MITA Y MITA…

Por Jorge Corrales Quesada


El presidente de la República, don Carlos Alvarado, acaba de delinear el acuerdo que plantea hacerle al Fondo Monetario para realizar el ajuste fiscal que todos conocemos. La información se presenta en La Nación del 8 de diciembre del 2020, bajo el titular “Según Alvarado, el 50% del nuevo ajuste fiscal recaerá en recorte del gasto.”

En esencia, se habla de la siguiente estructura del acuerdo: (1) “1.5% del PIB en reducción del gasto público, equivalente a unos ¢544.500 millones del 2021,” (2) “0.8% del PIB por nuevos ingresos, lo que implica creación de impuestos por ¢290.400 millones,” y (3) “0.7% del PIB por eliminación de exoneraciones que tienen actualmente algunos sectores, así como aportes de empresas públicas, porcentaje equivalente a ¢254.100 millones.”

Todo equivaldría a una reducción del déficit gubernamental de un 3% del PIB.

Esto hace que, de inmediato, surja una serie de dudas y cuestionamientos que uno esperaría que no sean ignorados por quienes, al final de cuentas, definirán el ajuste, como son el poder ejecutivo y primordialmente el poder legislativo, siendo ello de interés fundamental para la vida y el bienestar de los ciudadanos, contribuyentes o no.

El primer punto que debe aclararse es ese supuesto ajuste por el cual “la mitad del nuevo plan se fundamentaría en reducción del gasto, y la otra mitad, entre impuestos y exoneraciones.”

Entendamos bien que es eso de “reducciones de exoneraciones.” Para ello, daré tres ejemplos sencillos que muchos contribuyentes bien conocemos y que hoy forman parte del término más amplio “exoneraciones fiscales.” El primer ejemplo de exoneración que uso es la deducción familiar del pago del impuesto de la renta, del caso de una persona que tiene ingresos gravables y de quien dependen la esposa y dos hijos menores de edad. El monto de tal deducción anual del pago del impuesto personal es de ¢28.520 por la esposa y ¢18.840 por cada hijo, lo que daría una exoneración total del pago del impuesto de ¢66.600. Es decir, que, del pago anual de impuestos de la persona con renta imponible, se le reconoce por el fisco una deducción de ¢66.600. Si se eliminara esa exoneración, conceptualmente y todo lo demás constante, esa persona pagaría dicha suma como impuesto adicional. En sencillo, es igual que si sus impuestos anuales aumentaran, sólo por ese rubro, en dicha suma.

Otro ejemplo de exoneración bien conocida que me viene a la mente es la del pago del impuesto sobre la renta aplicable al salario escolar. Hoy día sabemos que el llamado salario escolar no forma parte del impuesto a la renta. Si se eliminara esa exoneración, la persona tendrá que sumar ese “salario escolar” a su ingreso gravable anual, en donde, incluso al ser un gravamen caracterizado por tener tasas progresivas del impuesto, podría dar lugar a un aumento más que proporcional; esto es, superior, en el nuevo pago de impuesto sobre la renta. En dos palabras, eliminar esa exoneración no es otra más que un aumento en los impuestos que algunos ciudadanos ahora pagarían.

Hay muchas otras exoneraciones que hoy son legales y cubren una gama amplia de actividades económicas, que van desde impuestos a las importaciones de bienes como medicinas, hasta insumos agropecuarios, vehículos para discapacitados, importaciones de bienes importados que se usan como insumos de exportaciones, flota pesquera, turismo regional comunitario, iglesias, Cruz Roja, taxis, sillas de seguridad para bebés en vehículos, fundaciones de salud y discapacidad, sin olvidar la promoción del tren eléctrico interurbano del GAM, la construcción de carreteras, la fundación Omar Dengo, organismos internacionales, entes educativos superiores y juntas de educación, y un extenso etcétera. Debo señalar que muchas de esas eliminaciones de exoneraciones simplemente se traducirán impuestos que se trasladarían a consumidores, usuarios o beneficiarios (e incluso hasta podría desaparecer la actividad hoy exonerada).

