He aquí la secuencia de la primera parte publicada ayer y útil ante el rebrote del proteccionismo en nuestro país.

PROTECCIONISMO Y DESEMPLEO-SEGUNDA PARTE

Por Hans F. Sennholz
Fundación para la Educación Económica
Viernes 1 de marzo de 1985

Nota del traductor: Tal como lo indicara el día de ayer, al ser este valioso ensayo de Sennholz relativamente extenso como para ponerlo de una sola vez en Facebook, he optado por presentarlo en dos partes: la primera ayer y, la segunda, hoy.

LAS RESTRICCIONES AL COMERCIO OFRECEN UN ALIVIO TEMPORAL

Las restricciones al comercio pueden temporalmente crear nuevas oportunidades de empleo en una industria protegida, mientras que otras industrias se ven obligadas a contraerlo. Pero, incluso en la industria protegida, no genera empleo a largo plazo, pues las raíces de la causa del desempleo continúan operando. Las industrias básicas que sufren de estancamiento y desempleo son generalmente industrias sindicalizadas, con salarios y beneficios muy por encima de la compensación de un mercado sin sindicalización. Los sindicatos imponen sus tasas salariales por medio de una restricción de la competencia en el empleo; el efecto básico es el desempleo. Aplican sus presiones incesantemente, hasta que se encuentran inmersos en la depresión y el desempleo. Pedir que se les rescate y que se les otorgue protección ante la competencia extranjera, es invitar a una nueva restricción y a más desempleo.

En un estudio profundo, recientemente M. Kreinin demostró que, en 1982, la compensación laboral en la industria estadounidense del automóvil, equivalía a un 165 por ciento de aquellas de todas las manufacturas. Para ser competitiva con los fabricantes japoneses, concluyó él, la compensación establecida por el Sindicato de Trabajadores Unidos de los Estados Unidos tendría que reducirse en un 24 por ciento, lo que aún dejaría su compensación un 25 por ciento más alta que el promedio de la manufactura estadounidense. Similarmente, los salarios y los beneficios de los trabajadores de la producción de hierro y acero, equivalen a un 189 por ciento de aquellas en todas las manufacturas. Para restaurar la competitividad con el Japón, tendrían que reducirse en un 39 por ciento, todavía un 15 por ciento por encima del promedio de la manufactura estadounidense. [5] Pero, tal solución al desempleo crónico en la industria del acero y del automóvil no está siendo considerada. En vez de ello, sus voceros están clamando con mayor intensidad por una protección, ante la “injusta” competencia externa.

Las barreras comerciales destruyen más empleos que los que crea. Aun así, han retenido su popularidad, debido a que la mayoría de los trabajadores está convencida de que protege a sus tasas de salarios, de la competencia de una mano de obra de bajo costo. Sin esas barreras arancelarias, muchos estadounidenses así lo creen, los productos extranjeros producidos con mano de obra barata inundarían los mercados y obligaría al trabajador estadounidense a sufrir recortes salariales significativos o bien encarar el desempleo. Se dice que el libre comercio es ventajoso sólo entre países que tienen tasas de salarios similares y estándares de vida parecidos, pero, se piensa que sería dañino para gente que tiene salarios altos y que comercian con gente que gana menos. Los estadounidenses y los canadienses pueden comerciar entre sí, porque son similares en cuanto a ingreso y condiciones de vida; pero no deben comerciar con los mexicanos, quienes llevan a cabo una competencia injusta debido a sus salarios paupérrimos y que haría que cayeran las condiciones de vida de los Estados Unidos.

