QUE NO NOS ENGAÑEN CON LA REFORMA AL EMPLEO PÚBLICO

Por Jorge Corrales Quesada

¿Cuántas veces los políticos nos han engañado? Muchas, sin duda alguna. Pero eso no deberá justificar la pasividad y docilidad de las personas cuando, ante sus ojos, se trama un engaño evidente en temas que son de crucial importancia para la vida ciudadana y personal.

Me refiero al caso específico de la propuesta de reforma al empleo público, que ya lleva muchos meses en proceso de aprobación legislativa.
Entiendo que lograrla es algo políticamente difícil. Pero, eso no justifica que su aprobación por los diputados se convierta en un ir y venir interminable de enmiendas, abjuraciones, rectificaciones, arrepentimientos, y abusos ante una credibilidad asumida de que los electores somos tontos y que no nos damos cuenta de lo que está pasando en ese recinto.

Lo cierto es que la situación económica actual del país es de suma gravedad y, en apariencia, ya la gente no da más en cuanto a aumentos de impuestos, que siempre han sido la salida favorita de los políticos, pues, ante un problema como este, acude a resolverlo echando más dinero al fuego: consiguiendo plata mediante endeudamiento o mayores impuestos. Y, claro, no le entran a la causal primordial de la crisis que es el exceso de gasto gubernamental. Lo que los diputados hacen es algo así como echarle más tierra a un hueco que nunca se termina de llenar: simplemente parecen creer que los recursos para financiar su desenfreno son ilimitados.

Lo que pasa es que ahora la situación no parece viable en cuanto a la salida favorita de los políticos, pues las personas son cada vez más conscientes de que mayores impuestos afectan significativamente sus posibilidades de vivir mejor en familia, tener empleos que generen ingreso y riqueza, poder darle a los hijos una mejor educación, y aspirar a una ancianidad más segura. Nuestra economía viene paralizada desde antes de la pandemia, así que no vale como excusa decir que la situación actual mala se debe, como tal, a la pandemia. Ya aquella venía mal, y las medidas que se tomaron para enfrentar la pandemia han incidido en que la economía tenga un crecimiento aún menor.

Recordemos que, a fines del 2018, se aprobó un fuerte aumento impositivo y el año siguiente la economía llegó a tener un crecimiento sumamente bajo (a causa de o a pesar de aquella reforma impositiva) y se dio un desempleo creciente y elevado en comparación con lo tradicionalmente observado en el país, además de un incremento sustancial en la llamada economía subterránea. Esto último no es sino resultado de esas políticas impositivas que impiden un rendimiento del esfuerzo formal de las personas, quienes así acuden a producir en la ilegalidad, pues lo poco que se genera en la economía formal es arrebatado en mucho por el estado. En este marco de un ajuste en esencia basado en impuestos, y poca disminución del gasto gubernamental desaforado, vimos que el estado aumentó su presencia no sólo en su alcance, sino también en su profundidad, como lo ejemplifican privilegios que cubren toda la esfera gubernamental. Estos van desde salarios fantasiosos en muchas actividades públicas, pasando por una serie de pluses cargados al erario público, sin ton ni son, además de la creación de nuevas y mayores entidades gubernamentales, y una planilla siempre creciente. A la vez, los privilegios se eternizaban, siendo notorio el fenómeno de las pensiones de lujo, que no se ha podido moderar y menos terminar significativamente en estos últimos años y que, más bien, siguen apareciendo unas nuevas todos los días.

Así, el gobierno ha limitado el crecimiento de la economía, lo que, a su vez, afectó los ingresos por impuestos del propio gobierno, que, ante ello, aumentó su endeudamiento en todo lo que pudo, terminando por llevar al país a la situación actual bien conocida. Adquirir deuda del país es hoy un riesgo enorme y oneroso en los mercados nacionales e internacionales y eso se ha reflejado en el costo por el servicio de la deuda gubernamental.

