Para entender que los subsidios a la producción o al consumo reducen artificialmente costos superiores verdaderos y que eso lo paga alguien, pues en realidad no son gratuitos.

EL VERDADERO COSTO DE UNA HAMBURGUESA

Por David Gillette y Warren Barge
American Institute for Economic Research
20 de abril del 2020

Nota del traductor: la fuente original en inglés de este artículo es david gillette and warren barge american institute for economic research hamburguer, April 20, 2022. En él podrá leer enlaces relevantes originalmente en letra azul en el texto.

El gobierno federal de los Estados Unidos gasta cada año $38 miles de millones en subsidiar las industrias lácteas y de carne. Investigación del 2015 muestra que este subsidio reduce el precio de las Bic Macs de $13 a $5 y el precio de una libra de carne para hamburguesa de $30 a los $5 que vemos hoy. Sin embargo, los subsidios sólo reducen el precio de la carne, no su costo total. Los subsidios trasladan partes de los costos de producción de carne hacia consumidores no de carne. En mercados libres de bienes privados, los consumidores deben soportar los costos de producción. Con carne subsidiada, quienes no consumen carne ni se benefician de su producción, pagan mucho de su costo de producción. Tampoco, ni siquiera los gastos de subsidios más altos resultantes, dan cuenta de los costos totales de subsidiar la carne.

En años recientes, diversas organizaciones, desde el Fondo de Defensa Ambiental hasta el Club Sierra, han demandado políticas amplias para enfrentar las inquietudes ambientales, desde el cambio climático hasta la contaminación del océano. Pocos se enfocan en el grado en que subsidios a la agricultura industrializada contribuyen a la lucha por mantener los recursos y ambiente del mundo para disfrute de generaciones futuras. El Instituto de Recursos del Mundo muestra que la tierra agrícola produce un 13 por ciento de las emisiones de gas de invernadero producidas por el hombre. Otros estudios encuentran que, tan sólo la agricultura, produce un 15 por ciento de todas las emisiones, la mitad de ellas resultado de la producción de ganado. Científicos de la Universidad de Oxford evaluaron las dietas en Inglaterra y encontraron que las dietas ricas en carne (más de 100 gramos de carne al día) derivaron en 7.2 kilogramos de emisiones de CO2, las vegetarianas y las basadas en pescado en alrededor de 3.8 kilogramos de CO2 al día, y las veganas sólo 2.9 kilogramos diarios. Mucha de esta diferencia surge de una gran dependencia en la producción de ganado.

Trazando los costos ambientales de producción de carne más allá de sólo los recursos iniciales y el uso de energía, los costos aumentan aún más. Considere, por ejemplo, el efecto negativo que tienen los subsidios a la carne sobre la preservación de la selva lluviosa del Amazonas. Si bien hay numerosas razones para valorar la selva lluviosa, uno fácilmente puede apoyar preservar su diversidad de plantas y vida animal. Un estudio estimó que las Amazonas contienen 10.000 especies en peligro. No obstante, subsidios brasileños a la carne incentivan la destrucción de ese precioso recurso. Entre el 2008 y el 2017, el gobierno brasileño invirtió $22.2 miles de millones en la industria cárnica.
En dos años extraordinarios, 2015 y 2016, el ingreso por impuestos al sector de la carne se quedó corto con respecto a los beneficios gubernamentales recibidos. Si bien problemáticos, esos incentivos económicos estimulan que productores de carne quemen bosque lluvioso adicional, la mayoría ilegalmente, para dar espacio a ranchos de ganado, en el proceso destruyendo el hábitat de especies en peligro. La destrucción del hábitat resulta, en parte, de señales de precios distorsionados desde arriba hacia abajo en la cadena de suministro de la carne, destacando un problema de incentivos, en vez de un déficit moral de parte de agricultores que buscan ganarse la vida.

Los subsidios a la carne imponen costos adicionales sobre comunidades en donde ocurren la producción y procesamiento de carne. John Locke hizo ver en su Second Treatise of Government [Segundo tratado sobre el gobierno civil], que las personas tienen derecho a mejorar e impedir que, sin su consentimiento, otros violen su salud física. Por supuesto, tener ese derecho no significa que las personas lo ejerciten siempre o que nunca participen en actividades que comprometen su propia salud. Estudios destacan esas compensaciones entre ingreso y salud con evidencia de que agricultores industriales sufren con mayor frecuencia enfermedades respiratorias, como infecciones estafilocócicas y bronquitis crónica, que quienes no trabajan en el agro.

Los costos substanciales de producción de carne perduran como externalidades negativas, dañando el bienestar general más amplio de comunidades en que la carne se produce, cosecha, y procesa. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos reportó cerca de 15 estudios que ligan desechos animales de granjas industriales de ganado con problemas de salud en las comunidades de los alrededores, que oscilan desde un riesgo incrementado de diarrea hasta problemas respiratorios, depresión, abortos, y presión alta, entre otros. Un estudio del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte encontró que, estudiantes en primeros años de colegio a una distancia de tres millas de granjas de cerdos, tenían tasas mayores de asma, que las atribuyeron, en parte, a instalaciones de procesadores de carne cercana, a la vez que, al mismo tiempo, reconoce la posibilidad de otros factores confusos asociados con comunidades de bajos ingresos.

