¿POR QUÉ HABRÍA DE EXTRAÑAR?


Por Jorge Corrales Quesada


Muchos amigos se muestran sorprendidos por algunos elementos contenidos en la Carta de Intenciones que el gobierno de Costa Rica, por intermedio del presidente del Banco Central, don Rodrigo Cubero, y el ministro de Hacienda, don Rodrigo Chaves, le dirigieran a la directora general del Fondo Monetario Internacional, doña Kristalina Georgieva, el pasado 22 de abril.

Entre muchas otras cosas que pueden considerarse como oportunas y deseables, aunque tal vez insuficientes o poco explícitas (por ejemplo, venta de algunos activos estatales, aplicación estricta de la regla fiscal, la no aplicación de restricciones cambiarias o comerciales, racionalización de las regulaciones comerciales y mayor competencia en los sectores eléctrico y financiero), el gobierno de Costa Rica también afirma con fideísmo que espera que el rendimiento de la ley de reforma fiscal aprobada a fines de diciembre del 2018, consolide las finanzas públicas al pasar la crisis actual.

El problema es que, según dice el documento enviado al FMI, (y traduzco del inglés): “La reforma fiscal y la regla fiscal aplicada desde inicios del 2020 fueron pasos importantes hacia la sostenibilidad fiscal [Mi comentario: En el 2020 ya tenía vigencia una parte significativa del nuevo paquete fiscal]. Pero, el balance fiscal se deterioró agudamente en el 2019 [Nota mía: observe que fue antes de la crisis del COVID-19], con un déficit general de un 7.0 por ciento del PIB, reflejando principalmente un pago creciente de intereses. El cociente deuda/PIB creció hasta un 58.5 por ciento, desde un 53 por ciento en el 2018 y se proyectó que excediera de un 60 por ciento previo a la crisis del COVID-19.”

O sea, ya desde antes del COVID-19 la situación fiscal hacía aguas y, en lo que corresponde al crecimiento económico, dicho documento señala: “Previo al choque del COVID-19… después de bajas consecutivas en el crecimiento durante el 2017-19, la economía se expandió en un 2.1 por ciento en el 2019, y se proyectó que creciera aún más a un 2.5 por ciento en el 2020.” A todas luces el crecimiento económico no parece haber sido lo suficiente elevado -en realidad es magro- como para lograr ingresos tributarios que mitigaran el gasto excesivo. Recientemente se dio a conocer que “la caída de la producción está proyectada en un 3.6% del PIB.

Es así como, en un cuadro de dicho documento, se indica que, previo al efecto del COVID-19. los ingresos totales del gobierno de este año se esperaban que fueran de un 14.7% del PIB, mientras que los gastos totales esperados serían de un 20.9% del PIB, determinando un déficit general del -6.1% del PIB y una deuda que ascendería a 61.1% del PIB. Ahora bien, ante la crisis del COVID-19, los ingresos totales esperados de este año se esperaba que fueran de un 13.5% del PIB y los gastos totales de un 23.3% del PIB, definiendo un déficit general de -9.8% del PIB y una deuda con respecto al PIB del 67.9 por ciento. Además, que del 2.5% de crecimiento esperado del PIB en este año antes del COVID-19, con la crisis el descenso considerado del PIB sería de -3.3%.

Más al respecto, señala la Contraloría que el 30 de abril el ministerio de Hacienda “anunció que la proyección de la caída de ingresos y los efectos de la moratoria ascendería a ¢975.000 millones, el equivalente al 2.7% del PIB y un 18% menos de los ingresos totales sin financiamiento proyectados en el presupuesto del 2020…. Tres veces más que durante la recesión del 2009.”

En resumen, con todo y las reformas fiscales de fines del 2019, en mi opinión excesivamente sesgadas hacia mayores impuestos y nada de reducción del gasto gubernamental (se señaló una contención, que es muy diferente a una reducción), la economía ya crecía poco, lo cual se vino a agravar con el COVID-19. Y, para ello, ahora se acude a solicitar fondos (endeudamiento) ante el FMI.

Por supuesto, la pregunta es si, aún con todo este aumento de endeudamiento, que no es más que un impuesto a las generaciones futuras, que serán gravadas para beneficio de las actuales, el gobierno acudirá a nuevos impuestos. Lo que al respecto dice la carta al FMI es que, “del lado de los ingresos, se podrían poner en marcha medidas sobre la administración tributaria y exoneraciones (tal como fueran anunciadas a principios de febrero) para reducir los baches de cumplimiento [Nota mía: eufemismo para la evasión y evitación en la recaudación de impuestos] estimados en alrededor de un 1.9 a un 2.7 por ciento del PIB y para expandir la base tributaria. La fuerte declinación de los precios del petróleo brinda una oportunidad para elevar los impuestos específicos sobre la gasolina y el diésel. Impuestos a la propiedad y al medio ambiente, y tasas superiores del impuesto al consumo (IVA o específicos) podrían brindar ingresos adicionales.”

En dos palabras, a mi parece claro que esas “medidas” señaladas simplemente significan, en el lenguaje no político, que más pronto que nunca serán algunos de los posibles nuevos impuestos, además del mayor gravamen a la gasolina y las medidas acerca de la administración y exoneraciones.

Lo interesante es ver cómo las medidas impositivas de diciembre del 2019, recargadas de impuestos y nada de disminución del gasto, tuvieron un efecto recesivo, pues el crecimiento de la economía en el año 2019 no fue muy grande que digamos, pues, al menos en cuanto a la tasa de desocupación, se llegó a un desempleo récord de años recientes de alrededor de un 12%, además de un crecimiento en el sector informal de la economía que llegó a significar más de un 46% de los empleados en la economía y, por tanto, sin acceso a la red social del país.

En mi opinión, ese efecto recesivo podía haber sido menor si, en vez de cargar de impuestos al sector productivo de la economía, se hubiera reducido el gasto total del gobierno, pues así se liberarían recursos productivos que estarían disponibles para la actividad productiva de la economía en esos momentos.

Claro, ahora ante el COVID-19 la situación fiscal empeoró y empeorará aún más, en tanto que se mantenga la represión de actividades productivas, basada en una pretensión falsa de que se trata de vidas versus la economía, cuando en realidad, como todo, hay que tomar en cuenta las posibilidades de concesiones mutuas que permitan volver a la normalidad. De hecho, la parálisis de la economía se traduce en una parálisis de la recaudación de impuestos y, potencialmente, ante la carencia de recursos, a una posible reducción a gasto en salud, entre otros.
abía terminado de escribir este comentario, cuando en La Nación de hoy 19 de mayo, apareció un valiosísimo comentario de la Contralora de la República, doña Marta Acosta, titulado “El asunto de fondo en la reactivación y la Hacienda pública,” quien señala muchos de los males y errores aquí expuestos. Como bien dice ella, “El tema de fondo es garantizar una mínima y necesaria sostenibilidad tanto económica y fiscal como social, de modo que no se comprometa, no obstante la crisis, el futuro de las nuevas y venideras generaciones de costarricenses.”

Bien dicho, pero me atrevo a agregar algo que considero crucial: no cometer el error de la vez previa (diciembre del 2018) de aumentar fuertemente los impuestos y apenas congelar el excesivo gasto gubernamental. En estos momentos, tan “dramáticos” en palabras de la señora Contralora, lo que debe hacerse es disminuir significativamente el gasto estatal y no poner nuevos impuestos, pues ello sólo profundizaría la recesión por mucho más tiempo del debido.

Publicado en mis sitios de Facebook, Jorge Corrales Quesada y Jcorralesq Libertad, el 19 de mayo del 2020