SE AMPLÍA BRECHA SALARIAL DE PUESTOS ALTOS EN EL GOBIERNO Y EL SECTOR PRIVADO

Por Jorge Corrales Quesada

Un información reciente -del segundo trimestre del 2018- de la Encuesta Continua de Empleo que hace el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), brinda importante información comparativa entre los sueldos que reciben los empleados públicos y los de la empresa privada. La información proviene de un artículo de La Nación del 24 de setiembre, titulado “Crece brecha entre sueldos públicos y privados más altos.”
Lo expuesto es importante, pues refleja un hecho que incluso puede incidir en la distribución del ingreso en el país, como es la comparación de los ingresos de niveles similares en el gobierno y la empresa privada.

Empecemos por lo que se denomina ocupación alta, que incluye a directores, gerentes, profesionales, científicos y técnicos. Mientras que el promedio de los salarios en esta categoría para el sector público es de ¢1.132.775 mensuales, el promedio en el sector privado es de ¢894.717 al mes.

En la llamada ocupación media (que incluye apoyo administrativo, ventas en locales, agricultura, construcción, mecánica y operación de instalaciones y máquinas), mientras que el salario promedio en el sector público es de ¢502.612 al mes, el equivalente en el privado es de ¢362.888.

Esa brecha en el nivel alto no es nueva y se amplió fuertemente cuando, entre los años 2012 al 2015 (administraciones Chinchilla y Solís), se ajustaron los salarios para los trabajadores del gobierno central para equipararlos con los de las instituciones descentralizadas, dando lugar a un fuerte aumento en la totalidad de salarios del sector público. A partir del 2015 la brecha ha seguido ampliándose, pero a un ritmo menor que al de aquel período.

En el caso de la ocupación del nivel medio la brecha se ha venido reduciendo y en la baja (mano de obra no calificada) la brecha también bajó, pero, en el sector público los trabajadores no calificados son pocos y hay una alta variabilidad de los datos.

Al hacer estas comparaciones, indudablemente juegan un papel esencial los diferenciales de productividad, pero, señala el medio, “en este caso los salarios del sector público están más determinados por beneficios acordados que por un mayor rendimiento.” Y hay un problema adicional: en la actividad privada hay un sistema que induce a que los salarios reflejen el valor que el trabajo agrega a la producción -esto es, su productividad, como se le suele nombrar- con lo que, si un trabajador no agrega el valor del producto lo que se le paga de salario, no se le contrata. Y esa productividad se refleja en las utilidades de las empresas. Por contraste, en el sector público no hay mecanismos similares de eficiencia y las valoraciones hechas no suelen reflejarse en datos concretos (por ejemplo, siempre tengo presente que, en cierto momento, en una evaluación del desempeño en el ministerio de Educación, que podría dar una idea de la productividad, ¡sólo un 2 por ciento fue calificado como de mal desempeño!).

El director regional en Centro América de la Organización Internacional del Trabajo, don José Manuel Salazar, hizo un comentario interesante que vale la pena repetirlo: “Algo no está bien en un país donde las diferencias son muy elevadas porque en realidad la mayor productividad debería estar en el sector privado, el sector privado es el que crea la mayor parte del empleo.”

No hay duda de que, dado que el monto de salarios es crucial en el gasto del gobierno y, por ende, incide en el hoy gravoso déficit gubernamental, es indispensable proceder a reformar la actual estructura de salarios en el sector público, que en mucho se sustenta en pluses o beneficios que no sólo son para grupos específicos privilegiados, sino que son pagados con los impuestos de todos los ciudadanos-contribuyentes.

Publicado en mis sitios de Facebook, Jorge Corrales Quesada y Jcorralesq Libertad, el 13 de octubre del 2018.