Ante el interesante intercambio de opiniones con mi amigo Allan Thompson respecto a la política anti-monopolio en Costa Rica, este artículo puede ser útil.

EL FRACASO DE LA POLÍTICA ANTI-MONOPOLIO

Por D.T. Armentano

The Freeman: Ideas on Liberty
Junio de 1994


La recientemente propuesta mega-fusión en la industria de las telecomunicaciones puede desatar un período más activista en la regulación anti-monopolio. Eso sería desafortunado, pues el anti-monopolio es una política generalmente fallida y desacreditada. Las leyes, supuestamente puestas en vigencia para proteger a los consumidores, históricamente han sido usadas para hostigar a empresas eficientes que han aumentado su producción para el mercado y que han reducido el precio en el mercado.

¿Cómo podría una política supuestamente diseñada para ayudar a los consumidores, que en vez de ello haya llegado para dañarles? Una explicación puede ser que la legislación anti-monopolio nunca pretendió proteger a los consumidores. Tenía la intención de escudar a algunas empresas contra la eficiencia de otras firmas y, como los aranceles, era fundamentalmente proteccionista. Esta perspectiva desde la teoría de la elección pública, acerca de los orígenes de la ley anti-monopolio, se refuerza por investigación histórica reciente y por el hecho de que, más de un 90 por ciento de toda la legislación anti-monopolio, involucra a una firma privada que demanda a otra. Si parece, camina y hace cuac, como cualquier pato del interés especial, probablemente se trata de un pato del interés especial.

Una segunda forma de resolver la paradoja del anti-monopolio es afirmar que los reguladores, las cortes y la academia que racionalizó la aplicación de la ley anti-monopolio, estaban esencialmente confundidos acerca de ciertos principios básicos, como “competencia” y “poder monopólico.” Cuando una empresa reduce su precio, ¿es eso “competencia” o es un intento de monopolizar? Cuando una empresa gana una porción del mercado, ¿es eso evidencia de una eficiencia relativa o es un intento de monopolizar restringiendo al comercio? ¿Es la publicidad pro-competitiva o anti-competitiva? ¿Es el gasto en investigación y la innovación un elemento importante de la competencia, o es una “barrera a la entrada,” que restringe la competencia y daña a los consumidores? Claramente, las ambigüedades teóricas podrían contribuir a un esfuerzo masivamente equivocado de aplicar la ley contra el monopolio. De nuevo, la paradoja del anti-monopolio debe resolverse.

MALA TEORÍA, MALA POLÍTICA

Para entender cómo una confusión teórica puede conducir a una política pública inapropiada; esto es, cómo la mala teoría puede conducir a una mala política, puede ser útil enfocar la atención en los modelos microeconómicos dominantes y el análisis de bienestar generalmente aceptado. El modelo de un equilibrio perfectamente competitivo dominó la teoría microeconómica en las décadas de 1940, 1950 y 1960, y desviaciones del supuesto de ese modelo o del resultado económico, a menudo se usaron para racionalizar la intervención anti-monopolio. A generaciones de estudiantes que estudiaban la economía del anti-monopolio (u “organización industrial,” como se llegó a llamar el tema), se les dijo que los mercados estructurados “competitivamente” tendían inevitablemente hacia una condición de equilibrio, en la cual el precio, el costo marginal y el costo medio mínimo eran todos iguales y en donde, por definición, se maximizaba el bienestar del consumidor.

Según este enfoque, el bienestar del consumidor no podía ser maximizado si los productos se diferenciaban o si otras empresas anunciaban; si algunas economías lograban economías de escala y de alcance, que otras firmas no podían lograr; o si una participación alta del mercado (o colusión) resultaba en algún “control” sobre el precio de mercado. Las firmas con poder “monopólico” “asignaban mal los recursos” (en comparación con la competencia perfecta) y se convertían en candidatos legítimos para una persecución anti-monopolio.

Las predicciones teóricas de la economía del anti-monopolio estaban acompañadas por investigación empírica y por análisis estadísticos (principalmente regresiones). Los primeros economistas de la organización industrial fueron partidarios entusiastas de la regulación anti-monopolio, debido a que creían que existían correlaciones estadísticas fuertes entre la participación de mercado y las tasas de rendimiento. Presumiblemente, las “empresas dominantes” en los mercados concentrados tendían a obtener utilidades monopólicas en el largo plazo; se podía lograr que los consumidores estuvieran mejor con una política anti-monopolio dirigida a reducir la “concentración” de mercado. De forma que la teoría microeconómica y la evidencia empírica fuerte se alegó que habían racionalizado un esfuerzo anti-monopolio vigoroso (especialmente contra las fusiones).

Tres ejes importantes de crítica al modelo tradicional de organización industrial se desarrollaron en la década de 1970, y ellos ayudan a explicar un cambio modesto en la aplicación de la ley anti-monopolio, durante la década de 1980. La primera, los críticos del “aprendizaje nuevo” (principalmente economistas de la escuela de Chicago) desafiaron muchas de las conclusiones empíricas viejas relacionadas con fusiones, concentración de mercado y rentabilidad. Con ajustes apropiados, que toman en cuenta el tiempo y el tamaño de la muestra, desapareció gran parte de las supuestas correlaciones entre concentración de mercado y rentabilidad. La segunda, un análisis revisionista de los casos demostró que la regulación anti-monopolio era, a menudo, empleada contra empresas que habían aumentado sus producciones y reducido sus precios. La tercera, el modelo teórico básico como tal -los modelos estáticos de equilibrio y sus análisis de bienestar- estuvieron sujetos a críticas importantes. Lo mejor de esa crítica se basaba en ideas prominentemente asociadas con miembros de la Escuela Austriaca de Economía.

