EL ESTADO INEFICIENTE-MÁS CARGAS SOBRE LOS CIUDADANOS
Por Jorge Corrales Quesada

No porque sean, al fin, los últimos, beneficiados del sistema llamado Régimen Transitorio de Reparto (RTR), que es el producto del cierre de los anteriores fondos de pensiones del magisterio en 1992, debemos de estar contentos. Simplemente los 11.035 empleados que presuntamente empezaron a trabajar antes de julio de 1992 y han sido cotizantes del antiguo sistema de la Junta de Pensiones del Magisterio (JUPEMA), podrán pensionarse a los 30 años de servicio y no en función de la edad, con un régimen que es financiado por el Presupuesto Nacional. Recuerden que el RTR surgió cuando de promulgó la Ley Marco de Pensiones, la cual puso algún grado de orden en el sistema de pensiones subsidiadas mediante presupuestos públicos.

De acuerdo con la JUPEMA, éste ente “prevé que en el 2039 se jubile la última persona por el RTR y que el fondo se extinga en el 2086.” El abuso de los privilegios tiene consecuencias mucho más allá de nuestras posibles vidas. Será con fondos presupuestados por Hacienda -esto es, fondos del presupuesto gubernamental- de donde saldrá la plata suficiente para dichas pensiones; esto es, hay buen rato en que saldrán de nuestros bolsillos.

De hecho, cuando esos 11.000 se pensiones, siempre ella será más alta que la contemplada en otros fondos de pensiones básicos, como la de la Caja Costarricense de Seguro Social.

La información se presenta en la edición de La Nación del 17 de mayo y lleva por título “Gobierno cargará con pensión de 11.000 educadores más: Docentes aún trabajan y podrán jubilarse por el régimen financiado con el Presupuesto Nacional.” ¿Mi queja con el titular? Cuando dice “Gobierno cargará”. Mejor decir la verdad monda y lironda: seremos los contribuyentes, los ciudadanos, los que “cargaremos” con ese privilegio.

Según señala JUPEMA, “el 80% de los futuros jubilados aún laboran (sic) en el Ministerio de Educación Pública,” que al cierre del 2015 “el salario promedio de los 11.035 trabajadores fue de ₡1.2 millones.” Indica el periódico que “el RTR de pensiones cerró con 40.980 pensionados el año pasado. El pago de las jubilaciones fue de ₡463.144 millones, de los cuales el Ministerio de Hacienda (nosotros, los ciudadanos contribuyentes) aportó el 90,6% de los recursos, la mayoría proveniente del cobro de tributos” y que “el restante 9,4% (₡43.714 millones) provino de la cotización de los docentes activos y de los pensionados.” Mientras que el aporte mensual al RTR oscila entre un 8,75% a un 16% del salario del trabajador, en el caso de la Caja el aporte equivalente es de un 2,84%. Asimismo, señala el medio, que las pensiones altas tienen una contribución especial al fondo. Dicho aporte va desde el 25% hasta un 75% del tope de jubilación establecido por JUPEMA cada año.”

Es interesante señalar las bases de los beneficios señalados del RTR. Por una parte, de la ley 2428, por la cual, para determinar la pensión del educador, será el mayor salario reportado en los últimos 5 años, incluyendo el promedio de dietas y sobresueldos del período. Asimismo, por la ley 7268, que indica para dicha determinación de la pensión que la base será el promedio de los 12 mejores salarios de los últimos dos años y la ley 7531, la cual dice que será el 80% del promedio de los mejores 32 salarios de los últimos 65 meses. Aunque el medio no lo indica ni la JUPEMA tampoco, me imagino que es obvio que el pensionado escogerá la más elevada de esas tres alternativas.

Publicado en mis sitios en Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 26 de julio del 2016.