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Tema: Ensayos en el Boletín de ANFE

  1. #41
    2010-03-31-DE TAXISTAS, PORTEADORES, PIRATAS Y EL ESTADO

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    COLUMNA LIBRE: DE TAXISTAS, PORTEADORES, PIRATAS Y EL ESTADO


    Boletín de ANFE, 31 de marzo del 2010.

    Tal vez podría parodiar aquella afirmación de que “todo en política es algo local”, para decir que “todo en economía es algo local”, y con ello poder referirme a cómo el problema local de Costa Rica en torno al servicio público de taxis es en realidad un ejemplo de cómo la intervención del estado termina por crear serios problemas en los mercados. Para este comentario, me referiré al “servicio público de taxis” como el servicio remunerado de transporte básicamente unipersonal (o de pocos pasajeros para verlo como algo distinto del transporte en buses o busetas), que alguien presta públicamente a la ciudadanía.

    Este amplio mercado en Costa Rica es servido por tres grupos: los llamados taxistas, quienes poseen un servicio formal de transporte otorgado por una concesión (o placa) que el estado les otorga. Normalmente suelen organizarse por medio de los llamados garajes, usualmente como cooperativas, pero mucho el servicio es brindado en vehículos propiedad de individuos que los subarriendan a choferes, quienes deben cumplir una cuota que pagan a los dueños del vehículo a manera de alquiler.

    Otro grupo importante de proveedores de ese servicio público es el llamado de “porteadores” quienes al amparo del Código de Comercio y sin poseer la concesión de taxistas como tales, brindan actualmente el servicio por una especie de contrato entre partes privadas por el cual se transporta a una persona desde algún sitio específico (puerta) a otro lugar concreto. Se suelen organizar como empresas privadas.

    Finalmente hay otro grupo importante de proveedores quienes, sin una estructura formal como los anteriores, simplemente dan el servicio de transporte remunerado a quien esté dispuesto a comprárselos por un cierto monto. Están fuera del llamado marco de legalidad y se les suele conocer como “piratas”.

    Así encontramos tres grupos de proveedores privados que dan el servicio de taxis remunerados: (1) los taxistas con concesión del estado; (2) los porteadores que operan sin concesión como tal, pero se acogen a la normativa del Código de Comercio que permite tales operaciones y (3) los piratas que están fuera del marco formal legal. Lo importante es que en esencia brindan el mismo servicio de transporte colectivo en la modalidad de taxi a la ciudadanía. Son oferentes que compiten por un mismo mercado.

    El estado pretende regular tal mercado, pero eso significa que cualquier medida que tome para favorecer a uno de esos grupos, suele ir en detrimento del mercado servido por los otros dos grupos. Por ello pretende “regular” (la palabreja de moda”) ese mercado, dividiendo de alguna manera al consumidor cautivo entre esos oferentes.

    Hasta el momento la política seguida por el estado se caracteriza por otorgar concesiones formales a los taxistas, restringiendo el número de ellos que puede prestar dicho servicio, para lo cual incluso los protege asignándoles lugares públicos en las vías de tránsito en donde los usuarios pueden acudir a encontrar esa modalidad de transporte, (tales como parques, zonas aledañas a importantes edificaciones o sitios, etcétera) sin demérito de que también puedan “levantar” pasajeros en casi cualquier ligar de la vía pública.

    El estado no ha podido impedir hasta el momento el servicio de los porteadores, quienes se han agrupado en empresas, que suelen dar el servicio desde sus garajes hasta el sitio en que se lo solicitan los clientes y de allí los trasladan a su destino, pero el hecho es que también con esta modalidad de servicio se suele “recoger” pasajeros en las vías públicas.

    Los piratas son totalmente (al menos en derecho) rechazados y perseguidos por el estado, acusados de brindar un servicio ilegal. Muchos piratas han optado por irse integrando como parte de los llamados porteadores, para así evitar su estado de ilegalidad, pero muchos siguen ejerciendo “por la libre” y son capaces de recoger y dejar pasajeros en cualquier sitio.

    La política estatal ha sido limitar el número de permisos o concesiones o placas de los llamados taxis en comparación al llamado “mercado”. Es más, el estado de forma ritual, si bien sin periocidad definida, efectúa estudios para “medir” cuántas placas son necesarias en el mercado de taxis para, supuestamente, aumentar el número de permisos en consonancia con los presuntos aumentos de la demanda de servicios.

    Pero tal figura es tan sólo una entelequia, pues el hecho es que siempre existe presión para un mayor número de placas que las existentes en un momento dado, como lo atestigua la simple presencia de los porteadores y de piratas.

    Dado el anterior privilegio, la renta por la posesión de una placa de taxis es sumamente elevada y, si bien no es este un estudio del tamaño del mercado de taxis, la información que se tiene es que las placas legales para taxis se venden privadamente en varios millones de colones, las cuales fueron obtenidas con un costo relativamente muy bajo por los actuales poseedores de ellas.

    Es bien sabido, por otra parte, que muchas de esas placas fueron concedidas mediante influencias políticas, aunque muchos de esos políticos y los funcionarios encargadas de concederlas, así lo niegan: es frecuente escuchar en boca de taxistas (de quienes son propietarios de las placas de taxi y no de quienes los alquilan a los verdaderos propietarios de aquéllas) su agradecimiento con tal o cual político que le ayudó a conseguir “la plaquita”. Es decir, el mercado de concesión de placas está sumamente politizado y termina por generar una “renta” por encima de la que se lograría operando en un mercado libre de servicios de taxis: por ello esas placas son tan buscadas y apetecidas por quienes pretenden ser taxistas. La restricción que significa ese número limitado de placas al tamaño del mercado hace que todas esas ganancias en exceso se capitalicen en el valor de venta en el mercado de esas placas de taxis. El que primero las obtuvo capitaliza esas ganancias al venderlas a un tercero.

    Los burócratas alegan que el número de placas de taxis que otorgan es el definido por la demanda en los mercados, pero eso es totalmente falso. El hecho de que en cierto momento hay muchos otros proveedores de servicio de taxis, además de los taxistas “legales”, indica que la demanda total del mercado es insatisfecha por estos últimos. De aquí que, aunque estén expuestos a multas cuantiosas, aparecen numerosos piratas ofreciendo el servicio, además de los camuflados como porteadores.

    En momentos en que esto se escribe la situación del mercado de servicios de taxi está en una situación crítica (exacerbada por la llamada prohibición de libre circulación de vehículos en San José, que obliga a una parte de la población que normalmente no usaría el servicio de taxis a hacerlo para poder ingresar a la ciudad en ciertas fechas). El gobierno busca nueva legislación que elimine la posibilidad de que los porteadores continúen brindando el servicio de taxis, con lo cual reforzaría la posición monopólica de los taxistas, medida que obviamente no cuenta con el apoyo de los porteadores.

    Estos últimos en su oposición han provocado, no sin cierta justificación, enormes congestiones de tránsito en San José, mientras que los taxistas amenazan con algo similar (algo peor, dicen su dirigentes) si legalmente no se elimina a los porteadores. Para suavizar la cosa, el gobierno, intervencionista injustificado, ofrece a los porteadores que, a cambio de su proscripción, aumentará el número de placas legales de taxis, las que les serían entregadas, como soborno, para que no se opongan a la aprobación de la nueva ley.

    En resumen, se está en presencia de un estado que quiere redistribuir el pastel del mercado de servicios de taxis mediante la restricción de la cantidad de oferta de servicios de taxis, en donde los hoy concesionados lograrían conservar su porción de mercado del cual hoy disponen y que se ha visto erosionar gradualmente, al desaparecer la competencia que hoy tienen de los porteadores. Aunque los taxistas aprovechan esta circunstancia no sólo para conservar su posición, sino para aumentarla. Pero los piratas están al acecho… en tanto el servicio de taxis continúe generando las ganancias monopólicas producto de la restricción de placas, continuarán entrando ilegalmente al mercado. Para impedirlo el estado ha propuesto endurecer las penas, como aparece en la nueva ley de Tránsito, pero las necesidades de trabajo y las posibilidades de ganancias seguirán motivando a los piratas (muchos de los cuales son familiares de taxistas y hasta taxistas que se convierten en piratas al terminar “el día” como legales, después de devolver el taxi legal al dueño del taxi que alquilan para trabajar).

    La política gubernamental seguida posee las semillas de su fracaso: de hecho los frutos ya se han visto en estos años y hoy con mayor claridad. El estado es incapaz de conocer el tamaño del mercado del servicio de taxis, mercado que varía mucho de tamaño en función de las horas del día, de la situación climática y qué se yo. En tanto en algún momento el servicio ofrecido es inferior al demandado habrá un incentivo para que entren nuevos oferentes al mercado.

    Los liberales hemos planteado una propuesta concreta en torno al servicio de taxis, pero hasta el momento los gobernantes han prestado oídos sordos a ella (tal vez porque se les acabaría el poder político que logran con otorgar concesiones). Creo que ha llegado la hora de tomar en serio esta propuesta, pues, de ser soslayada, el problema con los taxis se va a agravar (aunque las autoridades nunca reconocerán que se debe a que sus medidas son contrarias a la naturaleza de los mercados).

    Se trata de ampliar las posibilidades de ingreso de oferentes al mercado de servicios de taxis, posibilidad que incluso en la difícil coyuntura económica actual puede cobrar mayor relevancia (circunstancia que ha agravado el problema por una mayor presencia de piratas y porteadores tratando de obtener ingresos). Con la propuesta se satisfaría al consumidor, que es el fin último que se tienen en una economía: llenar los deseos y necesidades de los consumidores. Estos son los verdaderos propósitos de una economía y no generar sistemas de rentas que son instituidas para generar poder político.

    En la propuesta hay ciertas reglas que se sugiere sean implementadas para la generalidad de quienes brindarían el servicio, con el objetivo de proteger al consumidor del abuso y del crimen o delito, reglas que se impondrían para todos los proveedores del servicio y que me permito mencionar si bien brevemente. El principio general es que cualquier persona que desee brindar el servicio de taxis pueda hacerlo sujeto a las siguientes restricciones:

    (1) Todo vehículo deberá ser pintado de un color específico (rojo, por ejemplo) y deberá tener un rótulo que indique ser un taxi.

    (2) En su interior deberá contar con un cartel en que se presenta, visible para el pasajero, la fotografía y nombre del conductor.

    (3) Deberá contar con un seguro contra accidentes que cubra al pasajero.

    (4) El conductor deberá tener su licencia al día (no se requiere una licencia especial).

    (5) El vehículo deberá contar con la revisión técnica generalmente se aplica a los vehículos privados.

    El estado no tiene nada que hacer restringiendo la oferta de servicios de taxi que demandan los ciudadanos. Si lo hace, crea privilegios y daña a los consumidores, intereses que, como puede haberlo observado el lector, han estado ausentes en la discusión pública de este tema. ¿Será porque el consumidor de servicios de taxis no está organizado, posiblemente porque el beneficio individual que la competencia le brindaría a ese consumidor es “pequeño” en comparación con el costo que tiene organizarse? Y ahora, ¿quién podrá defendernos de las malas decisiones del estado? Ojalá que la racionalidad prime y que el estado se dedique a hacer aquellas cosas en la cual agrega algo positivo al bienestar ciudadano, cosa que no logra con restricciones innecesarias que sólo conservan o aumentan el poder de los políticos que no toman como primordial el bienestar del ciudadano costarricense.

    Por Carlos Federico Smith

  2. #42
    2010-04-30-LAS NEGOCIACIONES POLÍTICAS

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    COLUMNA LIBRE: LAS NEGOCIACIONES POLÍTICAS


    Boletín de ANFE, 30 de abril del 2010.

    ¿Podemos los liberales entrar en negociaciones políticas con otros grupos? En principio sí; es más, me parece que hacerlo reflejaría una actitud muy liberal que se observa en muchas circunstancias políticas de la historia. Al momento tales acuerdos son muy frecuentes en democracias maduras, como por ejemplo en Alemania, en donde el partido liberal ha participado del gobierno tanto con social-cristianos (como hoy) como con social-demócratas (anteriormente). El cuidado que deben tener los liberales está en los acuerdos a que pueda llegar. Me voy a explicar, teniendo presente nuestro marco institucional actual y la situación política del momento, pero tratando sobre todo de mantener mi análisis en torno a si los liberales deben ser partícipes en general de acuerdos políticos y no tanto acerca de un acuerdo particular, de la circunstancia momentánea, como el que se ha fraguado en torno a la elección del directorio legislativo este pasado primero de mayo.

    Los liberales siempre hemos sostenido como un gran principio político acudir al diálogo y, como nos lo recuerda Seldon en “Pensamientos de Liberales” en esta edición del Boletín de ANFE, se necesita de una mezcla de sistemas imperfectos -el mercado y la democracia- en donde los liberales optamos por “un uso mínimo del gobierno combinado con un uso máximo del mercado,” lo cual él define como capitalismo. En nuestro sistema institucional gubernamental, si bien no es lo que se conoce como un régimen parlamentario, la Asamblea Legislativa es muy importante en la definición de políticas, por lo cual, por principio, nos debe interesar a los liberales como parte de un aparato institucional en el cual se llega a acuerdos (e imposiciones) acerca de la conducción de la cosa pública.

    Si aproximamos como “los más liberales” a los diputados del partido político Movimiento Libertario, además de ellos hay otros relativamente cercanos a principios liberales en otras agrupaciones políticas. Si nos damos cuenta de que no se tiene un número significativo de diputados ciertamente liberales, tal que permita poner en marcha la aprobación legislativa de proyectos que son de su interés primordial, puede ser que se requiera lograr acuerdos entre diversos grupos políticos que permitan impulsar la agenda liberal en la Asamblea Legislativa. Tal coyuntura se ha presentado al requerirse el nombramiento del nuevo directorio político en la Asamblea Legislativa. Los liberales tenían esencialmente tres opciones en cuanto a dicho nombramiento. La primera, llegar a un acuerdo con el partido mayoritario del Congreso, el social-demócrata partido Liberación Nacional; la segunda, integrar a (casi todos) los restantes diputados no liberacionistas en un frente para elegir el directorio en mención y tercera, que los diputados libertarios votaran por su propia lista.

    Esta última es la propuesta liberal más “pura”: de ganar se elegiría un directorio supuestamente liberal de hueso colorado, en tanto que la segunda posibilidad, la de un directorio compartido con otros diputados no social-demócratas, pero quienes suelen tener ideas muy diferentes a las de los liberales (como los comunistas y en mucho los diputados de Acción Ciudadana) difícilmente permitiría que se impulsaran los proyectos más acariciados por los diputados liberales. Por ejemplo, no me imagino que estos otros diputados apoyarían la propuesta libertaria de ampliar las posibilidades de producción privada de energía eléctrica, pues iría en contra del cuasi-monopolio actual que detenta el ICE. Esas otras fracciones más bien suelen promover la acción del estado (la “política” que nos menciona Seldon) y que ya de hecho se han manifestado en contra de alternativas amplias a la producción eléctrica proveniente del sector privado.
    Si bien la fracción de Liberación Nacional se define como social-demócrata, el hecho es que una parte significativa de sus propuestas políticas la acerca a propuestas liberales (de “vergonzantes” los han calificado algunos anteriores altos dirigentes de ese grupo político). Pero tal atracción no exime de la necesidad de tener el cuidado de que tales propuestas vayan claramente en beneficio de la colectividad y no de algún grupo particular afín a esa agrupación. Siempre existe el riesgo de que aquellos diputados social-demócratas, en vez de estar a favor del capitalismo (usando el término de Seldon que yo comparto) o del mercado, más bien lo están a favor de una versión bastarda, mejor conocida como “crony capitalism” o capitalismo de los amigotes, como suele presentarse, por ejemplo, en algunas economías asiáticas.

