ELECCIONES Y LEGITIMIDAD

Por James Bovard
American Institute for Economic Research
11 de noviembre del 2020

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La elección presidencial de este año es la cuarta desde el 2020 que se ha embarrialado, ya sea por alegaciones de fraude generalizado o interferencia extranjera. Los políticos y comentaristas por mucho tiempo han contado con las elecciones para ondear una varita mágica de legitimidad sobre el reino del que sea designado como ganador. Pero, de manera creciente, los estadounidenses se preguntan si el interminablemente inventado “consenso de los gobernados,” sólo ha llegado a convertirse en otra farsa para mantenerlos pagando y obedeciendo.

Hace veinte años, Estados Unidos estaba en la agonía de una batalla de recuento disputada fieramente en Florida. El candidato presidencial demócrata, el vicepresidente Al Gore, ganó el voto popular nacional, pero, el veredicto del Colegio Electoral no era claro. Los 25 votos de Florida le darían, ya fuera a Gore o al candidato republicano George W. Bush, los 270 votos necesarios para ganar la presidencia. En Florida hubo seis millones de votos e inicialmente Bush tenía un margen de victoria de 537 votos. Pero, el conteo fue un completo desastre.

Algunos condados de Florida tenían equipos de votación anticuados, mientras que otros tenían diseños de votación descabellados que confundían a los votantes, resultando en “papeletas semi perforadas,” papeletas en “forma de mariposa” y otras preferencias no claras. Después de que la Corte Suprema de Florida ordenó un recuento manual de los votos en disputa en todos los condados, el equipo legal de la campaña de Bush rápidamente presentó alegaciones ante la Corte Suprema buscando detener el proceso.

En una decisión controversial, la Corte Suprema, en una votación de 5 a 4, detuvo el recuento pues podría resultar en “una nube sobre lo que [George W. Bush] alega ser la legitimidad de su elección,” escribió el juez Antonin Scalia. El juez John Paul Stevens disintió: “La resolución de la Corte de Florida refleja el principio básico, inherente en nuestra Constitución y democracia, de que todo voto legal debería contarse.” No hubo suerte. Dos días más tarde, la mayoría de la misma Corte Suprema bloqueó cualquier conteo subsecuente, pues “no fue bien calculado que mantuviera la confianza que todos los ciudadanos deben tener acerca del resultado de las elecciones.” “Mantener la confianza” era más importante que contar los votos. De nuevo, el juez Stevens disintió: “Nunca antes hemos cuestionado el estándar sustantivo por el cual el Estado determina que un voto ha sido legalmente emitido.”

Los resultados de la elección del 2000 parecían ser casi tan frágiles como la historia de la Dama del Lago dándole la espada Excalibur a Arturo, haciendo así valer su derecho a gobernar Inglaterra. Como mínimo, el resultado de la elección presidencial del 2000 fue decidido por abogados y políticos nombrados (jueces), no por votantes. El anterior presidente Jimmy Carter hizo la observación en el 2001, que “Como hemos visto en Florida y algunos otros estados… la tasa esperada de error en algunas jurisdicciones es tan alta como un 3 por ciento del [voto] total.”

Cuatro años después, George W. Bush ganó estrechamente la reelección, después de una campaña alimentada por numerosas advertencias falsas de ataques terroristas, que ayudaron a atemorizar a los votantes para que le dieran otros cuatro años. Ohio fue el estado clave que, en ese momento, determinó el resultado, y sus resultados aparecieron manchados por numerosas decisiones de funcionarios electorales republicanos que favorecían a Bush. También, los demócratas acusaron que las máquinas de voto electrónico usado en gran parte de Ohio, habían sido manipuladas para producir votos totales equivocados.

En enero del 2005, miembros del partido demócrata de la Casa de Representantes lanzaron una declaración desafiando la legitimidad de la elección presidencial del 2004. La diputada Maxine Waters (demócrata de California) se quejó de que muchos estados usaban una tecnología más sofisticada para los tiquetes de la lotería, que para las elecciones; “Increíblemente, incluso en esas pocas jurisdicciones que se movieron hacia votaciones electrónicas… no requerimos que hubiera un trazado verificable de papel que protegiera contra la manipulación de los votos.”

