LEY SECA PARA LUCHAR CONTRA EL COVID-19

Por Jorge Corrales Quesada


Cuando uno ha visto toda clase de ocurrencias felices de funcionarios públicos para combatir la diseminación del COVID-19, no podía faltar aquella que prohíbe a los ciudadanos tomar licor, particularmente en las hoy demonizadas fiestas familiares.

No podía faltar el ministro de Seguridad alegando que se debería prohibir la ingesta de alcohol (que sin duda incluye la cerveza) y quien pidió a los “consejos y alcaldías a poner límite a la venta de licor y evitar que la gente se reúna fuera de supermercados, pulperías o licoreras… [pues, en sus palabras] ‘como los bares están cerrados, la gente se está aglomerando y también estamos viendo que hay gente que compra licor y hace fiestas en las casa,’” según dice el artículo de la Nación de hoy, titulado “Ministro de Seguridad reclama ‘ley seca’ para ‘parar la fiesta.’”

Si tomara tiempo para leer las experiencias con leyes secas, tal vez el ministro opte por otra propuesta alternativa que no causara tantos daños imprevistos. Lo que parece ser una propuesta bien intencionada (como que todas las políticas que se toman acerca del COVID-19 son bien intencionadas), constituye un absurdo que causará un daño social y económico mayor, que lo que podría ser el resultado de ese consumo de licor.

Lo primero que debería pensar el ministro es que la gente que hoy consume licor y que ya no podría adquirirlo en bares, supermercados, etcétera, no va a dejar de consumir licor. Eso no es así: simplemente su demanda en esencia se conservará (tal vez excepto si, por la gracia de Dios, nos haga a todos abstemios) y, ante ello, surgirán otros oferentes de licor distintos de esos tradicionales que menciona. El ministro es relativamente joven -pero eso no es excusa- para saber que, en Costa Rica, durante mucho tiempo se produjo lo que se llamó guaro de contrabando, en que muchos ciudadanos se dedicaron a producir guaro en “sacas” a escondidas en los montes, evitando la acción del llamado Resguardo Fiscal, encargado de eliminar esa actividad, pues lo que al gobierno le interesaba era la producción formal que generara impuestos.

Allá, en ciertas zonas de Alajuela y Heredia, florecían las sacas en donde se destilaba ese guaro ilegal para distribuirlo en todo el país. No duden que una prohibición al licor legal dará lugar a un renacimiento de ese licor ilegal, más ahora con técnicas de destilado modernas que eliminarán el miedo a un “guaro malo.”

Pero, es no es todo. Cuando algo se prohíbe, rápidamente, si hay demanda por ese bien, el ingenio humano surge para suplirlo. Habrá un alto contrabando de licores en el país (igual que es hoy también el de cigarrillos por los altos impuestos domésticos), pues resulta un negociazo traerlo desde mercados internacionales, correr los riesgos y costos derivados de esa ilegalidad, y así venderlos al consumidor rey supremo. Hoy, ya, a cada rato, vemos decomisos de licores de contrabando en la zona sur (y con la ideota lo veremos también por la zona norte y las costas del Atlántico y del Pacífico). Una prohibición total al consumo de licor sólo alentaría más ese contrabando.

Si alguien en su inocencia pensara que esa medida encarecería el licor importado pues habría mucha demanda y poca oferta, no debe subestimar la capacidad del mercado para que entren nuevos competidores a suplir más, lo que eliminaría un posible aumento inicial en los precios de los licores contrabandeados. Pero hay más, aunque subiera su precio, posiblemente por la naturaleza de “vicio” que algunos le adscriben al licor, su cantidad demandada se reduciría muy poco, aumentando el gasto total en licor.

Aún así, las cosas no se quedarían de esa manera: además de los descensos en ingresos familiares debido a la alta desocupación resultante de medidas erradas de los políticos sobre la producción nacional, si ahora las personas o familias terminan gastando más de su presupuesto en consumir el licor “prohibido”, les quedará menos para comprar todo lo restante que requieren, lo que, sin duda, afectará negativamente la salud y el bienestar de muchos hogares.

Otro efecto esperado de la ley seca propuesta es que surgirán bares clandestinos. Si la gente quiere beber guaro fuera de su casa (cabe preguntarse si no sería mejor que se quedara en sus hogares en vez de salir: incluso así complacen la orden burocrática de quedarse en las casas), pronto surgirán bares clandestinos en donde se vendan los licores prohibidos. Claro, todo esto tiene costos, siendo uno de ellos que, si la policía descubre esos bare, posiblemente los cierre significando un alto costo para los nuevos “empresarios”. Pero, esa incomodidad tiene su solución que, como diría alguien por allí, sólo se trata de un precio: habrá que sobornar a autoridades para que se hagan los tontos y que, más bien, se conviertan en “ayudantes soplones” que informen cuando viene una redada. Unos llaman a esto corrupción, pero quienes quieren beber licor afuera, lo verán como una bendición. ¡Qué vida!