    Lo importante no es que los liberales estén dispuestos a negociar acuerdos políticos en la Asamblea Legislativa, sino qué tipo de acuerdos son los que se habrán de negociar. Con una apertura poco tradicional en nuestro medio político, en mucho producto del mayor balance de poderes logrado en la actual Asamblea Legislativa, será, a cambio de sus votos para elegir un directorio encabezado por Liberación Nacional, que los diputados libertarios podrán lograr la aprobación (podrán es el término exacto, pues la Asamblea Legislativa es claramente una caja de sorpresas) de proyectos que son de su interés y que, sin ese acuerdo se tienen muy pocas probabilidades de ser aprobados (no somos nada…)

    De lo que he sabido, entre los acuerdos interesantes logrados está la aprobación de una ley moderna que permita la producción privada de electricidad, la posibilidad de que las personas puedan tener propiedad plena en la cercanía de nuestras fronteras, pues hoy es un sistema limitante en donde, a diferencia de una propiedad privada plena, no pueden ser usadas como garantía para préstamos bancarios. Asimismo, parece haberse acordado la discusión (ojo, no he dicho que aprobación) de una propuesta de “flat tax” que hasta el momento ha sido recusada sin posibilidades de que siquiera se llegue a conversar sobre ella en el seno legislativo, idea que incluso ha sido directamente rechazada de entrada por otras agrupaciones políticas diferentes de Liberación Nacional. También se ha acordado la posibilidad de que los ciudadanos tengan alternativas, bajo un marco de regulación y de calidad comunes, a lo que es hoy una concesión monopólica a RITEVE, una vez terminado el contrato vigente, entre otras negociaciones que escapan de mi memoria en este momento. Además, las posiciones importantes esgrimidas durante la reciente campaña electoral por el Movimiento Libertario en torno a la seguridad ciudadana forman parte de estos acuerdos esenciales, así como también alrededor de reformas regulatorias que hagan más viable la participación ciudadana en la economía.

    Lo importante es que los diputados liberales no tienen que apoyar ningún proyecto de ley que vaya en contra de sus principios (como, por ejemplo, nuevos y mayores impuestos a la renta), con lo cual pueden mantener la identidad política que los caracteriza. Alguien ha mencionado que con dicho acuerdo “Liberación se comería a los libertarios”, pero eso sucedería si esos libertarios no conservan sus principios y planteamientos. “Trust but verify” (confía pero verifica) es una frase célebre de Ronald Reagan y que debe servir de regla política a los partidarios de la libertad. La oportunidad de llegar a un acuerdo político en la Asamblea Legislativa en ocasión del nombramiento de su directorio parece ser conveniente para la promoción de la libertad en nuestro país, pero es claro que su cumplimiento debe ser observado permanentemente: verificar que se cumpla. La alternativa de oponerse (incluso de oponerse por oponerse) y sin posibilidades de lograr algo a cambio, no parece ser la mejor opción en estos momentos para los diputados libertarios, quienes incluso en ocasiones han sido castigados políticamente por una supuesta obstrucción a cosas que la ciudadanía o un mayoría puede considerar necesarias. Con este acuerdo no se sacrifican principios liberales: quien considere que ello es así tiene una enorme tarea de demostrar que los libertarios están cediendo sus posiciones básicas.

    En general, este acuerdo en mención me parece que constituye una excelente posibilidad para aumentar la respetabilidad del ideario liberal en nuestro país y de que nuestros diputados puedan avanzar desde una etapa de freno al ímpetu estatista que hemos vivido y que algunos desearían continuar hacia una propositiva que a todas luces sea de la conveniencia de los costarricenses. Esta actitud negociadora y racional, sin doblegarse en cuanto a principios se refiere, mostraría el elevado grado de madurez política de esa agrupación. Los liberales siempre hemos creído en el diálogo abierto, franco, en donde se pueda convencer de la bondad de nuestras ideas a quienes no las apoyan o no las conocen. Y, también, ¿por qué no?, dadas las limitaciones de conocimiento que nos es propio de los humanos, se nos pueda convencer si es que estamos en el error.

    Dadas las limitaciones de nuestro sistema político, tan lejos del parlamentarismo, me parece que este acuerdo de referencia puede significar un paso importante en la dirección correcta: que en el país puedan surgir acuerdos políticos que den sustento a las virtudes del orden del mercado, como claramente lo señala Seldon.

    Por Carlos Federico Smith

  3. #43
    2010-05-31-LOS SALARIOS DE LOS DIPUTADOS

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    COLUMNA LIBRE: LOS SALARIOS DE LOS DIPUTADOS


    Boletín de ANFE, 31 de mayo del 2010.

    No se había acomodado el nuevo gobierno, cuando un socollón político lo despertó del embeleso en que se encontraba: los diputados solicitaron aumentos salariales millonarios en una de sus primeras sesiones de trabajo. Claro, esto alborotó el cotarro y, lo digo con su comprensión, pues es muy, pero muy, fácil atacar esas pretensiones, no sólo porque, a los ojos de los costarricenses, los anteriores diputados habían incumplido con sus obligaciones básicas, sino también porque los entrantes sin haber probado que sí pueden hacerlo, de entrada llegaron solicitando aumentos impensables. Y no voy a referirme a la envidia, como explicación de la reacción popular, pues hay mucho de razón en los dos argumentos previos para oponerse a tal desaguisado.

    El cuestionamiento que civilizadamente debemos plantearnos es si en el régimen salarial de los diputados ha surgido un desbalance evidente frente a los de miembros comparables del gobierno. Y aquí las cosas no parecen estar tan en contra de las peticiones laborales de los diputados. Es un hecho de que, desde hace cierto tiempo, los diputados han tenido un rezago en sus salarios respecto a otros funcionarios estatales y que según aquellos deberían de ganar algo similar. Así, arguyen que todos los miembros de los llamados supremos poderes deberían de ganar montos parecidos.

    Para simplificar, por miembros de los supremos poderes entendemos a Ministros (dejemos de lado a la Presidenta y sus dos Vice-presidentes), Diputados, Contralores y Magistrados (tanto de la Corte como del Supremo de Elecciones) y también no se haría mal en incluir al Alcalde de San José, quien presuntamente gana más que la Presidenta de la República.

    Es cierto que los diputados han perdido posiciones relativamente, pero la primera y evidente pregunta es ¿por qué los miembros de los supremos poderes deberían de ganar lo mismo? No creo que alguien tenga una respuesta contundente que zanjara este problema, pero sí me atrevo a señalar que los diputados, por la forma en que se definen sus salarios y por el principio básico de que no pueden legislar en su propio beneficio, han ido cediendo terreno en la carrera salarial comparativa dentro de los supremos poderes.

    Dicho esto, alguien podría pretender acercar “adecuadamente” estos salarios “ya y de una vez por todas”. Pero aquí surge uno de los mayores problemas con esta pretensión de los diputados: se les olvidó que es el ciudadano el que les paga su salario por medio de impuestos a que les somete ese mismo Poder Legislativo. Por ello la reacción ciudadana no se ha hecho esperar: parece que aquella ambición logró lo que no han podido hacer los políticos venezolanos contra Chávez ni los oponentes de Liberación en las elecciones: unificar las fuerzas opositoras de una gama muy diversa y a lo largo de todo el espectro político. No he encontrado, excepto por algunos diputados, persona razonable que acepte “ya” un aumento en los salarios de los congresistas de la magnitud pretendida y más bien una mayoría se inclina hacia no aceptar aumento alguno. Esta última posibilidad no es una solución adecuada a un problema real. Creo que es necesario que el país disponga de una política salarial para los funcionarios miembros de los supremos poderes, política que probablemente lleve varios años en su implementación, a fin de lograr un cierto grado de equiparación.

    Paso a señalar varios aspectos relacionados con la definición de estos salarios, que tal vez podrían servir para desatascar el enrarecimiento político que encara el nuevo gobierno, porque, a como van las cosas, posiblemente será necesaria una acción definitoria, tal como un veto por parte de la Presidenta Chinchilla (y que ojalá no lo resellen), dado que los diputados, a la fecha en que esto se escribe, se han recetado un sueldo de ¢4.3 millones mensuales, pues lo aumentaron en ¢1.8 millones a los ¢2.5 millones por mes que ya recibían.

    Los salarios de miembros de los altos funcionarios del Estado (los llamados supremos poderes) que más han aumentado en los últimos años (digamos que en la última década) son los de los Magistrados principalmente porque estos, casi sin contrapeso político, han podido lograr tales incrementos, por lo general por encima de la inflación nacional. Tan sólo hace unos pocos años, a pesar de que en su momento se dio una fuerte crítica social y política, lograron un aumento verdaderamente elevado, que dejó fuera de proporción a aquellos otros salarios más o menos equivalentes del resto del sector público. El efecto no se hizo esperar. Para empezar, el sueldo de los contralores suele seguir muy de cerca a los incrementos de los sueldos de los magistrados (hay un larga tradición de ello, tanto en salarios como en otras remuneraciones en especie). Este aumento del sueldo de los contralores es, a la vez, muy apreciado (y objeto de rogativas a los dioses para que se dé) por miembros de otras instituciones gubernamentales, como los integrantes de juntas directivas de los bancos del estado, gerentes de instituciones descentralizadas y otros similares, pues sus remuneraciones están an alguna proporción definidos por los salarios de los contralores. A su vez, sus incrementos disparan otras peticiones de ajuste salarial en los otros rangos de la administración estatal.

    ¡Que la cascada funciona, funciona! Por ejemplo, no habían terminado los nuevos diputados de cuajar su petición de marras para aumentarse sus salarios, cuando la flamante nueva Defensora de los Habitantes pidió, creo, un 18% de alza a su “bajo” salario (por supuesto, para no verse tan solita en su pretensión, dijo que había que aumentarlo también para los altos funcionarios de la Defensoría).

    Por otra parte, en el área financiera del estado se ha venido dando un aumento muy grande de salarios para los principales ejecutivos. No niego la necesidad de tomar en cuenta las condiciones de los mercados, pero el hecho es que muchas veces son peticiones a partir de estudios encargados por los propios interesados en donde se comparan sus sueldos con aquellos del privado (no quiero ser injusto: piden que alguien independiente haga el estudio comparativo). Pero el hecho es que en el sector financiero privado los altos ejecutivos tienen que competir internamente así como con posiciones comparables internacionalmente, mientras que los ejecutivos de las entidades públicas tal vez no serían contratados a esos sueldos en las entidades privadas (de ser así, ya se los hubieran “llevado”). Tal vez sería mejor dejar que esos ejecutivos públicos se vayan al sector privado, pero se observa, a veces, que ex funcionarios de bancos estatales luego se emplean en bancos privados, pero con sueldos menores a los que tenían.

    En todo caso, los aumentos de salarios en el área financiera del estado han incidido en peticiones de sueldos de funcionarios de otras áreas del gobierno. Destaca el caso del ICE en donde, también aunado al argumento de retener a sus altos funcionarios de una competencia que algún día habrá de existir, se han disparado fuertemente los altos salarios, que posteriormente inciden en la cadena interna, así como son imitados en sus aspiraciones salariales por empleados similares en otras entidades públicas.

    No omito manifestar que, de darse el aumento salarial a los actuales diputados, tendrá otros efectos que deben señalarse: habrá que aumentar las pensiones de un número importante de ex diputados estimado entre 200 y 300 (creo que aquellos que lo fueron antes de 1994, que todavía hay muchos, gracias a Dios), así como de los ex Presidentes de la República, cuyas pensiones también están en función de los salarios actuales de los diputados. Como esos incrementos dependen de la magnitud del aumento en los salarios de los diputados, habría que esperar que, de lograrse el aumento sustancial pretendido (de cerca de un 80%), se eleven en esa proporción las pensiones de estos otros ciudadanos. Si estimamos en 250 el número de beneficiarios indirectos, ese aumento significaría un gasto adicional en sus sueldos de ¢5.850 millones anuales (250x1.8x13meses), que, sumado a los aproximadamente ¢1.300 millones de aumento a los actuales diputados (57x¢1.8x13meses), nos daría un impacto adicional en el gasto público de aproximadamente ¢7.150 millones por año.
    El inicio de un arreglo a la estructura de los sueldos de los diputados actuales vis a vis los de otros miembros de los supremos poderes (principalmente magistrados y contralores) debe pasar por una moratoria a los incrementos de los sueldos de estos últimos, a fin de que gradualmente se acerquen entre sí con cierto grado de razonabilidad.

    La petición salarial de los diputados adicionalmente se lleva a cabo en momentos fiscales sumamente difíciles. Algún cínico habría aconsejado que la hicieran en momentos en que hubiera “abundancia” relativa de recursos públicos. Lo cierto es que se estima que, para este año, el déficit gubernamental se acercará a un 5% del Producto Interno Bruto, cifra no vista en épocas recientes, lo cual señala con suma claridad la vulnerabilidad fiscal en que se encuentra el país.

    Por ello, ante la pregunta formulada a algunos diputados acerca de dónde provendrían los recursos para financiar el aumento salarial solicitado (los más de 7.000.000.000 de colones anuales, sin tomar en cuenta el efecto cascada antes mencionado en otros sectores del gobierno diferente de la Asamblea, ex diputados y ex presidentes), la respuesta ha sido un ominoso silencio, con la excepción de siempre, que se ha atrevido a desvelar la verdad: habrá que aumentar los impuestos. Lo de recortes “tipo PAC” al gasto de la Asamblea para financiar los aumentos salariales de los diputados son menudencias en comparación con el impacto total de la propuesta sobre las finanzas estatales y en concreto del Congreso. Además de que no sirve de justificación decir que se financiarán con recortes de gastos innecesarios, pues de ser así, desde hace mucho, pero mucho, tiempo deberían haber sido eliminados, sin tener que esperar, haciendo gala de un oportunismo indeseable, a tomárselos ahora para su propio beneficio: malos administradores de los fondos públicos propiedad de todos los costarricenses.

    Aquí surge el meollo del asunto. Desde hace ya bastante rato cierta gente ha venido impulsando un aumento de la carga tributaria del país, pero, sin entrar por el momento a discutir tal idea, la aspiración de los diputados entrantes a lograr tal aumento salarial posiblemente signifique que estarán gastando recursos que ni siquiera han ingresado a las arcas del fisco. Por ello me sorprende que los diputados libertarios, pues tengo entendido que esta solicitud de aumento salarial no forma parte del pacto ya conocido con Liberación Nacional, no se hayan opuesto a un alza salarial que va a traducirse en un aumento en los impuestos: ¿con qué cara van después a oponerse a un aumento de los impuestos, si con su disposición a incrementarse los salarios necesariamente impulsan mayores tributos? ¿No es que los libertarios eran el partido de la moderación en el gasto público y la mesura en los impuestos o es que París bien vale una misa? ¿Será acaso que el apoyo incondicional que la fracción libertaria le ha dado a la fracción liberacionista es parte de un pacto conocido entre ellos, pero no por la ciudadanía? Es justo preguntar esto último por alguien quien confió en la sabiduría, oportunidad y conveniencia de dicho pacto legislativo (ver el boletín de ANFE del mes anterior).

    Con toda razón la Presidenta Chinchilla ha señalado que los diputados deberán señalar de dónde provendrán los recursos con los cuales financiarían el aumento de sus sueldos. No lo han dicho, pero alguna se ha atrevido a decir que provendrán de gastos que se ahorrarían en el presupuesto actual de la Asamblea Legislativa. Y esto último sólo indica que hay un despilfarro actual: si hay fondos sobrantes o mal utilizados debe arreglarse de inmediato la situación y no correr a gastarlo en algo que los costarricenses objetamos en la forma en que se ha planteado. Ello equivaldría a que, en medio de apuros por falta de ingresos en mi hogar, me encuentre un billete de mil mal parado y corra de inmediato a gastarlo en lo que sea, en vez de ahorrarlo para momentos difíciles o bien cuando sea estrictamente necesario (que no creo sería en los abultados salarios de los diputados). Lo expuesto sólo refleja, no candidez, sino insensibilidad ante la inteligencia ciudadana. Bien ha hecho nuestra Presidenta en pedirle cuentas a los diputados: simplemente protege lo que en impuestos hemos pagado los ciudadanos.

