OTRO MAL EJEMPLO DE MALA PLANIFICACIÓN EN EL ESTADO

Por Jorge Corrales Quesada

Cuando las cosas se hacen incompletas -a medio palo, como decimos por aquí- suelen presentarse consecuencias onerosas, que incluso limitan seriamente la posibilidad de que el proyecto realizado hasta ese momento sea rentable, que impide que los recursos allí utilizados, se hayan dedicado a otra inversión alternativa que sí lo fuera.

Resulta que, después de más de dos décadas de espera por los beneficiarios potenciales, en julio pasado se terminó la construcción de un canal de riego de 32 kilómetros en la zonas de Cañas y Abangares, que trasporta agua proveniente del embalse de Arenal para usarla en irrigar partes conocidas por su falta de agua para el riego de cultivos. A ese canal ampliado se le conoce como la extensión del canal sur y favorecería con el riego a aproximadamente unas 8.600 hectáreas.

El costo de ese proyecto (o extensión del canal sur) lo financió el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por un monto de $15 millones para hacer el canal principal, que se terminó en julio pasado. Resulta que falta una parte crucial de los canales secundarios que llevarían el agua a una parte importante de la zona. Así, se ha señalado que el canal principal llevaría agua a fincas aledañas que suman alrededor de 2.000 hectáreas, pero las restantes 6.600 que serían beneficiadas no podrán tenerla, pues no están hechos los canales secundarios. Se estima que esta obra no construida requiere de $7.5 millones adicionales.

Las autoridades del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), responsables del proyecto, hace dos años pidieron un préstamo por esa parte al BCIE, el cual rechazó la solicitud, pues determinó que las tarifas que SENARA cobraría no eran suficientes “para atender la deuda principal y los otros $7.5 millones.” Así lo señala La Nación en un artículo titulado “Falta de obras secundarias impide usara canal de riego: Proyecto de $15 millones en Guanacaste se terminó en julio.”

Un proyecto debe ser rentable, de forma que, si se ha llevado a cabo con fondos que se pidieron prestados, puedan repagarse, incluyendo el costo de los intereses. Pero aquí no parece ser así, pues lo que indicaría es un subsidio al usuario del riego.

Ahora se tiene un proyecto que todavía no puede operar plenamente, pero debe ser cancelado a quien prestó los fondos (el BCIE). Lo usual es que los responsables busquen cómo financiar al resto, pero hasta el momento no se ha tenido éxito y, entre tanto, una elevada porción de los beneficiarios potenciales (un 77%, medido en términos de las hectáreas) no recibe agua alguna. Tendrán que seguir esperando... bueno, ya han esperado por 25 años, pues que, entonces, sigan en ello... Es la impresión que nos deja la indecisión del estado... ¡Qué irresponsabilidad burocrática!

Publicado en mis sitios de Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 29 de setiembre del 2017.