Hay pocos argumentos en favor de la protección que sean más populares y, sin embargo, son engañosos y falaces. Cuando se llevan a su conclusión lógica, el argumento de la tasa de salarios impide todo comercio entre fronteras políticas, pues no existen dos países que sean idénticos en cuanto a productividad e ingreso del trabajo. Las tasas de salarios en los Estados Unidos son generalmente superiores a las de Canadá, lo cual daría lugar a llamados a favor de la protección gubernamental de los Estados Unidos, ante la competencia de bajo costo laboral del Canadá. Las condiciones laborales pueden diferir de estado a estado, sí, de comunidad a comunidad. Las tasas de salarios en el estado de Nueva York son generalmente más altas que las de Maine o Mississippi, lo cual daría lugar a llamados para la intervención gubernamental a favor de la mano de obra de Nueva York.

DIFERENCIAS EN LA PRODUCTIVIDAD E INGRESO CONDUCEN AL COMERCIO

Bajo la libertad, las diferencias en la productividad laboral y en el ingreso conducen a los intercambios de bienes y servicios. Tal como la desigualdad en los individuos da lugar a la división del trabajo del hombre, de igual forma su desigualdad en la productividad y el producto nacional conduce a la división internacional del trabajo y a los intercambios de bienes. Ya Adam Smith enseñó que es ventajoso para un país especializarse en la producción de esos bienes en los que tiene una ventaja en el costo. David Ricardo agregó la ley del costo comparativo, de acuerdo con la cual es también ventajoso para un país especializarse en aquellos ítems en los cuales tiene una ventaja comparativa.

Para cosechar las ventajas de una división internacional del trabajo, un país puede concentrarse en producir con la máxima ventaja comparativa, importando incluso algunos ítems que pueden ser producidos internamente a un costo menor que en el extranjero. [6] Las mejoras en la división internacional del trabajo elevan la productividad de la mano de obra y, siempre que las restricciones institucionales hayan creado desempleo, en la realidad puede elevar a alguna mano de obra por encima del límite de posibilidades de empleo y, por tanto, que se creen empleos.

La posición competitiva de una industria puede depender de la composición capital-trabajo del producto. Un producto trabajo-intensivo, como un mantel tejido a mano, puede manufacturarse con mayor ventaja en un país de salarios bajos. Un producto capital-intensivo, que requiere la aplicación de grandes sumas de capital, puede manufacturarse más eficientemente en el país que tenga la mayor oferta de capital per cápita y las tasas de interés más bajas. Los manufactureros de Hong Kong, en donde las tasas de salarios son bajas en comparación con los estándares de los Estados Unidos, poseen una clara ventaja en la producción de tejidos a mano; los manufactureros de los Estados Unidos, quienes se benefician de mercados de capitales eficientes y de costos de capital relativamente bajos, tienen una ventaja clara en costos de manufactura de productos capital-intensivos, por ejemplo, de aeroplanos de $50 millones.

Las ventajas comerciales pueden cambiar cuando cambian los costos de los factores. En donde el capital es formado y puesto a disposición a tasas de interés siempre menores, las industrias capital-intensivas es posible que prosperen y se expandan. En donde la sociedad y sus instituciones políticas consumen capital productivo, es de esperar que las industrias se contraigan y que liberen mano de obra. Cuando la Toyota puede obtener capital para su modernización y expansión a un 7 por ciento, mientras que la General Motors se ve obligada a pagar el 14 por ciento en un mercado de capital desgastado, es muy obvio que la Toyota continuará expandiéndose o empleando más mano de obra, mientras que es de esperar que la General Motors se contraiga y despida algo de mano de obra.

MUCHOS FACTORES AFECTAN EL GRADO DE COMPETENCIA

Los costos de capital y trabajo son simplemente dos de los muchos factores que determinan la competitividad de una industria. Hay muchos otros factores, tales como los métodos de producción y el estado de la tecnología, los costos de transporte de materiales y suministros y de productos hacia sus mercados, la regulación gubernamental, los impuestos, costos medioambientales y otros costos institucionales. Un cambio en alguno de ellos, en casa o en el exterior, puede materialmente alterar la posición competitiva de una industria. La formación de capital per cápita de la población generalmente eleva la productividad del trabajo y reduce el desempleo; el consumo de capital reduce la productividad del trabajo y deprime las tasas de salarios. En donde la mano de obra se resiste a la reducción e insiste en una remuneración que excede a las tasas de mercado, invita a un desempleo masivo.