    Si fuere necesario que ese incremento salarial de los diputados se dé, deberían entonces tomar en cuenta las circunstancias fiscales del país. El gobierno entrante debe saber que, como ya lo está anunciando su Ministro de Hacienda, la gente no va a recibir bien que un aumento en sus impuestos se use para pagar mayores salarios a los diputados.

    Lo preocupante es que, a criterio del actual Ministro de Hacienda, según lo mencionado recientemente en diversos medios de comunicación, ya la situación económica mala del país ha ido pasando y por ello, tal como se había mencionado en la reciente campaña política, sería entonces el momento de preparar proyectos para aumentar los impuestos. Esa visión optimista del Ministro de Hacienda no es muy compartida y más bien lanza un balde de agua fría a la inversión privada de los costarricenses, que cortará cualquier brote de recuperación económica que se pueda estar dando. No es aumentando impuestos como se logra aumentar la producción y el empleo. Esto me parece lo tienen muy presente algunos otros miembros del gobierno, que han indicado que, de aprobarse nuevos impuestos, lo sería cuando haya un recuperación sustancial de la economía. La propia Presidenta Chinchilla lo ha mencionado al señalar que el financiamiento para el aumento en los sueldos de los diputados no provendría de aumentos en los impuestos, propuesta que ella ha indicado es claramente inconveniente y lo cual respaldo con toda firmeza.

    Desconozco en qué mundo vivirán algunos funcionarios, quienes dándose cuenta clara de males ajenos, no piensan por un momento acerca de si las decisiones económicas que están proponiendo son las más convenientes. Lo que actualmente sucede en Europa es reflejo de economías que no han sido capaces de ordenar sus finanzas gubernamentales, en donde no se gasten recursos más allá de lo que disponen, como es el caso de Costa Rica y si no, que lo diga el elevado déficit fiscal.

    El déficit gubernamental ya previsto en nuestro país, sin esos aumentos salariales expuestos, cercano a un 5% del PIB nos obliga a la moderación y no a gastar superfluamente. En España, Grecia, Inglaterra -y habrá otros países europeos- como parte del costo que se debe pagar ahora por haber vivido en el desorden fiscal en los últimos tiempos, han tenido que reducir sustancialmente los sueldos de los altos funcionarios públicos (digámoslo; de los supremos poderes), mientras que aquí, con debilidades fiscales similares, más bien lo que se pretende es aumentar ese rubro del gasto estatal.

    Lo sucedido con los salarios de los diputados es una excelente ocasión para empezar a poner orden en la estructura salarial de los supremos poderes, por lo que, para empezar, es necesario informar a la ciudadanía acerca de la composición de dichos salarios. Como este es un tema muy sensible para los distintos cuerpos políticos (hipersensible si uno se lo plantea directamente a los involucrados), lo conveniente sería que alguno o algunos de los medios “independientes” hagan un análisis comparativo de los salarios en las diversas estructuras gubernamentales, especialmente en los llamados supremos poderes. Este sería el punto de partida para tratar de poner algún grado de orden en lo que parece ser un desmadre, como lo es el aumento aprobado el pasado 24 de mayo: casi el primer acto del nuevo Congreso.

    Por Carlos Federico Smith

  4. #44
    2010-06-30-REFLEXIONES EN TORNO A LA CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA A CALDERA

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    COLUMNA LIBRE: REFLEXIONES EN TORNO A LA CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA A CALDERA

    Boletín de ANFE, 30 de junio del 2010.

    Siempre he favorecido el concepto de concesión de obra pública por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque es posible esperar mayor eficiencia en la provisión de obra pública si está a cargo de la empresa privada en vez de funcionarios gubernamentales. Ello surge por la naturaleza de la actividad empresarial, pues con una empresa privada, sujeta a la competencia y a las pérdidas o ganancias, la asignación de los recursos será más eficiente que si primaran otros elementos que suelen ser más propios de la burocracia, como son, por ejemplo, la maximización del poder político, la generación de negocios a grupos privilegiados, la colocación de partidarios o parientes en los puestos de mando, evitar la toma de riesgos, entre otros que han sido amplio objeto de análisis en el seno de lo que se conoce como “la teoría elección pública”.

    La diferencia entre la gestión pública y la gestión privada así la expuso Ludwig von Mises: “La gestión burocrática se limita a cumplir una reglas detalladas establecidas por la autoridad superior. La tarea del burócrata consiste en ejecutar lo que esas reglas le ordenan hacer. Su discrecionalidad de actuar de acuerdo con su mejor criterio se encuentra seriamente restringida por ellas. La gestión empresarial, por el contrario, se basa en la motivación del beneficio. Su objetivo consiste en ofrecer ganancias. Puesto que es posible, mediante la contabilidad, averiguar el éxito o fracaso en la consecución de este objetivo, no sólo en relación con la empresa en su conjunto, sino también con cada una de sus partes, resulta factible descentralizar tanto la dirección como la contabilidad sin poner en peligro la unidad de las operaciones y la consecución del fin deseado. Es posible una división de la responsabilidad. No hay necesidad de limitar la discrecionalidad de los subordinados mediante ciertas normas o reglamentaciones, a excepción de las que se imponen para cualquier actividad comercial, es decir, hacer provechosas sus operaciones.” Ludwig von Mises, Burocracia, Madrid, Unión Editorial S. A., 1974, p. p. 67-68.)
    Además de que con un régimen de empresa privada hay un mejor sistema de incentivos en juego para favorecer al consumidor, la segunda razón por la cual he considerado que la empresa privada es mejor que la pública en la provisión de obra pública, yace en nuestra creencia en la libertad, mediante la cual los individuos pueden ofrecer bienes y servicios a los demás sin que se presente el poder monopólico del estado, que suele ser la forma en que éste brinda los servicios públicos. Como lo expuso Adam Smith en su obra clásica La Riqueza de las Naciones, la tercera función esencial de un estado es la de asegurar la provisión de aquellos bienes públicos (particularmente de infraestructura) que los individuos no pueden llevar a cabo. Esto es, la provisión de esas obras de infraestructura puede ser efectuada por los individuos y el estado tiene un papel en ello si por inopia no surge tal oferta. Al realizar la provisión de un bien una persona debe tener presente la satisfacción y utilidad de aquella otra persona que lo está adquiriendo. Al intervenir el estado alterando dicha transacción libre, se afecta el bienestar de las personas, quienes estaban dispuestas a incurrir en el intercambio sólo porque ambas derivaban beneficios de ello. Caso contrario, no lo hubieran hecho. Es lo que caracteriza a un régimen de libertad.

    Deducir del apoyo conceptual al sistema de concesión de obra pública no significa que se tenga que estar de acuerdo con la forma práctica en que se hace: esa es harina de otro costal. Un episodio narrado por Mario Vargas Llosa en torno a la privatización refleja la aseveración que encabeza este párrafo. Escribió que “Una reforma mal hecha, es muchas veces peor que una falta total de reformas, y en este sentido, el caso del Perú es ejemplar… tuvimos aparentemente reformas liberales radicales, se privatizó más que en ningún otro país de América Latina. ¿Y cómo se privatizó? Se privatizó transfiriendo monopolios públicos a monopolios privados. ¿Para qué se privatizó? No para lo que se debe privatizar, según creemos nosotros, los liberales, para que haya competencia y para que la competencia mejore los productos y los servicios y baje los precios y para diseminar la propiedad privada en quienes no tienen propiedad como se ha hecho en las democracias occidentales más avanzadas en los procesos de privatización, como se hizo en Gran Bretaña, donde la privatización sirvió para difundir la propiedad privada enormemente entre los usuarios y entre los empleados de las empresas privatizadas. No, se hizo para enriquecer a determinados intereses particulares, empresarios, compañías, o los propios detentadores del poder.”

    Tal fue lo sucedido en la mayor parte de los países latinoamericanos con reformas que “en el fondo no eran liberales, eran una caricatura de las reformas liberales”. (Extracto de una conferencia pronunciada en Madrid, España, el 14 de octubre del 2002, en ocasión del lanzamiento de la Fundación Internacional para la Libertad y que tituló ¿Por Qué Fracasa América Latina?).

    Hay razones para preocuparse con lo sucedido con la concesión de la carretera a Caldera, pues sólo parece contribuir a desprestigiar lo que podía haber sido una forma conveniente para que los costarricenses pudiéramos disponer de una infraestructura moderna y adecuada a nuestras necesidades viales.

    Lo sucedido parece haber sido previsible. Era conocida la complejidad del terreno sobre el cual se iba a construir, lo cual no sólo iba a requerir la edificación de grandes taludes, sino que también el subsuelo era altamente sensible, además de que el manto freático -elemento crucial en la provisión de agua para gran parte del Área Metropolitana- estaba muy cerca de la superficie en sectores por los cuales se harían las vías. Como parte del proceso de concesión el estado tenía que realizar una serie de expropiaciones pero, por consideraciones de costo, se decidió reducirlas, lo cual incidió en que los taludes a edificar se hicieron con pendientes más altas de las que se podría considerar como necesarias para prevenir fenómenos de erosión y de caídas de piedras a las vías, tal como sucedió después. Durante el proceso de construcción hubo señalamientos de incumplimientos de los contratos en cuanto a las obras y diversos problemas -tales como, por ejemplo, daño a los mantos freáticos, faltas de señalización, obras mal construidas, pendientes sumamente elevadas en los terraplenes, supresión de accesos a propiedades privadas que quedaron aisladas, entre muchos otros (se ha dicho que se indicaron más de 500 “irregularidades”)- tanto por los inspectores iniciales de la obra -quienes en cierto momento fueron luego sustituidos- así como por especialistas de LANNAME, ente especializado de la Universidad de Costa Rica en obras de infraestructura vial, al igual que por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, quienes públicamente así lo señalaron (y particularmente así lo expuso este último organismo en ANFE, quien agradece la información técnica por ellos brindada). Es importante destacar que aquella entidad nunca avaló los planos para las obras, los cuales fueron variados en diversas ocasiones durante el proceso de construcción de la vía.

    La ilusión de los costarricenses de contar con una vía moderna y sobre todo segura a Caldera se vio lesionada cuando las autoridades aceptaron la apertura de esta carretera en abril pasado, aún cuando muchos problemas que tenía no estaban subsanados. Tal inauguración no debió haberse dado y parece que fue por razones estrictamente políticas que se tomó tal decisión. Incluso en mayo expertos en taludes del ICE advirtieron de que los edificados para proteger las vías no resistirían la primeras lluvias, tal como sucedió.

    Hizo bien el nuevo gobierno al suspender el tránsito por la recién inaugurada vía hasta que no fueran subsanados los graves problemas que presentaba. Es de esperar que su reapertura signifique que ya efectivamente se han resuelto de manera definitiva, pues el costarricense no debe estar sujeto a incurrir en elevados riesgos al transitar por ella. Dado que la resolución final de recibo de las obras en concesión por las autoridades gubernamentales aún no se ha dado, debemos esperar que se está satisfaciendo a plenitud lo contratado y que, ante todo, ha primado el bienestar y la seguridad de la ciudadanía que transita por esta vía.

    La lección derivada de esta experiencia ha sido clara; lo que sigue ahora es valorar las responsabilidades de diferentes funcionarios que intervinieron en dicha concesión. Ello pasa por evaluar la posibilidad de que en Costa Rica se sigan planteando concesiones de obra pública que por su monto tan sólo atraiga pocos oferentes y que por ende no se tenga el grado de competencia deseable por parte de los oferentes. Los buenos resultados con las concesiones de carreteras en Chile podrían así trasladarse al país, pues allá la magnitud de la obras ha dado lugar a un gran interés de inversionistas internacionales en llevarlas a cabo.

    Asimismo, el contrato de la concesión de la vía a Caldera fue objeto de diversas e importantes variaciones durante el proceso. Lo mejor puede ser que, una vez definido el contrato, permanezca invariable para evitar que se tomen decisiones que en medio del camino se afecten los resultados pretendidos inicialmente. La actitud de ahorrar costos indebidamente (como sucedió con las expropiaciones requeridas para que los taludes tuvieran las pendientes necesarias) muestra cómo un proyecto puede ser dañado gravemente y que incluso luego tenga esos mismos o mayores costos que deberán trasladarse a las nuevas tarifas Si creen que estos arreglos de última hora en la vía van a salir de a gratis, se equivocan. La fijación inicial en el contrato de las tarifas -como está en el contrato de Caldera- que percibiría el operador es un estímulo para que no se incurra en costos requeridos indispensables. Esta práctica debería ser objeto de revisión, entre otras formas de valorar los proyectos de concesión.

    No hay duda de que en todo este asunto hay grandes responsabilidad de las autoridades encargadas del proyecto. Muchos de los obstáculos se dieron por no contar con un buen sistema de expropiación, que no se atrasara en sus objetivos de cumplir con lo pactado y evitar que así se beneficiara al concesionario, mediante ahorros falsos en los costos, así como también a quienes lucran indebidamente con el encarecimiento de las tierras alrededor de la obra. La falta de gente experimentada en este tipo de concesiones puede explicar muchos de los errores experimentados.

    Lo sucedido debe ser la base para que entidades especializadas, como la Contraloría General de la República, encargada de vigilar el buen uso de los recursos públicos, evalúen lo sucedido en todas las implicaciones -de principio a fin- no sólo para evitar una repetición de hechos similares, sino para que los responsables de su gestión lo asuman como corresponde. Afortunadamente, es por la actuación de entidades civiles, como el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, de inspectores calificados, de órganos especializados dentro del sector público, como LANNAME y el ICE, que en esta oportunidad los ciudadanos hemos podido enderezar parte del entuerto, pero antes de que finalmente las autoridades de gobierno acepten recibir la carretera en mención, deberán de asegurarse que la seguridad ciudadana está en su lugar, que no se abusa de los costos cuando son ocasionados por el concesionario, que así pretenden ver incrementada la tarifa que percibe, así como también que se cumple con lo pactado en el contrato original y que las variaciones dadas, en particular a los planos, estén acordes con esos principios de seguridad necesarios. Y, por supuesto, que los responsables de no cuidar con lo pactado y con el interés público la asuman efectivamente.

    Hemos estado a favor de la concesión de obra pública como medio para mejorar y aumentar la provisión de infraestructura, pero no podemos estar de acuerdo con el sainete expuesto. Cuando las cosas se hacen mal, las buenas ideas fracasan y los enemigos de la libertad lo expondrán, no como una mala gestión estatal abierta al abuso privado, sino como una muestra de un fracaso de la libertad.

    Por Carlos Federico Smith

  5. #45
    2010-07-31-DOLARIZACIÓN COMO RÉGIMEN CAMBIARIO ALTERNATIVO PARA COSTA RICA

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    DOLARIZACIÓN COMO RÉGIMEN CAMBIARIO ALTERNATIVO PARA COSTA RICA*


    Boletín de ANFE, 31 de julio del 2010.

    I.- INTRODUCCION

    Desde ya deseo aclarar que no hay nada en el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica, Centro América, República Dominicana y los Estados Unidos, que requiera dolarizar nuestra economía. Digo esto para frenar cualquier intento de tergiversación de los profetas del negativismo, quienes, no me extraña, podrían aseverar que se oponen al TLC, porque éste exige una Costa Rica dolarizada.

    Sí, yo propongo que los residentes de Costa Rica usemos extensivamente el dólar estadounidense como moneda (u otra moneda extranjera) al lado del colón, que se emplearía como moneda fraccionaria. Al igual que Panamá.

