LOS IMPUESTOS QUE SE ESTÁN PROPONIENDO PARA HACER EL AJUSTE FISCAL- TERCERA PARTE

Por Jorge Corrales Quesada


Siempre me ha llamado la atención por qué en las sociedades siempre hay contrabando cuando las autoridades gubernamentales, por una u otra razón, han puesto fuertes gravámenes domésticos a bienes o servicios que ellos creen que deben ser objeto de ellos. Muchas veces esos aranceles o impuestos se ponen con base en argumentos éticos o moralistas, pero también por una ambición recaudatoria del fisco. Pero, ante ellos, si hay una demanda doméstica del bien tal que el consumidor y el suplidor estén dispuestos a evadir el costo del control gubernamental, habrá contrabando si el precio en el mercado del producto contrabandeado es inferior al del bien legalmente importado y recargado de impuestos.

Ante ello, lo que el gobierno intenta hacer para impedir el contrabando es impulsar todo tipo de costos para que ese negocio ilegal no se dé.

Veamos un ejemplo moderno de contrabando bien conocido en nuestro medio, no sólo por la penetración realmente exhibida, sino también por un conocimiento folklórico y mediatizado de diversas formas, cual es el de la cocaína desde Suramérica hacia el resto del mundo. Por las razones que sean, el comercio internacional de esta droga es altamente reprimido de forma deliberada por los cuerpos gubernamentales, ante una posiblemente muy alta aceptación popular en los mercados de consumo final.

Simplificadamente, resulta que el precio de la cocaína es sumamente bajo en los lugares en que se produce en América del Sur, comparado con el precio final en los mercados desarrollados del Norte, en donde aquel es muy alto, aunque su consumo básicamente sea ilegal. En esta situación, surge una enorme ganancia en dicha actividad. Entonces, el gobierno, para impedir el efecto en el intercambio del incentivo diferencial de precios, impone todo tipo de restricciones e impedimentos para que se dé tal comercio. A pesar de lo anterior, se observa que el comercio sigue campante, en mucho porque la ganancia de él es tan elevada, que permite inversiones costosas para lograr el traslado de la droga, incluyendo hacer fuertes sobornos a las autoridades en todo su camino de envío para que no sean interrumpidos.

En síntesis, esa guerra contra las drogas, a pesar de enormes esfuerzos y medidas tomadas para controlar su transporte internacional, está destinada al fracaso, en el tanto en que los consumidores estén dispuestos a pagar precios muy elevados por obtener el producto y, también, que los productores cubran los enormes costos y riesgos de hacer llegar el producto desde los mercados de origen hacia los consumidores finales.

Algo similar sucede con la imposición de impuestos domésticos muy elevados a productos como licores o cigarrillos, gravámenes a menudo bajo el pretexto de luchar contra los vicios, pero, al ser ambos productos objeto de una demanda relativamente inelástica, es decir, que a pesar de los aumentos en el precio a causa de los impuestos la cantidad consumida de esos bienes se reduce relativamente muy poco. Eso hace que, en vez de lograr disminuir su consumo, este se mantiene a precios más altos, convirtiéndose en una fuente “jugosa” de ingresos para el fisco. Pero esa jugosa recaudación se logra siempre y cuando no haya contrabando, que evita el pago de esos impuestos domésticos. El contrabando se presenta cuando los oferentes ilegales estén dispuestos a correr riesgos como el decomiso del producto y penas de cárcel por cometer un delito, al tiempo que los consumidores compren, aunque sea ilegalmente el bien, pues les sale más barato ese bien así importado que el doméstico legal cargado de impuestos (ya sea arancelarios o específicos).

Ante esto último, el gobierno, que esperaba disuadir el consumo del artículo gravado o bien recaudar más tributos, se queda sin cumplir ambos objetivos. El consumo pasa desde una producción legal interna hacia una proveniente del exterior, o incluso hacia una de producción interna ilegal, como sucede con el conocido guaro de contrabando. Con ello, al mismo tiempo, tampoco recauda los impuestos esperados.
Este fenómeno, muy conocido en la historia económica, es, a menudo, dejado de lado cuando se ponen impuestos a esos bienes malignos o pecaminosos, pero, también la intención de recaudar más impuestos suele caerse por la borda por el comercio ilegal. Así que, cualquier idea que pretenda poner más impuestos a los “vicios” sólo para recaudar más impuestos, terminará fracasando.

