LAS TRES MEJORES Y PEORES IDEAS PARA LA CRISIS

Por Veronique de Rugy

American Institute for Economic Research
12 de junio del 2020


NOTA DEL TRADUCTOR: Para utilizar los ligámenes de las fuentes del artículo, entre paréntesis y en azul, si es de su interés, puede verlo en https://www.aier.org/article/the-thr...of-the-crisis/

En una moda típica, los políticos en Washington ya están hablando acerca de aprobar, antes del receso de agosto (the August recess), otra ley para el COVID-19. No importa que entre la Reserva Federal y el gasto, la suma inyectada en la economía ahora exceda los $10 millones de millones. Dejan de lado el hecho de que no sabemos cómo lucirá la economía cuando a las empresas se les permitan reabrir a plenitud. Y olvídese del hecho que, al momento, sólo la mitad de aquellos ha sido gastada (half of it has been spent), así que todavía hay muchísimo dinero para repartir. Aun así, todavía quieren gastar más.

Pero, en espíritu de ser constructiva, echémosles una ojeada a las que es posible sean las tres mejores políticas que el Congreso podría considerar hacia adelante. Y, luego, comparemos esas políticas con las peores que ya han sido puestas en práctica. Ese es el desafío que se me hizo durante un reciente seminario en la red del Mercatus Center. He aquí mis respuestas.

Escogí como mis tres mejores políticas a aquellas que tienen como objetivo los temas más significativos que aparecen en Estados Unidos. (Algunos de estos temas, nada sorprendente, se crearon, en primer lugar, por las intervenciones del gobierno). Por supuesto, las políticas buenas deberían permitir flexibilidad e innovación sin quebrar a generaciones futuras, y pienso que ellas lo logran. Y las que escogí también sacan provecho de las muchas desregulaciones que se pusieron en práctica en los últimos meses.

La primera política se deriva de una idea propuesta originalmente por Arnold Kling. Fue planteada como alternativa al Programa de Protección de la Planilla (“PPP”). En vez de inyectar más dinero a las empresas, como lo hace el PPP, por medio de agencias como la Small Business Administration, una política mejor sería extender una línea de crédito a todas las cuentas corrientes del país, ya sea de individuos o de empresas. (Usted puede encontrar aquí (here) los detalles).

La parte individual importa pues el 81 por ciento de los pequeños negocios son de propietarios únicos que no existen como negocios a los ojos del gobierno federal y, por tanto, tienen muchas dificultades en obtener préstamos por medio de programas como el PPP. El dinero podría usarse para lo que sea que lo necesitan los individuos y los negocios, pues, si la mayoría de la gente está más allá de cubrir sus pagos por alquileres y vehículos, eso ayudará a los negocios, pero también reducirá grandes distorsiones a la economía.

La parte clave de este plan es que esos préstamos deban ser repagados. Este requisito crea todos los incentivos necesarios correctos para inyectar liquidez al mercado y las empresas, sin tener que preocuparse acerca de la deuda y acerca de los abusos. Esta no es una solución mágica para una economía que continuaría estando congelada por muchos meses más -nada nos puede salvar de eso- pero, podría ayudar cuando la economía se recupere y la gente vuelve a los trabajos y los consumidores regresen a sus vidas post COVID-19 a velocidades diferentes. No requiere de toda una burocracia y no debería costar tanto como las alternativas dirigidas a lograr el mismo objetivo.

La segunda idea valiosa para la política es continuar liberando a la sociedad civil de todas las reglas, regulaciones y malos incentivos que se atraviesan en el camino, cuando los individuos tratan de ayudarse entre sí, no sólo por medio del proceso de mercado, sino también por donaciones de caridad, iglesias y otras sin fines de lucro. Lo que más mueve de estas diferentes respuestas a esta pandemia son las formas en que la gente y las compañías (people and companies) se esforzaron -¡y fueron hasta más allá!- por ayudarse los unos a los otros.

Por ejemplo, las empresas cambiaron su modelo de negocios (changed their business model) para suplir alimentos a familias de bajos ingresos, así como para cosas como desinfectantes para manos, mascarillas y otros bienes necesitados en sus comunidades. Y no olvidemos las formas en que las empresas, debido a la globalización de la ciencia, se han organizado y colaborado para estudiar el virus y buscar atentamente una vacuna o una cura.

No sorprende que las regulaciones se atravesaron en el camino de mucha de la iniciativa privada. Y, si bien algunas de esas obstrucciones regulatorias fueron removidas, muchas permanecen para entremeterse la próxima vez. Debemos deshacernos de esas barreras, de forma que los negocios y todo el mundo pueda adaptarse más libremente y mejor e innovar para cuando venga la siguiente crisis ̶ cualquier cosa que sea esa crisis.

La idea valiosa final es producto de las mentes de mis colegas Patrick McLaughlin, Matt Mitchell y Adam Thierer. Ellos proponen (They propose) la creación de una comisión similar a la de Realineación y Cierre de Bases. Esta nueva comisión identificaría y estudiaría todas las reglas revisadas y suspendidas durante la crisis actual y, luego, hacer recomendaciones para que cada regulación se termine o reforme; por tanto, creando “un plan y un cronograma para automáticamente dejar que se acaben con el tiempo o reformar comprensivamente esas políticas o programas, como parte de un paquete único de reforma.”

