4 MUNICIPALIDADES EXHIBEN PLUSES ILEGALES Y HASTA INVENTADOS

Por Jorge Corrales Quesada


Recientemente, la Contraloría General de la República presentó cuatro informes acerca de incentivos sendas municipalidades: Escazú, Carrillo, Heredia y La Cruz. Si bien La Nación, en su edición del 19 de octubre, trató el tema en su artículo “Municipios pagan pluses de modo ilegal y hasta los inventan,” en él no aparece un desglose claro de los abusos detectados en cada una de esas entidades, de forma que trataré de presentar la información suministrada lo más claro que me sea posible.

1. Municipalidad de Escazú: Se otorgó el plus conocido como “prohibición por trabajo” (me asustó el nombre; parecía como que si en esa municipalidad se pagara por no laborar -lo que nos faltaba- pero creo que se refiere a que un juez ordenó mantenerle a un funcionario “las mismas condiciones que tenía en el puesto anterior, aunque ya no ejerza funciones que lo justifiquen.” ¡Vaya a saber usted el intríngulis legal que debe estar presentándose! En todo caso, el pago es “sin sustento jurídico,” como lo indica La Nación, me imagino que basada en el informe de la Contraloría.

También, a ese mismo funcionario se le está pagando el plus adicional de un 65% por prohibición, aunque ese puesto (coordinador de la Ventanilla Única de Atención al Ciudadano, según entiendo,) no es aplicable para recibir tal plus.

En esa misma municipalidad, “se reconocen tres incentivos que tienen la misma naturaleza: reconocer la antigüedad. Estos son mérito, antigüedad y anualidad, que se pagan con 4%, 3% y 4% del salario base, respectivamente.”

Este año, los incentivos por pluses ascendieron a ¢2.931 millones.

Asimismo, en este municipio “se detectó la falta legal para reconocer el incentivo de prohibición,” indicó el funcionario de la Contraloría, Francisco Hernández.

2. Municipalidad de Carrillo: Igualmente, aquí se detectó la ausencia de legalidad en el reconocimiento del plus por prohibición. Dos funcionarios de confianza reciben un 65% adicional por el plus de prohibición, si bien “ese tipo de empleados no recibe esa remuneración.” Además, a funcionarios se les dio el plus de dedicación exclusiva por carrera de licenciatura, aunque esas carreras no tienen nada que ver con el puesto.

En el 2018, en esa municipalidad se pagaron ¢2.788 millones en pluses.

3. Municipalidad de Heredia: Igualmente, allí se detectó la ausencia de legalidad en el reconocimiento del incentivo por prohibición. Además, en dicha municipalidad no consta legalmente el respaldo del plus por dedicación exclusiva ni de los puntos por el plus de carrera profesional. Asimismo, en los informes de la Contraloría se indicaron “dudas con respecto al pago de prohibición de algunos funcionarios.”

A ¢1.768 millones asciende en esta municipalidad el pago por incentivos, en 1998.

4. Municipalidad de La Cruz: Como en todos los casos anteriores, en este hay ausencia de legalidad que reconozca el plus por prohibición. E, igual que en el caso de Heredia, se presentan “dudas con respecto al pago de prohibición de algunos funcionarios.”

El pago por incentivos en el 2018 en este municipio fue de ¢546 millones.

Debo destacar que La Nación consigna a un funcionario de la Contraloría diciendo que “En dos municipalidades se determinó el reconocimiento de porcentajes o montos mayores a los establecidos por la normativa, tanto en prohibición como en dedicación exclusiva,” pero, de la información periodística, es difícil saber con exactitud a cuáles dos de esas cuatro municipalidades se refiere.

Ojalá que todos estos actos tan cuestionables se hayan resuelto por las municipalidades citadas. El contribuyente está cansado de todos estos abusos sobre sus espaldas.

Publicado en mis sitios de Facebook, Jorge Corrales Quesada y Jcorralesq Libertad, el 28 de noviembre del 2019.