En sencillo: la eliminación de exoneraciones no es una categoría separada de la de aumentos de impuestos. En muchos casos, si se eliminan las exoneraciones, las personas pagarán directamente más impuestos, mientras que, en otros, serán objeto de aumentos indirectos en los costos de los bienes o servicios ya no exonerados, que ahora deberán pagar y, en otros más, habrá una clara diminución de ciertos servicios que podría, tal vez, considerarse como deseables en sociedad.

Pero, hay más. Cuando el señala que habrá “aportes de empresas públicas,” en el acuerdo fiscal que propone con el Fondo, la pregunta lógica que se tendría que hacer es ¿de dónde proviene el aporte? ¿De mayores costos a los consumidores, quienes ahora tendrán que pagar más por los servicios de esas empresas públicas? O ¿es que provendrá de superávits cuyo traslado al gobierno es ahora obligatorio para esas empresas? Esto es muy importante tenerlo claro, pues “el demonio está en los detalles.” No es un asunto de que sólo decir “quienes no pagan, que paguen.” El tema es si, al obligar a esos a pagar, no terminen por trasladar esos impuestos a los consumidores, trabajadores y usuarios, como son bien conocidos los fenómenos de pro traslación y retro traslación de los impuestos.

Finalmente quiero regresar mi comentario hacia si hay algún grado de virtud en eso de “mita y mita”: mitad en reducción de gastos y mitad en aumento impuestos, como parece estarse pensando el gobierno. No hay nada de justo en lo del llamado “justo medio.” Usted no quiere estar medio vivo y medio muerto. Usted no quiere ser medio ladrón y medio honesto. Se es o no se es. No hay razón para alegar virtud en que el ajuste fiscal se realice aumentando los impuestos (aunque los disfracen de una disminución de exoneraciones o por aportes de empresas públicas) en un 50% del paquete fiscal propuesto al Fondo y al país y reduciendo el gasto gubernamental en otro 50%. (Ya ni siquiera aparece en la propuesta de ajuste fiscal la venta de activos gubernamentales, que podrían significar un alivio en el aumento de impuestos a los ciudadanos).

Lo importante es tomar en cuenta las experiencias de países que han llevado a cabo ajustes fiscales sobrecargados primordialmente en el aumento de impuestos (digamos que en un 60% del ajuste) más que en una disminución del gasto gubernamental (el restante 40%), que otro esencialmente se sustenta en un aumento en el gasto (invierta esos porcentajes). Hace varias semanas publiqué referencias a más de doce artículos profesionales sobre el tema.

Es abundante la experiencia de ajustes fiscales basados esencialmente en aumentos de los impuestos que se caracterizan por el resultado de una recuperación más lenta de la economía, que si lo fuera por una disminución primordial en los gastos. También, porque el efecto sobre el desempleo sería peor en el caso de un ajuste basado en un aumento en los impuestos que por un descenso en el gasto. Asimismo, porque la capacidad de pago de la deuda (el preocupante 90% del PIB que se augura para este año en el país y el cual se pretende reducir sustancialmente con el ajuste en mención), sería mayor con una reducción mayor del gasto que por un aumento en los impuestos. Y que los ingresos familiares que posiblemente se vean más afectados, los de menores ingresos, se dan cuando el sector privado de la economía no crece por los altos impuestos, ingresos comparativamente menores que los del empleo público.

Aquella recuperación más lenta que se da con una propuesta como la que hace el gobierno, significa que el dolor del ajuste durará más tiempo, además de que, ¿no hemos aprendido la lección?, no debe dejarse espacio para que, apenas aumentan en algún grado los ingresos por los incrementos en los impuestos -si es que los hay- sea señal para que, de nuevo, como ha pasado históricamente, vuelva a aumentar el gasto y volvamos al déficit recurrente de una tras otra década.

Dios quiera que el gobierno y los legisladores escuchen acerca de esto y tomen las mejores decisiones; después de todo, los electores sabremos cómo respaldar a quienes han actuado bien en el interés general de los ciudadanos, y castigar a aquellos quienes abogan por un estado grande y oneroso, cuyos daños obvios a la economía y la sociedad, son los que nos tienen ahora, una vez más, en estos apuros.

Publicado en mis sitios de Facebook, Jorge Corrales Quesada y Jcorralesq Libertad, el 9 de diciembre del 2020.