Por Jorge Corrales Quesada

Francamente, ¿por qué el estado tiene que estar metido haciendo cosas que muy posiblemente serían más eficientemente si se llevaran a cabo por la empresa privada? Tal es el caso de la “saca de guaro,” como diría un folklorista para denominar a la sonora Fábrica Nacional de Licores, que no se cierra o se vende porque es fuente de ingresos para mantener a un ente que parece no estar haciendo nada, el Consejo Nacional de Producción. El gobierno, para no cerrarlo, lo puso a ser el único proveedor y obligatorio en comprarle a otros entes estatales (hospitales, escuelas, cárceles, entre otros), los cuales han perdido sus posibilidades de contratar competitivamente entre diferentes proveedores. Eso, como era de esperar, ya se refleja en mayores precios -y otros problemas- para los usuarios finales (y para los presupuestos de los entes, que, de una manera u otra, trasladarán el costo de ese mayor gasto a la ciudadanía).

Ha trascendido (ver artículo de La Nación del 12 de julio titulado “Gobierno analiza alquilar FANAL [siglas de Fábrica Nacional de Licores]: Fábrica necesita ₡2.400 millones para reconvertirse) que el gobierno pensaría en alquilarla a un tercero tal como la Liga Agrícola e Industrial -el cartel del azúcar en el país- por un monto que serviría para realizar un inversión adicional necesaria de FANAL por ₡2.400 millones.

Surgen muchas preguntas, a la luz de lo que el ministro de agricultura Arauz le dijo al periódico, cual es que “estamos seguros de que generará alguna resistencia interna,” pero también posiblemente surgirá de los ciudadanos, dueños en última instancia de FANAL. La primera pregunta que hago es si no se trata de un proceso de control pleno de LAICA de la producción de alcohol crudo en el país, dado que es el principal proveedor de alcohol crudo para que lo refine FANAL, además de otro poco suplido por el Ingenio Taboga. La segunda es si el alquiler es la mejor opción para ampliar a FANAL, en donde supuestamente operaría “dos turnos diarios y no solo en uno, con nuevos productos y vendiendo en el mercado externo.” Tal vez sería mejor que esos riesgos los corriera una empresa privada propietaria plena de la actividad, y no que lo asuman los ciudadanos que “continuarían siendo propietarios” (debidamente entrecomillado). Tercera, si es apropiado que se disponga de un bien del estado -FANAL- para alquilarlo a un ente privado, sin ser resultado de un proceso competitivo, en donde se alquilaría a un mejor postor entre diversos posibles oferentes. Cuarta, no es mejor que, antes de alquilarle, FANAL se venda al mejor postor, de forma que los recursos allí invertidos puedan usarse en alternativas mejores y más propias de la función de un estado, que no es la de ser un empresario.

El tema en su momento será objeto de la discusión ciudadana, pero desde ahora debemos estar muy atentos, no sólo en cuanto a que no continúen actividades zombis del estado, como el CNP o FANAL, sino también para que no se “cocine” el asunto sin mediar procesos competitivos, abiertos, de contratación del estado, tal como debe ser.

Publicado en mis sitios de Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 27 de agosto del 2017.