Ahora lo que se ha estado tratando de imponer, al menos en ciertos círculos legislativos y políticos, es un control por una especie de membrete sofisticado y trazable de la fuente de la producción, a fin de seguir el origen del producto y con ello detener a los contrabandos. Eso sin duda sería un nuevo costo, aparentemente muy alto, que se le cargará a la sociedad. En este caso en particular, hasta el momento, no se ha comprobado que el proyecto dé lugar a un beneficio económico, al menos desde el punto de vista fiscal, que sea superior a su costo, tal que haga de ello una actividad rentable.

Pero, además, es altamente sospechoso que, la decisión de imponer ese nuevo control por parte de alguna entidad gubernamental, sea por una decisión legal del Congreso, la cual, aparentemente carece o evita que se cumpla con dos normas esenciales en cualquier procedimiento de adquisición de bienes y servicios que por ley hace gobierno. La primera, que existan los recursos para ello, mediante un procedimiento legal, en un presupuesto que garantiza los recursos para comprar y poner en práctica el sistema de control. En segundo lugar, se omite del todo cualquier procedimiento de adquisición competitiva de bienes o servicios por parte del estado. Es decir, se impide la existencia de ofertas que sean alternativas competitivas de ese servicio concreto y se exige su adquisición sin que rijan las reglas esenciales de contratación y control administrativo de bienes y servicios que adquiera el estado, que tienen fundamento constitucional y pretenden lograr que las adquisiciones sean la mejor y más barata entre alternativas.

Esto, en momentos de serias dificultades financieras estatales, no sólo es totalmente inapropiado, sino hasta grosero, pues una compra así se presta para que haya sobreprecios y otros costos indebidos, a la vez de que no se conocen sus resultados de rentabilidad comparativa de costos y beneficios. Además, porque se erogan recursos adicionales que no se podrán dedicar a otras cosas tal vez de mayor prioridad en el momento actual, como, me atrevo a señalar, el cuido de la salud.

Si sea bajaran los impuestos domésticos a cigarrillos y licor, disminuiría el contrabando, aumentaría la demanda legal del producto y hasta podría allegar más fondos al fisco.

Otro tema importante que se ha discutido en estos tiempos de pandemia es el de la evasión y la elusión de impuestos. Para decir las cosas claras, se quedará esperando que alguien salga a la luz en estos tiempos y declare estar a favor de la evasión en el pago de los impuestos, pues, como mínimo y posiblemente lo más respetuoso que escuche, sería una calificación de loco, si bien, no me siento con un espíritu hipócrita como para ocultar que muchos evitamos pagar impuestos, ya sea legal o ilegalmente (seamos sinceros y pensemos en aquel decir: “con o sin factura”).

Es importante tener claras algunas diferencias entre el concepto de evasión y evitación o elusión en el pago de los impuestos para entender el fenómeno. El primero es el no pago de impuestos debidos y que aquí se penaliza como casi en todo el mundo; el segundo concepto no es algo ilegal.

Para entender las cosas, veamos un par de ejemplos sencillos: si usted recibe ingresos suficientes como para que deba pagar impuesto a la renta, y lo oculta -no lo paga debiendo hacerlo- usted está evadiendo los impuestos. Por otra parte, si usted recibe ingresos que por ley están exentos del pago de impuestos, usted no evade impuestos sino que los elude o evita, como sería el caso de los ingresos por el llamado salario escolar, los que están legalmente exentos del pago del impuestos a la renta, o la exención legal que hay de impuestos a las importaciones de insumos que se incorporan en producir bienes dedicados a la exportación, entre muchos otros ejemplos (los premios de la lotería que antes citamos o las zonas francas).

Dicho esto, la pregunta que uno podría hacer es cómo disminuir la evitación o elusión, que básicamente se reduce a eliminar legalmente las exenciones así otorgadas, pero, también. ¿qué hacer para disminuir la evasión en el pago de los impuestos?

Algunos consideran que, para lograr esto último, es indispensable aumentar las penas, incluso, aunque suene extremo, ¡algunos han dicho que con pena de muerte! lo que tal vez llenaría cementerios, pero otros han señalado que los evasores sean enviados a la cárcel o que se impongan multas mayores a las ya sumamente elevadas. Pero estas ideas deben venir acompañadas de una pregunta precedente: ¿qué es lo que provoca que se dé la evasión?

