasladan a los trabajadores de dos formas principales: primera, al dar lugar a aumentos en los precios a consumidores, que, en mucho, son trabajadores, y, segunda, al dar lugar a una reorganización del empleo en las empresas para disminuir costos que amortigüen los impuestos, causando desempleo.

AUMENTAR LOS IMPUESTOS A LAS EMPRESAS NO AYUDAN A LOS TRABAJADORES

Por Robert J. Michel
American Institute for Economic Research
19 de agosto del 2022

Nota del traductor: la fuente original en inglés de este artículo es robert j. michel american institute for economic research, raising, August 19, 2022. En él podrá leer enlaces relevantes originalmente en letra azul en el texto.

Por décadas, el Congreso de Estados Unidos ha hecho poco más que complicar el código impositivo, el cual, a la fecha, penaliza el éxito en diversidad de formas. Durante este tiempo, consistentemente muchos políticos han hecho demagogia acerca de las empresas, tratándoles como poco más que una nueva fuente de ingresos tributarios.

La Ley de Reducción de la Inflación del 2022 continúa esta tendencia e ignora el hecho que las empresas no son más que asociaciones legales, en potencia representando todas a seres humanos, trabajadores, consumidores, y accionistas. Eleve los impuestos a las “corporaciones” y la gente pagará impuestos más altos.

Un marco sensato reconocería este hecho y sólo recaudaría impuestos de individuos (sólo una vez) cuando ganan o consumen ingresos. Pero, el Congreso se rehúsa a poner en práctica ese tipo de sistema.

Basados en la Ley de Reducción de la Inflación, pronto los estadounidenses tendrán que tratar con un código tributario aún más complejo, uno que instaura un impuesto mínimo a las empresas ligado a la declaración de ingresos en los estados financieros. Esta disposición puede parecer obscura, pero, tal como está actualmente, la declaración de ingresos en los estados financieros y el ingreso imponible son muy diferentes. De hecho, tan diferentes que, por mucho tiempo, los progresistas han usado cifras de estados financieros para afirmar erradamente que las corporaciones pagan tasas de impuestos muy bajas.

También, la Ley de Reducción de la Inflación establece un impuesto totalmente nuevo a las recompras de acciones (ver sección 10201), una de las últimas molestias favoritas de los progresistas. En los últimos años, miembros del Congreso han criticado las recompras de acciones como instrumentos para manipular los precios de las acciones y por remunerar injustamente a ejecutivos y grandes accionistas. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos incluso ha propuesto nuevos requisitos de divulgación para las recompras, para ostensiblemente “modernizar y mejorar la divulgación acerca de recompras de valores de un emisor de acciones.”

Aunque parece ser relativamente pequeño, un problema con este nuevo impuesto es que agrega una capa de imposición, aunque ya las recompras de acciones dan lugar a impuestos por ganancias de capital, como debería ser bajo la legislación impositiva actual. Más allá de esta crítica, en esencia toda la idea ignora que no hay evidencia de que esas recompras se usan para manipular ilegalmente los precios. También, ignora que “el valor de las recompras comparado con la capitalización del mercado, ha permanecido relativamente constante durante la última década.”

La verdad es que las recompras de acciones representan una decisión de la administración de comprar las propias acciones de la compañía, en vez de pagar dividendos o invertir efectivo en alguna otra cosa.

Esta decisión es a menudo impulsada (entre otras razones) por una ausencia de oportunidades de inversión rentables para la empresa, el deseo de alterar la estructura de capital de la firma, o hasta elegir poner en práctica nuevas estrategias impositivas (gracias, en parte, a un código tributario exageradamente complejo). También, la evidencia sugiere que algunos administradores usan las recompras para indicar sus ideas acerca de si el precio de la acción de la compañía es demasiado bajo comparado con lo que creen es el valor de la firma.

Agregar este nuevo impuesto no va a dañar a las “grandes corporaciones” pues esas son simplemente nombres legales. Sin embargo, dañará a clientes, empleadores, e inversionistas. Los administradores distribuirán menos efectivo a inversionistas privados, y la innovación sufrirá cuando miembros del Congreso sustituyen, con su juicio político, las decisiones de inversión de individuos privados.

Lo bueno es que el impuesto es relativamente pequeño, pero con dificultad reconforta ese hecho, dada la historia del impuesto al ingreso en Estados Unidos. Tampoco es claro exactamente cuánto terminará este “pequeño” impuesto distorsionando las decisiones de los administradores de las firmas, en conjunto con el nuevo impuesto mínimo a las empresas e incontables otras “pequeñas” provisiones en la ley tributaria.

A pesar de lo anterior, lo que es claro es que los miembros del Congreso no deberían estar en el negocio de penalizar gente, cuando toma decisiones financieras voluntarias que emocionalmente no les gustan a aquellos miembros.

Reimpreso del Instituto Cato.

Norbert J. Michel es vicepresidente y director del Centro de Alternativas Monetarias y Financieras del Instituto Cato, en donde se especializa en temas relacionados con mercados financieros y política monetaria. Michel tiene su doctorado en economía de las finanzas de la Universidad de Nueva Orleans. Obtuvo su licenciatura en administración de negocios en finanzas y economía de la Universidad Loyola.

Traducido por Jorge Corrales Quesada.