EXTORSIONADO POR LEYES SOBRE LA ESPECULACIÓN

Por Gary M. Galles
American Institute for Economic Research
2 de junio del 2021

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La reciente alteración de las tuberías de gasolina en la costa Este de Estados Unidos, produjo quejas de escaseces y “especulación,” palabras ahora sumamente trilladas por su uso después de cada desastre y problema de suministro. El presidente Biden se aseguró que él estuviera entre los anti especuladores, diciendo que trabajaría “para poner un freno a la especulación de precios en donde fuera que eso se presentará.”
Y, posee mucha compañía, pues alrededor de dos tercios de los estados de Estados Unidos contienen leyes contra la especulación, a veces en términos tan vagos que hacen que la aplicación de la ley sea casi totalmente arbitraria.

Sin embargo, aquellos exhibiendo horcas contra la presunta especulación, deberían darse cuenta que los aumentos de precios son la solución ante escaseces, y que inhibir artificialmente el mecanismo de mercado para resolver esas escaseces, no favorece a los consumidores. No es nada más que aumentar los precios en reconocimiento del hecho de que las circunstancias han subido rápidamente el valor de un bien.

Si bien siempre alguien se queja por pagar precios mayores, sólo crea un furor durante situaciones tratadas como emergencias. Todo mundo parece oponerse a la “especulación” en una crisis. Pero, es aún más importante que se asignen los recursos eficientemente cuando son más escasos de lo usual. Y, contradiciendo la “pluma venenosa” que recibe de la prensa, “la “especulación” no sólo logra eso, sino que resulta en costos totales menores para los consumidores que adquieren los bienes involucrados, que como lo hacen las leyes anti especulación.

Analicen a los dueños de estaciones de gasolina que súbitamente ven gente haciendo filas por cuadras en sus estaciones. ¿Qué costos están experimentando esos clientes para obtener el combustible? No sólo están pagando el precio en dólares en la bomba, sino, también, el costo de oportunidad de permanecer en una fila, además de costos adicionales de buscar suministros disponibles, a menudo sin éxito, aunque esos costos no se muestran en los datos de precios. Tal vez más importante, estos últimos costos no benefician a dueños de gasolineras, cuyos incentivos para lograr mayor suministro de combustible para sus clientes son claves para eliminar cualquier escasez.

Dueños interesados en lo propio (deseosos de que avancen las cosas que a ellos les importan, como nos pasa a todos) no querrían que esa situación continuara. En su lugar, querrían que los clientes, que ya están revelando su disposición para pagar costos mucho mayores que aquellos en las bombas, los soporten de forma diferente. Quieren que los costos adicionados a los consumidores también produzcan beneficios adicionales a los dueños. Es decir, desean elevar el precio en dólares, convirtiendo en ingresos para ellos una búsqueda “desperdiciada” y costos de espera inútiles.

Sin embargo, cuando de pronto las circunstancias han elevado el valor de la gasolina, esos aumentos en el precio son, a menudo, llamados especulación, bajo la amenaza de persecución gubernamental para mantener los precios artificialmente bajos. Esto, a la vez, crea escaseces que los dueños, de otra manera, eliminarían aumentando los precios cuando lo garantiza la situación de la oferta y demanda (es decir, cuando otros que quieren el bien, están dispuestos pagar costos mucho mayores para obtenerlo).

Dado que “beneficiar a los consumidores” es la razón constantemente repetida para las leyes anti especulación, es esencial que reconozcamos que las consecuencias, en la realidad, dañan a aquellos.

Cuando un movimiento al alza hacia un nuevo precio de mercado de equilibrio más alto es limitado por leyes anti especulación, que efectivamente imponen topes a precios por debajo de ese nivel, los oferentes no suministrarán tanto de sus productos como lo harían si los precios no estuvieran legalmente limitados.

Con un precio tope efectivo por debajo del actual precio de equilibrio en el mercado del bien, los vendedores están dispuestos a vender menos de lo que harían con un precio de equilibrio superior, pues los beneficios de hacerlo se ven reducidos. Con menos ofrecido a la venta, los compradores están dispuestos a pagar aún más de lo que harían si fueran “extorsionados” por el precio de equilibrio (por ejemplo, si sólo hay 5 millones de galones disponibles, en vez de los 6 millones de galones disponibles al precio equilibrio más alto, la gente estaría dispuesta a pagar más por un galón de gasolina que ha sido incluso más escaseado de lo que habría sido). Y, eso significa que algunos obtendrán menos gasolina que antes, y muchos que habrían conseguido alguna, puede que ahora no consigan nada, una forma extremamente extraña de ayudar a consumidores desesperados por obtener gasolina.

En otras palabras, las leyes anti especulación elevan, en vez de reducen, los costos totales de obtener gasolina por encima del precio “extorsionador,” del que se supone los consumidores sean protegidos. Es sólo porque esos costos adicionales de búsqueda y tiempo de espera no son tan visibles como los precios, que la gente no se da cuenta de ellos, permitiendo a políticos anti especulación que pretendan ser amigos de los consumidores, en vez de sus enemigos.

Puede ser que la gente no se dé cuenta que las leyes anti especulación aumentarán los costos a los consumidores, dañándolos en vez de ayudarles, pues están considerando la alternativa equivocada. Alguien quien ya haya exitosamente ubicado la gasolina a un precio mantenido artificialmente bajo, obtendría ganancia pagando menos por ella. Pero, esa no es la situación para la vasta mayoría de consumidores con esperanza. Ellos pierden precisamente porque es menos posible que encuentren disponible el ítem cuando su precio es mantenida artificialmente bajo.

Cuando las circunstancias han cambiado rápidamente en una “crisis,” permitir que los precios de mercado cambien sólo refleja esas mismas circunstancias diferentes, alineando información e incentivos para los participantes en el mercado. Las leyes anti especulación, como los controles explícitos de precios, sólo pretenden que esa realidad como que no exista, minando las habilidades de los mercados para producir una cooperación social mejor en un mundo de escasez. No obstante, mucha gente las apoya, suponiendo que se benefician con precios reprimidos.

Sin embargo, si la gente se da cuenta que tales leyes en realidad los dañan como consumidores -que las leyes anti especulación extorsionan a los consumidores- una vez que se consideren todos los costos que deben soportar, tal vez, podamos ponerle fin a esta vía contraproducente, de políticos que ilustran el chiste de Ronald Reagan, de que “las nueve palabras más aterradoras en el idioma inglés” son “yo vengo del Gobierno, y estoy aquí para ayudar.”

El doctor Gary Galles es profesor de economía en Pepperdine. Su investigación se centra en finanzas públicas, elección pública, la teoría de la firma, la organización de la industria y el papel de la libertad, incluyendo los puntos de vista de muchos liberales clásicos y los fundadores de los Estados Unidos. Sus libros incluyen Pathways to Policy Failure, Faulty Premises, Faulty Policies, Apostle of Peace, y Lines of Liberty.

Traducido por Jorge Corrales Quesada.