MÁS PLATA PARA PLUSES EN EL PODER JUDICIAL

Por Jorge Corrales Quesada


La enfermedad se extiende, como una plaga, cada vez más. Si creyó que las admoniciones de los ciudadanos atemperarían el ímpetu del gasto de dineros públicos en beneficios privados, hasta hoy, se ha equivocado. Para los dispendiosos no hay freno si no sólo lo que la “ley” diga, sin importar la consciencia ni el buen deber ciudadano, tan urgido ante la serie crisis fiscal y moral que vivimos.

Para el año que viene, la Corte seguirá en un marasmo sin reformas indispensables a su presupuesto. Es así como, lo informa La Nación del 29 de agosto, el “Poder Judicial aumenta su gasto en pluses en ¢2.000 millones.” Pero, observe el lector, esa suma no es el monto de pluses; es tan sólo el aumento en dicha partida. Según el medio, “En el 2020, la Corte distribuirá ¢156.400 millones (esta es la partida presupuestaria que aumentó ¢2.000 millones entre el 2019 y el 2020) entre sus 14.000 empleados, lo que arroja un promedio de ¢930.000 mensuales por funcionario, aparte del sueldo base.” Vean que este es el promedio: al estar los pluses ligados a los salarios y categorías, obviamente los altos recibirán montos muy superiores y, los de abajo, mucho menos.

Recordemos algunos de los principales pluses del sistema judicial (ordenados con base en los montos presupuestados en el 2020):

1. Carrera profesional: Fijado en un monto mensual determinado de ¢2.631. Se presupuestan para el 2020 ¢20.938 millones.

2. Índice de competitividad salarial: Varía de un 11% a un 22.37% y se otorga por el hecho de trabajar en Poder Judicial. Para el 2020 se presupuestan ¢19.101 millones. Los magistrados decidieron seguir pagando tales porcentajes en vez de montos fijos, como lo establece la reforma fiscal aprobada en diciembre pasado.

3. Sobresueldo por variación de jornada para los funcionarios del OIJ: Un 20% del sueldo base. Para el 2020 se presupuestan ¢7.168 millones. La Corte sigue pagando ese porcentaje en vez de un monto fijo, como lo define la reciente reforma fiscal.

4. Incentivo salarial funcionarios no profesionales: Un 10% sobre el salario base. Otro caso en que no se hace el cambio citado a un monto fijo. Para el 2020 se presupuestan ¢5.063 millones.

5. Zonaje: Oscila entre un 15% y un 20% del salario base. Tampoco se realiza el cambio a un monto fijo. Para el 2020 esta partida se presupuesta en ¢2.651 millones.

6. Incentivos médicos: Un porcentaje que varía entre el 17% y el 22%. Asimismo, no se transforma en un monto fijo. En el presupuesto para esta partida en el 2020 se consignan ¢1.718 millones.

7. Bonificación por exclusividad policial: Un 15% sobre el salario base. Tampoco se varía hacia un monto fijo. Para el 2020 se presupuestan ¢1.482 millones.

8. Sobresueldo profesionales en derecho: Un monto fijo mensual que oscila entre ¢3.000 y ¢21.000. Lo presupuestado para el 2020 asciende a ¢326 millones.

9. Sobresueldo por coordinación: Oscila entre un 5% y un 10% del salario base. Tampoco este plus se transforma en un monto fijo. Para el 2020 se presupuestan ¢268 millones.

10. Sobresueldo Corte Plena: Un monto fijo mensual de ¢800.000. Lo presupuestado para el 2020 asciende a ¢223 millones. Es para los altos jueces de la Corte y está indexado al crecimiento del costo de vida.

11. Sobresueldo gerencial: Un monto variable que llega a un porcentaje de 97.2%. No se transforma en un monto mensual fijo. Lo presupuestado para el 2020 asciende a ¢76 millones. Este plus, según señala el medio, los recibe “la cúpula del Poder Judicial” y “es uno de los pluses más altos del sector público.” Lo reciben unos 46 funcionarios. En el presupuesto esta partida tiene un monto de ¢76 millones, según el infográfico que acompaña el artículo del medio, pero en el texto se indica que es de ¢73 millones.

12. Regionalización: Un 25% del salario base que no se ha transformado en un monto mensual fijo. La partida presupuestada para el 2020 es de ¢26 millones.

13. Disponibilidad de choferes de magistrados: Un 10% del salario base y no se ha variado hacia un monto fijo. La partida correspondiente es de ¢14 millones.

14. Sobresueldo por protección radiológica: Un 5% del salario base y tampoco se ha variado hacia una suma mensual fija. El monto de la partida presupuestaria del 2020 es de ¢0,8 millones.

Es importante hacer ver que esta partida total de incentivos salariales, que aumentó en ¢2.000 millones para el presupuesto del 2020, es menor en la que aumentó el presupuesto del 2019 con respecto al año anterior, que fue de ¢4.300 millones.

Lo anterior lo explica así el medio: “esta vez el presupuesto para anualidades disminuye casi ¢900 millones, mientras que la restricción al ejercicio de la profesión sube en ¢760 millones.” Y que, en el 2028, aumentó el “número de jubilaciones debido a la reforma en su sistema de pensiones.” O sea, se refleja un menor crecimiento (pero una limitación insuficiente) por el cambio de pluses basados en porcentajes hacia un monto mensual fijo, como es en el caso de las anualidades o carrera profesional.

Asimismo, el medio destaca que, tal como se desglosó arriba, “en su mayoría, los pluses especiales del Poder Judicial fueron creados a lo interno de la institución, no los respalda ninguna ley¸11 de ellos están fijados en términos porcentuales,” y sólo tres de los 14 pluses son montos mensuales fijos (anualidad o carrera profesional, sobresueldo a profesionales de derecho y sobresueldo a Corte Plena), según lo estableció la ley de reforma fiscal aprobada el pasado diciembre.

Los ciudadanos confiamos en que el Poder Judicial hará lo debido y frenará esos pluses abusivos, los que, de una u otra manera, son pagados por los ciudadanos contribuyentes y que, evidentemente, se otorgan para el beneficio exclusivo de ciertos grupos específicos y no de la ciudadanía en general. El Poder Judicial no debe darle más lata al asunto y realizar la reforma señalada. Es urgente y vital la recuperación de la confianza ciudadana en el Poder Judicial.

Publicado en mis sitios de Facebook, Jorge Corrales Quesada y Jcorralesq Libertad, el 11 de octubre del 2019.