EL ESTADO INEFICIENTE-99% DE PLANILLA GUBERNAMENTAL RECIBIÓ INCENTIVOS POR EFICIENCIA
Por Jorge Corrales Quesada

Vean lo terriblemente equivocado que he estado yo, publicando con cierta frecuencia artículos bajo este encabezado: EL ESTADO INEFICIENTE. Porque no hay otra razón para demostrar mi equivocación, como cuando los hechos comprueban en la realidad que el estado -sus empleados- son profundamente eficientes. Y si no creen de mi revelación, de mi catarsis, pues a la prueba me remito: vean lo que aparece en la primera página de La Nación del 6 de octubre recién pasado: “Gobierno da premio por buen desempeño a 99% de su planilla: Casi todo el personal recibió incentivo entre 1997 y 2012.”

Lo mejor de ese artículo -¡cómo me cuesta entrarle al tema!- es la comparación que hace don Federico Chavarría, de la firma Deloitte, cuando coteja esos hechos del sector público con lo que sucede en una empresa privada. Dice don Federico: “En el sector privado el sistema de incentivos está directamente relacionado con el cumplimiento de metas de desempeño preestablecidas.” Eso en una empresa privada es obvio: por eso, cuando el empleado no satisface los objetivos, lo que se da es su reemplazo o reacomodo en otra función en donde sea más eficiente y, por supuesto, no se le premia salarialmente por ese incumplimiento. Puede ser que en el sector gubernamental no existan objetivos y, por lo tanto, que es imposible comparar los logros o bien que, existiendo, son irrelevantes, que es lo que a mí me parece que es lo que sucede.

Pero, vean qué rico se vive en el sector gubernamental: Casi todo mundo es eficiente. Un 99% de los empleados son buenos, muy buenos y excelentes y, por lo tanto, todos tienen el derecho a que se les reconozca un incentivo salarial denominado anualidad. Casi, casi, que la anualidad es idéntico a un aguinaldo. Por eso, para mí lo interesante del asunto es más bien cómo es posible que no sea la totalidad del 100% de los empleados públicos, quienes reciban ese incentivo de la anualidad. Ante esta cuasi-paradoja, debemos preguntarnos: ¿Estamos en presencia de un claro caso de injusticia social? ¿De inequidad distributiva? ¿De prejuicio activo contra algún grupo minoritario a quien se le cercena el derecho a ser, porque sí, parte de ese democrático 100%... al igual que toditicos? Si aprobamos la regla de que el 100% “pasa”, podría haber un ahorro enorme en gastos de papelería y de administración en el sector gubernamental: ven como no todo es malo. Muerto el perro, se acabó la rabia. Si se quitan esas calificaciones, pues ahorramos recursos y además democratizamos a la patria.

Tal vez estoy siendo injusto y es cierto que ese 99% merece el calificativo que les garantiza el aumento anual por antigüedad o lo que sea, en tanto que el restante 1% descalificado es el que verdaderamente no funciona, no sirve, no aprueba, en su labor gubernamental. Así, la palmadita del patrono en las manos de ese menospreciado 1%, castigándolos por no darle el aumento, serviría para que el año entrante se empunchen y formen así parte de la élite laboral del estado: llegaremos así a la cúspide de la ambición laboral, cual es que el 100% sea eficiente. Por definición, casi que por ley, decretamos que “todos son eficientes y, por tanto, acreedores del incentivo salarial.” Ven qué fácil se resuelve el problema (no sé por qué a los socialistas no se les ha ocurrido decretar la eliminación de la pobreza simplemente por medio de decreto o de ley).

No voy a hacer una pregunta cajonera: “¿Cree usted que ese 99% de empleados gubernamentales es merecedor de ese incentivo?” La respuesta no importa, pues al fin y al cabo los trabajadores tienen su corazoncito, aunque seamos nosotros, los ciudadanos contribuyentes, quienes con los impuestos pagamos esa regalía. En mucho esos trabajadores estatales son contribuyentes que se estarían pagando a sí mismos (sale de un bolsillo como impuesto y entra en el otro como aumento del salario), pero me imagino que ellos mismos -algunos, muchos o pocos no lo sé- se estarán preguntando si eso está bien, pues se dan cuenta de que, así como hay buenos (posiblemente ellos mismos), hay otros muy malos (los otros).

Pero seamos sensibles, tal como Albino, el dirigente sindical, quien comentó en ese mismo artículo periodístico que “Discrepamos de que este tema se debata al calor del Presupuesto de la República (y este paréntesis es mío: ‘la teta de donde mana el elixir que premia a los 95% de eficientes’) porque tiene una gran carga ideológica contra el empleado público”. Pues el paladín del sindicalismo nacional se equivoca de palo a palo: los responsables no son los empleados públicos, pues quien debe controlar la calidad de su trabajo son sus jefes. Claro, el punto clave puede estar en que esos jefes también automáticamente reciben el premio por eficientes, pues, después de todo, todos sus empleados –menos el 1%- han demostrado ser eficientes. Y como en los escalafones de aumentos salariales dentro del gobierno entran todos, pues ya entenderá cómo funciona la cosa.

Pero también Albino gana, pues al percibir mayores salarios esos empleados públicos gracias a las calificaciones generosas, enriquecen el tesoro sindical, pues también aumentan las cuotas que los trabajadores tienen que pagar como asociados.

Vamos viendo así cómo es que todos ganan con el desbarajuste, excepto quienes pagan los impuestos, que se usan para dar recursos al óleo de los presupuestos de gastos exagerados y fuera de toda proporción, como está sucediendo hoy. Ganan los empleados públicos, ganan sus jefes, ganan los líderes sindicales y los sindicatos y sus miembros. Lo pagan quienes por ley se verán obligados a contribuir para financiar ese gasto gubernamental. Y, a cómo van las cosas, pronto se les querrá exigir que paguen más y más de los viejos y de los nuevos gravámenes, porque “hay que eliminar el déficit”. Ese es el “coco” para asustar a los ciudadanos: si no aprueban más impuestos, tendremos un déficit en el gobierno. Cosas como estas son las que producen malestar en los ciudadanos, al ver como políticos irresponsables y dilapidadores no hacen lo mínimo por evitar el despilfarro, simplemente o porque no se trata de recursos que mucho los costó ganar o porque ese gasto es el que alimenta en el neto sus bolsillos.

Si se le dan más recursos al gobierno, más gastará y continuará eventualmente mostrando un déficit. Ese es parte del engaño que fraguan en contra de los contribuyentes -de la ciudadanía en general: no poner orden en la gastadera y aprovechar los malos resultados de ellos para hacer que ciudadanos, preocupados por la ruina financiera, terminen por aceptar mayores impuestos, pero eso jamás acabará con el apetito de gasto de los promotores de siempre. Vendrá luego un déficit y una caída del crecimiento de la economía y del empleo.

Publicado el 28 de noviembre del 2014.