UN ESFUERZO IGNORADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

Por Jorge Corrales Quesada

Tenemos que estar muy atentos en apoyar aquellas propuestas de las autoridades de este gobierno, orientadas a reducir el exceso de gasto público. No olvidemos que el llamado déficit fiscal surge por un exceso de gastos sobre los ingresos y que el problema principal es ese gasto excesivo, pues el gobierno utiliza recursos escasos en sus propósitos, los cuales con ello ya no estarán disponibles para las personas físicas o jurídicas, en sus objetivos de consumo e inversión.

De aquí que, en vez de poner impuestos mayores que tienen un efecto negativo en la economía, tanto en su crecimiento, como en el del empleo y en los ingresos de las familias, debemos apuntalar los esfuerzos por frenar ese gasto desbocado y no que sigamos en lo mismo de siempre en cuanto a paquetes tributarios: sacarle plata a las personas, para que el gobierno siga en su gastadera, con lo que, con el paso del tiempo, de nuevos se tendrá un elevado déficit fiscal.

La ministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar, entre diversas medidas propuestas y que está llevando a cabo para contener el gasto (además de que pretende aumentarnos los impuestos), ha planteado tres recomendaciones que la Asamblea Legislativa (al momento de escribir esto el 18 de junio) aprobaría con un contenido diferente al de ella, lo cual afectaría su impacto beneficioso, en cuanto ordenar al gasto público.

La primera tiene que ver con las anualidades. La proposición de la ministra es que, en vez de que sea en un porcentaje del salario, consista de un monto fijo pagadero cada año. La propuesta actualmente discutida en la Asamblea, si bien rebaja el porcentaje hoy pagado por anualidades a un rango entre un 1.94% y 2.54% sobre el salario base, la de la ministra, quien ya ordenó modificarla mediante una resolución para los funcionarios del Gobierno Central, es de un monto fijo independiente del salario. El problema radica en que el proyecto en la Asamblea implica un crecimiento constante en la erogación, al ser un porcentaje sobre los salarios, no así en la decisión ministerial.

Por otra parte, la medida en la Asamblea, a diferencia de la de la ministra, que cubre sólo a los empleados del Gobierno Central, alcanza a todo el sector público, en donde es notorio el elevado porcentaje pagado en algunas entidades de ese sector, de hasta un 10% y, en todo caso, con porcentajes superiores a los del Gobierno Central.

La diferencia por la forma en que se pagarían las anualidades entre el proyecto en la Asamblea y la medida de la ministra, se refleja en que la de la ministra le ahorraría un estimado de ₡96.000 millones en cuatro años, comparada con la idea de aplicar un porcentaje al salario base, según parece indicarlo el medio periodístico.

Por tanto, la mejor propuesta sería, ante las circunstancias de las dos alternativas formuladas (que siempre se podrían mejorar en cuanto a tener un impacto mayor de reducción del gasto), es acoger la propuesta de la ministra de un monto fijo independiente del salario base, a la vez que se amplía la cobertura de la propuesta a todo el sector público y no sólo al gobierno central.

El segundo tema de divergencia trata del plus la dedicación exclusiva. Aquí, mientras la propuesta de Hacienda es que los nuevos empleados obtengan un 10% del salario base para bachilleres universitarios y de un 25% para licenciados, la propuesta legislativa actual es de 20% para bachilleres universitarios, de 55% para licenciados y de 30% para docentes en las universidades (públicas, supongo).

Como también este plus se fija por decreto y no por ley, ya la ministra puso en marcha su propuesta, que entonces se echaría para atrás de aprobarse la versión legislativa. El medio no informa cuánto más sería el costo por dedicación exclusiva si se aprueba la sugerencia legislativa y tampoco indica el monto si se aprobara de Hacienda.

Mi sugerencia es que la ley adopte la propuesta del ministerio de Hacienda en lo referente a los porcentajes por dedicación exclusiva y, si es que el planteamiento vigente en la Asamblea es para todos los empleados y no sólo para los nuevos, como lo plantea la reforma de Hacienda, que se acoja lo sugerido actualmente en el Congreso. Asimismo, que se excluya del rango de ley y que se aplique la reforma en cuanto a que sea posible variarlo mediante acto administrativo, con los porcentajes correspondientes propuestos por Hacienda.

En lo referente al plus por prohibición, la divergencia es en lo que se refiere a los porcentajes aplicables sobre el salario base. Hacienda sugiere un 15% para bachilleres universitarios y un 30% para licenciados y el proyecto legislativo actual propone un 30% y un 65%, respectivamente.

Aunque el medio no indica por separado el monto que se ahorraría con esta reforma al plus por prohibición, señala que “por las reformas en dedicación y prohibición, el Gobierno aspiraba a ahorrarse ₡2.657 millones anuales.”
Antes de pensar en nuevos y mayores impuestos, es crucial que se haga un esfuerzo significativo de disminución del gasto público.

Publicado en mis sitios de Facebook jorge corrales q y Jcorralesq Libertad, el 29 de junio del 2018.