ABUSO DE PODER CON EL COBRO DEL MARCHAMO
Por Jorge Corrales Quesada

Según el Ministro de Hacienda, el reciente aumento para efectos tributarios del valor de los vehículos y de las viviendas, no era impuestos nuevos, sino que ya había anunciado que, ante la falta de la aprobación del paquete tributario, insistiría en cobrar debidamente los gravámenes. Señaló que “vamos a mejorar la recaudación” elevando los valores de los vehículos y de los bienes inmuebles, a lo que agregó que, en el caso de la revalorización de los vehículos, “desde hace tiempo no se hacía”.

Hasta aquí las cosas pueden parecer bien, pero estamos en presencia de un enorme abuso de poder, que debe ser objeto de la apelación legal por parte de los ciudadanos. Por ejemplo, en el caso de los vehículos lo cierto es que cada año ha aumentado el costo del marchamo, por lo cual uno no entiende cuando el Ministro nos dice que desde hace tiempo no se revalorizaba. Además, si uno aplica la tasa de depreciación para los vehículos del 5% anual que Hacienda permite para el impuesto sobre la renta y si la inflación de los últimos dos años, medida en colones, ha aumentado en alrededor de ese mismo porcentaje, es posible que el incremento del valor, por este factor, sería casi insignificante. Pero también el precio del dólar ha declinado en dicho lapso, con lo cual el valor del vehículo, en colones, es menor y no mayor. Claro, lo que a Hacienda le interesa no es una justa aplicación del valor, sino ver cómo aumenta, a como haya lugar, el monto imponible, a fin de lograr más plata a costa nuestra. Sólo de esta manera se puede explicar lo sucedido.

Las cosas ahora van más allá. Ante la incapacidad del gobierno de arreglar sus problemas con los motociclistas, se le ocurrió algo brillante: desatenderse de los criterios racionales de siniestralidad, que apropiadamente había aplicado el Instituto Nacional de Seguros, para definir el costo del seguro obligatorio de los diferentes vehículos. Ahora el gobierno decidió rebajar el verdadero costo a todos los motociclistas (incluyendo a las motos de lujo) y pasárselo a los carros comunes y corrientes (a todos los carros, lo cual incluye hasta las cacharpas), más allá de lo que correspondería a la siniestralidad de esos carros. Parece que lo que hay que hacer es una buena manifestación, con bloqueo y todo, de los conductores de carros, pues con su actitud el gobierno nos da entender que sólo atiende razones cuando la gente se lanza a la calle.

Ante todos estos abusos recientes con el cobro del marchamo, parece necesario que el ciudadano acuda al amparo de la Sala Constitucional, pues los impuestos, particularmente, no deben ser cosa que se deje al arbitrio de políticos, sino a lo que efectivamente define la ley. Esto comprende el procedimiento estricto y oportuno que se debe seguir en la valoración de la base imponible. Con todo respeto señalo que sea un tribunal constitucional integrado por suplentes el que vea el caso. Ello porque los magistrados, al ser altos funcionarios de gobierno, a diferencia de nosotros, no les duele pagar esos mayores impuestos, pues es el mismo estado el que se los cubre.
Dice el Ministro de Hacienda, dando a entender que era correcta la intempestiva valoración que hizo su oficina del precio de los vehículos, que tan sólo ha recibido 400 quejas de dueños de carros. El ministerio no se ha dado cuenta que el costo de hacer estos reclamos es enorme: el tiempo perdido en hacerlos no parece importar, ni tampoco el papeleo que hay que hacer. Además, y lo señalo con franqueza, la gente lo reclama con disgusto, pues gradualmente ha ido perdiendo la confianza acerca de la correcta aplicación de los procedimientos, por parte de los funcionarios públicos. La desesperanza de obtener una resolución justa y no arbitraria en Hacienda, hace que el ciudadano mejor tire la toalla, se olvide de reclamos y corra a pagar lo que el estado intemperante le exige de entrada.

Publicado en La Extra del 11 de diciembre del 2012