EL ESTADO INEFICIENTE-ASQUEROSO SUBSIDIO ARROCERO
Por Jorge Corrales Quesada

Cuando uno señala la importancia de bajar los aranceles enormes que nuestro gobierno impone a las importaciones de arroz, uno de los argumentos que se suele esgrimir en contra de esta posición es el siguiente: “Esa reducción de aranceles no beneficia a los consumidores, sino sólo a los importadores, porque así pueden importar más barato el arroz, pero dicha reducción no se la trasladan a los consumidores, quienes siguen pagando el mismo costo que antes”. Evidentemente tal planteamiento es equivocado por las razones que, de nuevo esgrimiré, pero no hay duda que me han obligado a tratar de explicarme si tal posibilidad existe y, de ser así, cuáles serían las razones que estarían mediando para que la rebaja de aranceles no beneficie a los consumidores.

Yo ya conocía la razón de esa inflexibilidad a la baja en el precio del arroz -al menos que se reducía muy poco el precio para el consumidor- cuando escuché una charla hace varios meses del economista Bernal Jiménez, hijo, en la Academia de Centro América, titulada “Análisis de Bienestar sobre el Arroz en Costa Rica”, fechada 27 de agosto del 2014; esto es, “calientito” el estudio. Fue una excelente exposición acerca de las distorsiones que hay en el mercado del arroz en nuestro país, las que han producido una enorme transferencia multimillonaria hacia unos pocos de parte de los consumidores nacionales, principalmente de menores ingresos. La conferencia fue altamente técnica, pero económica mente correcta. Lo que me ha sorprendido es que la dio el economista Jiménez al alero de la Academia de Centro América y que dicha institución, en su carácter de fuente de opinión de temas de economía para el público, no la difundiera ni tampoco la reseñara de manera alguna. Pero, bueno, lo hizo, en parte y de manera altamente resumida, el periódico La Nación en su edición del 13 de octubre recién pasado, en un artículo bajo el encabezado “Fijación de precio mínimo frenó la venta de arroz más barato: Grano costaría hoy entre 3% y 15% menos.”

O sea, lo que nos dice el comentario periodístico es que existe una política gubernamental que impide que el precio del arroz importado más barato por la reducción de aranceles, pueda beneficiar al consumidor. Con esto, es de asumir, el empresario que lo importa se estaría quedando con una mayor ganancia en la importación por la reducción del arancel. Obviamente, en un sistema en donde hay libertad de importación, si con anterioridad no se podía importar el arroz gracias a un arancel (impuesto a la importación) proteccionista que guarnece de la competencia internacional al relativamente ineficiente productor doméstico a los precios mundiales, si ese arancel se rebaja habrá un incentivo para importar arroz desde afuera. En tanto que haya utilidades excesivas, el incentivo es tal que habrá importadores que lo traerán hasta que el precio doméstico haya caído tanto, que las utilidades de esa actividad en el margen ya no se darían. (O sea, al menor precio, hay un momento en que no se importaría más, porque, dada la demanda, en el límite no habría utilidades al realizar tal importación). Pero, entonces, ¿por qué el consumidor no experimentó en su beneficio esa caída de los precios, al reducirse el arancel proteccionista y al disponerse de un mercado bastante competitivo?

Aquí es donde surge la mano peluda del estado, lo que nos permite explicarle a los escépticos de la virtud de la apertura y liberalización comercial, del porqué el precio al consumidor no ha bajado lo suficiente: Antes de mayo del 2013 el gobierno fijaba un precio máximo para el arroz con calidad 80% de grano entero, pero, a partir de esa fecha, el estado consideró que no era deseable en esos momentos “liberalizar” el mercado del arroz; esto es, traer competencia internacional al arroz doméstico. Por ello, mediante un decreto ejecutivo fijó precios máximos y mínimos (Observe bien y lo reitero: “y precios mínimos”). Esto es, quien vendiera arroz -producido domésticamente o importado- no podía hacerlo a un precio menor que el que fijó el gobierno.

