A esta pandemia no le entran los promotores del socialismo higiénico.

AÚN NO HAY VACUNA PARA LA PANDEMIA POLÍTICA DE CUBA

Por Álvaro Vargas-Llosa
Independent Institute
28 de diciembre del 2020


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No hay nada como una pandemia para facilitar el trabajo de un estado totalitario. Cualquier forma de persecución política puede justificarse como una medida necesaria para preservar la vida y salud de víctimas potenciales del COVID-19 ̶ y cualquier forma de disensión puede construirse como una conducta social que amenaza a otros.

Cuba brinda un ejemplo perfecto. La isla, nominalmente gobernada por Miguel Díaz-Canel, pero aun firmemente controlada por el octogenario Raúl Castro, en estos días está recibiendo poca atención, dada la pandemia. Los asaltos cotidianos a disidentes, activistas, y críticos pasan sin ser noticia, y las protestas numerosas alrededor del país, pequeñas, pero significativas, rara vez llegan a las noticias en el exterior.

Entre julio y noviembre, Human Rights Watch reunió información exhaustiva acerca de docenas de arrestos arbitrarios en el paraíso socialista, ubicado alrededor de 100 millas al sur de Florida. La información, basada en entrevistas, documentos y otro material, indica que muchos de los detenidos han sido sentenciados a períodos en prisión, mientras que otros todavía están detenidos sin llegar a juicio o “justamente” fueron intimidados, amenazadas o multados.

Un tema común es que esa gente fue arrestada por violar las reglas de seguridad y salud ante el COVID-19, como no usar correctamente a las mascarillas. Ese fue el caso de la activista de derechos humanos Keilylli de la Mora Valle, quien estaba fumando un cigarrillo cuando la policía la detuvo. Posterior a su arresto, se reportó que ella intentó cometer suicidio en prisión, de acuerdo con gente cercana a ella. Juan Miguel Pupo Arias, otro crítico del régimen, fue encarcelado por bajar su mascarilla al comer. Originalmente fue sentenciado a seis meses en prisión, pero, poco antes de su liberación, su sentencia se extendió por cuatro años por desafiar a las autoridades. Los fiscales estuvieron seguros de incluir en los nuevos cargos, el hecho de que “él expresó opiniones negativas acerca del proceso revolucionario.”

Numerosos decretos relacionados con la pandemia, que hacen virtualmente que sea imposible estar dentro de la legalidad debido a regulaciones excesivamente puntillosas, le dan excusas convenientes a la policía para acosas o arrestar a supuestos violadores.

En teoría, la pena por dichas violaciones puede oscilan entre una multa (el doble del salario mínimo) y nueve meses en prisión. Pero, en la práctica, cualquier cosa que no sea la sumisión total ante los agentes de seguridad, se puede considerar como “desobediencia” o “desafío” (“desacato” es la palabra todopoderosa en español) y se convierte en el pretexto para imponer una sentencia más larga.

En algunos casos ni siquiera se invocan las normas de salud. Ese fue el caso del periodista disidente Reinaldo Escobar, esposo de la prominente bloguera cubana Yoani Sánchez, quien fue detenido recientemente por ninguna razón en específico.

En otros casos, las autoridades locales han utilizado cualquier incidente pequeño para acusar a críticos de violar la paz, como es el caso de Yandier García Labrada, del Movimiento Cristiano de Liberación, la organización no gubernamental más importante en Cuba, cuyo fundador, Oswaldo Payá, murió en el 2012 en un “accidente” de carro, que se cree fue arreglado por el gobierno para deshacerse de su crítico más prominente.

Labrada fue arrestado el 6 de octubre, después de quejarse acerca de la ineficiencia del sistema gubernamental en la distribución de alimentos, cuando esperaba en fila para comprar alimentos en el pueblo de Manatí, en donde vivía. Se reportó que está detenido en “El Típico,” la prisión provincial en Las Tunas.

El hombre que sustituyó a Payá como líder del Movimiento Cristiano por la Liberación, Eduardo Cardet, está bajo libertad condicional después de tres años de estar en prisión, pero, Cardet es constantemente amenazado con un encarcelamiento mayor. Otra líder, Rosa María Rodríguez, anunció recientemente que su nieto, Rosuán Durán Melchor, había sido sentenciado a seis años de prisión por mezclarse con “elementos antisociales.”

Y así continúa en Cuba. La disensión no es tolerada, y cualquier expresión o actividad que no les complace a las autoridades, pueden enviarlo a uno a la cárcel.

En estos días, las pequeñas protestas son una rutina alrededor de la isla, lo que puede explicar en parte la mano dura con la que las autoridades han estado reaccionando, bajo el manto de la pandemia.

Cuando la administración Biden reexamine la política estadounidense hacia Cuba, es la pandemia política virulenta lo que debería guiar su política, no los hábitos de voto de los cubano-estadounidenses.

También se publicó en el Washington Examiner el domingo 27 de diciembre del 2020.

Álvaro Vargas Llosa es compañero sénior del Independent Institute.

Traducido por Jorge Corrales Quesada.