Lo prometido ayer.

LA LIBERTAD CON POSTERIORIDAD AL CORONAVIRUS

Por Aris Trantidis

Library of Economics and Liberty
4 de mayo del 2020


Nunca antes “libertad de” se ha relacionado preocupadamente con “libertad para.” Actualmente, casi tres mil millones de personas viven bajo cuarentenas decretadas por los gobiernos. En estos tiempos de incertidumbre, la mayoría de nosotros permanece confinada dentro de nuestros hogares y acepta estas restricciones sin precedentes como un sacrificio temporal, si bien necesario, en la lucha contra un virus mortal. Entendemos que las cuarentenas son una concesión mutua [trade-off] de corta duración entre libertad y seguridad. Pero, ¿qué tan cómodos nos sentimos con la idea de que este estado de emergencia podría durar lo suficiente, como para dejar una impresión permanente sobre el tejido social, económico y político de nuestras comunidades? ¿Cuál podría ser la secuela institucional de esta pandemia?

La historia nos dice que una crisis podría convertirse en una coyuntura crítica que abre la posibilidad de un cambio radical en las instituciones que gobiernan a la sociedad. [1] Durante una pandemia, es más posible que las sociedades acepten fuertes restricciones a su libertad de acción. El riesgo es que las sociedades puedan llegar a habituarse a algunas de estas restricciones. Aunque el temor a la muerte en escala masiva y morbilidad del virus se desvanecerá y fluirá en los meses venideros, la gente podría pedir que esas restricciones se prolonguen. Pero, el riesgo más grave, desde mi punto de vista, es que crisis recurrentes como esta puedan conducir a críticas indiscriminadas al status quo y abrir la puerta para cambios que resultarán ser negativos para la libertad y la democracia.

En el momento en que se impone una cuarentena masiva, las sociedades se mueven más hondamente dentro de la esfera de la biopolítica, en que mecanismos de vigilancia se hacen cosa común y se racionalizan como formas de monitoreo de la salud pública. La administración de una epidemia invierte la dirección de la rendición de cuentas: los ciudadanos son responsables ante el gobierno por las decisiones de ellos y no al revés. Además, en este estado actual de emergencia, muchos han lanzado dudas acerca de la efectividad de gobiernos democráticos para detener la crisis y alaban la firmeza imaginada de los gobiernos autoritarios, para actuar rápida y decididamente. Si bien esto es realmente falso, como lo muestran Corea del Sur y Taiwán, esta discusión acentúa el riesgo de que, en tiempos de crisis, los gobiernos pueden atribuirse poderes extraordinarios por un tiempo mucho mayor.

En Immunitas, 2 [Immunitas: Protección y Negación de la Vida], un libro de Roberto Esposito, el esfuerzo intenso de proteger a la sociedad ante el riesgo, da lugar a una “inmunización colectiva” que politiza a la medicina y medicaliza a la política. Los gobiernos pueden introducir formas de control sobre la vida económica y social, que pueden perseverar mucho tiempo después de que la crisis se haya acabado. El temor es que esta situación podría conducir a lo que Carl Schmitt describió como “un estado de excepción,” en donde se suspenden las protecciones de la ley. Considerando esta idea, el filósofo italiano Giorgio Agamben advierte que, una sociedad que viva en un estado de emergencia perenne, no puede ser una sociedad libre. [3]

LA TECNOLOGÍA PARA RESTRINGIR LA LIBERTAD NUNCA HA SIDO TAN EFECTIVA

La tecnología de hoy permite desarrollar un sistema de vigilancia invasiva y la administración de las actividades humanas, cuya capacidad excede en mucho a las herramientas que los regímenes autoritarios del siglo XX tuvieron a su disposición. El estado es capaz de monitorear a cada uno de nosotros literalmente siguiendo nuestros pasos y escuchando nuestras conversaciones privadas. Para estar en capacidad de administrar el comportamiento colectivo, un gobierno actúa como el nodo central en la red social, buscando reformar nuestra red de interacciones, de forma que la información retroalimente al centro acerca de los que nosotros pensamos, decimos y hacemos. Como lo escribe Hilton Root en Network Origins of the Global Economy, 4 regímenes autoritarios como el de China, mantienen una estructura vertical de control en donde el flujo de información pasa a través de la administración central.

