Me pregunto si no es lo mismo aquí, en donde desde cómodos sets de televisión o de las sillas de salas de redacción, cada vez que pueden proponen más y más técnicas de control social, a la vez que se perjudica a los relativamente más pobres del país, los trabajadores despedidos totalmente o a medias, de sus actividades productivas.

LOS CIERRES HAN DAÑADO PROFUNDAMENTE A LOS MÁS VULNERABLES ENTRE NOSOTROS

Por Phillip W. Magness
American Institute for Economic Research
8 de mayo del 2020

NOTA DEL TRADUCTOR: Para utilizar los ligámenes de las fuentes del artículo, entre paréntesis, subrayado y en azul, si es de su interés, puede verlo en https://www.aier.org/article/lockdow...able-among-us/

¿Es racista relajar la cuarentena del coronavirus? Este es el nuevo conjunto de argumentos que emergen de las alas activistas de la academia y del periodismo. En una columna reciente (recent column) en el New York Times, Jamelle Boiue, intentó moldear la ola reciente de protestas contra el confinamiento como una manifestación de “blancos,” haciendo ver que el COVID-19 ha golpeado desproporcionadamente fuerte a las comunidades minoritarias.

Los medios sociales, que se alimentan del mundo académico, contienen una oleada de sentimientos similares. Un académico de la “Nueva Historia del Capitalismo” en la Universidad Georgetown dibujó una analogía (drew an analogy) entre relajar el confinamiento y la operación de un barco de esclavos, sugiriendo una compartida “voluntad de tolerar una cierta cantidad de muertes en nombre de la economía.” Otro académico de la Universidad de California del Sur recientemente escribió en Vox (wrote in Vox) que las protestas contra las cuarentenas eran motivadas por “el privilegio blanco” y por el “racismo anti negro.”

Mi objetivo aquí no es evaluar los motivos de los manifestantes, excepto hacer ver el hecho de que, más de 30 millones de personas que están perdiendo sus empleos debido al cierre, posiblemente tenga mayor valor explicativo para esta forma de reacción que la que estos críticos permiten. Muchos en la elite de la academia y el periodismo tienen, por el momento, el lujo de recibir un cheque por su salario, así como la habilidad de hacer su trabajo desde el hogar con sólo una disrupción modesta. Números extensos de estadounidenses recién desempleados no lo tienen.

Al mismo tiempo, la mayoría de los esfuerzos académicos por moldear el debate acerca del cierre a lo largo de líneas raciales, deja de lado u omite otra dimensión que desmiente sus ataques permeados de teoría, sobre cualquier intento de reabrir la economía. Los propios cierres, mandatos de distanciamiento social y órdenes de quedarse en las casas, que estos autores defienden, son también respaldados por la mano pesada de la imposición estatal. Y, en muchos casos, este cumplimiento cae desproporcionadamente sobre minorías raciales, los pobres y la gente con menos medios para defenderse por ellos mismos.

Vimos los primeros ejemplos de esto en un video a principios de abril (video from early April) cuando la policía violentamente detuvo y arrastró a un hombre afro estadounidense fuera de un autobús en la ciudad en Philadelphia por no llevar una mascarilla facial. Luego, surgió a la luz que Philadelphia no tenía una política oficial ordenando mascarillas en el transporte público ̶ era sólo una recomendación.

Para mala fortuna, tales incidentes se han convertido en algo común durante los cierres por el COVID-19. Otro video ampliamente circulado (widely circulated video) mostró a la policía de Nueva York deteniendo a un hombre afro estadounidense, con un oficial dándole un rodillazo en su cabeza contra el concreto. ¿El pretexto? La policía alegó que el hombre estaba “violando las órdenes de distanciamiento social.”

Muchos en los medios y en la clase política, incluyente la gobernadora de Michigan Gretchen Whitmer (Michigan Governor Gretchen Whitmer), se aprovechó de una foto de un manifestante con una bandera de la Confederación, para reforzar la narrativa de un ángulo racial al cierre y calificar a todos los oponentes más ampliamente como “racistas.”

En comparación, pocos notaron los tintes raciales en juego cuando una acción de imposición del cierre por el COVID (COVID lockdown enforcement) en Greenville, Mississippi, abordó a varias iglesias afroamericanas por realizar servicios durante Semana Santa, en carros estacionados en sus parqueos. La policía esperó a que llegaran feligreses y les pusieron multas por $500 por violar la cuarentena, aún cuando la mayoría se mantuvo dentro de sus vehículos y escuchó un servicio transmitido por radio para evitar un contacto innecesario. La población de Greenville es un 75% afro estadounidense y tiene un gran número de familias que vive por debajo de la línea de pobreza (living below the poverty line), haciendo que una multa de $500 tuviera un peso financiero sustancial.

Después de casi dos meses de cuarentenas, también estamos empezando a ver evidencia cuantificable de minorías que están sufriendo a peor parte de las acciones de cumplimiento.

Según nuevos datos difundidos por la oficina del Fiscal del Distrito de Brooklyn, Nueva York, la policía ha arrestado a 40 personas (arrested 40 people) en el distrito desde mediados de marzo, por diversas violaciones a los cierres. Aunque después se descartaron los cargos, los arrestos mostraron disparidades raciales claras. 35 de las 40 personas eran afro estadounidenses, 4 eran hispanas y sólo una era blanca.

Si bien es difícil ligar estas disparidades directamente con intenciones racistas abiertas por parte de los que aplican las restricciones, ellas revelan un patrón más profundo y problemático que acompaña la criminalización de las violaciones a los cierres. Cuando el gobierno lleva a cabo acciones de rutina en un público susceptible a la actuación de la policía, pone a la sociedad en riesgo de que ese cumplimiento se lleve a cabo mediante medios arbitrarios, inconsistentes, e incluso, algunas veces, violentos o coercitivos.

También, las aplicaciones de cierres de este tipo tienen a caer más fuerte sobre aquellos que son los menos capaces para defenderse en el sistema de justicia criminal, y son quienes, a menudo, carecen de los medios para disponer de una defensa legal adecuada. En muchas ciudades y pueblos de Estados Unidos, eso significa que las comunidades de minorías y que los pobres serán golpeados más fuertemente por una aplicación excesiva de cierres, tal como mucha de esa misma gente ha sido golpeada más fuertemente por la ola de despidos creciente por la onda de COVID.

Tenga eso en mente, al ver a periodistas, académicos y activistas de internet defender los cierres desde las comodidades de sus oficinas en sus hogares, y burlarse de los recientemente desempleados, quienes se aventuran a señalar que el estado actual de cosas es insostenible.

Phillip Magness es investigador sénior en el American Institute for Economic Research. Es autor de numerosos trabajos acerca de historia económica, impuestos, desigualdad económica, la historia de la esclavitud y la política educativa en los Estados Unidos.