    Voy a exponer el principio general dentro del cual enmarco mi propuesta. Una moneda tiene valor si es objeto de demanda; si la gente la desea para realizar transacciones o como un almacén de valor. Creo que la experiencia reciente con la moneda de Costa Rica nos indica que su demanda declina en comparación con la que los costarricenses hacemos de otras monedas, tales como el dólar o el euro. La prueba de la existencia de tales demandas es si permitimos que los costarricenses escojan libremente cuál moneda usar para sus transacciones (esto es, que puedan sustituir la moneda nacional) o bien para mantener sus acervos de riqueza (es decir, que nos proteja de los riesgos macroeconómicos y, principalmente, contra la inflación interna).

    Recientemente veníamos observando un país que gradualmente sustituía al colón por el dólar y como cada día más y más transacciones se realizaban en moneda estadounidense en vez de hacerlo en colones. Esto no sólo se daba en transacciones de alto valor, principalmente tierras y otras propiedades, sino también en activos duraderos o semi-duraderos, como vehículos y cierta línea blanca, pero, además, era la forma frecuente con que se pagaba el salario para ciertas posiciones relativamente altas o escasas en la actividad privada, lo que incluso provocaba la sorpresa y el deseo de trabajadores remunerados en colones, para que también a ellos se les cancelara en dólares. Costa Rica estaba experimentando una dolarización extraoficial.

    Sobre este tema nada más permítaseme citar tres fuentes que lo corroboran: una es el Fitch Ratings del 2006, que manifiesta su preocupación por la dolarización financiera del país; otra es el informe del Fondo Monetario Internacional del 2003, el cual señala que el 60% del crédito al sector privado estaba dolarizado, indicando una importante vulnerabilidad de la economía y, en tercer lugar, más recientemente, el Country Report del Fondo Monetario del 2006 para Costa Rica, que señala que “la dolarización de los depósitos y el crédito en el sector financiero son aún altos (aunque parece que se han nivelado).” Por supuesto que el FMI insiste en que las autoridades económicas nacionales tomen acciones para des-dolarizar la economía, tal como las autoridades del Banco Central lo han venido intentando hacer, si bien ciertamente la fijación actual del tipo de cambio al piso de la banda cambiaria hace muy poco por estimular una des-dolarización del país.

    Esencialmente propongo que Costa Rica inicie un proceso de dolarización como paso previo a una libre tenencia de monedas.

    II.- BENEFICIOS Y COSTOS DE DOLARIZAR
    Los expongo a fin de que, y al menos como un principio, se ponderen los pros y los contras de una dolarización para los costarricenses.

    A.- POSIBLES BENEFICIOS
    Por lo general, cuando los países dolarizan oficialmente es cuando se encuentran inmersos en serias crisis financieras. Alguien de inmediato me va a decir. “Costa Rica no sufre una crisis financiera. Entonces, ¿para qué dolarizarnos?” Esta pregunta tan razonable me permite señalar lo que es uno de los principales beneficios que se esperaría de una dolarización, en especial porque, de hacerlo en una situación de relativa estabilidad financiera, disminuyen los enormes costos del ajuste económico que usualmente se requiere para salir de una crisis: es mejor hacer la dolarización en una situación de relativa tranquilidad, que hacerla cuando nos encontramos inmersos en una grave crisis financiera-cambiaria.

    1.- Inflación menor y bajan riesgos de inflación en el futuro.
    Cuando un país se dolariza es de esperar que su tasa de inflación se aproxime a aquella del país cuya moneda aceptó. Al hacerlo implícitamente se asume que la inflación del país es superior a la inflación del país por cuya moneda optó. El dolarizado Panamá es el único país de América Latina que no ha sufrido una inflación elevada, aún en el difícil período del gobierno del general Noriega. La menor inflación da más seguridad a los derechos de propiedad sobre el dinero, lo que estimula el ahorro y los préstamos a largo plazo con bajos intereses, pues disminuye la incertidumbre, desaparece el riesgo cambiario y el cálculo económico es más predecible. Sigo con Panamá: a diferencia de Costa Rica, allá son usuales los préstamos para vivienda a 30 años plazo, con tasas muy cercanas a las vigentes en las principales plazas financieras del mundo.

    Deseo destacar que, por ejemplo, para el caso de Costa Rica, desde la desafortunada administración Carazo, en la que en 1982 hubo tasas de inflación cercanas a los 3 dígitos, el país bajó gradualmente la inflación pero, rara vez y sólo ocasionalmente, logró que fueran tasas inferiores a un dígito, en tanto la inflación en los Estados Unidos, a excepción de la mala administración económica de Carter, nunca ha superado, en época reciente, el 5% anual (hoy es cerca de un 2 o un 2 y medio por ciento). Una Costa Rica dolarizada probablemente hubiera tenido tasas cercanas a estos niveles y no las elevadas tasas anuales de inflación sufridas en los últimos 25-30 años.

    Pero, ¿y que podría esperarse en el futuro? Tengo la impresión de que uno esperaría que, dada la experiencia histórica, la inflación en los Estados Unidos será menor que la de Costa Rica, por lo que una dolarización del país se espera que rinda réditos en el campo de la inflación. Sin embargo, no hay certeza de que Estados Unidos no va a sufrir altas tasas de inflación. Frente a ello, baste decir que una dolarización no es una estrategia sin salida: se puede perfectamente usar otra moneda distinta del dólar, por hipótesis, el euro o alguna otra, que no tenga esos eventuales problemas. Esto lo determinará el libre uso de los costarricenses. Una dolarización no debe ser vista como un matrimonio de por vida, necesariamente, aún cuando me parece que el Sistema de Reserva Federal es más confiable que el Banco Central de Costa Rica o el de Venezuela, entre muchos otros. Claro, eso está por verse a través de los tiempos. La libre demanda de los ciudadanos será la que determine la moneda que considere como la más adecuada para realizar sus transacciones. Me parece que, al momento, escogería el dólar.

    2.- Reducción de las tasas de interés
    Íntimamente ligado con lo expuesto y al hecho de que la dolarización elimina el riesgo de devaluación del colón, es posible que se reduzcan los intereses en el país que dolarice, pues las tasas tenderían a converger, si bien es posible que para ello se requiera de un tiempo relativamente amplio. Siempre habrá diferencias en las tasas por lo que se denomina como “riesgo-país” o “riesgo soberano”, pero observen cómo, y de nuevo me remito al caso de Panamá, allá las tasas internas de interés suelen ser superiores a tan sólo un 2 o un 2 y medio por ciento sobre las de Estados Unidos. La dolarización no elimina la prima por riesgo soberano de un país (esto es, el riesgo de incumplimiento de pagos de un país por sus deudas denominadas en dólares), pero, evidentemente, sí reduce el riesgo derivado de una devaluación, que por definición con una dolarización ya no se daría.

    No omito mencionar el efecto positivo de tal baja en las tasas de interés por el costo del servicio de la deuda externa privada y pública del país que dolarice, así como para que aumente la inversión y con ello su crecimiento económico.

    3.- Reducción de las posibilidades de crisis
    Debo ahondar sobre los costos que las crisis generalmente ocasionan a los países menos desarrollados y señalar que la dolarización contribuye a amortiguar el impacto negativo que aquéllas suelen ocasionar. La dolarización no elimina la posibilidad de que haya una fuga de reservas ocasionada por la existencia de un sistema financiero débil o un mal manejo fiscal del país, pero sí elimina de tajo el riesgo cambiario del país. En la historia de Panamá, que de nuevo uso como ejemplo, hay períodos de crisis a causa de debilidades financieras o por disturbios político-militares, pero no por la posibilidad de que se devalúe “su moneda” para corregir las típicas crisis financieras de nuestros países. Recordemos que éstas se caracterizan porque al inicio suele haber una fuga súbita de capitales y luego viene una significativa devaluación de su tipo de cambio, la cual es usualmente seguida por una crisis financiera y una caída sustancial de la producción.

    Con la dolarización y la consecuente eliminación de la volatilidad de la moneda con respecto al dólar, lo que excluye la posibilidad de crisis en el tipo de cambio, es posible para el país lograr mayor estabilidad; al eliminarse el riesgo cambiario, se limita la incidencia y la magnitud de las crisis y los casos de contagio. Al alejarse el incentivo para la fuga de capitales por temor a una devaluación, es menor el posible efecto negativo de los grandes movimientos de capitales sobre la economía doméstica.

    Es oportuno señalar que, al surgir una crisis en su balanza de pagos, muchos países suelen acudir al expediente del control de capitales, en vez de devaluar, creyendo que así resuelven el problema de la volatilidad de los capitales. Esta suele ser una política errada, pues prolonga las políticas económicas equivocadas que inducen a la crisis en mención, sino que, también, introduce fuertes costos no sólo de control, sino de evasión tributaria, de corrupción, así como frena la inversión necesaria y la transferencia de tecnología.

    4.- Reducción en los costos de transacción
    La primera reducción obvia en los costos de transacción se da al eliminarse el costo de cambiar una moneda por otra; es decir, elimina la diferencia entre el precio de compra y el de venta de convertir moneda doméstica por la extranjera. Asimismo, hace innecesarias operaciones que cubran el riesgo cambiario entre monedas. Ambos efectos estimulan la inversión y el intercambio entre los países de la zona unificada. Asimismo, si hay operaciones cambiarias múltiples; digamos, por ejemplo, intercambiar colones por dólares para luego cambiar esos dólares por yenes, ya no es necesario tanto costo de transacción, pues sólo sería entre cambiar dólares por yenes, lo cual puede ser una economía sustancial en un comercio internacional entre tan diversas naciones.

    Asimismo, se reducirían los costos de transacción cuando en los países se tiene leyes bancarias que exigen reservas legales diferentes dependiendo de la moneda. Con la dolarización oficial, tal como sucede en Panamá, puede obtenerse una tasa de reserva legal inferior a la que se tendría con la moneda nacional, por un lado y, por el otro, con la moneda extranjera. Estimaciones de Moreno-Villalaz para Panamá señalan que las reservas legales de los bancos comerciales son 5 puntos inferiores a las que tendrían si Panamá tuviera una moneda doméstica distinta del dólar.

    Otra posible reducción importante en los costos de transacción se da al facilitar el comercio internacional, a lo cual me refiero de seguido.

    5.- Mayor integración con el comercio mundial
    Gracias a esa reducción en los costos de transacción, así como por asegurarse la estabilidad de los precios en dólares de los Estados Unidos, la dolarización facilita al país integrarse al comercio mundial y, específicamente, con los Estados Unidos (o con cualquier otro país cuya moneda se adopte). Hay evidencia empírica de que las provincias canadienses están más integradas entre ellas (medido por un volumen de comercio hasta 20 veces mayor) en comparación con los estados geográficamente más cercanos de los Estados Unidos. El uso de una moneda común (aquí es el dólar canadiense) puede ser la explicación de esta mayor integración comercial, pues, de hecho, el comercio trans-fronterizo entre Estados Unidos y Canadá se caracteriza por sus bajos costos de transacción y por restricciones comerciales relativamente menores.

    Por otra parte, a lo interno de la economía nacional habría un claro incentivo para que sus exportaciones se den por su eficiencia relativa en el uso de los recursos y no por un premio inconveniente originado en una política cambiaria, que, como hoy sucede en Costa Rica, incluso podría sobrevalorar a la divisa.

    Es importante destacar que con la dolarización el comercio internacional se haría en términos de una moneda (asumamos que es el dólar), que goza de aceptabilidad generalizada, en vez de introducir una moneda relativamente desconocida en el comercio internacional que posiblemente casi no tiene aceptación. Siempre me he cuestionado ¿qué pasaría si Jorge Corrales llega a un banco comercial en Zambia o Bolivia, sosteniendo en una mano cincuenta mil colones y en la otra, digamos, diez dólares, e intenta cambiar esas monedas por la moneda nacional de esos países? Posiblemente al cajero no le interese ese dinero parecido al del “monopoly” que tengo en una mano, mientras que rápidamente reconocería a los dólares. ¿Cuál moneda creen ustedes que aceptaría el cajero? La diferencia está en que una de ellas sí tiene aceptación universal (o casi universal), mientras que la otra es tan sólo conocida en un lugarcito del universo. ¿Con cuál moneda creen ustedes que será más fácil realizar el comercio internacional o invertir en algún proyecto dado en algún lugar del mundo?

    6.- Mejora en la integración financiera
    No sólo se estimula a que crezca el comercio, sino también esperaría que haya una mejora en la integración financiera entre el país y los Estados Unidos, tanto porque ahora el Banco de Reserva Federal de hecho se constituye en el Banco Central de Costa Rica (lo que probablemente en sí mismo significaría un ahorro de recursos escasos, si bien posiblemente menor), como porque es de esperar una mejora sustancial en los regímenes regulatorios y supervisores del sector financiero, cuyo desarrollo es crucial para el crecimiento económico del país.

    B.- POSIBLES COSTOS
    Los siguientes costos han sido señalados como causados por una dolarización:
    1.- Pérdida del señoriaje
    Por señoriaje, en términos simples, se entiende al ingreso que obtiene el estado por el poder de emitir dinero fiduciario. El Banco Central denomina como señoriaje al resultado de emitir dinero en efectivo que no devenga intereses y que es invertido en activos que sí los devengan, lo cual se refleja en utilidades brutas para el Banco. Si deja de emitir colones, se dice que pierde estos ingresos, los que se trasladan al banco emisor de la moneda que cursa en el país (por hipótesis el Banco de Reserva Federal de los Estados Unidos).

    Creo que a veces se sobredimensiona este argumento, por las siguientes razones: (1) En muchas ocasiones la dolarización es de hecho muy extendida, por lo que, antes de una dolarización oficial, ya el Banco Central había perdido muchas de sus facultades sobre el señoriaje (recuperar el señoriaje que estaba perdiendo puede ser una hipótesis para explicar el actual comportamiento de nuestro Banco Central). (2) La hipotética de pérdida de señoriaje se suele computar al momento de dolarizar, pero, en realidad, debería ser a la nueva supuesta menor tasa de inflación debido a la dolarización. Esto porque, si un país ha decidido dolarizar para bajar su tasa de inflación, significa que valora más su reducción que el posible ingreso que el Banco obtiene por la inflación, por lo cual la pérdida de señoriaje por la dolarización se debería de medir a la tasa de inflación menor que se tendría sin que se tuviera una dolarización. (3) También es factible que el país que dolariza negocie con los Estados Unidos recibir parte del señoriaje adicional que éste obtendría si Costa Rica dolariza. (Esa podría ser una función que asuma el Fondo Monetario Internacional, el cual, de paso, con la dolarización hace innecesario su papel en cuanto a la política cambiaria; posiblemente esta pérdida de razón de ser nos explica cierta animadversión mostrada hacia la dolarización). (4) Al dolarizar se da una mayor confianza en la economía nacional, lo cual se traduce en mayor inversión y, por ende, crecimiento, por lo que se esperaría que los ingresos fiscales aumenten, compensando en algo la posible pérdida del señoriaje. (5) Si existen monedas nacionales en circulación (tal como el balboa en Panamá), siempre habría algún grado, si bien relativamente menor, de ingresos por señoriaje.

    2.- El costo de convertir precios, contabilidades, cajas registradoras y similares, a la nueva moneda
    Este sería un costo de una sola vez por todas; sin embargo, si el país está experimentando una fuerte inflación, también se incurriría en tales costos, pero de forma continua. Con la menor inflación ocasionada por la dolarización, más bien habría una economía de costos.

    3.- Se perdería la función del Banco Central como prestamista de última instancia.

    Esta función del Banco Central consiste en la posibilidad de rescatar un banco comercial de una situación de insolvencia, que puede ser importante en una situación de crisis financiera. El Banco Central al emitir dinero puede otorgarle préstamos al banco comercial para enfrentar una incapacidad temporal de pagar sus pasivos, con activos que usualmente tienen un plazo de recuperación mayor al que tiene para el pago de sus obligaciones.

