OTRO MÁS QUE PRETENDE SALVAR SU PELLEJO (PERDÓN: SU PRIVILEGIO)

Por Jorge Corrales Quesada


Era de esperar que entes que forman parte del estado quieran estar por encima de las leyes que nos cubren a todos, incluyendo al propio estado. En este caso, la “muy eficiente y apreciada” Municipalidad de Alajuela planteó un recurso ante la Sala IV, para impedir que se frene el gasto gubernamental en dicha entidad, requerido por la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas aprobada el pasado mes de diciembre.

Lo que más me incomoda es que, si bien la reducción del exagerado gasto público causante del déficit gubernamental no se da, sino que -algo es algo- lo que se pretende es disminuir el crecimiento de ese gasto contribuyendo a que el déficit no crezca tanto, la Municipalidad de Alajuela, por medio de su alcaldesa, Laura Chaves, pide que la llamada regla fiscal no le sea aplicada a aquella. La Sala Constitucional acogió la acción para su estudio. La información aparece en La Nación del 22 de agosto, bajo el encabezado “Sala IV acoge acción contra la regla fiscal en municipalidades.”

Para este caso específico, la regla señala un límite al crecimiento de los gastos presupuestados y “para el 2020, ese tope es de 4.67% en relación con el 2019.” El cuento de la Municipalidad citada es que, en palabras de la alcaldesa, “no somos los municipios los que dejamos un déficit a los recursos del Gobierno Central,” pero lo cierto es que el problema de nuestras finales es uno de las finanzas del estado costarricense, y este incorpora, les guste o no, a las municipalidades, de forma que su argumento sólo refleja una irresponsabilidad ante la situación de agobio que hoy experimentamos todos los ciudadanos, derivados del serio problema fiscal. Hoy se nos exigen mayores impuestos y la alta demanda de gasto estatal limita la disponibilidad de recursos para el sector productivo de la economía, por lo que tenemos tasas de interés mayores para que el gobierno pueda financiarse mediante deuda: en resumen, es causa de que la economía no crezca, generando serios problemas de empleo.

Era esperable que se planteara el argumento de una ficticia autonomía municipal, como lo han hecho las universidades estatales, pero, si bien aquella lo es en el campo propiamente administrativo, lo que se busca es separarse de su responsabilidad ante toda la ciudadanía, intentando que primen los intereses de un grupo particular de empleados del estado, en vez del bienestar de todos los ciudadanos.

Quieren seguir gastando, para sus propios fines, la plata de los ciudadanos, pagada en impuestos de una u otra forma, sin importarles los efectos que tal dispendio tiene sobre los hogares.

Publicado en mis sitios de Facebook, Jorge Corrales Quesada y Jcorralesq Libertad, el 23 de setiembre del 2019.