Es significativo que los gobiernos generalmente no protegen industrias con tasas de productividad y salarios relativamente bajos, industrias con una gran cantidad de mano de obra no calificada. En los Estados Unidos, esas industrias se ven obligadas a trabajar con grandes dificultades creadas por una legislación de salarios mínimos. El gobierno de los Estados Unidos, bajo la influencia de poderosos intereses laborales, aparentemente prefiere importaciones extranjeras provenientes de países con bajos salarios, como Corea, Hong Kong y Taiwán, por encima de la producción doméstica en el Sur y, en especial, de Puerto Rico. Pero, está otorgando una protección considerable a industrias que se conoce pagan las tasas de salarios más altas en el mundo.

Al gobierno de los Estados Unidos lo guía la doctrina del “no daño,” la que dio lugar a la “cláusula de escape” cuando se reporta un daño, y a los “puntos de riesgo,” por debajo de los cuales no deben reducirse los aranceles a la importación. El proteccionismo es visible en la asistencia por ajustes comerciales que se otorga a trabajadores, en acuerdos con exportadores extranjeros, en el establecimiento de la Comisión Internacional de Comercio, y en otras concesiones otorgadas a intereses que tienen influencia legislativa. El proteccionismo surge siempre, de nuevo, a partir de los esfuerzos de “coaliciones distributivas,” que usan el poder político para restringir la competencia y la producción.

LAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS Y EL JAPÓN

Los proteccionistas en los Estados Unidos gastan gran parte de su tiempo y esfuerzo preocupándose y quejándose acerca de las prácticas comerciales japonesas. Enfocan su inquietud en Japón, con el cual los Estados Unidos tienen un enorme déficit en su balanza de mercancías. Según el Reporte Anual 1976-1983 del Consejo de Asesores Económicos del gobierno de los Estados Unidos, el déficit era de $95 miles de millones, primariamente como resultado de las ventas japonesas de textiles, televisores, automóviles, motocicletas, radios, equipo fotográfico, grabadoras, relojes, máquinas-herramientas y acero. [7] Una historia en la tapa de Business Week lo llama “El Problema Oculto de los Estados Unidos: El Enorme Déficit Comercial Está Socavando el Crecimiento y los Empleos en la Exportación.” (29 de agosto de 1983).

Las quejas estadounidenses acerca de las prácticas comerciales japonesas pueden tener algún mérito, pero no conducen a las conclusiones a que llega Business Week y otros proteccionistas. No justifican convertir al Japón en el “chivo expiatorio” de los déficits comerciales, por el cual el principal responsable es el gobierno de los Estados Unidos. Después de todo, es un hecho innegable que las restricciones comerciales de los Estados Unidos limitan completamente a compradores japoneses, de participar en mercados estadounidenses importantes y, por tanto, infligen pérdidas visibles, no sólo a productores estadounidenses, sino también sobre el pueblo japonés, como consumidores. Los déficits comerciales pueden surgir por diversas razones, entre las cuales las políticas disruptivas conducidas por el gobierno de los Estados Unidos no deben ser pasadas por alto.

Existe un poder trascendental en el ejemplo. El liderazgo de los Estados Unidos en la formulación de la política internacional puede estar disminuyendo, debido a que el ejemplo de los Estados Unidos no es convincente. Ciertamente, los Estados Unidos no son una nación de libre comercio; el gobierno de los Estados Unidos ha entrado en arreglos comerciales internacionales en cacao, café, hule, azúcar y té. Ha edificado mecanismos que disparan precios protegidos en el acero e impuesto cuotas “voluntarias” a la exportación de autos y textiles hacia los Estados Unidos. La industria marítima, representada por el sindicato de marinos y de los constructores domésticos que tienen sindicatos, ha logrado obtener legislación que obliga a los productores de petróleo de Alaska, a enviar sus productos hacia los Estados Unidos, en tanqueros estadounidenses de alto costo, hacia destinos no económicos en los Estados Unidos. La legislación golpea duro a los niveles de vida del Japón, al alejar a los japoneses del petróleo crudo de Alaska. Se estima que, en condiciones de libre comercio, se esperaría que ellos compraran unos $15.000 millones anualmente, lo cual eliminaría completamente el déficit en la balanza comercial con el Japón. [8]