LA TEORÍA AUSTRIACA

Los economistas austriacos generalmente sostuvieron que las desviaciones del mundo real de la competencia perfecta no necesariamente eran ejemplos de un fracaso del mercado, y que tampoco tales desviaciones podían racionalizar la intervención anti-monopolio. Los productos deben diferenciarse si los gustos de los consumidores son diferentes; las firmas deberían anunciar si la información no es perfecta; los costos menores logrados por firmas innovadoras deben mantener fuera del mercado a las firmas de altos costos. Todas estas prácticas eran elementos de un proceso de descubrimiento en el cual hay rivalidad y no consistían una mala asignación de recursos. Era irrelevante que ellos fueran inconsistentes con la condición de equilibrio perfectamente competitivo, pues esa condición en sí era enteramente irrelevante para propósitos de política.

Todavía más, los economistas austriacos mantenían que los estudios empíricos que intentan medir el poder monopólico o la pérdida de bienestar social estaban fundamentalmente errados. La divergencia del precio con respecto a alguna medida de costo contable era una condición del desequilibrio, y no representaba nada siniestro. De hecho, tales divergencias eran necesarias para brindar información e incentivos para que los empresarios movieran recursos hacia su uso más valioso. Las organizaciones de negocios que lograban utilidades por encima de las normales, simplemente eran más eficientes en el manejo del riesgo, en el descubrimiento de preferencias y en reducir los costos en el largo plazo.

En adición, los economistas austriacos aseveraban que la condena de una empresa dominantes en la literatura de la organización industrial, era completamente artificial. La fuente de esa artificialidad era la igualación de la firma dominante con el monopolio del libro de texto. Sin embargo, el monopolista del libro de texto, por definición, asignaba mal los recursos; esto es, debido a los supuestos de un equilibrio estricto que hacía imposible la entrada de otros oferentes. En ausencia de los supuestos sobre el equilibrio -o de barreras legales a la entrada- ni siquiera era posible definir, sin ambigüedad, un precio monopólico, mucho menos explicar por qué tales empresas tendrían incentivos para operar ineficientemente. Los casos anti-monopolio de la firma dominante demostraban que tales organizaciones ganan y conservan su parte del mercado reduciendo los precios, precisamente lo opuesto de la conducta y actuación predicha por la teoría convencional del monopolio.

Finalmente, los costos y beneficios para los economistas austriacos eran siempre personales y subjetivos; simplemente ellos no se prestaban, como tales, a la agregación o comparación interpersonal. Esta idea básicamente austriaca aniquiló toda regla de la razón y análisis de bienestar en la regulación anti-monopolio. Por ejemplo, el enfoque convencional de la regla de la razón asume que los reguladores pueden promover el bienestar público, permitiendo fusiones cuando los beneficios sociales exceden a sus costos sociales, o condenando acuerdos de precios cuyos costos sociales exceden a los beneficios. No obstante, para los subjetivistas austriacos radicales, tales cálculos utilitarios de costo-beneficio simplemente eran, pues los datos no podían ser conocidos por los observadores externos y no podían ser agregados entre diferentes individuos o empresas.

Por tanto, es claro que la perspectiva teórica austriaca es tremendamente escéptica de la economía tradicional anti-monopolio y de la así llamada “vigorosa” aplicación de la ley anti-monopolio. En el caso actual de las propuestas mega-fusiones de los medios, debería permitírseles que tengan éxito o que fracasen por sus propios méritos. La política pública debería ser esencialmente neutral con respecto a la cooperación, fusiones y adquisiciones entre firmas de negocios.

LA ESENCIA DEL “PROBLEMA DEL MONOPOLIO”

Hay un “problema del monopolio” en la economía de los Estados Unidos, pero no se encuentra en la actividad del mercado puramente privado, como en las fusiones empresariales. La esencia del problema del monopolio es la existencia de impedimentos legales gubernamentales hacia la rivalidad o la cooperación. Las barreras legales para la entrada y las prohibiciones para cooperación entre firmas, impiden que el mercado genere, disemine y utilice la información que los operadores requieren para un plan eficiente de coordinación.

Barreras no legales y los así llamados acuerdos restrictivos (como la práctica por la cual el manufacturero y sus distribuidores se ponen de acuerdo en vender los productos del manufacturero a precios de reventa determinados), simplemente no tienen este efecto para la coordinación del plan privado. Dado que las regulaciones anti-monopolio sin ambigüedad reducen la eficiencia del proceso de mercado y dado que ellas adicionalmente restringen la libertad individual y los derechos de propiedad, hay poca razón para apoyar que continúe tal regulación. En nombre de la eficiencia y la libertad, toda ley anti-monopolio debería ser abolida.