EL ESTADO INEFICIENTE-GASTO CUIDADANO EN EDUCACIÓN SUPERIOR
Por Jorge Corrales Quesada

Hay un muy interesante artículo del economista Andrés Fernández Arauz, publicado en La Nación del 17 de octubre, bajo el título “¿Cuánto gastan los hogares en educación superior?, que tiene el mérito de mostrar datos consistentes, pues se basan en la Encuesta Nacional de Hogares y no en recopilaciones difusas de montos, acerca de lo que los ciudadanos del país (229.500 hogares) gastaron en el 2013 en educación superior universitaria privada. El monto ascendió a $257 millones, lo cual es muy superior a los $100 millones que don Iván Molina indicó en un comentario de La Nación del 26 de setiembre, en un artículo suyo titulado “Universidades privadas: ganancias y acreditación”.

Señala en su comentario el señor Fernández: “Un último detalle, y que confirma la noción que se tiene de que a las universidades públicas asiste en mayor medida la población de altos ingresos y que a las privadas en su mayoría asiste población de bajos ingresos, se confirma con los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del 2013: (y vean qué importante: este paréntesis es mío) en los dos quintiles más altos de ingreso, de las familias que reportaron gastos en educación superior, un 50% asiste a instituciones públicas (podría ser bastante más, por el porcentaje de no respuesta en estos quintiles) y un 25% a universidades privadas. En cambio, en los dos quintiles más bajos de ingreso de la familias que reportaron gastos en educación superior, la tercera parte asiste a instituciones públicas y poco más a universidades privadas.”

Este es un primer paso para desmitificar el cuento de ciertos políticos, de alguna manera relacionados con los presupuestos estatales de subsidios a la educación superior (el llamado FESE), de qué esa transferencia de dineros de una sociedad relativamente más pobre hacia las universidades estatales, es parte de la llamada “justicia social”; esto es, por ejemplo, se alega que son para becas y cosas similares de los estudiantes pobres. Lo cierto, y el estudio de Fernández, así lo muestra, es que los estudiantes universitarios provenientes de familias relativamente más ricas, asisten en mayor proporción a las universidades públicas -un 50%- que a las privadas -un 25% (la diferencia está dada por quienes no respondieron). Por el contrario, los estudiantes universitarios que vienen de familias relativamente más pobres son quienes en su mayoría asisten a universidades privadas –un 50%- en vez de hacerlo en públicas –un 33% aproximadamente.

Todo esto hace surgir dudas en mi persona, pues, si es cierto, como lo señala el economista Fernández, que los costarricenses gastamos una suma enorme (afortunadamente) en educación universitaria privada, que asciende a ₡144.191 millones ($257.5 millones de dólares), si eso se toma en cuenta a la hora de alegar que el país debe designar un 8% a la educación pública, como, por ejemplo, fue la base de la enorme transferencia que este gobierno recientemente hizo mediante el FESE a la educación pública universitaria. Esto es, si no existiera la educación universitaria privada y los alumnos que hoy reciben educación superior en ella, si lo hicieran en las universidades públicas, ¿cuánto del presupuesto se estaría gastando en educación? Nótese que ni siquiera tomo en consideración el gasto privado en educación privada de primaria, secundaria y preescolar (ni tampoco la no formal ni la vocacional privada). De manera que podríamos estar en presencia de un gasto muy elevado -afortunadamente- de recursos para la educación en nuestro país, pero que lamentablemente tiene un efecto sobre los presupuestos públicos que a creo debe ser parte del análisis de gastos, además de ser perversamente redistributivos: de pobres hacia ricos.

Publicado el 09 de diciembre del 2014.