Los regímenes autoritarios ya han desarrollado tal capacidad sin el pretexto de una crisis de salud pública. En esos regímenes, ya los ciudadanos son los responsables ante el gobierno, no al revés. Lo que es único de este autoritarismo contemporáneo es que la tecnología actual les permite, no sólo reprimir protestas y a la oposición, sino, también, supervisar cada nodo en la red social, para influir en el propio génesis del disentimiento y reprimir su fuente original: un video de un médico, un comentario publicado por un estudiante, incluso puede identificarse y neutralizarse la expresión privada de insatisfacción de un miembro del partido gobernante, antes que se pueda expandir y tener un efecto sobre otros. Capaces de supervisar y disciplinar a cada agente individual, ahora los gobiernos autoritarios pueden detener actividades subversivas previo a su escalamiento, gracias a la tecnología de avanzada. Dado que cada agente puede ser individualmente monitoreado, información no recabada no puede fluir para disparar una respuesta colectiva. Si esto pasa accidentalmente, cualesquiera interacciones necesarias para el flujo de información subversiva puede ser bloqueado exitosamente.

En las democracias, una infraestructura de control similar puede ser expandida en tiempos de crisis y, después de ella, mantenida en su lugar. En un estado prolongado de emergencia, las democracias son susceptibles a la vigilancia masiva. La naturaleza de las cuarentenas podría ser tan restrictiva que la sociedad optaría voluntariamente por mecanismos de vigilancia. Hace ochenta años, Erich Fromm escribió en Escape from Freedom [El Miedo a la Libertad] que las condiciones psicológicas y sociales pueden impulsar, a la luz de la incertidumbre, a la sociedad a someterse casi voluntariamente al fascismo. [5] La gente estará dispuesta a ceder sus libertades a cambio de un sentimiento de seguridad prometido y después impuesto sobre ella por un gobierno autoritario. Tome el caso de Hungría. En el 2015, el gobierno de Orban declaró un estado de emergencia en respuesta a flujos migratorios crecientes y ahora ha aprobado legislación que le permite al primer ministro gobernar por decreto hasta nuevo aviso y a encarcelar a gente que, en su opinión, disemina información considerada como noticias falsas.

LAS PROTECCIONES CONSTITUCIONALES A LA LIBERTAD NO SON SUFICIENTES

Lo que impide que suceda este escenario distópico en democracias liberales es, en un primer nivel de análisis, la presencia de frenos y contrapesos constitucionales. La democracia liberal arbitra la tensión entre el poder político y la relativa libertad de la sociedad. En un artículo reciente en The Guardian, David Runciman escribe que las cuarentenas dejan claro lo que siempre ha sido la esencia de la política: alguna gente logra decirles a otros qué hacer. La democracia es un sistema que restaura parcialmente algún balance en la relación entre gobernantes y gobernados. Una organización política debe ganar elecciones y debe actuar dentro de los límites constitucionalmente protegidos, que delinean un conjunto de libertades para sus ciudadanos. En un orden político, las provisiones constitucionales protegen libertades básicas y delinean límites a lo que los gobiernos pueden hacer, tanto en tiempos normales como en períodos de crisis.

La democracia liberal nos permite tener la esperanza de que estas restricciones serán temporales. Ponemos la fe en que los frenos y contrapesos de la democracia sean restricciones efectivas al poder arbitrario. Una vez que pasa la crisis, nuestra sociedad reclamará que regresen sus derechos y libertades. Incluso durante la crisis presente, podemos reconocer cómo la democracia liberal favorece la generación del conocimiento y la comunicación. Tanto científicos como el público pueden decir libremente lo que ellos creen, y las sociedades pueden hacer preguntas y aprender de los errores. Las cualidades epistémicas de la democracia pueden parecer que generan una cacofonía de puntos de vista, pero ellas protegen la transparencia y la rendición de cuentas.

A pesar de lo anterior, los frenos institucionales sobre el poder político son una condición necesaria, pero no suficiente, para la preservación de una sociedad relativamente libre, en particular cuando la respuesta a crisis recurrentes amenaza con subvertir su fundamento socioeconómico: el pluralismo. En nuestras sociedades contemporáneas, la resiliencia democrática ante la autocratización depende del estado actual de la sociedad civil. He aseverado que la base de una democracia es la capacidad de los actores del orden social de desafiar al gobierno, agregando que la contestabilidad depende de qué tan autónoma y empoderada permanece la sociedad frente al gobierno. [6]