    No voy a extenderme sobre si, debido al problema de riesgo moral que implica la función de prestamista de última instancia, más bien ella puede contribuir a agravar la volatilidad de los mercados financieros y cambiarios de las economías menos desarrolladas, por lo que una dolarización sería preferible al introducir mayor disciplina en el mercado. En cambio, sí puedo señalar que el presunto costo por la pérdida de la función de prestamista de última instancia puede ser mitigado con el uso de alternativas tales como crear un fondo especial o una línea de garantía con un prestamista internacional de última instancia, que brinde los recursos necesarios en circunstancias en que se exceda la capacidad interna de suministrarlos. Podría encargarse al Estado que obtenga los recursos necesarios mediante préstamos externos o creando un fondo interno especial para tales acontecimientos, mediante un aporte de los entes financieros domésticos objeto de su regulación en tal sentido.

    De hecho, como señaló Guillermo Calvo (“Capital markets and the exchange rate, with special reference to the dollarization debate in Latin America,” Journal of Money, Credit and Banking, mayo del 2001), los bancos centrales de los países industrializados no llevan a cabo su función de prestamista de última instancia mediante la emisión de dinero, sino que lo hacen pidiendo prestado.

    4.- Se pierde flexibilidad en la política monetaria doméstica
    No es que se “pierde flexibilidad”. Es que ya no va a haber flexibilidad alguna. Precisamente de lo que se trata es que no haya una política monetaria doméstica. Los episodios desafortunados de inflación y devaluación y grandes pérdidas en la riqueza de los ciudadanos, es lo que impulsa el argumento a favor de la dolarización. Me da la impresión de que en nuestras naciones las prédicas que uno puede agrupar bajo el rimbombante título de “soberanía monetaria” no son para defender buenas prácticas monetarias, como podrían ser medidas anti-cíclicas apropiadas, sino más bien es un nacionalismo nefasto reflejado históricamente en muchos períodos de inestabilidad monetaria y cambiaria de nuestras economías. Esto, más que “soberanía monetaria”, me suena a “soberbia monetaria”.

    III.- CONCLUSIONES
    Concluyo con dos ideas. La primera es agradecer al Dr. Juan Muñoz Giró por su tiempo tan escaso dedicado a la lectura de este comentario y, sobre todo, por sus sugerencias, que de ninguna manera significa que evada mi responsabilidad por ellas y, en segundo lugar, decirles que se avecina el momento adecuado para que el país valore la conveniencia de que los ciudadanos costarricenses podamos proteger el valor de nuestro trabajo y de nuestros ahorros, con una moneda que, a largo plazo, nos brinde confianza. Hoy día nuestro trabajo es subvaluado en colones simplemente por el diseño del Banco Central de Costa Rica, como una muestra más de que nuestros haberes en colones están determinados por la buena o mala voluntad, conocimiento o pericia de quienes emiten una moneda de curso legal en el país. El Banco Central le puede fijar a nuestra moneda un valor que es totalmente ajeno a aquél que los ciudadanos estamos dispuestos a darle.

    Se avecina el momento más adecuado para discutir tranquilamente el tema de la dolarización en Costa Rica. No tenemos, al momento, temor de una escasez de reservas ni se percibe una crisis financiera cambiaria con una posible devaluación del colón, sino que hoy se da lo contrario. Es por esto que, además de la, en mi opinión, inminente aprobación por Costa Rica de un área de libre comercio entre Centro América, Republica Dominicana y los Estados Unidos, cuya ampliación del comercio se hará básicamente en una moneda común, el dólar estadounidense, en vez de dolarizar en un momento de crisis, con lo angustioso y oneroso que resulta todo ello, lo podamos hacer en el mejor momento posible o como ahora. Tal vez así podríamos evitar repetir aquí lo que dijo el Presidente Woodrow Wilson en 1919, después de haber firmado en 1913 la creación del Banco de Reserva Federal: “Sin proponérmelo he arruinado a mi país.”

    Por Jorge Corrales Quesada

    *Exposición en el Seminario de Ecoanálisis del 31 de agosto del 2007

  6. #46
    2010-08-31-COMENTARIOS PRIMEROS SOBRE EL PANORAMA FISCAL

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    COLUMNA LIBRE: COMENTARIOS PRIMEROS EN TORNO AL PANORAMA FISCAL


    Boletín de ANFE, 31 de julio del 2010.

    Es posible que este comentario sea tan sólo el primero de varios que tratarán acerca de la política impositiva que el actual gobierno pretende imponer. El tema apenas empieza a deshojarse en la palestra económico-política y es posible que requiera de una amplia discusión que tome varios meses. Es por ello que en esta oportunidad sólo formularé algunas pinceladas en torno al panorama fiscal de nuestro país, que las autoridades gubernamentales consideran como la base para proponer un aumento sustancial en los impuestos: como dice la ciudadanía, de un nuevo paquetazo.

    Es pertinente señalar que en la campaña política recién pasada, la candidata ganadora y hoy Presidenta de la República, doña Laura Chinchilla, siempre fue bastante esquiva en cuanto a que, de llegar a tal posición, enviaría un nuevo paquete tributario a la Asamblea Legislativa y sólo dio visos de que presentaría un nuevo impuesto a los llamados casinos, que al momento no tienen gravamen alguno sobre sus actividades, a diferencia de como suele suceder en muchos países en donde operan legalmente. Es más, doña Laura enfatizó que el Movimiento Libertario se oponía a dicho gravamen, pero más bien parece que estaban de acuerdo con que, si se guardaran proporciones similares a las aplicadas en Panamá, no se opondrían radicalmente a dicha propuesta (al menos algo así expresó su candidato de entonces en una oportunidad). Por su parte, en apariencia los casinos aceptaban un gravamen similar, pues ello les daría cierto grado de “legalidad” de la cual carecen a la fecha y lo cual les imposibilita, por ejemplo, para abrir cuentas corrientes en los bancos comerciales.

    Parece que siempre ha habido un “buen ambiente” para que los casinos sean objeto de un nuevo impuesto. Más discutible en cuanto a su viabilidad política es si tal gravamen se aplicaría también a los llamados casinos virtuales (conocidos como “sportbooks”) que operan en nuestro país por medio de la Internet y que, como es conocido, son ampliamente rechazados por las autoridades tributarias de los Estados Unidos, quienes consideran que deberían de ser objeto de regulación y gravámenes en ese país y, posiblemente, no en Costa Rica. Este último no parece ser un tema tan resuelto en cuanto a una posible aprobación legislativa, pues, si bien el gobierno de Costa Rica podría obtener algo de gravámenes, el control del flujo de fondos en dichas empresas es difícil, además de que posiblemente tal medida irritaría al IRS (Internal Revenue Service) de los Estados Unidos, que vería reducirse la base tributaria que siempre ha aspirado a gravar para sí.

    He empezado por referirme a este gravamen, porque es el más difundido como posible parte de un paquete tributario que aún se desconoce, pero hay otros componentes que tienen más elementos que deberán ser objeto de una discusión más amplia. Pero antes que todo debo empezar por analizar cuál es el problema con los ingresos tributarios de nuestro país, de forma que sea fácilmente comprendida por el lector.

    Si vamos un par de años atrás, en Costa Rica nos encontrábamos relativamente satisfechos con el comportamiento tributario. Es cierto que había algunos grupos y personas que continuaban impulsando un aumento en la carga tributaria -de aproximadamente un 13.5% del PIB- en dos puntos porcentuales adicionales. Sus propuestas, entre otras, eran las de aumentar las tasas marginales más elevadas del impuesto sobre la renta de empresas y personas, ampliar la base del impuesto a las ventas, que se transformaría en un impuesto al valor agregado, aplicando además este gravamen a una serie de servicios hoy exentos (principalmente brindados por profesionales), la eliminación del impuesto de renta actual a ciertos ingresos, tales como los intereses de certificados bancarios, pero que se incorporarían como parte de los ingresos sobre los cuales se aplica el impuesto sobre la renta -creo que lo llaman universalización de la renta-, así como incorporar como renta imponible en el país a los ingresos de los costarricenses obtenidos en el extranjero y que no pagan impuestos en los países de origen -creo que a esto le llaman “renta mundial”- y, finalmente, un impuesto de $200 a las sociedades anónimas. Afortunadamente, en su momento, la Asamblea Legislativa no aprobó esta cascada de impuestos.

    La presión de grupos por una aprobación de esos nuevos gravámenes fue disminuyendo conforme la economía costarricense mostraba un crecimiento económico favorable, pues el déficit programado, en vez de aumentar, como era el temor de algunos, más bien disminuyó notoriamente en el penúltimo año de la administración Arias. La buena economía nacional fue la mejor medicina contra el paquete tributario que se proponía, sin dejar de lado que las autoridades del Ministerio de Hacienda tomaron algunas medidas apropiadas de tipo administrativo para evitar la evasión. Esto último también impulsó los ingresos tributarios, a pesar del relativo fracaso en cuanto a su recaudación de un impuesto nuevo que se llamó “sobre las viviendas de lujo”, el cual presentó serios problemas de viabilidad para lograr los recursos que inicialmente te estimaron. Fueron algunas medidas para “evitar la evasión”, que adicionadas al enorme crecimiento tributario ocasionado por el crecimiento económico de esos años lo que produjo recursos suficientes para que, por mucho tiempo, casi no se volviera a hablar de nuevos y mayores impuestos para evitar el “enorme” déficit que se preveía.

    En eso nos alcanzó la recesión y la economía dejó de crecer a las tasas relativamente altas a que venía haciéndolo. La recesión tuvo dos efectos importantes sobre las finanzas gubernamentales: por una parte, los ingresos tributarios crecieron a tasas mucho menores a las previas y, por otra parte, con desempolvado espíritu Keynesiano, el gobierno propuso un plan llamado Escudo, mediante el cual, como medida presuntamente anti-recesiva, se aumentó fuertemente la inversión pública, pero notoriamente el empleo en el sector público (se argumentó que era para compensar la caída del empleo en el sector privado). Estos dos elementos ocasionaron que, lo que se consideraba como un déficit “manejable” de aproximadamente un 3.5% del PIB, en estos momentos ya se estime que se elevará hasta un 5% del PIB, e incluso puede que supere esta última cifra.

    En apoyo a estas cifras, indico las que expresamente expuso la Presidenta Chinchilla: “Yo creí que el déficit iba a ser para este año del 3% y quizá 4% para el próximo, pero ya hablamos de que cerraremos este año en 5% y el próximo, si no hacemos nada, podríamos estar cerrando en un 6%.” (Laura Chinchilla, Chinchilla y diputado Zúñiga difieren sobre el déficit fiscal,” en La Nación, p 8). Obviamente es un comercial a favor de más impuestos y nunca señala reducciones en el gasto público, en un gobierno en el cual más bien lo que se observa es un crecimiento de nuevos proyectos de gasto estatal: ¿logrará romper ese 6%? A como van las cosas, si logran más recursos de los costarricenses, dados sus propósitos de gasto, lo único que nos señala es que necesitan fondos para gastar más. Por ende, el déficit nunca se va a reducir y más bien los nuevos recursos podrían impulsarlos a seguir gastando más y más… pero, luego, se trataría de proponer otro nuevo paquete tributario, y así sin fin.

    Fue en medio de ese aumento en el gasto público y de la caída en la recaudación de impuestos, cuando la candidata Chinchilla indicó que no aumentaría los impuestos, dada la difícil situación en que se encontraba la economía, principalmente por el efecto negativo que más gravámenes tendrían sobre el sector productivo. Me parece que esta fue una muy buena razón, pero ahora observemos cómo es que ya intenta dejar de lado tan inteligente propuesta. (El cínico en muchos de nosotros señalaría que hubo muchos despistados que no se dieron cuenta de que se trataba de un oportunista juego electoral).

    La actual situación económica del país no parece mostrar un repunte tal como para que se considere que se ha recuperado de la recesión sufrida en los años 2009-2010. El mayor crecimiento comparativo reciente es inducido por la mejora relativa de la economía estadounidense, que ha permitido que el sector exportador doméstico ubicado en zonas francas haya tenido una ligera pero importante mejoría. El resto de la economía nacional no parece estar creciendo a tasas que se podrían considerar siquiera como satisfactorias y menos aún como evidencia de una reversión importante de la tendencia de los últimos dos años.

    Por ejemplo, es claro el retroceso que aún experimenta el sector de construcción y el sector exportador nacional no ubicado en zonas francas tampoco se ha recuperado significativamente, en parte por la vigencia de una política cambiaria poco estimulante, hecho al cual espero tener la oportunidad de referirme en un comentario futuro. La actividad del turismo, si bien ha salido de la marisma en que se encontraba, tampoco muestra una recuperación importante, pues tanto el turismo nacional como el extranjero han crecido lentamente e incluso recientemente te ha anunciado el cierre posible de diversas instalaciones hoteleras. La industria dedicada a la producción para el mercado interno (y el regional) muestra índices de una ligera recuperación, pero nada que pueda semejarse a haber “salido de la crisis”. Nuestra economía, si bien ya da muestras de haber frenado el declive sufrido en los dos años anteriores, no se ha recuperado y menos aún salido de la mala situación comparativa de los años previos. La mesura con que doña Laura indicó que no pondría más impuestos ante el pobre crecimiento de nuestra economía en el 2009-2010, sigue siendo tan pertinente ahora como antes. No hay un crecimiento dinámico en nuestro país que nos permita apechugar con nuevas cargas tributarias sin que ello afecte la recuperación. Poner nuevos impuestos pone en peligro cualquier viso de recuperación económica del país.

    Si alguien considera que esta apreciación general que de la economía hace este economista, es producto tan sólo de su imaginación y de un deseo de que las cosas no vayan bien, me permito transcribir lo que dijo muy recientemente el Dr. Rodrigo Bolaños, Presidente Ejecutivo del Banco Central: “ La economía no se está recuperando tan rápido como para que por el lado de los ingresos (tributarios) haya más entradas y, por otro, el ajuste que hizo el Gobierno para tratar de usar la política fiscal en la crisis fue aumentar el gasto y aumentó un gasto que no es reducible fácilmente.” (Rodrigo Bolaños, “Banco Central espera baja paulatina en tasas de interés”, La Nación, jueves 26 de agosto del 2010, p. 20A. El paréntesis es mío). A confesión de parte… relevo de pruebas.

    En un comentario próximo me referiré con mayor detalle a uno de los gravámenes que ciertos círculos han impulsado, principalmente para allegarse recursos presuntamente indispensables para enfrentar el serio problema con la seguridad en el país. Me refiero a la propuesta de poner un impuesto de $200 (y ya algunos han propuesto que sea de $300) anuales a las sociedades anónimas.

    Por Carlos Federico Smith

  7. #47
    2010-09-31-NUEVAS REFLEXIONES SOBRE EL PANORAMA FISCAL

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    COLUMNA LIBRE: NUEVAS REFLEXIONES SOBRE AL PANORAMA FISCAL


    Boletín de ANFE, 31 de agosto del 2010.

    En cierto momento pensé que mi segundo comentario en torno al panorama actual de las finanzas públicas trataría acerca de la propuesta de un nuevo impuesto a los costarricenses de $200 o $300 sobre las sociedades anónimas. No sé exactamente de cuánto; tan sólo recuerde que el Estado suele ser insaciable. Sin embargo, el demoledor artículo que en contra de dicho gravamen publicó el vicepresidente de ANFE, Dr. Juan Muñoz, en La Nación del pasado jueves 2 de setiembre -y que se reproduce en este Boletín- ha provocado que varíe mi propósito inicial y en esta ocasión trate de un tema más general que me ha venido preocupando bastante durante los últimos tiempos.