Por ello, estamos en puertas de tener que acceder a un crédito con el Fondo Monetario, con base en un programa de ajuste económico que permita recuperar algo de esa confianza perdida en la estabilidad de nuestra economía.

Un elemento crucial de dicho ajuste es la reforma a la política salarial de TODO el sector público. En los últimos años, los costarricenses hemos podido conocer las enormes diferencias en salarios que existen en un mismo puesto, entre una entidad gubernamental y otra, sin mencionar con respecto al sector privado, en que todas las “bendiciones” descansan en la habilidad negociadora de presión de grupos sindicales del sector público, que logran extraer rentas cubiertas por ese gasto gubernamental y endeudamiento creciente, terminando todo pagado por ciudadanos contribuyentes.

No vale la pena siquiera reseñar lo que a bien sabemos de lo esencial que resulta reorganizar seria y profundamente el gasto gubernamental, en especial las partidas de gasto corriente, como salarios, e intereses por un endeudamiento desaforado. Entre las personas había la expectativa de que, ante la hecatombe económica a la vista, se pondría algo de orden en la política salarial y de gasto del gobierno.

Lograrlo no es nada fácil. Los grupos sindicales se sienten, en muchas ocasiones, enfebrecidos por el temor que observan en gobernantes y políticos para poner orden, aunque lo cierto es que son los mismos políticos quienes esperan obtener beneficios si logran conservar esos privilegios para ciertos sectores del empleo público.

Por ello, uno los puede ver en algún momento clamando por tener una ley de empleo público que impida los abusos, pero, apenas reciben un poco de presión de grupos sindicalizados del sector público, corren a evitar que esas normas se apliquen, creyendo que así logran conservar su favor electoral, de cuya pérdida los grupos de presión se lo hicieron ver. Este es un caso claro de la llamada búsqueda de rentas, tan conocida en nuestra vida cotidiana, así como en el área de la economía de la Elección Pública. Los políticos buscarán mantener sus posiciones y privilegios, y por eso echan atrás sus propuestas de reforma, buscando complacer a los gremios en la expectativa negociada de conservar, y hasta ampliar, el apoyo electoral de esos beneficiados.

Pero, la ciudadanía, en general, ya se ha ido dando mayor cuenta de que esos privilegios salen de los costos tan grandes que el gobierno impone sobre sus vidas, no sólo por impuestos, sino con regulaciones de todo tipo y cobros que significan un traslado de recursos desde las personas privadas hacia el fisco. Eso lo ve uno en los precios de bienes públicos tan altos gracias a sus poderes monopólicos, o en cobros de cánones y aranceles por todo lado para poder producir, o en multas crecientes en el tránsito cotidiano, o en pagos de todo tipo que se deben hacer por transacciones ante oficinas públicas. Y vean que no estoy insinuando nada acerca de mordidas y chorizos…que sin duda son un costo para alguien o algunos.

En estos días hemos visto cómo actúan los diputados, muchos aspirando a ser presidente, o alcalde, o algo que les permita seguir viviendo del erario público y que les otorgue poder para decidir sobre vidas y peculio de las demás personas. Así, retiran inicialmente buenas propuestas en la reforma a la ley de salarios públicos que cubriría a TODO el sector público, desgranando rápidamente la mazorca, al introducir excepciones a la ley general, aunque luego, ante esto, los proponentes de las excepciones juran e insisten en que no es así: la verdad es que, del ambiente gris, de las reformas últimas propuestas al proyecto original, sólo emerge la posibilidad de que la propuesta más estricta y general no tenga vigencia para los feudos de privilegio organizados.

