PENSIONES DE MAESTROS EN JAQUE

Por Jorge Corrales Quesada


Un artículo de La Nación del 11 de diciembre, titulado “Pensiones de docentes tendría millonario déficit al pagar seguro,” saca a la luz un problema con el sistema de pensiones del magisterio, que “comenzará un proceso de deterioro a partir del 2032, que lo llevará a la insolvencia en el 2065.” Antes que nada, esas fechas, que en apariencia lucen tan lejanas, cuando se trata de fondos de pensiones son una llamada de atención para tomar medidas correctivas a tiempo, antes que las dificultades advertidas se presenten.

Ese déficit actuarial del Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) del magisterio, ascendería a ¢413.331 millones, según el estudio Auditoría Actuarial de la Evaluación Actuarial al Régimen de Capitalización Colectiva, 2018. ¿Cuál es la razón de este déficit proyectado?

Resulta que la Junta Directiva del fondo de pensiones (JUPEMA), que cobija a 96.019 miembros del Magisterio Nacional, hizo un análisis en marzo anterior que, por el contrario, señalaba un superávit actuarial de ¢12.685 millones, pero, y un “pero” muy importante, ese análisis no había incorporado el “pago futuro de salud de todos los miembros del régimen,” de trabajadores no pensionados, al Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) de la Caja. El nuevo informe de la auditoría externa sí incorpora ese pago obligatorio al SEM para los trabajadores activos previamente excluidos. Al hacerlo, se determina que, por una parte, en el 2032 el fondo de pensiones RCC del magisterio empezará a declinar en su reserva (o sea, que la cotización para el RCC ya no será suficiente para pagar las pensiones y tendrá que hacerse uso de los intereses) y, para el 2065, las reservas serán cero; o sea, el régimen entra en bancarrota. El autor del informe recomendó elevar el aporte en 2.87% a partir del 2020.

El nuevo estudio recomienda equilibrar al RCC, que pasaría de una cotización tripartita (trabajador, patrono y estado) del 15.9. 9% al 19.02%. Para modificar esos aportes se requerirá que la Asamblea Legislativa reforme la ley correspondiente.

Asimismo, propone que la JUPEMA obtenga un rendimiento real anual del 5%, para evitar un hueco mayor al sistema (¢1.8 millones de millones en el período que cubre el informe de auditoría). En la actualidad, JUPEMA sólo puede invertir en instituciones públicas y en instrumentos negociados en la Bolsa Nacional de Valores, por lo que, para mejorar los rendimientos actuales, deben eliminarse legalmente las prohibiciones que tiene para invertir en proyectos de obra pública o en mercados internacionales.

Del total de cotizantes a la JUPEMA a fines del 2018, un 74% trabaja en el MEP; un 14% en universidades estatales y un 12% en entes educativos privados.

La JUPEMA, ante el informe de auditoría en mención, aclara que el cociente de solvencia (reserva más bienes para pagar los pasivos de las pensiones) es de 0.92, lo que calza dentro de la política de la institución y que tiene “un plazo de cinco años para lograr el equilibrio (cociente de solvencia igual a 1), mediante modificaciones en sus inversiones.” Si no lo logra, se tomarías “otras decisiones” acerca de las características actuales para las pensiones.

Los datos son claros, las propuestas de solución existen (con el inconveniente temporal de requerirse la aprobación legislativa), por lo cual es deseable actuar lo más pronto posible para su posible remedio.

Publicado en mis sitios de Facebook, Jorge Corrales Quesada y Jcorralesq Libertad, el 9 de enero del 2020.