Este asunto no se queda aquí: es muy posible que dicha prohibición estimule un rápido surgimiento del crimen organizado (si, ya lo tenemos, pero, tal vez, en otras ocupaciones ilegales, por lo que sólo “transformarían” su actividad). Al Capone no se dedicó al licor ilegal sino fue porque daba rendimientos enormes, pues la gente estaba dispuesta a pagar mucho más por poder consumir licor. Sabemos que esa actividad ilegal sobrevive siempre en el marco del soborno y la corruptela.

No sería raro ver un aumento en la criminalidad, pues no sólo la ley seca da lugar a más crimen, al estimular a grupos delincuenciales organizados a suplir licor, sino que no es tan sólo un grupo el que surge, sino que lo harán muchos otros, que, ante las posibilidades de obtener ganancias tan elevadas, combatirán entre sí para dominar el mercado ilegal. ¿No me lo creen? ¿No han visto la matazinga que hay entre grupos dedicados a la venta de marihuana, por controlar los mercados en donde la venden? La marihuana está prohibida e igual lo lograría la propuesta sugerida en el caso del licor. Además, los escasos recursos con que hoy cuenta el ministro de Seguridad para realizar una serie de funciones, ahora se tendrían que dedicar a perseguir a quienes consumen y venden licor ilegalmente, dejándole así menos fondos al ministerio para aquellas otras acciones tal vez más necesarias.

Esto me lleva a un punto adicional, que no dudo pondrá a brincar al hoy acosado ministro de Hacienda: dejará de recaudar los impuestos provenientes del consumo legal del licor, pues precisamente, el licor de contrabando no paga impuestos. Si Hacienda fuera responsable, ante estos menores ingresos tributarios, recortaría el gasto gubernamental, entre ellos el del ministerio de Seguridad: cuchilla para el propio pescuezo presupuestario…

Nos han dicho, casi hasta la saciedad, que la salud es primordial ante todo lo demás. Veamos, por un momento, uno de los problemas sanitarios resultantes de la ilegalización del consumo de licor. Allá por los años sesenta en Estados Unidos, la venta de marihuana ilegal se prestaba para que las bolsitas que se vendían no contuvieran marihuana, sino algo así como culantro o perejil secado y picado. El ingenuo comprador de la yerba no podía ir a la policía reclamando que lo estafaron en la compra de esa marihuana. Esto afecta el bolsillo (y queda menos plata para la salud), pero, hay otro efecto más directo sobre la salud de las personas ante la prohibición aquí sugerida.

Es aún posible que el licor de contrabando se produzca en “fabricas” que usan espirales de plomo para la destilación y que, además, hubiera soldaduras de plomo. Esto termina creando un veneno peligroso (acetato de plomo), además de que, a veces, a ese licor ilegal se le agregaban cosas tan sorprendentes como creosota, líquido para embalsamar, clavos, entre otros. Estos “venenos” causan ceguera, entre otros males. Pero, y lo vivimos aquí hace pocos meses, el alcohol que puede usarse en la producción del “nuevo” licor no es el etílico, que no es tan dañino para el ser humano, sino el metílico que es venenoso y causa la muerte. Ambos alcoholes son muy parecidos, pero no distinguirlos es fatal. Claro, la materia prima alcohol etílico es mucho más cara que el alcohol metílico.

Termino mi comentario con tres breves observaciones adicionales. La primera es que sorprende que, en medio de la mayor tasa de desocupación tal vez de la historia nacional, se quieran cerrar opciones de trabajo al prohibir a los ciudadanos ingerir licor. Piense no sólo en los empleos en bares, sino en la producción y distribución formal de él. Aunque es claro que se generará empleo en la ilegalidad y la informalidad, me imagino que ese no es el tipo de empleo que hoy se busca tener en la economía, sino que se trata del empleo formal.

En segundo lugar, las fiestas familiares, si se quieren realizar, podrán hacerse sin que medie el licor legal (será sustituido por el ilegal). Pero, también, pueden festejar acudiendo a otro alivio, como puede, por ejemplo, ser fumar marihuana o consumir ciertas pastillas, aunque estas ya son ilegales.

Mi tercer comentario final es más personal. Voy a ser el insolente que se atreva a hacerle una amable sugerencia a nuestro ministro de Seguridad, quien, sin duda, está muy estresado por la demanda de servicios de sus subalternos y hasta del propio. Pero, ¿por qué no toma un instante para descansar y meditar acerca del alcance de su inopinada propuesta? Dado que aún es libre y, aunque no está aislado en su casa, bien podría desear tomarse un trago -antes de que un superior ordene la ley seca. Pues, échese ese traguito y, con calma, piense acerca de la enorme cantidad de consecuencias no deseadas, nefastas, que ocasionará una prohibición como la que hoy tiene en mente. No se trata de que haga lo que hoy muchos ciudadanos hacen para sobrellevar las penas de estar encerrados (alivio que se nos impediría), sino que no exhiba su desconocimiento de los resultados no pensados de esa prohibición suya.

Publicado en mis sitios de Facebook, Jorge Corrales Quesada y Jcorralesq Libertad, el 12 de julio del 2020.