Los diputados republicanos se pusieron furiosos. El diputado Rob Portman (republicano de Ohio) acusó a los demócratas de buscar “la obstrucción de la voluntad del pueblo estadounidense.” El diputado J.D. Hayworth (republicano de Arizona) se lamentó porque la protesta “servía para plantar semillas insidiosas de duda en el proceso electoral.” El diputado Roy Blunt (republicano de Missouri), jefe de la mayoría en la Casa de Representantes, buscó poner a todo el gobierno por encima de cuestionamientos: “Es la mayor democracia en la historia del mundo y se maneja por gente que se presenta y hace que un sistema funcione en formas que nadie creería, hasta que ven que produce el resultado que la gente quiere que pase el Día de las Elecciones.” La frase de Blunt “que nadie creería” era más profética que las que pretendía.

Para decenas de millones de estadounidenses y para los salones de convenciones llenos de escritores de editoriales, los resultados de la elección presidencial del 2016 se mancharon para siempre, debido a alegatos de que la campaña de Trump hizo colusión con los rusos para lograr una victoria sorpresiva. Las afirmaciones impulsaron una Investigación del Consejero Especial, que persiguió a la mayoría de la presidencia de Trump y ayudó a los demócratas a capturar el control de la Casa de Representantes en el 2018. En el 2019, el Consejero Especial Robert Mueller finalmente admitió que no existió un caso de colusión. Pero, desde ese entonces, hemos aprendido que había una colusión generalizada entre funcionarios de la administración Obama y agencias federales, para atacar la campaña del 2016 de Trump. Y, como indicó el profesor de la Universidad George Washington, Jonathan Turley, los medios ignoraron “una de las mayores historias en décadas. La administración Obama atacó la campaña del partido opositor, basada en evidencia falsa.”

En vez de ello, los medios aplaudieron a agencias federales secretas que habían interferido en la política estadounidense. El columnista del Washington Post, Eugene Robinson, capturó el veredicto de la argolla de Washington D.C., “¡Dios bendiga al Estado Profundo!” La veneración de los medios hará más fácil que el FBI, la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional intervengan, sin no es que arreglen, elecciones futuras.

La elección presidencial de este año podría ser el acontecimiento más fraudulento desde 1876, cuando cuatro estados tuvieron resultados disputados y el Congreso le dio la presidencia al republicano Rutherford Hayes, a pesar de una amplia evidencia de conspiración. Temprano este año, algunos estados enviaron papeletas de votación a todos los nombres en las listas de votación, dándoles la oportunidad a miles de muertos de votar desde la tumba. Más de 92 millones de personas votó por correo.

El presidente Trump advirtió que el cambio al voto por correo podría resultar en “el voto más corrupto de la historia de nuestra nación.” Un análisis del 2012 del New York Times concluyó que “el fraude en el voto por correo es… vastamente mucho más frecuente que el fraude con el voto en persona que ha atraído mucha más atención.” Pero, esa afirmación rotunda se desvaneció en el Agujero de Memoria, cuando los medios se burlaron sin cesar ante cualquier preocupación de juego electoral sucio.

Poco antes del Día de las Elecciones, el candidato demócrata Joe Biden se jactó, “Hemos juntado, pienso, la organización más extendida e inclusiva de fraude del votante en la historia de la política estadounidense.” Un análisis de “Chequeo de Hechos” de Reuters reveló que el comentario de Biden fue un “desliz de la lengua” y que, probablemente, lo que quiso decir era “protección del votante.” Desde el Día de las Elecciones, los propios medios que han insistido que no hubo corrupción en la familia Biden, les aseguran a los estadounidenses que no hubo un voto fraudulento significativo.

Las controversias de la elección del 2020 están siendo luchadas por abogados y jueces. Los medios esperan que, declarando a Joe Biden como el ganador correcto, restaurará rápidamente la legitimidad del sistema político. Pero, los 70 millones de votantes de Trump es difícil que sean persuadidos por los mismos medios que interminablemente menospreciaron, tanto al presidente, como a quienes le apoyan.

