DAÑANDO AL PROCESO DE VACUNACIÓN EN EL PAÍS

Por Jorge Corrales Quesada


Sin duda que el tema de la vacunación en el país es sumamente sensible. Por esta razón, debemos pensar bien para dar un trato adecuado a las palabras que uno pueda expresar acerca de este tema, pues es muy posible que salgan a la luz muchas sensibilidades.

Me parece que el gobierno básicamente ha hecho lo apropiado en la asignación de un suministro sumamente escaso en el mercado global de vacunas (esperamos que sea sólo por un tiempo). Ante esa dificultad, no parece haber otra forma más adecuada que asignar el contingente escaso según ciertas determinaciones en cómo se podrá ir vacunando a la población del país, pues, a hoy, no existe alternativa efectiva de que privadamente se puedan adquirir en el país.

Se han seguido dos criterios básicos para su asignación: uno es el riesgo mayor en el que incurren personas que tratan directamente con enfermos del contagioso virus y, el segundo, cuáles son los grupos de la sociedad más sensibles en cuanto a un daño mortal por el contagio. Por eso, en buena hora, se han tomado decisiones para asignar a esos grupos, según un trato ordenado de prioridades en el suministro de la vacuna.

Es sensato que el personal hospitalario y de salud en general, además de otros grupos de personas que lidian directamente con los enfermos, sean los primeros en recibir la vacuna de dos dosis, que es la que actualmente tenemos en el país.

Esa preferencia deseable en la asignación se presta, como todo en la vida, al abuso, como puede el que funcionarios que no tienen contacto directo alguno, e incluso que por la pandemia trabajan desde sus casas, sin tener que ir a un sitio de trabajo “caliente,” se hayan vacunado en entidades públicas destinadas a la vacunación. Si no cumplen el criterio de alto riesgo en el desempeño de la labor relacionada con el tratamiento físico de pacientes de covid, deben esperar pacientemente, tal como el resto de los ciudadanos, para ser vacunados.

No parece ser esta una conducta generalizada para evitar esa limitación, aunque se han mencionado públicamente casos de personas que ha fingido estar en la primera fila de tratantes médicos de la enfermedad, para, engañosamente, obtener la vacuna, pero no parecen ser muchas o que los intentos iniciales de tramposos han sido frenados en algún grado (debido al malestar del público, acciones de responsables de las vacunaciones o simple vergüenza, el resultado es el mismo).

Otro segmento de potenciales vacunados ha dado lugar a mayor disputa. Se trata de la buena decisión, en mi opinión, de las autoridades encargadas de diseñar la vacunación ordenadamente, al dar preferencia a los sectores más frágiles o vulnerables de la sociedad. Específicamente, es claro, y estadística y médicamente determinado, que el grupo etario mayor de 65 años de edad es el que tiene el mayor riesgo de mortalidad ante el contagio por el covid. Asimismo, sin duda, hay ciertas enfermedades llamadas “comorbilidades” que, en sencillo, se refieren a gente que tiene ciertas dolencias, como, por ejemplo, diabetes, cáncer, problemas cardiológicos, presión arterial elevada, enfermedades respiratorias, entre otras, por las que, si el paciente se contagia por el covid, tiene significativamente una probabilidad de muerte mucho más alta, en comparación con personas sanas.

Así que, me parece correcta la clasificación de una segunda tanda para personas de relativamente más edad y aquellas con comorbilidades, pues el contagio constituye un riesgo mucho mayor de muerte que para el resto de la población.

Hasta aquí todo parecería estar bien, pero, ahora surgen cosas que no sólo dan mucho qué pensar, sino que, de entrada, crean privilegios para ciertos grupos o castas, que van contra lo que se supone es el principio básico de distribución de la vacuna: primero, para quienes están tratando directamente con enfermos de covid, y, segundo, para la población que tiene un riesgo de morir por el contagio mucho mayor.

En estos días hemos visto algunos grupos pretendiendo alterar esa lista de prioridades comentada, a fin de que sea alterada en su beneficio, sobrepasando a otras personas en la lista asignada. Tal es el caso de ciertos gremios magisteriales, así como de diputados. Ambas agrupaciones comparten similitudes en sus pretensiones, aunque hay diferencias. Por esta razón, los tratare separadamente.

En el caso de sindicatos del magisterio -específicamente, ANDE y SEC, de lo que he llegado a conocer- han pretendido, ante la decisión afortunada, aunque tardía, de reabrir las escuelas, que sus asociados sean vacunados (no se sí se excluiría a los no asociados o a otros integrantes del personal escolar) e incluso parecen estar indicando que, si no se les vacuna, no se abrirían o se haría más difícil la impostergable reapertura de los centros educativos. La forma en que los sindicatos han pedido obtenerla debe destacarse: han propuesto comprarlas -pagando su costo- al gobierno o al sistema de salud. Esto puede parecer apropiado, pero ignora el problema de la fuerte limitación del suministro de vacunas para la población. En este caso, cada vacuna que compre ese gremio, es una que no estará en disponibilidad de los ciudadanos restantes. (Muchísimos otros gremios pedirían algo igual en función de su capacidad de pagarla: por ejemplo, uniones de cámaras, asociaciones profesionales, equipos de futbol, y un largo etcétera, entre ellos muchos individuos.)

