DESORDEN GRAVOSO PARA LOS CIUDADANOS

Por Jorge Corrales Quesada


Un informe reciente de la Contraloría General de la República revela que el proyecto de 27 kilómetros de carretera que hay entre Bajos de Chilamate, en Sarapiquí hasta Vuelta de Kooper, en San Carlos, “terminará costando ¢17.000 millones más de lo presupuestado,” según el artículo de La Nación del 13 de julio, titulado “Mala gestión del MOPT encareció vía en ¢17.000 millones”. Si este fuera el único caso de tal desajuste… pero, de nuevo, vuelvo a preguntar ¿Por qué todos o la mayoría de los proyectos del gobierno terminan siempre con un costo mayor al inicialmente proyectado? No es que se equivocan, pues puede haber muchas razones justificadas para eso, pero, ¿por qué siempre terminan costando más y nunca resulta lo estimado inicialmente y no digamos que se finalice con un costo menor? Siempre el mismo resultado: más gastos de los proyectados… Obviamente, hay algo en la naturaleza de la obra que hace el gobierno termine siempre con costos mayores y usualmente muy elevados, los que en última instancia serán transferidos a los contribuyentes.

Los planes para hacer esa obra se iniciaron en 1973, empezando en el 2013 y se inauguró en agosto del 2017. Según se menciona, la obra duró en construcción 4 años y 8 meses y de ese lapso “1 año y 10 meses de más se dieron por atrasos atribuibles a la Administración.”
Pero veamos la naturaleza de algunos de esos atrasos, según señala la Contraloría.

1. La construcción de la obra se inició con diseños desactualizados, lo que exigió nuevos permisos y obras adicionales. Pasaron cinco años entre la conclusión de los diseños y el inicio de la obra, sin que al fin se tuvieran los diseños actualizados. “No se contemplaron obras para seguridad vial,” que eran obvias desde el principio, lo que significó construir “intersecciones, pasos a desnivel, marginales y accesos a fincas,” hechos que se tradujeron en un aumento del plazo de construcción de 255 días.

2. A la constructora Sánchez Carvajal se le dieron instrucciones de iniciar las obras sin completarse las expropiaciones, así como permisos ambientales y de tala de árboles. Los atrasos en expropiaciones significaron un aumento en el plazo de construcción de 59 días. Todos ellos dieron lugar a reclamaciones de la empresa constructora por los mayores costos administrativos, lo que significó un pago adicional de ¢1.831 millones. Según la firma supervisora del proyecto, al aumentar “el plazo original contratado de 27 a 58 meses,” el costo aumentó desde ¢1.688 millones a ¢3.630 millones.

3. Por razones climáticas el MOPT aceptó plazos extras a la constructora sin evidencia suficiente de aquella circunstancia. Según la Contraloría, para el 33% de días reconocidos, no la había.

4. El MOPT rebajó recursos destinados a renglones de pago del proyecto, lo que creó un problema de falta de financiamiento para obras indispensables, recursos que se buscaron sin certeza de su obtención, señalando así otra grave falla de planificación “ordenada y eficaz” desde la concepción del proyecto hasta su puesta en operación.” Uno de esos cambios a los renglones de gasto y variaciones en las cantidades, se tradujo en “un aumento de ¢10.687 millones” y 225 días adicionales de plazo.

La obra terminó costando ¢42.363 millones y una demora total de 56 meses. Todos esos costos recaen, de una u otra forma, en los contribuyentes. Nunca sobre los responsables de los desaguisados. La Contraloría ha dicho, según el medio, que “actualmente investiga presuntas irregularidades para sentar responsabilidades.” Ojalá que no tengamos que decir, parafraseando lo dicho por Keynes, al referirse al largo plazo, “que para ese momento estemos todos muertos,” aunque no duden que los sobrevivientes todavía estarán pagando por toda esta insensatez.

Publicado en mis sitios de Facebook, Jorge Corrales Quesada y Jcorralesq Libertad, el 18 de agosto del 2019.