Tal vez, el verdadero problema con el sistema político actual es que las elecciones son, prácticamente, la fuente final restante de aparente legitimidad. Los presidentes se juramentan para “mantener, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos.” Pero, esto por mucho tiempo ha sido un gesto desechable, no vinculante ̶ si no es que causa de sonrisa entre los infiltrados en Washington. Las elecciones fallaron en impedir que cada reciente comandante en jefe de Estados Unidos expandiera y explotara el potencial dictatorial de la presidencia.

¿Debemos esperar algo diferente de Biden? Cuando él fue presidente del Comité Judicial del Senado, fue coautor de numerosos leyes antidrogas opresivas y leyes de incautación que ayudaron a destruir gran parte de la Carta de Derechos Constitucionales. Su filosofía política nunca fue más allá de su famoso pronunciamiento: “¡Encierren a los H de P! Él apoyó expandir el poder federal siempre que hubiera votos o contribuciones de campaña que pudieran ser puestos en el bolsillo.

Biden ha dicho que él dictaría una orden nacional de usar mascarilla y que podría imponer una cuarentena nacional, si se elevan las tasas de infección de Covid. Los mismos medios que sirvieron como la Barricada en el Sótano de Biden durante la campaña -ayudándole a evitar desafíos que habrían podido hacer preguntas acerca de sus posiciones y capacidad mental- alabarán cualquier política restrictiva que Biden imponga sobre el Covid. En vez de la constitucionalidad, oiremos que es la “voluntad del pueblo” o algo como esa bazofia.

Tampoco es posible que haya forma de restringir a Biden si él sigue el consejo de sus belicosos asesores de política externa. El editor de la revista Counterpunch, Jeffrey St. Clair, preguntó: “¿Qué país bombardeará Biden primero para ‘restaurar el sitio de Estados Unidos en el mundo’?” La campaña de Biden prometió “aumentar la presión” sobre el presidente de Siria Bashar Assad ̶ supuestamente dándole más armas y dinero a los grupos terroristas que Obama empezó a ayudar hace casi una década. Biden santificará sus campañas de bombardeo en el exterior con la misma tautología legal que la administración Obama usó para justificar matar a libios en el 2011. El departamento de Justicia anunció que Obama “tenía autoridad constitucional” para atacar a Libia, pues él podía razonablemente determinar que ese uso de la fuerza iba en el interés nacional.”

Entre más poder capturan los presidentes, son más los hechos que pueden suprimir. El gobierno federal cada año está creando trillones de páginas de secretos nuevos, haciendo efectivamente imposible que los ciudadanos promedio puedan conocer la verdad acerca de la política externa, sino hasta mucho tiempo después de que las bombas hayan sido lanzadas. Es poco posible que Biden termine el secreto generalizado, que convierte en una burla la idea de autogobierno.

En su discurso de victoria el pasado sábado, Biden prometió “restaurar el alma de los Estados Unidos.” Pero, los estadounidenses no estaban votando por un curandero; estaban seleccionando al jefe ejecutivo de un gobierno federal. Actualmente, sólo un 20 por ciento de los estadounidenses confía en que la mayoría de las veces el gobierno “haga lo correcto,” según una encuesta de Pew Research Center. Es posible que los resultados de la elección erosionen aún más la legitimidad federal, en momentos en que el Tío Sam no tiene confianza que le sobre.¿Cuántas más debacles electorales y abusos de poder descarados Washington cree que tolerará el pueblo estadounidense?

James Bovard es autor de diez libros, incluyendo Public Policy Hooligan, Attention Deficit Democracy, The Bush Betrayal, y Lost Rights: The Destruction of American Liberty. Ha escrito para el New York Times, Wall Street Journal, Playboy, Washington Post, New Republic, Reader’s Digest, y muchas otras publicaciones. Es miembro de la Junta de Colaboradores de USA Today, un contribuyente frecuente a The Hill, y editor contribuyente de American Conservative.

Traducido por Jorge Corrales Quesada.