Los efectos de la producción de ganado y cerdos difieren en los márgenes, pero, a pesar de ello, los costos para comunidades de los alrededores ocurren, y pesan fuertemente sobre su bienestar. Menores subsidios que reflejen costos de producción mayores, más reales, a la vez que ganan menos puntos con productores, puede conducir a un consumo reducido y, así, a costos ambientales y de salud menores para las comunidades de los alrededores.

La alta concentración de la industria define hoy al mercado de carne. Cuatro compañías (Tyson, JBS, Perdue, y Sanderson), controlan más de la mitad del mercado de procesamiento de pollos, otras cuatro (Smithfield, JBS, Tyson, y Hormel) controlan el 70 por ciento del mercado de procesamiento de cerdos, y cuatro empresas (JBS, Tyson, Cargill, y National Beef), controlan casi el 75 por ciento del mercado de procesamiento de carne de res. Puesto en perspectiva histórica, en 1977 los cuatro empacadores de carne más grandes tenían una participación de mercado del 25 por ciento de la industria, en tanto que hoy tienen el 85 por ciento. Tal monopolización no necesariamente define un resultado terrible si resulta de mercados económicamente competitivos. Sin embargo, la monopolización impulsada por la competencia política en vez de la competencia económica, produce efectos nocivos sobre la sociedad, al disfrazar el verdadero costo de tan sólo comer una hamburguesa.

En vez de tener un sistema que apoye a todos los agricultores, la intervención del gobierno ha desarrollado una diversidad de procesos que incentiva el desarrollo de una agricultura de gran monocultivo. Por ejemplo, desde 1995, subsidios grandes para la producción de maíz y de frijol soya han otorgado $116 miles de millones para producir maíz y $44.9 miles de millones a la de frijol soya. Ambas cosechas favorecen la producción en gran escala y granjas masivas sobre sus contrapartes de agricultura familiar y son factores valiosos en producir carne (el 48.7 por ciento de la producción de maíz y el 70 por ciento de la de frijol soya van a dar a alimentos para animales).

Los principales productores de carne de hecho han convencido al liderazgo de la Asociación Nacional de Ganaderos y el Consejo Nacional de Productores de Cerdo de Estados Unidos, para que obtengan regulaciones y subsidios que incentiven aún más la consolidación del mercado de producción de carne. El cumplimiento regulatorio de normas federales para la construcción de corrales de engorde, cuesta a grandes corporaciones nacionales con un ejército de técnicos y abogados menos por libra, que para un pequeño ganadero que intenta vender localmente. Desde 1987, esas regulaciones han contribuido a una reducción del 44 por ciento en el número de granjas de entre 200 a 999 acres, y se duplicó el de granjas con más de 2.000 acres. Entre 1980 y el 2010, el número de actividades de carne de res se redujo un 42 por ciento, las operaciones de ganado porcino se redujeron un 91 por ciento, y las de lácteos cayeron en 81 por ciento, ilustrando una evidente consolidación en estos mercados.

Los subsidios y regulaciones gubernamentales han creado un círculo vicioso. Los subsidios agrícolas fluyen hacia productores de carne y a insumos de producción de carne. Poderosos productores de carne usan sus ganancias para apoyar organismos de cabildeo para que desarrollen regulaciones que los protejan de la competencia. Estas regulaciones conducen a aumentos de ganancias, que permiten a grandes manufactureros de carne contratar más cabilderos, etcétera.

El valor en dólares de los subsidios, por desgracia, no cubre su costo pleno. Los costos de producción de carne alcanzan el ambiente, el vecindario, y el mercado. Los formuladores de políticas, entonces, tratan de poner en práctica regulaciones que mitiguen esos costos, fallando en reconocer sus políticas previas como la fuente primaria de tales costos. Si bien no son perfectos, los mercados libres remueven distorsiones de políticas y señalan mejor los costos verdaderos de producir carne.

Cuando compre la siguiente Big Mac, trátela mejor como de $13. No, borre eso, duplíquelo.

David Gillette, profesor de economía en la Universidad Estatal Truman, es receptor del premio del gobernador de Missouri por excelencia en enseñanza, y del premio de educador del año patrocinado por estudiantes de Truman. Regularmente coordina una serie de discursos y grupos de lectura, en que estudiantes exploran áreas de interés no enseñadas en el currículo de la economía de la corriente principal. Su investigación se enfoca en pedagogía, particularmente de la economía. Ha publicado tal trabajo en The American Economist, Teaching of Psichology, Jossey-Bass, New Directions for Teaching and Learning, y tiene artículos próximos a publicar en el Journal for Economic Educators y el Journal of Economics and Finance Education.

Warren Barge es estudiante en la Universidad Estatal Truman en Kirksville, Missouri, en donde su estudio primordial es economía y ciencia política, además de matemática y estadística. También, Warren participa en el gobierno estudiantil de Truman y es miembro de la Sociedad Pershing. En su tiempo libre, Warren ama la lectura, en especial acerca de historia y economía de la elección pública. Warren será interno de investigación en el American Institute for Economic Research en el verano del 2022.

Traducido por Jorge Corrales Quesada.