EL ESTADO INEFICIENTE-EXIGUA REFORMA EN EL EMPLEO PÚBLICO
Por Jorge Corrales Quesada

Ya conocemos qué tan irresponsable es este gobierno en cuanto a arreglar el problema del excesivo gasto gubernamental que ha provocado un elevado déficit. Ha pretendido -y casi que ha fracasado- resolverlo simplemente aumentando los impuestos, y muy poco eliminando la raíz del problema, cual es un gasto público disparado.

Por ello, no es de extrañar la conducta de los gobernantes actuales en torno a eliminar una serie de privilegios asociados con las relaciones laborales dentro del gobierno, que hacen que los gastos totales por los llamados pluses constituyan un fuerte disparador dentro de la partida de remuneraciones.

La mejor prueba de que este gobierno no tiene interés en enfrentar decididamente una solución a este vicio, que entrampa el sistema salarial del sector público, son las razones que nos brinda, en palabras del ministro de la presidencia, don Sergio Alfaro, cuando plantea un reforma muy leve en contraste con la que habían planteado los diputados de la oposición en la Asamblea Legislativa alrededor de este tema. Dice don Sergio que “el plan oficial se construyó con la expectativa de hacerlo más viable políticamente, pues se eliminaron aspectos polémicos que podrían paralizarlo.” Pero, el hecho es que es tan suavecito, que parece haber nacido difunto. Y todo por no encarar una oposición a la reforma requerida, lo cual era obvia que surgiera, pues es natural que cuando se quitan privilegios, genera disgusto y malestar entre los beneficiados. Pero, para ese tipo de decisiones es que se requiere que el gobierno sea firme y justo en sus planteamientos y no acomodarse ante el malestar que esas medidas indudablemente generan.

El comentario aparece en La Nación del 22 de agosto y se titula “Gobierno plantea reforma ‘light’ en empleo público: Ajustes que presentó al Congreso se quedan cortos ante proyecto de la oposición’. Demuestra el contraste, señalando las diferencias y similitudes entre los dos proyectos presentados por el gobierno y por diputados de la oposición ante la Asamblea Legislativa.

Veamos en qué aspectos hay similitud entre las dos propuestas indicadas de reforma al empleo público:

1.- Se plantea un salario máximo mensual en el sector público de ₡4.2 millones.

2.- La prohibición que se paga para que el funcionario no trabaje en otros asuntos será de un 25% a los bachilleres universitarios y de un 60% a los licenciados o de grados superiores.

3.- La anualidad mayor que se pagaría sobre el salario base sería de un 2.54%, para aquellos que sean evaluados como muy buenos.

A su vez, aparece lo que no se incluyó en el planteamiento del gobierno y que formaba parte de la propuesta de la diputada Sandra Piszk, que la oposición ha acuerpado:

1.- El pago del plus por disponibilidad sería de un máximo del 35% del salario base, que hoy oscila entre un 5% y un 50% del sueldo del empleado (en mi opinión, ese máximo tardará poco en ser generalizado; de forma que debe mantenerse el rango del 5% a un máximo del 35%).

2.- La oposición había propuesto que los pagos por zonaje, regionalización o desarraigo fueran sólo por uno de ellos y no simultáneamente con alguno de los otros dos. (De paso, en negociaciones actuales en el MEP, se está pretendiendo aumentar este tipo de pagos con base en nuevas e increíbles razones).

3.- Que la cesantía que se paga sea igual que para los empleados privados; esto es, por ocho años (un salario por cada uno de los ocho primeros años laborados). Se sabe que en partes del sector público tal pago por cesantía es hasta por 20 años.

4.- Se eliminarían los pagos por discrecionalidad y confidencialidad, pues lógicamente se supone que debe existir un comportamiento correcto del funcionario en tal sentido.

5.- Tampoco la propuesta gubernamental incluye una reforma a lo que se llama pagos por años acumulados (el bienio y el quinquenio), que hoy día se efectúan.

6.- No se elimina el pago por carrera profesional (es diferente del pago por prohibición que sí se incorpora tanto en la propuesta gubernamental como de la oposición). Este pago “equivale a ₡1932 por cada punto por estudios realizados, a quienes laboren como mínimo medio tiempo y tengan, al menos, el grado de bachillerato universitario.

7.- En cuanto a convenciones colectivas, se excluye de la propuesta del gobierno que se deban renegociar y que caduquen si las partes no las renegocian.

Es útil destacar que la Contraloría había estimado que la propuesta de la oposición ahorraría ₡270.700 millones al año en las instituciones descentralizadas, lo que disminuiría las obligaciones de trasferencias del gobierno central a esas entidades, y de ₡13.500 millones anuales en los gastos propios del gobierno central.

Todo se resume en un par de hechos concretos: (1) que el gobierno central no muestra un interés verdadero para entrarle al problema de fondo en cuanto a su déficit, cual es el exceso de gasto y (2) que el gobierno persiste en su insistencia reducir ese déficit mediante nuevos y mayores impuestos sobre los ciudadanos. Los demás es pura palabrería hueca.

Publicado en mis sitios de Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 22 de setiembre del 2017.