Ellos la llaman la Iniciativa para un Nuevo Comienzo.

La siguiente pregunta que se me formuló a mí y a los otros panelistas es, “¿Cuáles son las tres peores sugerencias de políticas que han pasado por su escritorio?

Esta es una pregunta difícil de responder, pues han pasado tantas políticas terribles entre las cuales escoger. Dicho esto, creo que posiblemente la peor, sin duda alguna, es el asunto acerca del cual escribí (I wrote) en este espacio la semana pasada: la forma en que el Congreso diseñó su expansión del seguro de desempleo. Mi inquietud aquí es menos en cuanto a que el gobierno expandió el beneficio -bajo el sistema actual de seguro de desempleo, siempre lo hace el gobierno federal durante las recesiones- sino de cuánto se han expandido esos beneficios.

En respuesta a la crisis del COVID, los beneficios se expandieron en $600 a la semana para la mayoría de la gente despedido o dejada temporalmente sin empleo, incluyendo aquellos que antes no eran elegibles para para esos beneficios y quienes decidieron dejar sus empleos (en contraste a ser despedidos). Los incentivos para trabajar son y continuarán siendo enormes, pues el 68 por ciento de aquellos que hora reciben beneficios, obtienen más dinero no trabajando, que el que recibían cuando no laboraban. Es claro para mí que estos beneficios en su forma actual no deberían expandirse más allá de julio. Aún mejor, el sistema de beneficios de desempleo debería ser reformado totalmente (UI system should be reformed entirely).

La segunda mala política es el rescate financiero de las aerolíneas (bailout of airlines) que se hizo. Los rescates nunca son la forma correcta de enfrentar los problemas financieros de una empresa o de la industria. Tales donativos crean un riesgo moral serio y otros incentivos perversos a futuro.

Usted ve estos incentivos terribles en los rescates a las aerolíneas. Gary Leff y yo planteamos el caso aquí (here). Pero, como todos los rescates financieros, una de las peores cosas acerca de ellos, además al capitalismo de los amigotes en todo esto, es el mal precedente que establece. Los rescates financieros estimulan más rescates sin que haya una rendición de cuentas financiera. No es sorprendente que las aerolíneas, muchas de las cuales se rescataron en el pasado, fueran las primeras en pedir ayuda gubernamental desde el inicio de la crisis.
Incluso el caso es más exasperante, pues estas compañías tienen alternativas disponibles perfectamente buenas y seguras en comparación con los rescates ̶ esto es, la quiebra. Las aerolíneas en el pasado han experimentado quiebras. Es más, la quiebra no impide que vuelen con seguridad durante el proceso.

La última política mala que destaco es, en realidad, una mezcla de las muchas políticas puestas en marcha. (Me tentó escoger el diseño del Programa de Protección de la Planilla, incluyendo, o tal vez, principalmente, porque alguien pensó que era buena idea hacer que la ayuda fluyera por medio de la Administración de los Negocios Pequeños (Small Business Administration), una agencia que tiene un registro histórico impresionante de echar a perder la ayuda de emergencia.) En vez de ello, me enfoco en los enfoques incoherentes y conflictivos puestos en conjunto bajo la ley CARES.

En vez de resolver si deberíamos rescatar empresas o individuos, el Congreso trató de rescatar a ambos. Y, cuando les dio dinero a individuos, el Congreso no sólo les envió cheques individuales; también, puso en práctica el pago por permisos pagados, así como expandió masivamente los beneficios por desempleo y más.

Agregando el insulto a la herida, los beneficios de desempleo, como se explicó arriba, crearon incentivos para salirse de la fuerza de trabajo, mientras que el requisito del Programa de Protección de la Planilla para perdonar préstamos, era que las compañías necesitaban conservar sus empleados. La respuesta al COVID-19 fue, para decir lo menos, irresponsable y pobremente pensada en todo su desarrollo, y más por lograr la aprobación en el Congreso de políticas que ya eran deseadas antes de la pandemia, pero que no pudieron ser aprobadas. Hay muchas otras malas políticas que el Congreso ha aprobado, y hay muchas otras más que son terribles. Estoy segura de que nuestros “líderes” se ven tentados a que se adopten, como los rescates a los gobiernos estatales y municipales (state and municipal government bailouts), para extender bonos por el reempleo o hacer permanentes los permisos federales pagados. El problema es que los políticos siempre serán políticos, la supervisión nunca funciona y crece el tamaño del gobierno.

Veronique de Rugy es compañera sénior del American Institute for Economic Research también lo es en el Mercatus Center de la Universidad George Mason y es una columnista de alcance nacional. Sus intereses de investigación primarios incluyen la economía de los Estados Unidos, el presupuesto federal, la seguridad doméstica, impuestos, competencia tributaria y privacidad financiera. Ella recibió su Maestría en Artes de la Universidad Dauphine, París y su doctorado en economía de la Universidad Pantheon-Sorbonne.