    En una ocasión, hace ya buen rato, el Ex Ministro de Comercio Exterior, don Roberto Rojas, expresó ante un pequeño grupo de personas que a él le parecía conveniente que todo Costa Rica fuera una zona libre. Algunos le miraron incrédulo: yo estaba muy de acuerdo con esa idea. Y sigo pensando que para bien de los costarricenses disponer de un sistema tributario unificado, no dos sistemas como sucede en la actualidad, puede ser muy conveniente.

    Tiempo después y más recientemente el entonces Presidente de la Junta Directiva de CINDE y asimismo Ex Ministro de Comercio Exterior, don Alberto Trejos, señaló en medios de prensa, ante la idea que ese entonces circulaba de aumentar fuertemente los impuestos sobre la renta que pagaban las empresas ubicadas en las zonas francas, que de ponerse en práctica tal medida podría provocar una salida de la inversión extranjera ya ubicada en las zonas francas, pero principalmente afectaría el arribo al país de nueva inversión. Y con razón enfatizó la importancia que tenía una política tributaria de gravámenes bajos para explicar el enorme crecimiento que se había venido dando en las exportaciones provenientes de nuestras zonas francas.

    Lo cierto es que, si bien ese tratamiento preferencial a las empresas de zonas francas es sumamente conveniente para consolidar nuestro esfuerzo exportador y para generar fuentes de empleo calificadas en el país, indirectamente -tal vez una consecuencia no prevista- se ha creado un tratamiento dispar a la inversión en el país que debe ser corregido, a fin de eliminar lo que ya es una seria distorsión en nuestra economía. Mientras que la inversión de una empresa privada en el país paga tasas del impuesto sobre la renta de un 30% en el margen, una empresa que se ubique en la zona franca en la actualidad no pagaría impuesto sobre la renta alguno, si bien hay hace poco más de un año se presentó un proyecto de ley para que pagara -redondeando- un 6% después de estar operando cinco años en el país. El hecho es que aún con este nuevo impuesto que nunca se aprobó y que parece estar agazapado en las sombras legislativas para dar el salto en cualquier momento, pone en evidencia una diferencia tributaria para la inversión que se ubica en el país de un 24%
    En mi opinión el país debe evolucionar, con el paso del tiempo, hacia un sistema tributario sobre la renta en que cualquier empresa ubicada en el país pague las mismas tasas de impuestos sobre la renta. Por supuesto que el estatista de siempre correrá a decir que entonces de inmediato habría que elevar las tasas que pagan las firmas ubicadas en las zonas francas, pero tal visión es miope u omisa ante lo que anteriormente se refirió don Alberto Trejos: las empresas ya ubicadas aquí tenderían a irse a mejores rumbos, pero sobre todo Costa Rica dejaría de ser un lugar deseable para invertir si los gravámenes sobre la renta empiezan a aumentar sin ton ni son. Todo lo contrario: la idea que propongo se medite significa ir reduciendo gradualmente las elevadas tasas impositivas que afectan relativamente a la inversión nacional.

    No hay razón para discriminar para efectos tributarios en cuanto al origen del capital: tanto las empresas de zonas francas como las domiciliadas fuera de éstas utilizan recursos propios del país. Ambas utilizan el factor trabajo en el cual han invertido los costarricenses (en buena hora), emplean una mano de obra que goza de buena salud, en mucho, en mi opinión, por un sistema de salud pública que todos los costarricenses sufragamos de una manera u otra, así como emplean los caminos -o vías que se les parezcan- que también todos los ciudadanos hemos contribuido para su existencia, aunque ya sabemos del déficit que caracteriza nuestra red vial. Y así sucede con muchas otras cosas que con gusto ofrece la ciudadanía para su utilización rentable por medio de empresas, cualquiera sea su procedencia. Es más la paradoja es tal que incluso la inversión extranjera que se ubica en una zona franca es tratada relativamente mejor que una misma inversión extranjera que se ubica en otra parte del país, fuera de dichas zonas. No veo razón para diferenciar tal trato. Ambas empresas, la ubicada en la zona franca como la que está fuera de ella generan riqueza -afortunadamente- mediante la buena utilización de recursos nacionales y extranjeros.
    El meollo del dilema está en ver como se concilia un país que necesita de la inversión extranjera para generar empleo y riqueza tanto para los costarricenses como para los extranjeros con la equidad básica de que la inversión que genera empleo y riqueza, independientemente de dónde se ubique, pague impuestos similares.

    La propuesta tributaria que ha estado circulando en los últimos días es simplona: aumentar los impuestos sobre la renta, pero de hecho sería sólo sobre aquellas empresas que se ubican fuera de las zonas francas, con lo cual se aumentaría la disparidad entre firmas que inviertan en el país como un todo. Pero si aumentan los gravámenes sobre la renta (o se ponen del todo), bien podría ahuyentar la inversión extranjera ya localizada en zonas francas dentro del país o, tal vez peor aún, se convertiría en un freno para atraer nueva inversión al país.

    La solución, a plazo podría estar en dos vías: tener una aumento ligero en la imposición a las empresas ubicadas en las zonas francas -tal vez después de unos años de operar en el país, de manera que puedan descontar la inversión inicial, lo que podría ser tal vez unos cinco años, que implicaría una tasa de rendimiento del 20% anual, que es nada inusual, y así contribuirían a sufragar el gasto del estado que hoy día recae sobre el resto de los domiciliados en el país. La segunda vía sería ir reduciendo gradualmente las tasas marginales exageradamente altas de un 30% que hoy día paga el resto de empresas (grandes) no ubicadas en zonas francas. Habrá una especie de convergencia que me parece deseable ir llevando a cabo.

    Como liberal desearía tener un país totalmente libre de impuestos, si ello fuera posible, pero los liberales no somos anarquistas y requerimos de un estado, que si bien buscamos minimizar, permita que funcione un sistema de libre mercado, visión que es muy distinta del estatismo que ha caracterizado nuestra economía durante los últimos tiempos. Parte del costo de ese estado debe ser sufragado por empresas que hoy día no pagan impuestos y sí utilizan recursos del país, a diferencia de cómo exagerada y desproporcionadamente lo hace el resto de firmas que se ubican en el país. Sé que es un tema difícil, pero por ello no debe ser soslayado de la discusión seria.

    Por Carlos Federico Smith

  8. #48
    2010-10-31-PLATA, MÁS PLATA-PARTE I

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    COLUMNA LIBRE: PLATA, MÁS PLATA- PARTE I


    Boletín de ANFE, 31 de setiembre del 2011.

    Una vez que había terminado este artículo, que originalmente era uno sólo, me di cuenta que era muy extenso y que sólo lograría que la gente se aburriera con su lectura. Por ello decidí dividirlo en dos partes, la primera trata sobre el concepto general del déficit en nuestro país y las propuestas de impuestos que se están formulando para eliminarlo, en tanto que la segunda expone quince posibles usos de gasto público que se podría llevar a cabo, si es que se recaudan mayores recursos provenientes de los bolsillos de los costarricenses.

    Cada vez que el gobierno se acerca a límites en su gasto -esto es, a situaciones de déficit considerados como insostenibles- lo primero que los políticos nos dicen es que los costarricenses pagamos relativamente pocos impuestos en comparación con otros países del mundo, para agregar de inmediato que, además, el país tiene una serie de necesidades que deben ser satisfechas a través del gobierno; esto es, por más gasto público.

    No sólo no parecen ser enteramente ciertas las afirmaciones de que pagamos relativamente pocos impuestos si se toman en cuenta las llamadas cargas sociales, que no son más que gravámenes a los salarios, sino que, una vez más, el gobierno, inmerso en un proceso de anunciación de nuevos impuestos, nos repite el sainete de las necesidades insatisfechas para justificar su angurria. En realidad lo que tal pretensión debería provocar es que prestemos mayor atención a los gastos que se propone financiar: que pensemos cuál será el uso posible que el gobierno le dará a esta plata que nos quitarán con mayores impuestos. Es cierto que uno siempre encontrará el cinismo en el camino de ese ejercicio mental: me acuerdo, cuando ya hace varios años, un amigo empresario me reclamó por mi posición firme a favor de reducir el gasto público, en vez de aumentar los impuestos, como en aquella ocasión también proponía el gobierno para bajar el déficit. Me dijo que estaba de acuerdo con mi planteamiento siempre y cuando el gobierno no redujera el gasto que hacía comprándole productos a su empresa. Por supuesto que no les diré ni el santo ni la limosna; ni el nombre ni el producto, pues de inmediato casi que adivinarían y en estos casos es mejor que exista, al menos en vida, cierto misterio elegante acerca de los verdaderos motivos que a veces aparecen tras los deseos de las personas.

    En la actualidad la economía mundial sufre de una grave crisis económica y para enfrentarla se han seguido básicamente dos enfoques gubernamentales contrastantes en lo referente a la política fiscal. Por una parte, y como ejemplo, está el del gobierno de Obama, que, como ningún otro antes, ha endeudado a su país en el monto más elevado de su historia, arguyendo que si el gobierno no gasta recursos, ante la insuficiencia de gasto de parte del sector privado, la economía se sumiría en una enorme depresión con niveles trágicamente altos de desempleo. En esta forma de enfrentar la crisis le acompañan, como ejemplos, otras naciones de Europa, como podría ser el caso de Francia, Italia, Grecia, Portugal, entre otras.

    El otro camino que se ha seguido -o intentado, al menos- para enfrentar la crisis es reducir el enorme gasto público y la consecuente deuda fiscal, dejando que las economías se ajusten y que la recuperación retorne principalmente por la acción de los agentes privados, junto con una política monetaria expansionista, que afortunadamente también la han seguido las naciones señaladas en la alternativa previa. Este parece ser el caso de Inglaterra y, tal vez sorprendentemente, en algún grado y de manera reciente España, la cual, si bien aún continúa embarrada por las prácticas anteriores proclives al gasto, parece ahora parece que se ha visto forzada a reducir el aparato estatal.

    Inglaterra está en un proceso un reducción del 20% de la fuerza de trabajo empleada en el sector público y no hace mucho redujo sustancialmente los salarios de los altos funcionarios estatales, lo cual también incluyó que a los miembros del gabinete se les quitaran sus vehículos de uso discrecional. Creo que tan sólo al Primer Ministro se le conservó ese privilegio. Los otros altos funcionarios, si ahora requieren transporte dado su cargo oficial, deben utilizar los vehículos regulares del parque del Ministerio correspondiente -nada de llevárselo a casa... En España, ante el desmadre fiscal de ese país, a pesar de la enorme cantidad de impuestos que había implantado durante los últimos años, el socialista Zapatero se vio obligado a recortar en un 10% los salarios de los altos empleados públicos, así como eliminar numerosas dependencias que duplicaban sus funciones dentro del gobierno.

    En cuanto a la economía estadounidense, a la fecha en que esto se escribe -octubre del 2010- presenta la tasa de desocupación más alta de su historia reciente: un 9.6% de su fuerza de trabajo. Por ello vale la pena recordar que cuando la administración Obama propuso aumentar enormemente el gasto estatal como programa anti-deflacionario, dijo que, de no tomarse tales medidas, para esta época el desempleo llegaría a un 9% desde el previo 7% que existía en aquellos momentos. Pero logró romper un récord: en vez de ese 9% de desempleo que auguró se presentaría si no se tomaban las medidas de expansión del gasto que proponía, una vez que fueron tomadas, en vez de lograr reducir el desempleo, éste es hoy un 9.6%. Vale la pena, entonces, preguntarse, ¿de qué valió todo ese aumento del déficit gubernamental de casi un 1.3 trillones de dólares (tal como se mide en los Estados Unidos) sólo en el 2010, si más bien la recesión -expresada por el desempleo- terminó por ser mayor? ¿De qué valió llevar al gobierno (al país) a una deuda de más de $13.600 millones de dólares? El monto exacto de la deuda del gobierno federal de los Estados Unidos al 22 de octubre del 2010 es de $13.672.149.113.835, 15 y crece a un monto diario de $4.17 billones.

    Cada ciudadano de ese país hoy debe más de $43.800.

    Ante este panorama ajeno, ¿cómo se compara la situación del déficit en nuestro país? Hace unos tres años, cuando la economía venía creciendo, se generaba suficientes recursos para no tener un déficit inmanejable y las autoridades de ese entonces así lo destacaron. Pero la cosa se jodió, una vez más. Asustado el Presidente Arias ante la recesión norteamericana y aprovechando que la circunstancia servía como justificación para su clara inclinación previa por aumentarle los impuestos a los costarricenses, siguió el llamado Plan Escudo que, en síntesis, consistió en incrementar enormemente la planilla estatal mediante puestos fijos, permanentes, de forma que, cuando la economía cesó su caída, mas no una recuperación plena, los ciudadanos hemos tenido que seguir pagando esa nueva burocracia y la cual el nuevo gobierno no pudo -o no quiso- quitar. El gasto estatal aumentó, mientras los impuestos se cayeron al reducirse la actividad económica y, en consecuencia, el déficit aumentó. El camino estaba abierto una vez más para el nuevo pedido de más y más plata… simplemente obtener más recursos para poder seguir gastando.

    Entendamos una cosa: en asuntos de platas, el estado debe ser visto como un todo. Para nuestros efectos, la plata que gasta una institución descentralizada proveniente de nuestros recursos es la misma ya sea que lo haga el gobierno central o la Asamblea Legislativa u otro órgano público. Al fin de cuentas, de algún lado el financiamiento de ese gasto sale del bolsillo del costarricense. Si el gobierno considera que cierto tipo de gasto es prioritario, generalmente es capaz de, por ejemplo, dejar un puente sin mantenimiento, con tal de que los recursos que quedan así liberados puedan emplearse en alguna otra cosa, como por ejemplo, aumentar los sueldos de los empleados públicos o financiar un nuevo programa estatal. Por tanto, debemos ser vigilantes de todo este tipo de procesos y en su momento formularnos una pregunta crucial: ¿para qué quieren más plata los políticos?

    No subestime el amigo lector la inteligencia de aquellos que van a apropiarse de sus ingresos por medio de impuestos. De tontos no tienen un pelo. Si Usted les pregunta ¿en qué van a gastar esos recursos?, lo primero que le responderán, ante la angustia real de los ciudadanos y porque la justicia y la represión siguen siendo una función esencial del Estado, es que serán usados para combatir la delincuencia. Y para ello es que ahora le atragantan nuevos gravámenes, cualesquiera que sean, porque las propuestas para quitarnos nuestro dinero que han ido apareciendo en estas últimas fechas son de la mayor variedad y a veces hasta lucen hasta folklóricas. Es más, dichas propuestas hoy día no han sido enteramente definidas, pues se está en cabildeos con grupos de presión, lo que posiblemente significa es que cada uno de ellos, por separado, posiblemente luchará porque a ellos no les toque -al menos directamente- y que sea “otro” el que pague. Esta es una razón muy poderosa para que existan tales grupos de presión.

    Ante este panorama, tal vez lo mejor para nosotros, ciudadanos comunes y corrientes, podría ser mostrar algunos de los usos posibles que los políticos podrían tener en mente con los fondos nuevos que esperan recaudar. Ello a sabiendas de que alegarán que se usarán para otros fines que podrían ser muy necesarios ante nuestros ojos, pero también teniendo presente que, al disponer de más y nuevos fondos para estos “buenos objetivos,” se liberarían recursos antes usados para esos fines loables, que ahora podrían emplearse en otros que tal vez no serían tan bien vistos por los ciudadanos, aunque sí deseables para los intereses propios de los políticos. Esta es la esencia del jueguito fiscal al que nos estamos enfrentando. Una lista de ejemplos será analizada en el Boletín del próximo mes.