Obviamente, una solución habría sido que pudieran comprarla, no del stock existente en los centros gubernamentales de salud, sino privadamente, pero, por una parte, las autoridades gubernamentales no han autorizado que entes privados puedan suministrarla, cosa que se debería aprobar, que permitiría a esas asociaciones sindicales comprarla sin reducir la disponibilidad de ellas para el resto de la ciudadanía, además, de que, según han señalado algunos, que, de hecho, es imposible que entes privados puedan adquirirlas en mercados internacionales, por lo que (si bien debería dejarse que eso lo resuelvan las empresas farmacéuticas potencialmente interesadas en suplirla) no debería aceptarse esa propuesta sindical, pues claramente constituye un privilegio ante otros ciudadanos, quienes, ante ello, no tendrán acceso a esas vacunas tan escasas así dispuestas prioritariamente.

El caso de los diputados es igual de “interesante,” pues la petición surge de un grupo de ellos cuando un colega, joven y posiblemente con poco riesgo fatal -y a quien deseo una pronta curación- se enfermó de covid y provocó el pedido al presidente de la República y al ministro de Salud para que les dieran preferencia a los diputados en la asignación de la vacuna. Tal vez al igual que el primer grupo o, al segundo, aunque no cumplieran con los criterios de riesgo en el cuido médico o trato directo con pacientes de covid, ni tampoco con edades superiores a 65 años de alto riesgo. Curiosamente, un diputado (no sé si otros) pidió que también el presidente fuera vacunado, cosa que podría haber sido simbólica al inicio del esfuerzo de vacunación, pero que, ahora, más bien, da la apariencia de ser una especie de soborno indirecto, para que pedido tan sensible hacia los diputados fuera aceptado por el poder ejecutivo, pues se vería como una granjería que políticamente el cuerpo legislativo tendría que agradecer. Y, si quieren sesionar, podrían hacerlo mediante el teletrabajo, como mucha gente lo hace en el país y tienen las instalaciones para ello.

Esos grupos han señalado que su trabajo es primordial (la educación, legislar) y que, por eso, deberían tener preferencia en la vacunación. Pero, tal cosa me suena como altamente elitista y arrogante, pues el criterio de esencialidad es algo que todos los individuos definimos según nuestras vidas, sin estar sujetos a que un burócrata o un ungido pueda ser el que sabe o nos diga cuándo un trabajo o una labor o un servicio o suministro de algo, es esencial para cada uno de nosotros en lo particular. Para muchos puede ser más “esencial” que un agricultor le suministre alimentos en la feria, o que se los provea un pulpero en la cercanía, o un chofer que le transporte al trabajo, o un compañero en la fábrica, o un obrero en la construcción...

Aún más, si el criterio de esencial se lo aplican ellos mismos, ¿por qué no se considera esencial el trabajo de las cortes y que así se pida la vacunación prioritaria para todos los miembros del poder judicial, independiente de su edad o contacto directo o trato con enfermos de covid? ¿Por qué no considerar esencial la construcción de vías de comunicación, de forma que todos los empleados del MOPT y las constructoras contratadas para hacerlas, se vacunen preferencialmente? ¿No es esencial para algunos que haya transporte de servicio público para poder llevar a la gente adonde lo necesite, por lo que podría pedirse que se vacune a todos los choferes, mecánicos, taxistas, etcétera, de quienes dependemos para transportarnos? ¿O los trabajadores de RECOPE…? Y no duden que todos los miembros que trabajan en la Casa Presidencial pedirán por igual que, dado su trabajo esencial como poder de la república, se les tome en consideración para un suministro preferencial de la vacuna.

Todo esto no es más que un cántico de políticos, quienes consideran que están por encima de los ciudadanos a quienes representan, por el simple desempeño de ese trabajo. Darles prioridad sería una bofetada para el resto de ciudadanos que hacen fila para obtener su vacuna.

Tengámoslo claro: si hay maestros o diputados con más de 65 años de edad o con comorbilidades o si son enfermeros o médicos (de tiempo parcial o algo así para esos maestros o diputados) quienes tratan directamente a enfermos con covid, que se les ubique en aquellos dos grupos hasta la fecha establecidos. Lo contrario sería visto como un abuso inaceptable y vergonzoso.

Publicado en mis sitios de Facebook, Jorge Corrales Quesada y Jcorralesq Libertad, el 31 de enero del 2021.