Las democracias liberales son sistemas económicos y políticos enredados. En ese sistema, múltiples nodos son capaces de poseer poder político, que dan cuenta gracias a su relativa autonomía ante el gobierno, que surge primordialmente por su capacidad de obtener recursos autónomamente y lograr un estatus social. Nuestra autonomía socioeconómica concede algún poder de negociación ante el estado. En ese ámbito, algunos agentes tienen más recursos que otros. Una visión realista de la democracia liberal es aquella de un pluralismo relativo y asimétrico. El pluralismo asimétrico ha sostenido históricamente a las democracias liberales. Se desarrolló en un sistema de “frenos y contrapesos sociales,” que sigue manteniendo los frenos formales que nosotros identificamos como las declaraciones de derechos y las constituciones. Las democracias contemporáneas son una extensión de los sistemas medievales en donde los barones tenían los recursos para ser capaces de contener el poder del monarca y de institucionalizar el derecho a un parlamento. En ese ambiente, los monarcas tenían que escuchar a aquellos que tenían la capacidad colectiva de negociar, y, ante la necesidad de sus recursos, permitirles una esfera de libertad bajo la regla de la ley. Este acuerdo luego incluyó a los actores comerciales e industriales, así como a las organizaciones colectivas que emergieron con la creciente comercialización e industrialización y que, en su momento, cubrieron a toda la población adulta.

Podemos castigar a este sistema por estar lejos de ser representativo e igual, pero debemos apreciar este balance delicado entre gobernar y lo gobernado, basado en las interdependencias de intereses y los poderes de negociación relativos. Este balance de poder se epitomiza en lo que Robert Dahl describió como una poliarquía. En una red de relaciones sociales, algunos actores económicos y sociales son más influyentes que otros. Estos actores sociales están relativamente empoderados y tienen poder de negociación contra el gobierno central. Los gobiernos necesitan forjar alianzas y pactos con ellos, en vez de subordinarlos a sus órdenes directas. Las instituciones que incorporan tal balance vigente de negociación, conservan nuestro derecho a criticar, protestar y tratar de influir las decisiones políticas. Las democracias liberales son poliarquías delicadamente asimétricas. Nuestras libertades no nos son dadas por un pedazo de papel, sino que, en esencia, son una externalidad de la posición negociadora de los nodos más fuertes en el sistema en contra del poder político. El hecho de que nadie pueda dominar, preserva las instituciones que les dieron a todos una esfera de libertad relativa.

Esta estructura de relaciones se ve amenazada si las respuestas institucionales a la crisis cambian este balance de poder y se hacen permanentes. Las semillas de esta transformación ya se manifiestan. La biopolítica del control estatal es sólo una manifestación extrema de una tendencia que caracterizó al siglo XX: el intervencionismo estatal radical, la creencia de que una autoridad central debería interferir en las actividades de la sociedad ̶ y que está bien ubicado para hacerlo. Se espera que el gobierno macro administre una realidad compleja para restaurar el orden. Durante el siglo XX, las sociedades se han habituado a diversas formas de intervencionismo, que oscila desde el proteccionismo comercial hasta las políticas macroeconómicas intervencionistas. En esas situaciones, el estado es vislumbrado como un deus ex machina, un actor poderoso que es, tanto benevolente, como lo suficientemente conocedor como para que arregle las cosas.

Una oleada de intervenciones radicales para administrar una economía en emergencia, puede desatar una transformación radical de las relaciones estado-sociedad. El riesgo para la libertad viene de un estado de administración económica perpetua, bajo una percepción latente de crisis recurrentes. Justificadas como intervenciones benevolentes para la economía de emergencia perpetua, el estado puede poner en su sitio una estructura de incentivos madura para la explotación política. Con rescates masivos y recurrentes, el gobierno puede cooptar a los actores, incluyendo aquellos que ocupan posiciones claves en los frenos y contrapesos institucionales o en las organizaciones de la sociedad civil, y puede obtener la lealtad de empresas y organizaciones colectivas que, en una democracia competitiva, podrían negociar con la autoridad política, en vez de sucumbir ante ella.

UN CAMBIO EN LA ESTRUCTURA ECONÓMICA ES LA MAYOR AMENAZA PARA LA LIBERTAD

Cómo se desarrollarán las relaciones estado-sociedad en los próximos años, determinará el grado en el cual la sociedad puede mantener un estatus relativamente independiente contra el poder político. Me siento inquieto por aquellos que ven la crisis como una oportunidad para fortalecer el poder económico del estado. Varias figuras prominentes piden un cambio de paradigma hacia un papel más activista del estado en la economía, alegando que el statu quo simplemente no puede continuar. Margaret O’Mara, profesora de historia en la Universidad de Washington, escribió recientemente:

“Al sintonizarnos con los resúmenes diarios de los funcionarios de salud, escuchando por guías de nuestros gobernadores, y buscando ayuda y esperanza de nuestros líderes nacionales, estamos viendo el papel crítico que el “gobierno grande” desempeña en nuestras vidas y nuestra salud. También, vemos las consecuencias mortales de cuatro décadas de desinversión en infraestructura pública y un rechazo de la experticia pública. No sólo los Estados Unidos necesitarán una dosis masiva de gobierno grande para sacarnos de esta crisis -como lo refleja la rápida aprobación de un paquete económico gigantesco de rescate- pero necesitaremos un gobierno grande y sabio, como nunca antes en esta secuela.” [7]

El liberalismo clásico advierte en contra del supuesto universal de la benevolencia y omnisapiencia gubernamental. Es arriesgado presumir que el poder gubernamental será usado para promover una versión del interés público. Aumentar el poder del estado para distribuir beneficios considerables a actores sociales y económicos seleccionados, aumentará el grado de su dependencia en el gobierno. Los poderes discrecionales del estado para escoger ganadores podrían subvertir la autonomía relativa de aquellos actores claves que, hasta el momento, han actuado como frenos importantes sobre el poder autoritario, incluso en momentos en que algunos de ellos se estaban coludiendo con aquellos. Un ciudadano cooptado por el gobierno no protestará, desafiará y diferirá.

Esto es lo que Nick Cowen y yo argüimos en nuestro artículo “Hayek versus Trump.” [8] El popular libro de Friedrich Hayek’s The Road to Serfdom [Camino de Servidumbre] ha sido interpretado como una advertencia general contra la intervención estatal en la economía. [9] Pero, nuestro anexo hace una distinción entre formas de intervención estatal que pueden amenazar la libertad personal y política, y aquellas que es menos posible que lo hagan. Las intervenciones parcialmente discriminatorias son coercitivas en el sentido descrito por Hayek en The Constitution of Liberty [Los Fundamentos de la Libertad], [10] al darle al estado el poder de obligar a otros a servir la voluntad de uno, bajo la amenaza de dañarlos. En contraste, las distribuciones y regulaciones imparciales, como las provisiones para el cuido de la salud, pueden funcionar bajo reglas generalmente aplicables. Esto mitiga el riesgo de coerción.

Mediante asignaciones parcialmente discriminatorias, como rescates y otras medidas proteccionistas, los gobiernos obtienen la capacidad de asignar recursos y, a cambio, obtener lealtad y complacencia. Una economía politizada cambia la red de relaciones gobierno-sociedad hacia una estructura en forma de pirámide, en donde el nodo central envía a todos los otros nodos a relaciones de dependencia. Sin una salida hacia esferas de actividad económica relativamente autónomas del gobierno, la base de la contestabilidad política podría desvanecerse, y la estructura formal de frenos y contrapesos sería igualmente erosionada. Puede surgir un nuevo autoritarismo, uno que nominalmente respeta las estructuras formales de la política democrática, pero que tiene éxito en frenar la autonomía de sus agentes, por medio de una administración de comando y control de la economía post crisis.

Temo menos de la administración de la epidemia como tal. Las sociedades restaurarán la libertad en el tanto en que una sociedad sea capaz de demandarlo y que sea libre de impulsarlo. Estoy profundamente preocupado del impacto institucional sobre la economía. La teoría monetaria moderna nos dice que el gobierno puede imprimir dinero para ser distribuido a empresas en un programa vasto de subsidios e inversión. Los populistas alaban al gobierno fuerte y atacan el papel de las instituciones, combinando un ostracismo ad hoc con un proteccionismo ad hoc. Las empresas piden medidas proteccionistas para poder sobrevivir la presión fiscal de la crisis. Al mismo tiempo, la tecnología de la vigilancia es más sofisticada que nunca antes, debido al progreso de la cibernética y la genética. La cuarentena puede ser lo suficientemente dura como para impulsarnos a aceptar niveles sin precedentes de vigilancia biométrica, tan sólo para sacarnos de las cuarentenas. Los dolores económicos serán lo suficientemente fuertes como como para hacer que muchos de nosotros nos volteemos en busca de asistencia gubernamental. Aceptaremos ser monitoreados y hechos dependientes de la discrecionalidad de la autoridad central, para que se nos asignen recursos.