Es por lo anterior que una empresa importadora de arroz, Mercasa, señala en La Nación que “la fijación del precio (mínimo, agrego yo) los obligó a colocar el arroz al minorista (comercios) a ₡1.488, 60 la bolsa de 1.8 kilos -de la calidad con 95% de grano entero- cuando esa compañía podía venderlo (a un precio menor, agrego yo) entre ₡1.191 y ₡1.265 (15% menos) el paquete”. Evidentemente, si el importador mayorista no podía venderle al comerciante minorista el arroz a un precio menor, éste tampoco podía vendérselo al consumidor a un precio menor. ¡Elemental, Watson!

Otra firma, La Maquila Lama, “informó que actualmente sería posible vender el arroz un 3% más barato que el valor fijado por un decreto del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)”. Su gerente “recordó que a finales del 2013 era posible vender un 12% más barato respecto al valor mínimo fijado por decreto.”

Y la organización Consumidores de Costa Rica, con base en un sondeo realizado en mayo del 2013, poco después del decreto antes mencionado, indicó que “en seis negocios y 11 presentaciones se vendía entre ₡527,70 y ₡652 el kilo con 80% de grano entero. Pero el decreto (antes citado, agrego yo) del 15 de mayo de ese año obligó a subirlo a un mínimo de ₡657, un precio que se debe respetar para no incumplir la ley” De paso, ese precio mínimo por ley (o decreto legal) no sólo se fijó para el arroz con 80% de grano entero, sino para todas las calidades en que se vende (tanto para el de 80%, como el de 90%, 95% y 99%; esto es, para todo tipo de arroz).

Esta es la razón por la cual no se reduce el precio del arroz a los consumidores en los diversos tipos en que se comercia, tal como sería esperable con una reducción de los impuestos a su importación (rebaja de los aranceles). La acción del estado impide que la competencia nos beneficie a los consumidores. Algo nefasto, en especial cuando el arroz es un producto de enorme importancia en el presupuesto de gasto, principalmente de las familias relativamente más pobres del país. Es uno de los actos más hipócritas de nuestros gobernantes, en cuanto a eso que ellos mismos suelen llamar “justicia social”. Es una enorme injusticia cuando se les impide a los más pobres poder obtener lo que necesitan a precios más baratos.

Esto lo sabe la nueva administración: conoce que el 4 de enero del 2014, en el gobierno de Laura Chinchilla, se negoció este “atraco a los bolsillos de los consumidores” entre autoridades y el gremio productor de arroz del país, mediante la prolongación del decreto de precios mínimos fijados por ley hasta el 1 de marzo del 2015. La pregunta es ¿ahora qué van a hacer las nuevas autoridades al respecto? ¿Importará más la relación política que hubo entre el PAC y ciertos gremios productores de arroz en el país, que el bienestar de los consumidores más pobres?

Vean lo increíble de las cosas: los comerciantes como no podían reducir el precio del arroz al consumidor, decidieron entregarle como “regalo” a los consumidores aceite o pastas como parte de aquella compra. Pero eso fue denunciado como comercio desleal y el MEIC -el proteccionista MEIC, presunto defensor de los consumidores- desde el 23 de setiembre del año pasado prohibió dicha práctica. Draconianamente impuso que el pobre consumidor tuviera que pagar, al final de cuentas, más por el arroz que lo que podía tener que hacer con la apertura comercial.

En palabras del viceministro del MEIC, Isaac Castro Esquivel, esa práctica “distorsiona el mercado y genera choques no sólo entre industriales e importadores del cereal, sino con industrias en Costa Rica, pues se estaban usando pasta y aceite importados para regalar”. Un conocimiento de economía fundamental -de lo que llaman Economía 101 en las universidades- mostraría que la causa de ese problema es la existencia impuesta por el estado de que el precio del bien arroz tenga un mínimo por debajo del cual es ilegal venderlo. Que con ello al que se está perjudicando es al consumidor y dándose un subsidio al productor. Es un burdo “ordenamiento del mercado”, que el señor viceministro cree poder lograr. Bueno, ese ordenamiento no es más que un atraco formalizado a los consumidores, el cual debe terminarse ya, sin darle, como parece ser lo usual ahora, largas a una injusticia patente y evidente contra los más pobres de los consumidores del país.

Publicado el 03 de diciembre del 2014.