COSTOS DE LA HUELGA DE MAESTROS

Por Jorge Corrales Quesada


Un artículo de La Nación del 21 de noviembre, titulado “País paga ¢2.200 millones diarios a los docentes en huelga,” brinda estimaciones muy útiles de lo que esa huelga les cuesta a los ciudadanos contribuyentes. Sí bien esos cálculos se realizan para 73 días de huelga, los datos fácilmente se pueden proyectar para el momento en que esto lo escribo, en donde han pasado aproximadamente 80 días de paro laboral.

Lo primero que debe destacarse es que en ninguno de esos días, en que niños y muchachos han dejado de recibir clases, esos maestros han dejado de recibir su pago, como si los hubieran laborado. Así de injusto es el sistema para otros que tienen que laborar y con ello pagar impuestos para que esos sueldos se sigan pagando (además de los estudiantes que no han recibido, injustamente, sus clases).

Al momento en que ese medio publicó su artículo, había 28.431 confirmados como “ausentes” en sus centros educativos y no se sabe de otros 38.104, debido a que están cerrados y nadie está para reportar la asistencia. A la vez, según datos del ministerio de Educación (MEP), 16.217 trabajadores han cumplido con sus obligaciones.

Según ello, aproximadamente un 80% del total de trabajadores del MEP estaría en huelga a la fecha de ese artículo. Por supuesto, el hecho de que se les esté pagando sin trabajar es el mejor incentivo para seguirla. Mientras que la planilla total diaria del MEP asciende a ¢2.728 y lo que se les paga a quienes están trabajando suma ¢513 millones, la diferencia de ¢2.215 millones al día se paga sin que se trabaje para eso. El medio indica que esos montos no incluyen “la contribución estatal y patronal a los fondos de pensiones ni la proporción que se reserva para el aguinaldo.”

Según el ministerio, a un mes de huelga, a quienes participaban se les tuvo que pagar ¢66.453 millones; a los dos meses, ¢132.906 y a los 73 días (de huelga al momento del artículo citado), ¢160.600. Llevado a los 80 días de huelga al momento en que hago este análisis, ascendería a ¢170.600. La Nación proyectó que, al terminar el curso lectivo el 13 de diciembre, el gasto ascendería a ¢209.000. Si en ese lapso algunos sindicatos dejan la huelga y regresan a laborar, este número final estimado se reduciría, pero no tal vez ya por mucho.
Esos gastos no son los únicos en que incurrirá el país por esa huelga, a lo que deben agregarse los días perdidos en la educación de los estudiantes. De hecho, algunos han tenido que contratar clases privadas, en especial para prepararse a los exámenes de bachillerato. Pero, incluso si los hicieron, no han podido obtener las notas del curso, lo que pone otro costo sobre los estudiantes (al contrario, hubo casos en que escuelas privadas dieron clases gratuitas a alumnos de las públicas). Agregue el abandono de los comedores escolares, que impidió a 79.000 niños recibir alimentos que el ciudadano contribuyente, por medio del MEP, tuvo que pagar a los proveedores contratados.

Voy a ser escéptico y dudar de lo “positivo” de la educación en las escuelas públicas, pues, ante estos ejemplos de abandono de responsabilidades de los educadores, uno no sabe si en realidad se han educado más al no asistir a clases. Júzguenme por ello como les parezca, pero es justo pensar en tal posibilidad y, si no lo creen, vean estas palabras de Roblin Apu, secretario general de APSE: “Al estar en huelga, estamos educando a nuestros alumnos; les estamos diciendo que ellos pueden pelear por los derechos en que creen.” Lo cierto es que los sindicatos no están luchando por derechos, sino por privilegios otorgados a algunos por alguna pertenencia específica -ser educadores- que no son derechos pues no los tienen todas las personas como tales, para que sean derechos. Eso sí, los privilegios los pagan todas las personas, incluso, como lo dijo ese mismo líder sindical, porque los maestros “están haciendo una retribución de su salario al Estado” (impuesto a la renta, pago al seguro social y todas las cargas sociales). En eso son iguales a todos los trabajadores, pero, parte de esos pagos son para el propio beneficio del maestro, como enfermedad y maternidad al Seguro Social o su pensión bajo el régimen del Magisterio; no obstante, todos los ciudadanos pagamos los salarios y pluses de esos cotizantes educadores, los cuales son mayores que lo que personalmente aportan al fisco.

Puede que la huelga llegue hasta el inicio de las vacaciones, pues, por alguna razón, ya no podrán pagarse esas vacaciones al estar en huelga. El resultado, entonces, será el esperado: volverán a clases antes del inicio de las vacaciones para así recibir la plata de ese período. Si el gobierno no toma una decisión clara y firme ante este abuso, y lo condona como parte de un “renacer del amor”, los ciudadanos contribuyentes y los no contribuyentes seguiremos viendo este oprobio de huelgas en defensa de privilegios.

Publicado en mis sitios de Facebook, Jorge Corrales Quesada y Jcorralesq Libertad, el 5 de diciembre del 2018.