Esta mezcla eleva el riesgo de que los gobiernos puedan agarrar esta oportunidad para monitorear la actividad, dictar resultados, seleccionar ganadores y dar indicaciones de su fuerza para reducir su exposición al desafío político. Al dictar quién obtiene qué, las elites políticas reafirman una forma de control que invade los frenos formales sobre el poder. Neutraliza el desafío político en el proceso electoral y erosiona la autonomía de las instituciones formales, que se supone frenan su autoridad. Junto con un mecanismo de vigilancia sin precedentes, el sistema actual de frenos y contrapesos sobre el poder será ineficiente para impedir una autocratización ulterior.

ES IMPERATIVA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA AUTONOMÍA ECONÓMICA

Este es el momento correcto de pensar más profundamente acerca de nuestras premisas fundamentales, antes de ofrecer recetas acerca del futuro. Las democracias liberales fueron diseñadas para sociedades del siglo XIX, para que protegieran a los ciudadanos de un gobierno dominante. En esta era de crisis recurrentes, de biotecnología y vigilancia masiva, esta panoplia constitucional puede mostrar ser inadecuada. Actualizar y fortalecer la tradición del liberalismo clásico es una tarea urgente y debida desde hace mucho tiempo.

El siglo XXI o bien será la edad de la biodemocracia o la edad de la biodictadura. Las instituciones de la biodemocracia serán las que protejan a la sociedad civil de los ejercicios arbitrarios del poder gubernamental a la luz de crisis recurrentes.

Veo a la biodemocracia como un proyecto neo madisoniano, que responde a los desafíos temporales de la biopolítica por medio de reformas constitucionales que protegen los apuntalamientos socioeconómicos de la democracia liberal. Su premisa subyacente será el reconocimiento de que no puede existir una democracia liberal sin una sociedad y una economía pluralistas. Una estructura socioeconómica pluralista sostiene la estructura de frenos y contrapesos de una democracia y sus balances y la contestabilidad gubernamental. Cambie lo primero y lo último colapsa.

En la era de una creciente complejidad y de la biopolítica, un pensamiento institucional neo madisoniano debe considerar el tipo de reformas que pueden sustentar la autonomía económica relativa, ante la discreción gubernamental. Esto puede significar una constitución económica que pone a la no discriminación como condición adicional aplicable al papel del estado en la economía y en la naturaleza de sus intervenciones en la sociedad. Las reformas sólo deberían permitir intervenciones impersonales e imparciales bajo los frenos independientes de proporcionalidad y debe prohibir las acciones gubernamentales que podrían discriminar y crear ganadores identificables. Las instituciones deben proteger los fundamentos de un sistema económico que permite a los actores económicos la autonomía para actuar. En vez de intervenciones que acríticamente concentran poderes discrecionales en manos de una elite política, las sociedades deberían ser capaces de administrar riesgos en formas que protejan la libertad en su propia fuente: nuestra autonomía relativa lejos de la discriminación gubernamental.

NOTAS AL PIE

[1] Robert Higgs, Crisis and Leviathan (25th Anniversary Edition): Critical Episodes in the Growth of American Government. The Independent Institute.
[2] Roberto Esposito, Immunitas: The Protection and Negation of Life. (Polity, 2011).
[3] Giorgio Agamben, State of Exception. (University of Chicago Press, 2005).
[4] Hilton L. Root, Network Origins of the Global Economy: East vs. West in a Complex Systems Perspective, Cambridge Core, marzo del 2020.
[5] Erich Fromm, Escape from Freedom (Open Road Media, 2013).
[6] Aris Trantidis, “Is Government Contestability an Integral Part of the Definition of Democracy?” 2017. Accedido el 30 de marzo del 2020.
[7] “Coronavirus Will Change the World Permanently. Here’s How”. Politico. Accedido el 30 de marzo del 2020.
[8] Aris Trantidis & Nick Cowen, “Hayek versus Trump: The Radical Right’s Road to Serfdom,” Polity, 5 de marzo del 2020.
[9] Friedrich A. Hayek, The Road to Serfdom, accedido el 30 de marzo del 2020.
[10] Friedrich A. Hayek, The Constitution of Liberty, accedido el 30 de marzo del 2020.

Aris Trantidis is Conferencista en Relaciones y Políticas Internacionales en la Universidad de Lincoln, en la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales. Previamente fue compañero Max Weber de la European University Institute (EUI), Compañero Investigador Postdoctoral del Departamento de Economía de la Universidad George Mason y Conferencista Visitante y Compañero Educador del Departamento de Economía Política del King’s College en Londres. Aris es autor del libro Clientelism and Economic Policy: Greece and the Crisis (Routledge, 2016). Aris tiene títulos del King’s College, Londres, de la London School of Economics and Political Science (LSE) y de las Universidades de Surrey, Tesalónica y Atenas.