EL ESTADO INEFICIENTE-FINCA QUE EL INVU COMPRÓ
Por Jorge Corrales Quesada

Esta es una vieja historia que viene desde el 2011, cuando el INVU compró una finca en el cantón de Alajuelita y acerca de lo cual se pronunció en el 2015 la Contraloría General de la República, mediante la resolución DJ-63-2011 de la División Jurídica de esta entidad, si bien esta ha sido objeto de un recurso de revocatoria y de apelación, los cuales están pendientes de resolver.

Por la llamada finca Boschini en Alajuelita, de acuerdo con la información suministrada por La Nación, en su artículo del 22 de marzo titulado “Contraloría pide sanciones en INVU por compra de finca: Recomienda despidos e inhabilitaciones para cargos públicos contra 14 personas,” se pagó un total de ₡512 millones, a pesar de que se había advertido acerca de problemas con los taludes, que la convertían en un proyecto riesgoso, además de que se alegó la existencia de un sobreprecio de ₡96 millones en su adquisición.

Según el informe de la Contraloría se incumplió con un requisito obligatorio para la adquisición de esa propiedad por parte del INVU, cual es que debería contarse de previo con el avalúo de la Dirección General de la Tributación. Asimismo, se señaló que la Comisión Nacional de Emergencias había advertido desde el 2008, que esa propiedad “no era apta para construir debido a que no hay suficiente espacio, por la cercanía del talud al río. Según la Comisión, por las condiciones topográficas y de alta vulnerabilidad, sólo se podría utilizar un 41% de la superficie para planes habitacionales.” Me imagino que el resto ágilmente lo dedicarán a un parque, aunque puede ser que esa no haya sido la intención inicial al comprar la propiedad, sino porque simplemente no servía para construir viviendas en esa parte de la propiedad.

El medio indica que la adquisición “fue motivo de una denuncia ante el Ministerio Público,” pero no señala de parte de quién y tampoco si el caso ya ha sido resuelto por una entidad, la cual, en opinión de personas, usualmente se tarda en demasía para resolver cosas similares.

Para enredar más los asuntos, la actual administración, en mucho ante la insistencia de grupos de interesados potenciales en obtener vivienda en esa propiedad, en junio del 2015, junto con el ministro del ramo, Rosendo Pujol, estuvieron de acuerdo en que allí se construyeran 15 torres de cuatro pisos cada una, en donde vivirían 285 familias de ese cantón. Debe recordarse que la compra de la finca Boschini se dio en la administración anterior. Si no me equivoco, ese grupo de interés recientemente ha continuado su presión ante el actual gobierno para que ese proyecto se lleve a cabo, a pesar de los costos y de las condiciones señaladas acerca de su pobre topografía y al hecho de que la presidenta del INVU, Sonia Montero, en enero de este año declaró al proyecto de interés público, que no sé qué es lo que implica tal declaratoria, pero con ella se esperaría que el proyecto se ha de realizar.

Fueron muchos los funcionarios del INVU, de distintos niveles de esa institución, y que laboraron en diferentes administraciones, los que fueron sancionados por la Contraloría. Entre ellos destaca la anterior presidenta ejecutiva de la entidad, para quien la Contraloría recomendó que se le impidiera ocupar cargos públicos durante 8 años. Para otros funcionarios de esa entidad se pidió su despido sin responsabilidad patronal e impedimentos para ocupar cargos gubernamentales, así como suspensiones hasta por 30 días. A casi todos los funcionarios sancionados, indica La Nación, la Contraloría “les declara civilmente responsables y ordena al INVU cobrarles daños por ₡96 millones (pagados de sobreprecio)”.

En mi opinión no queda claro aún cómo se resolverán los problemas que surgen por las condiciones topográficas del terreno y si los costos del sobreprecio y de construcción en tales condiciones, permitirán que el precio a los potenciales usuarios les sea asequible. La ciudadanía, en el marco del precio final que se les cobrará a las familias que adquieran vivienda en ese proyecto, no debe ser quien deba pagar alguna diferencia artificial, debido a que el INVU ha incurrido en costos mayores que el precio de las viviendas, que debería de recuperar aquellos costos. Y por supuesto, también se está en espera de una pronta resolución de la Contraloría acerca de la apelación y de la revocatoria que se planteó ante su pronunciamiento.

Publicado en mis sitios en Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 7 de julio del 2016.