LA FASTIDIOSA NECEDAD

Por Jorge Corrales Quesada


Insatisfechos con quejarse en el país por los diversos intentos de poner algún grado de orden en los abusos con privilegios salariales en el Poder Judicial, ahora sus gremios sindicales están considerando, o ya la han puesto en marcha, una demanda internacional por disposiciones ya tomadas al respecto y otras en proceso.

Ello lo expone La Nación en su comentario del 20 de noviembre, titulado “Empleados judiciales demandarán al país para proteger sus privilegios.” El tema se las trae, posiblemente porque han visto que sus acciones en el medio han fracasado ante la voluntad popular, la cual ha expresado su desprecio por las actitudes olímpicas de funcionarios públicos quienes, ante decisiones que frenan sus privilegios, han acudido a diversos foros judiciales, en donde no les ha ido del todo bien, pero, ante todo, por las reacciones tomadas por el poder del pueblo representado en su Asamblea Legislativa.

¿Cuál es ahora la movida? Que los sindicatos judiciales pretenden demandar al país (a los ciudadanos de este país) ante diversos organismos internacionales, como los Comités de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (intentando defender sus privilegios, mal llamados derechos, pues sólo van en beneficio de un grupo relativamente pequeño, pero que los paga toda la ciudadanía), al igual que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

¿Qué pretenden? El listado es como “en botica”: Buscan “impugnar… las medidas de ahorro en pluses salariales ordenadas por la reforma fiscal y la reforma a las pensiones de lujo del Poder Judicial.” También, el esfuerzo “intentará obstruir proyectos de ley que se encuentran en curso en la corriente legislativa,” tales como “cuatro iniciativas más para recortar pensiones de lujo, la reforma al empleo público, el freno a los abusos en huelgas y el plan que reduciría el período de nombramientos de magistrados de ocho a cinco años, con una sola posibilidad de que haya reelección.”

Asimismo, el contrato que sería la base para la contratación de esas acciones internacionales y nacionales, señala que la demanda será en especial, “en cuanto a las garantías de independencia judicial, el debido proceso legal, la no regresividad de derechos económicos y sociales, las condiciones laborales y jubilatorias, la libertad de expresión, el principio de legalidad, el acceso a la seguridad social y la participación a cargos públicos” ¡Alto!; tome un respiro y agregue “entre otros.” Lo podían haber puesto más sencillo: para mantener todo tipo de privilegios, al tiempo que se quejan por todo en esta vida, yendo de acusetas al exterior, porque aquí, ante el pueblo, ven difícil conservarlos.

Pero, eso no es todo: los trabajadores que hagan la demanda tendrán que pagar hasta $1.000 -entre $500 y $1000- dependiendo de sus salarios y de que lo hagan, al menos, 800 trabajadores: barato para empezar, todo lo antes indicado, y, asimismo, involucrar “organizaciones de la sociedad civil, nacional e internacional y… otros actores.” Se aprovechará la visita al país de Michelle Bachelet, comisionada de derechos humanos de la ONU, a principios de este mes, para informarle de la “injusta” situación en que se tiene a los “pobres” trabajadores del Poder Judicial. Según el medio, el plazo para firmar el contrato con la firma demandante era el 30 de noviembre (ya ha pasado y no hay conocimiento público de cómo terminó el asunto).

Eso no es todo: “paralelo al litigio internacional, se entablarán procesos laborales ordinarios por la vía contenciosa,” y se impondrá “recursos de amparo… ante la Sala Constitucional” del país, “para, posteriormente, acudir a organismos internacionales.” Además, se buscará frenar el intento de ponerle un freno “al crecimiento del presupuesto de la Corte para el 2019 y el impedimento de crear más plazas, así como gestionar más recursos,” como lo señaló el ministerio de Hacienda en un memorando de abril del 2019.

Para terminar, esa titánica labor plantea establecer “alianzas estratégicas en Suiza, México y Costa Rica,” siendo la contraparte principal el Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, el cual ya “ha llevado la defensa del Estado de derecho y la independencia judicial en México.”

Es claramente una necedad frente a los fracasos tenidos con los ciudadanos, quienes nos hemos dado cuenta de los abusos flagrantes de esos gremios sindicales. Como les ha ido tan mal en poder conservar sus privilegios, salen corriendo para quejarse, los chiquitos, del “mal trato” que se les intenta infligir: A correr bajo las enaguas de las nanas internacionales…

Lo han intentado aquí con diversas acciones judiciales y protestas públicas, pero sus resultados han sido magros. Ahora nos acusarán ante organismos internacionales. Con tan enconado accionar contra los ciudadanos del país, no me queda sino traer al presente aquella frase del pensador Séneca, citada por Arthur Schopenhauer, en El Arte del Buen Vivir: “Toda necedad sufre el fastidio de sí misma.” [“Omnis stultitia laborat fastidio sui”].

Publicado en mis sitios de Facebook, Jorge Corrales Quesada y Jcorralesq Libertad, el 4 de diciembre del 2019.