El pueblo japonés debe importar casi todo su petróleo. En un mundo libre, sin las limitaciones de barreras comerciales, los productores de Alaska serían sus proveedores de menor costo. En el mundo político de las restricciones comerciales, los intereses especiales de los Estados Unidos les niegan a ellos el acceso al mercado de Alaska. La Ley de Autorización del Oleoducto Trans-Alaska de 1973 y las reformas de 1979 a la Ley de Administración de Exportaciones, cerraron literalmente la puerta de Alaska a los extranjeros, y les obligó a conseguir suministros en mercados muy distantes de Arabia y África. Es obvio que los cargos por barril transportado de petróleo saudita, son sustancialmente más altos que los del petróleo de Alaska, y materialmente más elevados para el petróleo de Alaska que se envía a las costas oeste y del golfo en los Estados Unidos, que por el petróleo que se envía a Japón.

COSTOS DE ENVÍO MÁS ALTOS

Los costos de transporte más elevados elevan visiblemente el costo total, lo que incrementa los precios mundiales, reduce la productividad de la mano de obra y afecta al bienestar económico. Pero, unos pocos hombres de mar y constructores de barcos estadounidenses están disfrutando de una ganancia imprevista gracias a la disrupción del comercio. Se estima que más de un 90 por ciento de la capacidad de transporte marítimo de los Estados Unidos, medida por tonelaje de peso muerto, y probablemente que la mitad de los marinos estadounidenses sirven para llevar petróleo de Alaska hacia los puertos de los Estados Unidos. [9]

Nociones de pleno empleo y favores a la mano de obra sindicalizada han conducido al gobierno de los Estados Unidos a imponer un embargo, no sólo de los envíos del crudo de Alaska, sino también a la venta de madera al Japón. Hay 20.000 aserraderos en Japón, que suplen viviendas y muebles a 120 millones de personas, pero la legislación aprobada en los Estados Unidos en 1968 prácticamente los excluye de los mercados estadounidenses. Prohíbe las exportaciones de madera no tratada obtenida en tierras de propiedad federal, lo cual equivale a alrededor de un 65 por ciento del inventario de trozas de madera suave de los Estados Unidos, y dicta que tales trozas deben ser procesadas previo a su exportación. Incluso la ley prohíbe la “sustitución,” esto es, la compra de madera federal por comerciantes estadounidenses, que exportan madera cortada en tierras privadas. [10]

Ciertamente, tales medidas no reducen el déficit del comercio de mercancías de los Estados Unidos, ni tampoco mejoran las relaciones entre Japón y los Estados Unidos. No obstante, continúan surgiendo de la noción primitiva de que la prohibición de exportar trozas obliga a los extranjeros a comprar productos terminados y, por tanto, que se crea empleo entre los procesadores de la madera y los fabricantes de muebles. Afortunadamente, las fuerzas políticas no producen ventas y empleo; ambos obedecen sólo a las leyes del mercado. La legislación maderera, en la realidad, ha disminuido el empleo en la industria de la madera estadounidense e impide el empleo en la corta y transporte de madera al Japón. Sirve para reducir la productividad marginal de la mano de obra, reduciendo las tasas de salarios en ambos, los Estados Unidos y el Japón, y, en el tanto en que los trabajadores se resistan a la presión a la baja, contribuyen al desempleo masivo. Pone el malentendido interés de un poderoso grupo de intereses especiales, por delante del interés nacional, y les da mucha munición a los neo-mercantilistas, para que se pasen quejando de los desbalances en el comercio de mercancías.

