DEUDAS DE ALGUNOS CON LA CAJA

Por Jorge Corrales Quesada


Han notado ustedes cómo hay gente en las redes que, apenas aparece el nombre de una persona o empresa privada, con deudas en la Caja Costarricense de Seguro Social, lanzan todo tipo de diatriba, tratándolos desde ladrones emperifollados hasta saqueadores de la seguridad social. Y, cuando se trata de las deudas con la Caja del gobierno, más bien se refieren a que aquella parte del llamado aporte del estado -por el aporte tripartito: trabajador, empresa y estado- como un “incumplimiento.”

Aquí hay varias cosas a las que considero necesario referirme. Primera, entre esas empresas y personas con deudas con la Caja, hay quienes simplemente juegan de listas, evadiendo sus obligaciones, pero hay otras que no pueden o no tiene los recursos para hacer frente, en ese momento, a las obligaciones contraídas. Sin duda que algunos de esos críticos posiblemente nunca han tenido una empresa, para darse cuenta de que, al crear o administrar una firma, se asumen muchos riesgos y que muchas veces se pierde, y “en grande.” Posiblemente es porque creen que todas son “ganancias” y que las pérdidas nunca se dan. La ignorancia es frecuente y, como lo sabe bien cualquier contador -profesional, aficionado o que sólo lleva cuentas- es un estado de “pérdidas o ganancias.” No sólo de “ganancias” sino de cualquiera de ellas.

Segunda, quienes claman porque el estado aporte lo que debe, como tal o como patrono. a la Caja, creen que el estado produce riqueza y que él tan sólo abre su gaveta, saca la plata y listo. El estado, para hacerlo, debe conseguir recursos y lo hace de tres maneras básicas: cobrar más impuestos, endeudarse más y los contribuyentes tendrán que hacer frente a esas obligaciones futuras, o bien emitir dinero, que ocasiona inflación, siendo así un impuesto que todos, quienes, de una u otra forma, reciben ingresos en un dinero menos valorado que antes, pues ha perdido poder adquisitivo.

Así que, cuando claman porque el estado pague esas deudas con la Caja, ojalá no olviden que esos fondos siempre saldrán de los bolsillos de los ciudadanos contribuyentes. Dios quiera que aquello, por lo que claman, ¡no se les haga realidad!

Tercera, esa insistencia de flagelar a deudores privados con la Caja no sólo muchas veces ignora la presunción de inocencia, sino que su crítica no alcanza a las empresas estatales deudoras, pues, con base en leyes específicas, deben aportar una parte importante para fortalecer el fondo de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja y otra menor para subsidiar a jubilados en condiciones de pobreza. Desde ya les digo que, en última instancia, esas empresas del estado -algunas de ellas monopolios y otras cuasi monopolios- también obtienen sus ganancias por cobros de servicios a los consumidores por encima de sus costos (si no, no habría ganancias). Por lo tanto, cualquier aporte que deban, saldría de los consumidores cautivos o semi cautivos.

En La Nación del 23 de setiembre, un articulo titulado “Empresas públicas adeudan al IVM ¢24.000 millones” señala que “siete empresas públicas tienen una deuda acumulada de ¢23.692 millones,” en donde el 98.7% lo deben el Banco de Costa Rica, RECOPE, el ICE y el INS, y el resto (1.3%) Correos de Costa Rica, el Banco Nacional y la Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja.

Muchas de estas obligaciones son bien viejas, pues son “saldos adeudados de 2013 a 2018,” de lo que ¢17.907 corresponde al principal y ¢5.785 millones son intereses.

Esta deuda surge, en parte, por un problema de interpretación de esas contribuciones obligadas al IVA de la Caja de un 15% de las utilidades de esas empresas públicas, cuando la Caja interpretó que ese 15% era aplicable a las utilidades brutas (antes del pago de impuestos), mientras que algunas de aquellas empresas deudoras asumieron que era sobre las utilidades netas (después del pago de impuestos). No fue sino hasta que, en el 2018, la Asamblea reformó la ley, señalando que era sobre las ganancias netas y, además, incorporó al INS entre los que deberían pagar tal contribución.

En dicho ínterin, la Caja pasó a cobro “¢67.259 millones, de los cuales recibió ¢50.270 millones, es decir, el 74% del total.” La gerencia de pensiones de la Caja indicó que “Del INS, RECOPE y el ICE prácticamente no hemos tenido recursos, también porque en algunos años tuvieron pérdidas. El INS se incorporó este año, pero no ha pagado. Los recursos han venido principalmente de los bancos estatales.”

A continuación, se presentan varios datos de las empresas deudoras individualizadas, que tienen esa deuda con el IVM.

1- Banco de Costa Rica: es el mayor moroso con ¢ 10.136 millones entre principal e intereses y constituye el 42.7% de lo adeudado en total. Actualmente, según la Caja, se mantienen conversaciones de arreglo de pago (supongo que igual que como se suele hacer con los sujetos privados…)

2. RECOPE: adeuda, entre principal e intereses, ¢5.685 millones. RECOPE dice que en el período 2013-2016 no debía pagar pues tuvo “pérdidas y no utilidad.” La Caja dice que RECOPE “sólo hizo contribuciones sobre las ganancias de 2017 y 2018, pero por un monto menor al cobrado.” El diferendo sigue.

3. ICE: el total pendiente es de ¢4.748 millones, correspondiente a los años 2013 y 2016; en los restantes tuvo pérdidas. No se sabe cuándo se hará el pago o su arreglo.

4. INS: la Caja le cobra ¢2.813 millones por las utilidades del 2018 (primer año en que la ley incluyó al INS entre las empresas estatales que deberían hacer esos pagos), pero, según el INS, “deberá hacerse hasta el próximo año, sobre las utilidades del 2019 (y no las del 2018).” El INS insiste en su posición ante la Caja.

5. Banco Nacional: Pagó el cobro que le hizo la Caja bajo protesta, aún cuando adeuda ¢34 millones de intereses. Extrañamente, “en el aporte dado sobre las utilidades del 2018, el banco transfirió ¢4.127 millones al IVM, pese a que el cobro hecho por la Caja fue de ¢3.467 millones.” Digo “extrañamente” pues no debería existir diferencia.

6. Correos de Costa Rica: Todavía adeuda ¢191 millones del período 2013-2018, habiendo pagado sólo ¢724 millones.

7. Otros entes: Según informa la Caja, la Editorial Costa Rica, el SINART, el INCOFER y el INCOP deben pagar esos gravámenes, pero en el 2018 no tuvieron ganancias. (El medio no indica si “hay perros amarrados” de años previos al 2018).

Ojalá les cobren a esas entidades públicas con la misma energía que dicen aplicar a empresas y personas privadas que tienen deudas con la Caja.

Publicado en el sitio de ASOJOD, en los blogs del Instituto Libertad y de PuroPeriodismo, así como en mis sitios en Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 5 de noviembre del 2019.