Primero se eximió a las universidades, que habían alegado una supuesta violación a la autonomía al reformarse su política salarial, pero parece haber una ampliación abusiva del concepto de autonomía tal como se ha entendido, de que los asuntos académicos no estuvieran sujetos a vicisitudes politiqueras. En ese marco de “autonomía” han creado una estructura salarial y de privilegios, que a veces se para el sol a ver los abusos. Por supuesto, siempre habrá unos a quienes les va mejor en la tajada y a otros peor, pero estos últimos sirven para que los primeros aleguen que no hay tales privilegios. Con la excepción que se propone en ciertos corrillos legislativos, pueden los diputados decir que están poniendo orden en esas políticas salariales universitarias, a la vez que siguen usufructuando de la enorme transferencia de recursos de los ciudadanos por medio del llamado Fondo Especial para la Educación Superior, y que son libres de intromisión política. Lo que realmente están pasando es confundir a los ciudadanos contribuyentes en cuanto a que autonomía es sinónimo de tener los abusos salariales claramente sabidos. (Fundaciones universitarias incluidas). La dirigencia universitaria ha estimulado que los estudiantes salgan a las calles en apoyo de esos esquemas salariales, pero, en algunos casos, ha sido resistido por estudiantes honestos, que no han caído en el engaño de que las limitaciones salariales propuestas en las reformas legislativas en mención, terminarían afectando sus becas.)

Los diputados de diversos partidos políticos -ya no sabemos con quién contar en esto- han abierto un portillo, al proponer el espacio legal para que aquellas lo hagan por propia voluntad, sin que las universidades estén sujetas a acatar las políticas salariales de la ley general de política salarial en el sector público que se discute. No sé si reírme con este cuento, o llorar, pues parece que los diputados creen que los ciudadanos somos tontos de capirote: las universidades públicas no se van a atar la soga al cuello reduciendo por sí solas, felices y contentas, sus privilegios costeados por todos los ciudadanos, como lo buscaba la ley generalizada en proceso de ser abortada.

No contábamos con ellos -diputados de columna flácida- que ahora también están pensando en eximir de la regla fiscal a los salarios de todo el régimen municipal. No sé si el amigo lector ha podido leer acerca de los enormes abusos que se observan, paradójicamente incluso en algunas de las municipalidades paupérrimas del país, como son salarios que perciben sus alcaldes y otros privilegiados. Y, ahora, los diputados se proponen darles el mismo trato concebido para las universidades públicas: que las municipalidades terminen decidiendo sus propias reglas salariales. La razón de esta dispensa de los diputados es muy sencilla: se aproximan las elecciones y las municipalidades suelen ser feudos políticos que deben complacer.

Los ciudadanos interesados en el buen manejo de la cosa pública, personas de distintos partidos o ninguno, debemos manifestar nuestro desprecio a la conducta de esos diputados, señalándoles claramente que no votaremos por ellos y sus partidos ante su conducción de la ley de reforma laboral en el sector público. No olvidemos que, lo que más les interesa a los diputados, es garantizarse su permanencia en el poder público. De ahí su falta de disposición para ordenar equitativa y generalizadamente el sistema salarial de TODO el sector público. Un simple cálculo electoral…

Tal vez así, aunque me temo que siempre tratarán de engañarnos o endulzarnos sus movidas, una vez más, los diputados logren darse cuenta que los ciudadanos estamos ciertamente molestos (ponga aquí el calificativo que a usted le parezca) ante estas prácticas odiosas, de seguir cargando los privilegios de algunos grupos de presión del sector público sobre las espaldas de toda la ciudadanía. Si reaccionamos debidamente, esa conducta les costaría muchos votos en las próximas elecciones.

¿Será que se hace necesario que los ciudadanos nos organicemos y salgamos a las calles para demostrarles a los políticos, que la voluntad y opinion ciudadana ha cambiado y que el voto popular está en contra de los abusos y privilegios en el sector público, y ver si de esta forma actúan en consonancia con la voluntad del pueblo?

Publicado en mis sitios de Facebook, Jorge Corrales Quesada y Jcorralesq Libertad, el 18 de marzo del 2021.