    Por Carlos Federico Smith

  9. #49
    2010-11-31- PLATA, MÁS PLATA-PARTE II

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    COLUMNA LIBRE: PLATA, MÁS PLATA-PARTE II


    Boletín de ANFE, 31 de octubre del 2011.

    En esta segunda parte de mi comentario “Plata, Más Plata“, analizo una lista de 13 gastos estatales que podrían ser sufragados si el gobierno dispusiera de más ingresos por mayores impuestos. Es una lista personal que de ninguna manera es excluyente de la que cada uno de ustedes puede tener. Aprovecho para hacer pequeños comentarios sobre cada parte de ella.

    Número 1: ARESEP, que forma parte del Estado, podría mandar un nuevo presupuesto a la Asamblea Legislativa para adquirir o alquilar un nuevo edificio, pues para eso “habría plata”. No tendría que pensar (hoy día tampoco lo hace) que en estos momentos difíciles la frugalidad es necesaria y que ciertas incomodidades en los traseros podrían ser un sacrificio, en vez de resolverlas sacándoles plata a los ciudadanos. Ah, y también la nueva contratación se haría con toda transparencia, como siempre.

    Número 2: Con más plata (si el Estado no se lleva la sorpresa de que la gente decide dejar de pagar los mayores impuestos), el Consejo Nacional de la Producción (CNP) podría mandar a la Asamblea un nuevo presupuesto para financiar lo que hoy no hace, excepto generar empleo. Hace años algunos políticos desusadamente francos nos dijeron que el CNP ya había cumplido sus funciones y que debería cerrarse. No cumplieron. Si hay más plata, podría continuarse malgastando recursos en el CNP y cumplir con una vieja ley de la burocracia: “una vez creada una institución de gobierno, aunque no sirva para nada, no puede cerrarse“.

    Número 3: Si hay más plata, podría seguirse subsidiando a ciertas concesiones públicas. Las concesiones son una forma adecuada y tal vez hasta única de brindar obras y servicios públicos a los ciudadanos, pero no como el desastre que estamos viendo con la carretera a Caldera. La obra en concesión tiene un costo que debe cubrirse con el paso del tiempo -al igual que en cualquier negocio privado. En ocasiones el gobierno “aporta” ciertos costos que no se incorporan como parte del monto total que define la tarifa que recuperaría la inversión privada. El Estado puede aportar un puente o expropiaciones que abaraten el monto total que aporta el concesionario. No es una práctica inusual: la experiencia exitosa chilena así lo muestra. Lo sucedido para bajar los costos de la carretera a Caldera trasciende este enfoque inteligente y justificable, cayendo en ámbitos que prefiero dejar para mi fuero interno. Ahora para habilitar la carretera tendrá que invertirse una enorme cantidad de recursos adicionales. Si hubiera más plata con los nuevos impuestos, el MOPT (por la vía del Ministerio de Hacienda) podría mandar a la Asamblea una apropiación de más recursos para reducir el costo ahora mayor que deberán pagar los usuarios de la carretera. Esa solicitud podrá favorecerlos, pero todos nosotros la habremos pagado con esos nuevos impuestos.

    Número 4: El nuevo estadio nacional es otro gran ejemplo de “prioridades” estatales. Los “chinitos”, como aprecio por nuestra ruptura de relaciones con Taiwan, estaban dispuestos a darnos una obra importante que recordara tan “desinteresada” hazaña. El estado costarricense podría haber pensado en que se financiara una obra productiva para los costarricenses. Imagínense, por ejemplo, carreteras a San Carlos, a Puntarenas o a la frontera norte. Terminada la vía podría cobrarse un peaje suficiente para asegurar su mantenimiento y desarrollo. Se optó porque nos “compensaran” con un estadio. ¿Cree alguien que generará suficientes recursos para conservar tan bella donación? Guardo mis dudas al ver cómo este gobierno pidió fondos al gobierno chino para poder terminar las instalaciones, pues no tiene plata. Si a los costarricenses se les extrae más fondos por la vía de impuestos, habrá lo suficiente para mantener la dignidad nacional y de paso la estabilidad financiera del nuevo estadio. Si no hay más plata, no habrá más camino que seguir guardando silencio sobre los derechos humanos en China, aunque alguien podría preferirlo a tener que pagar más impuestos.

    Número 5: En comparación con otros sueldos de altos funcionarios públicos, los diputados se han quedado atrás. No justifico la pretensión inolvidable al inicio de la nueva Asamblea Legislativa, que desnudó una vez más tanta falsedad de los políticos hacia la ciudadanía. Que sus salarios se hayan rezagado ante los de otros burócratas, lo más que podría implicar es que se revisen esos “otros” sueldos, que han crecido sin ton ni son en los últimos años, muy lejos de los incrementos a los ciudadanos privados. Entrarle a esos disparadores de aumentos de todo el aparato burocrático es políticamente suicida. La bendición caería del cielo si hay un aumento de ingresos con nuevos impuestos: se podría meter una “partidita” que aumentara los salarios -si bien gradualmente, pues algo aprendieron del intento fracasado. ¿Por qué creen ustedes que esos mismos diputados aumentaron recientemente los sueldos de gran parte del personal de la Asamblea? Pobrecitos: ahora se quedaron más rezagados…

    Número 6: ¿Se olvidaron las declaraciones del entrante Ministro de Relaciones Exteriores acabadas las últimas elecciones, quien señaló que los sueldos de nuestros funcionarios en el exterior eran muy bajos comparados con los de otros países y que debería resolverse ese problema para que mejores funcionarios aceptaran esos puestos? Bueno, les caería de perlas que al fisco le entrara más plata para así programar aumentos a tan desafortunados funcionarios, aunque posiblemente tan sólo provocaría que los “escogidos” y “políticamente aceptables” vean engrosar sus ingresos.

    Número 7: Un subsidio groseramente regresivo es el otorgado a los arroceros. Veamos en forma sencilla en qué consiste. Suponga que el precio del arroz en el mercado internacional es de $100 la tonelada (las cifras no importan, son sólo para el ejemplo). Si esa tonelada se produjera en el país, costaría, digamos, $220. El gobierno hace lo siguiente: permite que se importe la mitad de la producción demandada en el país a esos $100 y permite que luego se lo vendan al consumidor como si el costo fuera de $220. El consumidor de arroz, que suele ser relativamente más pobre y para quien el consumo de ese grano es muy importante en su presupuesto familiar, termina pagando un precio mayor que el que pagaría si se permitiera importar todo el arroz libremente al precio mundial de $100. Lo extra que pagan esos pobres va a manos de unos pocos productores -pues quienes más producen en el país son quienes más subsidio reciben. Se ha alegado que no es un subsidio directo, sino una transferencia forzada de recursos (de pobres a ricos). Cierto, pero para nuestros efectos presupuestarios, dado que esa práctica es ilegal según la Organización Internacional del Comercio (OMC), el gobierno, con plata en efectivo por los nuevos impuestos, podría introducir otro subsidio sustituto de la actual práctica ilegal de transferencia forzosa y salir de su apuro ante la OMC.

    Número 8: No es fácil oponerse a un plan gubernamental que busque cuidar a los niños de madres trabajadoras mientras ellas laboran. Uno podría empezar a cuestionar tal idea señalando si es conveniente que sea el estado el que “cuide” a nuestros niños, que para muchos podría no ser deseable, pero de inmediato los proponentes de guarderías señalarían que se emplearían “madres” que los cuiden mientras trabajan las verdaderas. Ello no excluye la posibilidad de que esas nuevas “madres” se burocraticen y surjan los problemas usuales de la provisión estatal de casi cualquier cosa. La discusión podría extenderse, por lo que, sin aceptar su bondad, sino para facilitar mi argumentación, aceptemos en principio que es un proyecto deseable. Aparte de si la prestación del servicio debería hacerse con “madres públicas” o contratando empresas privadas que lo brinden y den cuentas ante los padres de los niños, la primera pregunta es si usar fondos públicos para guarderías la mejor alternativa. Acuden a mi mente muchos otros posibles usos con fines sociales que hoy día están para el tigre. Por ejemplo, la atención a los ancianos en los hospitales, incluso para cotizantes de muchos años a la seguridad social. Otra opción podría ser fortalecer los EBAIS, en donde cada vez es más difícil recibir buena atención médica local, amén de la falta de ellos en muchos lugares e incluso no siempre hay las medicinas requeridas. El estado, en éste como en muchos otros casos, se ve obligado a escoger dentro de su presupuesto, pero si tuviera más plata, no lo pensaría dos veces en utilizar los nuevos fondos en guarderías, aunque otros programas tal vez más importantes seguirían ayunos de recursos.

    Debe mostrarse que es la mejor opción del gasto llamado social, eufemismo que encubre nuevas erogaciones y que puede poseer incentivos inconvenientes que den lugar a consecuencias no previstas, como fomentar la irresponsabilidad paternal. Siempre he creído que la crianza de los hijos es responsabilidad de los padres y si tal deber lo ejerce el estado, hay un incentivo es para una mayor procreación irresponsable y, de paso, una pérdida de la libertad ciudadana.

    Número 9: ¿Es necesario recordar el subsidio que se da a los políticos? Si bien se ha reducido un monto groseramente abusivo, lo cierto es que las recientes liquidaciones de los partidos muestran la degeneración de la financiación de los partidos políticos mediante la deuda política adelantada. Muchos gastaron más de lo que ahora le corresponde poner al estado -más claro; a todos nosotros. Si hay más plata con los nuevos impuestos, los políticos podrían hacer peticiones para aumentar su buchaca electoral, pues ni lerdos ni perezosos verán como agarran su tajada.

    Número 10: Costa Rica es un país sujeto a emergencias. Son ya rutinarias. Siempre habrá alguna nueva. Y al darse surge la cantaleta de siempre: no hay fondos suficientes para resolver los problemas del momento. Si hay más plata con los nuevos impuestos que algunos proponen, habrá de dónde obtener esos recursos. La inquietud surge al tenerse presente que en los últimos tiempos los fondos de emergencias no han sido bien administrados. Hace un par de años el país se conmocionó por una serie de denuncias de un mal uso en la Comisión Nacional de Emergencias. A la fecha no se sabe en qué paró la investigación. Siendo cierto aquello de que “no hay escándalo que dure tres días”. ¿Por qué si era tan claro el desorden, las contrataciones indebidas y otras cosas menores, los supuestos responsables ya casi han pasado al olvido impune? Si el estado tiene más plata con los nuevos impuestos, simplemente ante una emergencia pedirán más recursos, en vez de ser cuidadosos y moderados en el gasto. Simplemente habrá plata para las nuevas “emergencias”.

    Es rutinario que en ciertos lugares ya conocidos siempre hay emergencias: no hay inventivos para buscar lugares más seguros pues humanitariamente se dan recursos para que sigan en esos mismos lugares. El ser humano no es tonto; si hay más plata y se les dan recursos por los sufrimientos de las emergencias, no hay un inventivo para alejarse de los lugares riesgosos.

    Número 11: ¡Qué necio, dirá más de uno, continuar refiriéndose al episodio de la avioneta en la Asamblea Legislativa anterior! Me doy cuenta de que simplemente es un capítulo más del grueso fardo de impunidad en nuestro medio. Lo que me preocupa es si a algún diputado se le puede ocurrir legislar para adquirir una avioneta (o un helicóptero, para hablar de otro similar) que transporte -ya legalmente- a los diputados de zonas alejadas de San José. Si hay más plata con los nuevos impuestos previstos, nada costaría impulsar una idea como esa. No estoy muy seguro de que nadie propondría tal cosa; en la Asamblea Legislativa se ha visto cada intento de legislación en beneficio propio, que uno como éste ya no asustaría.

    Número 12: Similar a lo antes expuesto es la reciente decisión de los diputados de adquirir nuevos vehículos de lujo para el transporte de los diputados, pues los anteriores sólo tenían entre 2 y 3 años de vejez. No se necesitan muchos recursos nuevos para hacer este “choricillo”: simplemente el vehículo viejo se adquirió exento de impuestos. El comprador privado que ahora lo compraría tendría que pagar los altos impuestos, con lo cual se repone algo de los recursos para pagar el nuevo vehículo, que a su vez estaría exento de impuestos. Más plata proveniente de nuevos impuestos reviviría aquel viejo anhelo de los diputados de que todos tengan asignados vehículos exclusivos para su transporte personal.

    Número 13: Gran parte de la crisis reciente en la economía de los Estados Unidos se originó en el sector vivienda, debido a políticas populistas del Congreso de ese país mediante las agencias conocidas como Fannie Mae y Freddie Mac. Ellas descansaban en la premisa de que hay un derecho de los ciudadanos a tener casa que debería estimularse con una política de “vivienda para todos“. Para ello, redujeron los requisitos previos producto de la experiencia de años, de que quien quisiera vivienda aportara al menos un 20% del costo total. También el estado, por medio de la Reserva Federal, redujo arbitrariamente las tasas de interés, lo que desató adquirir casas (no sólo una primera, sino hasta segundas y “de campo“). Además, se financió las primas iniciales para adquirir vivienda y se redujeron los requisitos de elegibilidad para la adquisición de hipotecas, entre muchos otros “estímulos” a fin de que todos pudieran tener casa.

    Hay que estar atentos a los programas estatales nuestros de estimulo a la adquisición de vivienda, principalmente para grupos de personas de menores ingresos: hoy casi que se financia la totalidad de la construcción a quienes quieren comprar casa y hasta se subsidian los intereses. Esas políticas tienen un costo, de manera que, si hubiera más plata con los mayores impuestos que se proponen en la Asamblea Legislativa, se podría impulsar más esos programas irresponsables. Tales programas existen porque son fuente de apoyo político de quienes los reciben hacia quienes lo dan: de quienes son favorecidos hacia los diputados, quienes así reparten el dinero de sus impuestos.

    He expuesto 13 posibles usos de fondos públicos con los nuevos impuestos que la Asamblea Legislativa podría imponer. Usted tal vez no estará de acuerdo con el fondo o la forma de mis alternativas. Mi propósito es que piense en los fines que, según Usted, el gobierno podría satisfacer si se le da más plata. Es posible que algún gasto del gobierno lo beneficie directamente. Pongo sólo tres ejemplos, además de aquel del empresario que cité en mi comentario del mes anterior. Si Usted es maestro de la educación pública, claro que le gustaría que el mayor gasto fuera en sus salarios. Si es médico de la Caja, que lo sea en sus sueldos. Si es policía, en mejores pagas. El problema es que los recursos limitados no alcanzan para todo. Si al estado se le da más plata que luego gasta en lo que aparezca por delante, de ninguna manera se disminuye el déficit, razón inicialmente esgrimida por el gobierno para poner estos mayores impuestos. Para bajar el déficit nunca proponen reducir los gastos estatales, sólo aumentar los impuestos, lo cual viene junto con el descaro de impulsar nuevos gastos, con lo cual el déficit nunca va a disminuir.

    Lo único que logran las propuestas de aumentos de impuestos es empobrecer a las personas que los pagan, aumentar en algo los ingresos de los favorecidos con el gasto estatal y enriquecer a los políticos intermediarios en este sacar de la bolsa de unos ciudadanos para meter en los bolsillos de otros, pero, por supuesto, incluyendo en los de quienes reparten.

    Por Carlos Federico Smith

  10. #50
    2011-01-31-QUE PAGUEN IGUAL

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    COLUMNA LIBRE: QUE PAGUEN IGUAL


    Boletín de ANFE, 31 de enero del 2011.

    La interesante columna de don Jorge Guardia del pasado 18 de enero se sustenta en uno de los fundamentos que definen la llamada equidad tributaria. Es el principio de la habilidad o capacidad de pago, que consiste en que las personas deben pagar los impuestos en proporción a su habilidad para pagarlos. Don Jorge resume su interesante crítica a la actual propuesta tributaria del gobierno en que “todos (los 4 ejemplos de personas con ingresos provenientes de diferentes fuentes que él citó) tienen la misma capacidad de pago y deberían de pagar igual:” Muestra cómo el paquete tributario que formula el gobierno no cumple con este principio, pues trata de forma diferente, para efectos del pago de los impuestos, a quienes reciben un ingreso igual.

