BIEN HECHO POR HACIENDA

Por Jorge Corrales Quesada


Es meritoria la decisión reciente del ministerio de Hacienda, de recortar el presupuesto del Poder Judicial en ¢2.500 millones, para que se creara un juzgado anticorrupción, pues los fondos gubernamentales no son ilimitados y la plata del fisco se está agotando. Ciertamente, los llantos de los afectados no se hicieron esperar, pues viven en la burbuja de creer que sobra la plata de los ciudadanos y que la situación económica es tal que sólo basta con pedir plata al gobierno, para que esta aparezca, aunque los recursos cada vez alcancen para menos.

Claro que la alta burocracia judicial iba a decir que se trataba de una sacada de clavo de Hacienda, pues ese ente recortó esos fondos al no haber acatado la decisión de reducir una serie de privilegios en ese Poder, bien conocidos por los ciudadanos. La información aparece en La Nación del 21 de agosto, bajo el titular “Hacienda rebaja fondos a Corte al no ver ‘voluntad’ de ahorro.”

Ya sabemos que, como justificación para mantener todos sus gastos, las autoridades de la Corte mencionarían la deseable autonomía de los poderes de la República, pero ella no alcanza el grado para hacer que el gobierne gaste en cosas que bien podría ahorrar, dada la agobiante situación fiscal. El hecho es que, aunque uno puede considerar la importancia de tribunales especializados en la lucha anticorrupción, para que, ojalá, se pueda ver con mayor alcance el problema de la corrupción, como la de los pluses desaforados para grupos de privilegio, pagados por toda la ciudadanía contribuyente, sucede la plata pública ya se va acabando y la alternativa para mantener la gastadera es sólo sacándole más fondos mediante nuevos y mayores impuestos a los ciudadanos o endeudando peligrosamente al país e incluso provocando inflación.

En sencillo, el Poder Judicial decidió no acatar las totalidad de las medidas restrictivas (si bien totalmente insuficientes para la magnitud del problema fiscal) para ciertos pluses incorporados en la ley de reforma fiscal, que fuera aprobada en diciembre pasado.

A los señores del Poder Judicial no les gusta que todos sus incentivos sean pagados, según la nueva ley, como un monto fijo mensual en vez de un simple porcentaje sobre los salarios bases, para ver si, en algún grado, se logra detener el crecimiento de esos privilegios.

La Corte hace caso omiso a la conversión de ciertos pluses en términos porcentuales a montos fijos, como dice la nueva ley. De hecho, “El Poder Judicial paga a sus funcionarios 21 pluses propios.” Entre estos privilegios, hay uno que oscila “entre un 11% y un 22.37% del salario base” por el llamado plus por “Índice de Competitividad Salarial,” así como otro que varía “entre un 10% y un 30% adicional” del salario base, por el simple hecho de ser funcionarios judiciales.

La reacción del jerarca de la Corte ante la decisión citada del ministerio de Hacienda no se hizo esperar y, con gran señorío, dijo que ese recorte que hace Hacienda, ante la increíble falta de apoyo a las (pocas) medidas de limitación del gasto público en pluses privilegiados, “Si no es coacción, no sé qué podría pensar.” Tal vez es que los ciudadanos contribuyentes pensamos que, “cuando la plata se acaba, se acaba” y que no se puede seguir sangrando al pueblo, quien en última instancia paga esos privilegios. En especial, uno se irrita cuando no ve moderación solidaria alguna en el gasto del Poder Judicial y que, más bien, pretende complacientemente seguir gastando un dinero muy escaso para la conservación de sus pluses de privilegio.

Publicado en mis sitios de Facebook, Jorge Corrales Quesada y Jcorralesq Libertad, el 13 de setiembre del 2019.