Si no hubiera impuestos, no habría evasión y, entre más altos sean los gravámenes, mayor es el incentivo para la evasión. Así que, si lo que el gobierno quiere es aumentar la recaudación por impuestos, mediante una reducción de la evasión, debería considerar seriamente si esa evasión no la estimula el hecho de que los impuestos son muy altos y que, tal vez, una reducción de ellos más bien incentivaría una disminución de la evasión y el consecuente aumento de ingresos fiscales.

Digo esto porque evadir impuestos no es algo gratuito ni súbito, sino resultado de una serie de acciones humanas. Piense, por ejemplo, en contadores, sistemas financieros, abogados, información costosa de obtener, correr el riesgo de sanciones que suelen ser muy elevadas, hasta sobornar a quienes se encargan de evitar la evasión, al tiempo que se hay que llevar controles contable muy estrictos, para ajustar los estados financieros que se presentan ante autoridades impositivas para efectos del cobro del impuesto.

Esos son riesgos y costos que se incurren al evadir el pago de impuestos, pero, aun así, sin duda que hay personas físicas y jurídicas que están dispuestos a correr los riesgos de sanción y los altos costos derivados de ellas, tomando acciones para dejar de pagar impuestos.

Llega a mi mente un ejemplo reciente de evasión del pago de impuestos que sucedía en Francia. En cierto momento -en la administración de Hollande 2012-2017- los impuestos aumentaron tanto que el crecimiento de la economía francesa cayó fuertemente, incluso por debajo del de muchas otras naciones europeas de la Comunidad Económica. Eran tan elevados, que franceses ricos incluso cambiaron literalmente su residencia fiscal, moviéndose al otro lado de El Canal -a Inglaterra- país caracterizado por sus altos impuestos. Allá se fueron también negocios franceses, pero incluso hasta más allá, pues otros, como el conocido actor Gerard Depardieu, cambiaron su nacionalidad por la rusa, con tal de evitar pagar impuestos tan elevados en Francia.

Poco después de asumir el poder el nuevo presidente Macron en el 2019, inició una reducción de impuestos para que los contribuyentes regresaran al país y que la economía se recuperara. Así lo hizo, la gente fue regresando, pero eso se dio antes de la pandemia…

En la historia del ser humano, éste ha estado dispuesto a asumir enormes costos y riesgos con tal de evitar pagar impuestos. Una que me gusta contar se basa en la Biblia, en la narración de la salida de Moisés desde Egipto hacia Israel. El pueblo israelita en Egipto se llevaba bien con el gobierno fuerte de los faraones, el cual les cobraba impuestos relativamente bajos. Me imagino que, producto de necesidades financieras para dar recursos a sus ejércitos y no sé si para monumentales obras públicas, los faraones aumentaron fuertemente los impuestos a los relativamente ricos judíos. Ante esto, y a pesar de esfuerzos infructuosos para que no se les cobraran tan altos impuestos, fue que los judíos de Egipto decidieron huir hacia la Tierra Prometida, corriendo grandes riesgos y asumiendo elevadísimos costos… el resto de la historia es harto conocida.

Los impuestos tan altos motivaron la huida de Egipto: “evasión tributaria” dirían hoy.

Mi propuesta es clara en cuanto a que el gobierno, más bien, debería considerar una reducción de sus elevados impuestos (algunas cifras publicadas los ponen entre los más elevados de los países de la OECD, a la cual acabamos de ingresar), para disminuir la evasión en su pago y que el gobierno termine recogiendo más ingresos, en vez de menos, como sucede cuando aumenta los impuestos. No es un sinsentido que proponga esto en momentos en que nuestra economía casi no crece y se haya sumida en la recesión y el desempleo que conocemos. Reducir los impuestos no sólo estimularía un casi nulo crecimiento económico, aumentaría el bienestar de los hogares, reduciría el elevado desempleo y subempleo, incrementaría la riqueza y reduciría la pobreza, sino que, también, disminuiría el incentivo que hay para evadir el alto pago de impuestos.

Publicado en mis sitios de Facebook, Jorge Corrales Quesada y Jcorralesq Libertad, el 25 de noviembre del 2020.