    Hay otro principio tributario importante que fundamenta la equidad en el pago de los impuestos. Es lo que se conoce como el principio del beneficio, el cual afirma que las personas que se benefician de los gastos que hace el gobierno son las mismas que deberían de pagar por aquellos. El tema de principios tributarios no es sólo “paja“: ha sido afirmado durante muchos años por eminentes tratadistas de asuntos tributarios, a quienes hoy no mencionaré, pero me sirve para señalar que, al exponerlos en esta ocasión, nadie “está descubriendo el agua tibia“.

    A fin de poner en práctica de forma adecuada el principio de la habilidad de pago, se fundamento en dos importantes criterios o principios. Uno de ellos, denominado de equidad horizontal, se satisface cuando un individuo que tiene cierta habilidad de pago termina pagando lo mismo que otro que tiene la misma habilidad de pago. El otro criterio se denomina de equidad vertical, en donde la persona con mayor habilidad para pagar el impuesto termina pagando una cantidad adecuada mayor que la que paga la persona con menor capacidad de pago.

    La aplicación del principio de equidad horizontal, que es el que me interesa analizar en este comentario, presenta problemas que deben estar en mente al diseñar los sistemas tributarios, a riesgo que, de no hacerlo, podría conducir a situaciones totalmente indeseables desde el punto de vista de la equidad con que se percibe a aquel esquema tributario. Como ejemplo, podría haber dos personas con un mismo ingreso, pero con diferentes tamaños de familia a la cual debe proveer. Un gravamen igual para quien tiene una mayor familia sería inaceptable. Este problema se ha resuelto más o menos equitativamente, pero, como ejemplo, podría darse otro caso en que dos personas tienen un mismo ingreso, pero una de ellas lo gasta en mantener a su familia mientras la otra lo hace en “viajes, viejas y vino”. ¿Debería de tratarse tributariamente igual a estos dos tipos de gastos y con un ingreso igual? Los códigos tributarios, por razones como éstas, no aplican el mismo impuesto a quienes tienen los mismos ingresos (por ejemplo, se suelen deducir los gastos médicos). Lo que deseo señalar es que, aplicar a rajatabla estos principios, puede dar lugar a sentimientos de que en el país se tiene un sistema tributario “injusto”.

    ¿Y qué decir acerca de que la aplicación única del principio de equidad horizontal podría ir en contra de aquél primeramente mencionado -el de beneficio? Considere el ejemplo dos familias con igual ingreso, pero en una de ellas hay un padre de familia con numerosos hijos que los envía al sistema de educación pública de la que deriva beneficios. Contrástelo con la otra: un padre sin hijos. De acuerdo con los principios de la habilidad de pago y de equidad horizontal, este último pagaría lo mismo que el primero, quien obtiene beneficios que no son recibidos por el padre sin hijos.

    Con esto quiero señalar las dificultades que enfrenta todo sistema tributario. En esta oportunidad no profundizaré en el principio de equidad vertical, pues quiero hacer unos señalamientos acerca de cómo el paquete tributario propuesto (al igual que como sucede en la actualidad) deja de lado evidentes y significativas violaciones al principio de equidad horizontal y que también don Jorge, quien no puede en un columna periodística cubrirlo “todo“, omite mencionar. Sólo me referiré a cuatro ejemplos o casos en que es obvia la ruptura del paquete tributario (por omisión) con el principio de equidad vertical.

    Caso 1: Que paguen impuesto por los ingresos de alquileres o intereses, tal como sucede con los asalariados.

    De acuerdo con lo que el gobierno nos ha venido diciendo, ahora las personas que reciben ingresos por alquileres o intereses estarían gravadas con un 15%. Si, por ejemplo, una persona recibe ¢651.000 al mes, ya sea en intereses o en alquileres, tendría que pagar un impuesto sobre la renta de ¢97.650 al mes, en tanto que un asalariado que recibiera mensualmente esa misma suma de ¢651.000, no pagaría nada (y en realidad el beneficio es aún mayor, pues el asalariado no paga el impuesto sobre la renta del treceavo mes). Además, en el paquete tributario propuesto hay un nuevo gravamen de ventas de un 15% por los alquileres (dicen que no se aplicará a la vivienda, sino a los de cualquier otro tipo), con lo cual, si el contribuyente no puede trasladarlo al inquilino, aquel propietario -“ricacho” según el estado costarricense- estaría pagando otros ¢97.650 al mes. Creo que es evidente la injusticia (¿social?) que se practica comparativamente contra quien no es asalariado. Vean que no digo que a los asalariados se les debería cobrar un impuesto igual a quienes reciben esos montos como ingresos iguales pero provenientes de intereses o alquileres, sino que, si se aplicara el criterio de igualdad horizontal, tanto asalariados así como rentistas y ahorrantes que generen ingresos de hasta ¢651.000 al mes deberían de pagar lo mismo y que no se ponga el impuesto de ventas a quien alquila una propiedad.

    El horror expuesto (algo mitigado por la posibilidad de deducir lo que se paga por el impuesto de ventas del pago del gravamen sobre la renta) radica en que, mientras es “pobre” para efectos tributarios quien recibe una cierta suma, como es el caso del asalariado, no lo es quien recibe un ingreso IGUAL, si en vez de salarios lo percibiera por intereses o alquileres. ¿Acaso no conocen ustedes muchos pequeños ahorrantes y muchas personas que viven del alquiler de una casa, negocio u oficina? El ejemplo muestra cómo la propuesta gubernamental viola claramente el principio de equidad horizontal.

    Caso 2: Hoy hay doble imposición para pensionados.

    Cuando usted recibe ingresos mensuales como pensionado por más de ¢651.000, paga impuestos sobre la renta como cualquier otro asalariado. Esa pensión se forma de dos partes: una, llamada el principal, consiste de la devolución mensual de los fondos que en el pasado se le habían quitado de su salario del cual se tuvo que pagar impuestos sobre esa renta, pus fue del sobrante que se tomaron ingresos suyos a fin de conformar el fondo de pensiones y la otra, llamado rendimiento, es la parte de la pensión mensual integrada por los intereses obtenidos por los fondos comunes ahorrados en el pasado. Es decir, una pensión tiene una parte que es simplemente una devolución de sus ahorros sobre los cuales ya había pagado el impuesto sobre la renta y la otra el rendimiento que usted ha logrado con esos ahorros (que pueden ser tanto forzados como voluntarios). Lo importante es que sobre aquella primera parte ya usted en el pasado pagó el impuesto sobre la renta, por lo cual, al aplicar hoy el impuesto sobre la renta que recibe como pensión, debería de serlo tan sólo por los intereses que ahora se le devuelven. Pero no es así: el impuesto sobre la renta que le clavan hoy, lo es sobre la totalidad de la pensión recibida. ¿Qué más violatorio del principio de equidad horizontal que a una persona se le cobre dos veces el impuesto sobre su ingreso, en tanto que a otra persona que recibe un ingreso igual, se le estaría cobrando la mitad? Evidentemente quienes nos hablan de “justicia social tributaria” deberían de atragantarse, no sólo por su voracidad, sino también por su descaro. No estoy proponiendo que, en aras de la equidad horizontal, a alguien se le cobre el impuesto sobre la renta dos veces. Por ello, al pensionado se le debería cobrar el gravamen sobre la renta únicamente por el componente de intereses y no sobre el principal. ¿Será la actual práctica tributaria posible tan sólo porque los pensionados actuales, principalmente los de la Caja, han sido sumamente pasivos ante este abuso?

    Caso 3: Unas empresas sí pagan el impuesto sobre la renta, mientras otras están totalmente exentas.

    Este tercer caso se divide en dos partes o ejemplos interesantes que comentaré de seguido. Uno es la exoneración del pago del impuesto de la renta a las llamadas empresas cooperativas y el segundo el otorgado a las firmas ubicadas en zonas francas. Ambos ejemplos tienen similitudes, pero cada uno posee características propias que vale la pena recalcar, pues ayuda a comprender parte de los serios problemas que posee nuestro esquema tributario y que con el paquete que el gobierno propone en estos momentos, sólo los profundizará.

    Por mucho tiempo se ha eximido del pago del impuesto sobre la renta a las empresas llamadas cooperativas. En criterio de algunos, cualquier imposición a las empresas y en donde simultáneamente se graven los dividendos, constituye un caso de doble imposición y, por tanto, arguyen que debería omitirse el pago del impuesto a la renta de las empresas y gravar tan sólo a los dividendos como parte de la renta global de las personas. Esto significaría que, para efectos de este comentario, se dejaría de gravar a la empresa, ya sea cooperativa o no, y se acudiría tan sólo a gravar la renta de las personas.

    Sin embargo, si dejamos de lado la posición acabada de exponer y suponemos, por la razón que sea, que es deseable gravar tanto a la empresa como a las personas por las utilidades distribuidas y recibidas como dividendos, entonces, y tomando como fundamento al principio de equidad horizontal, debería de gravarse tanto a la empresa cooperativa como se hace con cualquier otro tipo de sociedad o firma. Esto es, la exención del pago del impuesto sobre la renta a las utilidades de la cooperativa (llámenseles como se les llame) viola el principio tributario de equidad horizontal.

    El caso es aún más interesante, pues el tratamiento tributario preferencial que se le da a la empresa cooperativa en mucho se fundamenta en la idea de que son empresas pequeñas. En la realidad de nuestro país algunas de sus empresas más grandes (afortunadamente) son cooperativas, las cuales, tal vez por no tener que pagar esas onerosas cargas del impuesto sobre la renta, son a la fecha participantes exitosas en el ambiente empresarial transnacional. Esto es, en el país hay cooperativas que son firmas transnacionales, que compiten eficientemente en ese ambiente, y que hoy están exoneradas de cualquier de impuesto sobre la renta, a diferencia de las empresas conocidas como sociedades.

    La esencia del problema es si esa exoneración del impuesto sobre la renta a las cooperativas -que alguien, posiblemente sin pelos en la lengua, llamaría “jugosa“- reduce la base imponible de la nación, la cual tiene que ser compensada con impuestos aplicados a otras actividades; en lo particular, a las empresas no cooperativas. Evidentemente ese mayor gravamen a estas últimas firmas las hace menos competitivas en comparación con las empresas cooperativas. El trato tributario preferencial a las empresas cooperativas resulta ser muy claro en cuanto a que se viola el principio de equidad horizontal.

    Algo similar ocurre con el segundo ejemplo de este caso: la exención del pago del impuesto sobre la renta a las empresas ubicadas en las llamadas zonas francas. Hay una razón importante que se ha aducido para exonerar totalmente a esas empresas de dicho pago. En una ocasión lo expresó el ex Ministro de Comercio Exterior Alberto Trejos, al escribir que tal exención era necesaria para que esas empresas vinieran a invertir en el país, generando las exportaciones y empleo necesarios.

    Hasta aquí todo me parece muy bien: siempre he sido partidario de la idea de que lo mejor que le podría suceder al país es tener un régimen tributario igual al aplicado a las empresas en zonas francas; esto es, cero gravamen sobre la renta de la firma, pues, al fin y al cabo, una empresa ubicada fuera de las zonas francas también genera inversión y empleo, tal como lo hacen aquéllas. De hecho, el capital invertido en una empresa fuera de zonas francas también podría haber sido invertido en cualquier otro país distinto de Costa Rica. ¿Será que la razón por la cual se le grava, en contraste con la empresa de zonas francas, se fundamenta en la creencia de que es un capital inmóvil y diferente, el cual no reacciona a los incentivos que sí mueven a las empresas de zonas francas? ¿Cuál es la diferencia de, por ejemplo, que una empresa extranjera o una nacional se ubique fuera de la zona franca en cuanto a la inversión y a la generación de empleo en contraste con una firma que se instala en la zona franca? Hoy la diferencia esencial está en el régimen tributario preferencial que cobija a la segunda. En lo demás, en esencia son iguales.

    Pero la atracción de inversión de propiedad extranjera hacia el país enfrenta una clara competencia por la exoneración que también se ofrece en zonas francas de otras naciones. Claro que esta última posibilidad es aplicable tanto para el capital de terceras naciones como para una empresa nacional que quisiera instalarse en el extranjero. Pero lo importante es tener presente la posibilidad de que, si al capital extranjero no se le ofrece dicha exoneración, no se invertiría en el país, lo cual podría requerir alguna forma de tratamiento preferencial o, mejor alternativa, que el sistema tributario de Costa Rica evolucione hacia tasas bajas y uniformes sin discriminación en contra de la ubicación o procedencia del capital. Pero soy consciente que, en la realidad política del país en el corto plazo, no vamos a evolucionar hacia una reducción de los impuestos, para disponer de un sistema tributario basado en tasas bajas y uniformes, por lo cual la alternativa podría ser la siguiente: un gravamen sobre la renta neta de un 5% aplicable a las empresas de zonas francas después de cinco años de tener esas operaciones en el país.

    ¿Por qué un 5%? Porque me parece que es una tasa baja y porque los impuestos que pagarían esas firmas transnacionales son, además, deducibles del pago del impuesto de la renta en sus países de origen, con lo cual, en el neto, no habría un aumento del impuesto total que la firma transnacional paga por su renta. Tal vez una tasa más elevada haría que la decisión inicial de invertir en el país no sea tomada o que se considere inaceptable por el país de origen de la firma, al ver reducirse su base tributaria. Además, porque sería un paso para que se converja hacia un régimen impositivo caracterizado por una tasa imponible única y baja.

    ¿Por qué se aplicaría sino hasta 5 años después de operar en el país? Porque uno espera que la tasa de rendimiento de la inversión inicial sea la “usual” de un 20% anual, lo que permitiría que en cinco años (en realidad un poco menos) se recupere la totalidad de la inversión, haciendo atractiva la decisión de invertir en el país.

    ¿Por qué cobrar un impuesto sobre la renta a las empresas de zonas francas? Por dos razones muy poderosas. Primero porque demandan (usan) una serie de recursos públicos que deben ser financiados por la ciudadanía, siendo el más notable, la educación y la salud de la fuerza trabajadora nacional, además de utilizarse facilidades como puertos, aeropuertos, caminos, carreteras, seguridad de la inversión, entre otros, al igual que lo hacen las demás firmas instaladas en territorio nacional. En segundo lugar, porque el origen del problema actual del financiamiento del estado viene por el exceso de gasto público sobre los impuestos y para rellenar ese hueco las autoridades gubernamentales acuden a la misma y repetitiva base tributaria de siempre: los consumidores y las empresas ubicadas fuera de zonas francas. Si se gravara a las empresas de zonas francas no se tendría que aumentar tanto el elevado impuesto que ya hoy paga el resto de la economía. Lo que en síntesis se propone es aplicar el principio tributario de equidad horizontal, algo que lamentablemente don Alberto Trejos tira por la borda, cuando aprueba que el resto de las firmas del país y los ciudadanos sí paguemos con más impuestos la torta del déficit gubernamental, en tanto que se mantengan totalmente exoneradas desimpuesto sobre la renta a las empresas de zonas francas.

    Este asunto de las exoneraciones desnuda la violación del principio tributario de equidad horizontal. Reconozco que no es el único principio que determina la estructura tributaria de un país, pero el deterioro en el manejo fiscal ha llegado a un grado tal que incluso, como lo señala un estudio muy reciente de la Contraloría General de la República, el estado ni siquiera conoce con exactitud a cuánto asciende el monto de las exoneraciones que otorga anualmente. Esto es sólo parte del mal manejo que el estado hace de los recursos de todos los costarricenses.

    Por Carlos Federico Smith

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