LAMENTABLE E INDEBIDA HUELGA EN LA CAJA

Por Jorge Corrales Quesada

Cuando en el país sucede este tipo de cosas, como la actual huelga de los sindicatos de la Caja, es necesario ser lo más claros posibles y no dar campo a especulaciones que dificultan la claridad en el análisis y entendimiento de los ciudadanos. En particular, por el impacto negativo que tiene sobre usuarios obligados de los servicios de la Caja.

Asimismo, es crucial comprender el marco de la grave situación fiscal, a pesar del fuerte aumento en impuestos aprobado en diciembre pasado. Para llenar el déficit se escogió primordialmente la alternativa de aumentar los impuestos sobre personas, familias y empresas, dejando de lado esencialmente la otra opción: reducir el enorme gasto gubernamental causante del déficit que aún tenemos. En verdad, no hubo tal reducción del gasto, sino que se impusieron reglas que frenarían el crecimiento de ese gasto que venía creciendo con fuerza desmedida. En resumen, no hubo una reducción del gasto público sino una relativamente ligera disminución de su crecimiento a futuro.

Aquel proyecto se convirtió en ley y se aplica en los ámbitos que señala. En el caso del gasto, que es el que me ocupa, se ha dado la reacción esperada, típica de cuando se quitan prebendas, privilegios y se rebaja la prodigalidad gubernamental. Los chillidos, reclamos, protestas, movidas legales, molestias, huelgas, paros, lamentos, amenazas, de todo, se ha presentado a partir de la aprobación de la ley, para impedir que se frene, en algún grado, aunque sea mínimo, la exagerada largueza gubernamental. Quedemos claros: no defiendo a este gobierno, más bien me parece que está cosechando los frutos de una mala política fiscal, ante un problema que no es reciente, sino que viene de muchos años, en donde se prefirió aumentar los impuestos que reducir el gasto y ahora la economía sufre el impacto de esa transferencia de recursos del sector productivo de la economía -familias y empresas- hacia el estado, para que este continúe con su frenético gasto.

El caso de los sindicatos de la Caja, que están en huelga al momento en que escribo esto, debe llamarnos la atención pues los argumentos que han señalado para oponerse -que es para oponerse a la “privatización” de la Caja, así como que se les prometió un trato diferente a lo que exige la ley en cuanto a privilegios salariales y que ahora no se les cumplirá--merecen exponerse para que los valoremos si es una huelga justa, que tanto daño causa a los ciudadanos usuarios de los servicios médicos de la Caja.

Empecemos por el argumento de la privatización. En realidad, eso no se lo creen ni siquiera quienes en realidad pueden pensar en la conveniencia de que en la Caja haya un mejor servicio, una más eficiente administración de los hospitales o que simplemente el ciudadano sea libre de escoger la mejor forma en que puede recibir los servicios médicos (conocido como libre elección). Los que pudiéramos considerar deseables ciertas reformas -como lo han puesto en marcha países nórdicos con la voluntad de la mayoría de los partidos políticos- vemos cómo es una mentira que ese proceso de privatización, deseable o no, está teniendo vigencia. Esa estrategia sindical no es más que una pantalla, una mampara, un monigote, un claro interés de desviar la atención del ciudadano de lo que es el verdadero propósito de la huelga.

Con esa huelga, los sindicatos pretenden impedir la vigencia de ciertos elementos de la ley de reforma fiscal aprobada en diciembre pasado. Digo “ciertos elementos” porque son selectivos: no se oponen a los nuevos y mayores impuestos cargados a todos los ciudadanos, sino a las medidas relacionadas con los llamados pluses o privilegios adscritos a sus salarios. En esencia y en lo pertinente, la ley aprobada exige que tales pluses se transformen desde un porcentaje determinado de los salarios a un monto fijo, siendo el equivalente al porcentaje vigente. Así, se frenaría, en algún grado, el crecimiento de los gastos (vean que no es que se disminuirían, se reducirían, los salarios actuales, como algunos han aseverado).