“COMPRE HECHO EN LOS ESTADOS UNIDOS”

Hay muchas más barreras al comercio de los Estados Unidos con Japón y otros países. Probablemente las más notorias son las leyes de “Compre Hecho en los Estados Unidos,” que le dan preferencia a productos domésticos en los contratos del gobierno federal y de los gobiernos estatales. A las agencias federales se les requiere que paguen hasta un 6 por ciento más por los productos hechos en los Estados Unidos. El programa de ayuda federal a los sistemas de transporte masivo requiere que sólo se utilicen materiales estadounidenses. El programa de ayuda internacional require que, al menos, el 50 del tonelaje bruto de todas las mercancías financiadas con esos fondos, sean transportadas en barcos estadounidenses. Al menos 18 estados restringen el uso del acero y del aluminio del extranjero y exigen la compra de productos domésticos.

Muchos requieren que las licitaciones del estado contengan una cláusula que restringe el uso de materiales extranjeros y ordenan el uso de productos hechos en Estados Unidos. Muchas autoridades locales imponen códigos de construcción, que prohíben el uso de materiales extranjeros.

Innumerables códigos y regulaciones federales impiden o limitan las importaciones de productos agrícolas, tales como carne, productos lácteos, naranjas mandarinas y azúcar. En años recientes, el gobierno buscó imponer restricciones voluntarias a ventas desde el exterior, que eran tan voluntarias como la exigencia que haga un juez de órdenes temporales de restricción. En meses recientes, finalmente se dejó de lado el cuento del voluntarismo. La protección ante la competencia externa ahora cubre a todas las industrias básicas que se ven obligadas a competir en los mercados estadounidenses. Eso les cuesta a los consumidores de los Estados Unidos precios más altos en un equivalente de muchos miles de millones de dólares. Un estudio reciente estimó los costos, para 1980, en más de $58 miles de millones; o sea, $255 por cada consumidor estadounidense. [11] Desde ese entonces, posiblemente se han más que duplicado. Sus costos a los trabajadores estadounidenses en términos de una menor productividad de la mano de otro y de tasas de desempleo más elevadas, sólo pueden ser estimados.

Las presiones a favor de la protección frente a la competencia externa continúan creciendo en los Estados Unidos y en otros países. Grupos bien organizados, especialmente sindicales, utilizan el aparato político para obtener ganancias económicas mediante la fuerza política. Incapaces de competir eficientemente y sufriendo de la depresión y del desempleo, antes los cuales ellos niegan toda responsabilidad, buscan refugio en el gobierno y sus poderes coercitivos. Escandalosamente demandan protección ante la competencia extranjera, la cual es considerada como responsable de sus dificultades. No obstante, los economistas saben que el desempleo masivo, sin importar qué tan doloroso puede ser, no puede ubicarse en las puertas de los extranjeros. Es un mal auto-infligido por un intervencionismo radical, que no puede ser aliviado con políticas de empobrecer al vecino. El proteccionismo tan sólo lo exacerba.

