EL ESTADO INEFICIENTE-LA SUGEF Y LAS DIRECTIVAS DE LOS BANCOS ESTATALES
Por Jorge Corrales Quesada

La calidad de los integrantes de las juntas directivas de las corporaciones públicas siempre ha estado en el tapete. Por ello, no es de extrañar la noticia que nos brinda La Nación del 12 de enero, el cual lleva por encabezado “SUGEF preocupada por juntas directivas de bancos públicos: Supervisor exigirá más responsabilidades a los directivos a partir de este año.”

No hay duda que, en el caso particular de los bancos estatales, la calidad de los integrantes de sus juntas directivas reviste una importancia peculiar, en comparación con otros puestos de directivas bancarias distintas: la razón es la naturaleza de la actividad bancaria comercial, la cual suele estar relacionada, en un muy alto grado, con la asunción de riesgos y porque usualmente el capital de la entidad no es suficiente para pagar todas las obligaciones (esencialmente depósitos de terceros) en caso de una quiebra. Esa es la razón por la cual se suele considerar que una función del banco central, adicional a su lógica, cual es controlar la emisión de dinero, consiste en la supervisión del sistema financiero.

En lo particular, en nuestro país tal función es llevada a cabo por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), la cual depende del Banco Central, si bien bajo lo que se conoce como “desconcentración máxima”, que viene a significar algo así como totalmente independientes, excepto en algunas cositas que no dejan de ser importantes y que principalmente se relacionan con sus presupuestos y ciertas acciones administrativas, que sólo pueden ser llevadas con el concurso del Banco Central.

Por eso es muy importante la preocupación externada por la SUGEF en torno a las directivas de los bancos estatales. Pero, ¿por qué sólo de las directivas de los estatales y no de los privados? Creo que por un par de razones, una de ellas es sencillamente explicada en dicho artículo por un exbanquero y funcionario público, don Luis Liberman, quien dijo que “en la banca privada los directivos se involucran más, pues, al ser accionistas tienen ‘la carne en el asador’”. En otras palabras, porque el incentivo es cuidar lo suyo, lo propio, de su propiedad: por tanto las medidas o decisiones que estos toman van orientadas a preservar su riqueza propia y, por tanto, se cuidan de cuáles han de tomar, principalmente con una adecuada política ante los riesgos de sus actividades.

Por el contrario, en la banca pública no hay accionistas privados que cuiden con celo lo que es propio, pues en el caso de dichas entidades se suele decir que “todos los costarricenses somos sus dueños”. Eso que suena tan bonito tiene un corolario práctico crucial: entonces, “nadie es dueño”. Esa suele ser la conducta en los entes públicos en los cuales, si acaso, la responsabilidad ante malas decisiones tal vez venga de estrados judiciales, pero no de sus bolsillos, como sí lo sería en el caso de los accionistas-directivos privados en un banco no estatal.

Además, y no es noticia, es un hecho que usualmente los directivos de los bancos estatales -con excepciones como todo- no lleguen allí exclusivamente por sus habilidades como banqueros, sino por sus relaciones políticas con los gobernantes, quienes son los que los ponen en tales posiciones. Por ello es que uno suele observar en tales directivas bancarias a personas cuyo mérito fundamental -y rara vez complementario- sea, por ejemplo, el de haber servido como diputado y, dadas las leyes de reemplazo de las juntas directivas de dichos bancos pasan de diputados a banqueros. No lo digo en demérito de este gobierno, el cual tan sólo ha seguido una práctica de ya muchos años: colocar partidarios políticos en las directivas de los bancos, aunque de ellas conozcan nada o relativamente muy poco.

Son encomiables los propósitos de la SUGEF, encabezada por un muy hábil funcionario público y conocedor de estos asuntos, cual es don Javier Cascante, quien correctamente advierte que les “preocupa el gobierno corporativo de las entidades públicas. El principal actor administrativo de una entidad es su junta directiva. Entonces, es fundamental que las empresas públicas que supervisamos (básicamente los bancos comerciales), estén adecuadamente fortalecidas.” No se trata de exigir rasgos particulares de tales directivos, “pero sí implantar rigurosidad y respaldo técnico a las decisiones bancarias y así impedir ‘ocurrencias,’” señaló el señor Cascante. Impedir ocurrencias o tonteras que bien pueden provocar muy grandes daños a los ciudadanos.

De paso, es interesante mencionar lo que dice otro comentario de La Nación de esa misma fecha y bajo el titular “Sillas cambiaron de nombre en la mayoría de las entidades”, cual es que “La conformación de las juntas directivas de los bancos públicos del país tuvo un masivo cambio el año pasado…Tres de cada cuatro puestos de banca pública (21 de 28) fueron renovados en el 2014.” Pero eso ciertamente no es algo nuevo. Para dichos puestos ya sabemos que se aplica aquella vieja frase: “el botín va para los victoriosos”. (Frase que se le atribuye a un político estadounidense, el senador por Nueva York, William L. Marcy, quien en 1828 las pronunció). Esencialmente, lo que en estos momentos tenemos es una característica propia de un sistema político basado en el otorgamiento de patrocinios o prebendas para sus seguidores, en vez de ser el mérito para desempeñar cargo tan delicado y especializado, lo que se supone deberían de tener.

Ojalá que los buenos deseos expresados por la SUGEF reciban el apoyo de los ciudadanos, pues van en la dirección correcta para nuestro beneficio. Aparentemente -y afortunadamente- para tales medidas no se requerirá la aprobación de la Asamblea Legislativa. De esta manera, a los diputados no se les va a plantear un problema moral, pues podrían ver a las nuevas propuestas como una limitación a sus expectativas futuras de empleo en el estado: que una vez que venza su período legislativo y queden sin empleo público, de pronto, caiga por ahí -del cielo- un puesto en una junta directiva de un banco estatal, aun cuando no sepan ni cuío de banca ni de riesgos ni nada parecido. En esencia lo que la propuesta busca es reducir la ineficiencia dentro del estado y por ello debemos de apoyarlas. Siempre debemos buscar que el estado sea más eficiente y menos ineficiente.

Publicado el 10 de mayo del 2015.