Es claro el artículo de La Nación del 8 de agosto, titulado “Gremios de CCSS defienden 19 disparadores del gasto público,” en mencionarlos. Se trata de los siguientes pluses hoy pagados como porcentaje del salario y que, en adelante, lo serían en montos fijos:

1. Plus salarial abogado Dirección Jurídica: 15%.
2. Sobresueldo protección radiológica: 20%, 25% o 30%.
3. Incentivo de rotación: 7% o 15%.
4. Disponibilidad jefaturas administrativas: de 5% hasta 20%.
5. Dedicación exclusiva ciencias médicas: 55%.
6. Dedicación exclusiva adicional médicos: 17%.
7. Incentivo a carrera hospitalaria médicos: 22%,
8. Incentivo consulta externa: 22%.
9. Disponibilidad ingenieros: 10% o 20%.
10. Complemento salarial enfermeros: 15%.
11. Disponibilidad desplazamiento ingenieros: 10% o 20%.
12. Peligrosidad: 5%.
13. Sobresueldo tecnologías médicas: 15%.
14. Sobresueldo informáticos: 25%.
15. Zonaje de administrativos: De 5% a 18%.
16. Vivienda en zona 4: 21%.
17. Anualidad administrativos: De 2% a 3%.
18. Anualidades médicos: 5.5%.
19. Anualidades enfermeros y nutricionistas: 3.5%.

El medio indica que “No es que los sueldos no vayan a crecer. Si lo harán y por encima de la inflación, pero a un menor ritmo.” Eso depende de cuánta inflación haya y, al menos en un cuadro comparativo de ejemplos que usa el artículo citado, de salarios a futuro de un médico, un informático y un auxiliar de enfermería, la inflación anual estimada es de un 3% -cercana a la actual. Si la inflación fuera mayor, si se desea mantener los salarios reales, se deberían aprobar aumentos de más de ese 3%.

Un ejemplo es de un médico con un salario base de ¢1 millón, anualidades del 5.5%, 55% de dedicación exclusiva, 17% por dedicación exclusiva adicional, 22% por trabajar en consulta externa, que hoy recibiría un sueldo cercano a ¢2.5 millones, si se mantiene la situación actual (y pedida por los sindicatos), y un aumento por inflación del 3% aplicada al salario base, al final de 5 años, sería un salario total de más o menos ¢3 millones; o sea, aumentaría en un 28% en ese lapso: un 5.7% anual.

Por otra parte, si rigiera lo que señala la nueva ley, su salario total, al final de los cinco años, sería de aproximadamente ¢3 millones; esto es, un crecimiento de un 21% en los cinco años: un 4.2% anual.

Para el caso del informático, partir de su salario base actual, anualidades del 2% anual, disponibilidad por jefatura del 20% y dedicación exclusiva del 55%, su sueldo total actual, bajo las condiciones actuales, y con una inflación del 3% anual, pasaría en 5 años a un salario total aproximado de ¢1.2 millones, mientras que, si se aplican las reglas de la ley aprobada, el sueldo total sería más o menos de ¢1.14 millones.

En el ejemplo de un auxiliar de enfermería, a partir del sueldo base actual, anualidades de 1.94%, complemento salarial del 15% y peligrosidad de un 5%, e inflación del 3%, en 5 años pasaría de ¢670 mil de salario total al mes a ¢864 mil, mientras que, con el ajuste por la ley aprobada, sería de ¢819 miles.

En resumen, no se verían descensos en los salarios, los cuales siempre crecerían, pero algo menos que lo que tendrían si siguen rigiendo los privilegios actuales como porcentaje del salario con las disposiciones. Ese es el asunto: siempre salarios al alza, pero menos por los pluses de la nueva forma. Son los pluses actuales los que crecen más rápidamente que los salarios base. Y cualquier reforma debe ser opuesta a como haya lugar por los sindicatos cuyos miembros se benefician con ese privilegio.

Un problema es que los sindicatos aseveran que, en una negociación con el presidente ejecutivo de la Caja, señor Román Macaya, este se comprometió a mantener todos esos pluses en los montos porcentuales, pues “se mantendrán y respetará su forma de cálculo [porcentual] y pago.” Pero eso va contra la ley, que no puede ser interpretada de una manera diferente por ningún funcionario público, quien debe acatarla. Es la obligación del funcionario, sea quien sea, de acatar la ley. No quiero afirmar que esto de la huelga y el acuerdo citado se trata de un “compadre hablado,” pues no tengo elementos para decirlo, pero, eso sí, es claro que ha habido un manejo irresponsable. Por supuesto, tal hecho, de ser cierto, no justifica que no se deba acatar la ley y que seamos ahora, al igual que otras veces con las huelgas de ese gremio, los ciudadanos, usuarios de los servicios de la Caja, quienes tengamos que sufrir las infaustas consecuencias conocidos por la ciudadanía.

Publicado en mis sitios de Facebook, Jorge Corrales Quesada y Jcorralesq Libertad, el 11 de agosto del 2019.