NOTAS AL PIE DE PÁGINA

[1] Constatar los siguientes trabajos teóricos: Gottfried Haberler, The Theory of International Trade (London: Hodge, [1933] 1936); también ver su Survey of International Trade Theory, edición revisada y aumentada, (Princeton University International Finance Section, [1954] 1961); James E. Meade, The Theory of International Economic Policy, Vol. 2; Trade and Welfare (New York: Oxford University Press, 1955); Ragnar Nurkse, Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries (New York: Oxford University Press, [1953] 1962); Jacob Viner, Studies in the Theory of International Trade (New York: Harper, 1937); Leland B. Yeager & David G. Tuerck, Foreign Trade and U.S. Policy: The Case for Free International Trade (New York: Praeger Publishers, 1976). También, ver el trabajo clásico de Frank W. Taussig, The Tariff History of the United States (New York: Putnam, [1888] 1931).
[2] Ver Melvyn B. Krauss, “Ill Fares the Welfare States,” Policy Review 18 (Otoño, 1981), p. p. 133-38; también, The New Protectionism: The Welfare State and International Trade (New York: New York University Press, 1978).
[3] Robert B. Reich, “Beyond Free Trade,” Foreign Affairs 61 (Primavera de 1983), p. p. 773-804; Bob Kuttner, “The Free Trade Fallacy,” New Republic, 28 de marzo de 1983, p. p. 16-21; G. William Miller, ed., Regrowing the American Economy (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1983); Leonard Silk, ...The Economists, (New York: Avon Books, 1978); ver también Allied Industrial Worker, periódico oficial del sindicato Allied Industrial Workers of America (AFL-CIO) International Union, Milwaukee, Wisconsin; setiembre de 1984; CWA News, Trabajadores de la Comunicación de los Estados Unidos, AFL- CIO, Washington, D.C., setiembre de 1984.
[4] Ver Melvyn B. Krauss, Development Without Aid (New York: McGraw-Hill, 1983), especialmente el capítulo 7.
[5] Mordechai E. Kreinin, “Wage Competitiveness in the U.S. Auto and Steel Industries,” Contemporary Policy Issues 4 (enero de 1984), p. p. 39-50.
[6] Constatar, David Ricardo, Works and Correspondence, Editado por Piero Sraffa (Cambridge University Press, 1951-1955), Vol. I, On the Principles of Political Economy and Taxation.
[7] Council of Economic Advisers, Annual Report (Washington, D.C.: Government Printing Office, 1984).
[8] Beth deHamel, James R. Ferry, William W. Hogan, & Joseph S. Nie, Jr., The Export of Alaskan Crude Oil.’ An Analysis of the Economic and National Security Benefits (Cambridge, Mass.: Putnam, Hayes, and Bartlett, Inc., 1983).
[9] Steve H. Hanke, “U.S.-Japanese Trade: Myth and Realities,” Cato Journal, 3/3, Invierno de 1983/84, p. 762.
[10] Barney Dowdle & Steve H. Hanke, “Public Timber Policy and the Wood-Products Industry,” en Forest Lands, Public and Private, editado por M. Bruce Johnson & Robert Deacon (Cambridge, Mass.: Ballinger Publishing Co., 1984).
[11] Ver Murray L. Weidenbaum, Business, Government and the Public, 2a. edición (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1981), p. p. 253-55; también, “The High Cost of Protectionism,” Cato Journal, Ibid, p. p. 777-791.
Para abolir la determinación del mercado de los salarios -esto es, el carácter de mercancía del trabajo- sería necesario destruir la empresa privada y acudir al socialismo. Entonces, el trabajador sería verdaderamente una propiedad. Ya no más dependerían sus salarios de su habilidad personal para hacerse útil, determinado en última instancia por el estado actual de la productividad industrial, sino de la voluntad de su amo político, ante cuya decisión no habría apelación. Nadie estaría en capacidad de elegir su ocupación e incluso su lugar de residencia; él tendría que trabajar en una tarea asignada, cualquiera y adonde fuera que la hubiera, ante el mandato del mismo amo político.
La verdadera “Carta Magna” del trabajo yace en el propio hecho de que la mano de obra es “un bien o un artículo de comercio,” y no un peón en un juego totalitario.

Tomado de The Guaranty Survey, julio de 1956.

Hans F. Sennholz (1922-2007) fue el primer estudiante de doctorado bajo Ludwig von Mises en los Estados Unidos. Dio clases de economía en el Grove City College, entre 1956 y 1992, siendo nombrado director del departamento a su arribo. Después de que se retiró, llegó a ser presidente de la Fundación para la Educación Económica, entre 1992 y 1997.