ENSAYOS DE ASOJOD

[Elisa]

2011-10-11-LETRA MENUDA TRIBUTARIA

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LETRA MENUDA TRIBUTARIA

Publicado en el sitio de ASOJOD el 19 de julio del 2011.

Es muy importante que el ciudadano esté plenamente informado acerca de los nuevos impuestos que contiene el paquetazo de impuestos en proceso de aprobación legislativa. Para ello es crucial leer lo que está escrito en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para la aprobación legislativa y con el contubernio del PAC, como resultado del PACto ya conocido por la ciudadanía.

Muchos de los ciudadanos ya sea porque no disponen fácilmente del proyecto de ley o bien para ahorrar tiempo valioso, acuden a los medios de comunicación colectiva para leer de qué se tratan los nuevos impuestos. Así, La Nación publicó una información el día miércoles 28 de setiembre del 2011, titulada “Plan fiscal sube en 50% tributo a autos de más de ¢18 millones”. En un recuadro de él se lee, entre otras cosas, lo siguiente: “Electricidad y medicinas. Se mantiene la exoneración del impuesto sobre el valor agregado a los servicios básicos de electricidad y agua…”, con lo cual quienes lo leen se mostrarán muy satisfechos de que esas dos cosas tan importantes no irán a pagar el nuevo impuesto llamado IVA o impuesto al valor agregado, que se supone sustituirá el impuesto de ventas actual. Entonces, ¿estamos claros? Según esa Nación, se mantienen exonerados del impuesto al valor agregado tanto la luz como el agua.

Pero, para aclarar bien las cosas y no caer en el error o para evitar que alguien nos quiera agarrar de majes ilusos, vayamos al proyecto de ley oficialmente presentado a la Asamblea Legislativa. Allí se lee lo siguiente, lo cual reproduzco:
• “Modifíquese el Artículo 9 para que se lea como sigue:
‘ARTICULO 9.- Exenciones
Están exentas del pago de este impuesto:….

• …El suministro de energía eléctrica residencial, siempre que el consumo mensual sea igual o inferior a 250 kw/h; cuando el consumo mensual exceda de los 250 kw/h, el impuesto se aplicará al total de kw/h consumido.

• La venta o entrega de agua residencial, siempre que el consumo mensual sea igual o inferior a 40 metros cúbicos; cuando el consumo mensual exceda de los 40 metros cúbicos, el impuesto se aplicará al total de metros cúbicos consumidos. No gozará de esta exención el agua envasada en recipientes de cualquier material.’“

Lo anterior significa que lo que queda exonerado del pago del IVA son tan sólo los primeros 250 kilowatts-hora de electricidad, así como los primeros 40 metros cúbicos de agua, no es que se exonera la electricidad y el agua del impuesto sobre el valor agregado, pues lo pagará cualquier gasto de luz que sea superior a los 250 kilowatts-hora o de agua que exceda de los 40 metros.

Pero, ¿creen que hasta aquí llega la verdad verdadera de las cosas tributarias? Resulta que el bombazo es claro, pues viene de otro lado. Cualquier persona que gaste en electricidad más de 250 kilowatts-hora o 40 metros de agua (que somos casi la mayoría de los hogares) pagará no ya un 12%, sino un 14% como tasa del nuevo impuesto. Es decir, tendrá un aumento en los impuestos que paga por la luz y por el agua. Si usted creyó que el agua y la luz quedaban exoneradas, pues se ilusionó equivocadamente. Los que ya hoy pagan impuestos por la electricidad y el agua pagarán aún más. En el futuro tal vez se les ocurra gravar con impuestos a la respiración… así es Mr. Taxman, como nos lo cantaron los Beatles… sólo que este es de verdad; es la realidad que los políticos nos imponen y sin que se pueda discutírseles, pues “pa’eso tenemos la vía rápida”… por mayoría.

[Elisa]

2011-10-18-ALTO AL ENGAÑO REINCIDENTE

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ALTO AL ENGAÑO REINCIDENTE

Publicado en el sitio de ASOJOD el 18 de octubre del 2011.

Por más de cuarenta años he escrito con frecuencia acerca de temas de interés económico, político y social, mayormente en columnas en periódicos de circulación nacional. Como parte de un proyecto personal, de nuevo he tenido que volver a leer casi cada una de ellas, lo cual me ha permitido lograr una perspectiva de la evolución durante dicho lapso de una serie de temas económico-políticos. Esto, a su vez, me ha brindado una buena oportunidad para derivar importantes lecciones acerca de una muy amplia serie de cosas que he visto pasar frente a mis ojos.

Como ahora está nuevamente de moda entre políticos de gobierno y, con algún grado de sorpresa, también entre algunos de una presunta oposición, calificar con el grosero mote de demagogo a cualquiera que se atreva a cuestionarles su nuevo paquetazo fiscal, que en estos momentos están urdiendo en la Asamblea Legislativa, debo decir que mi campo profesional es el de la economía, entre cuyos estudios doctorales en la Universidad de Wisconsin me especialicé en el área de las Finanzas Públicas. Tal vez esto me puede brindar algún espacio en la mente de algunos para seguir opinando sobre estos temas, a riesgo de que aún así el abogado Ministro de la Presidencia me critique por demagogo, con lo cual nos daría a entender que él, con ese paso transitorio en un gobierno, sí está ciertamente capacitado en cuanto a conocer bien del área de las Finanzas Públicas. Es frecuente encontrar entre funcionarios gubernamentales esa pretensión de creer que monopolizan el saber en algún área del conocimiento económico, pero simplemente se debe a circunstancias de la vida el que deban hablar de temas acerca de los cuales es muy poco o nada lo que saben.

Por ello, a riesgo de que se me enmarque el hoy honroso título de “demagogo”, me atrevo a reclamar por un alto al engaño al cual se ha ido sometiendo a la ciudadanía través de los años en este tema de los paquetes tributarios. De mi experiencia de esos cuarenta años como observador de las políticas públicas, puedo señalarles que, más o menos, cada tres y medio o cuatro años, el Poder Ejecutivo presenta un paquete de nuevos y mayores impuestos para que sean aprobados por la Asamblea Legislativa, para lo cual aducen que necesitan esos fondos adicionales para acabar con el déficit que se ha presentado en sus finanzas. Esto es, el gobierno de turno arguye que necesita de mayores recursos para poder cerrar la brecha ocasionada por un exceso de gastos sobre los gravámenes que recauda.

Su petición para acabar con el déficit del gasto público termina convirtiéndose en una tragicomedia repetitiva. Comedia, porque llama a la risa la cara compungida con que nos aparecen los Ministros de Hacienda de turno en esos cuatrienios, reclamándonos por más impuestos para acabar con el déficit, aunque sólo se trate de un rictus falso, fingido, pues bien saben que sólo piden esa plata para poder gastarla de nuevo, poco tiempo después de que la tengan en sus manos. Y digo que es una tragedia, porque siempre suelen ser los mismos ciudadanos costarricenses quienes al fin y al cabo seremos los que terminamos pagando esos nuevos impuestos. Con estos mayores gravámenes no sólo lograremos un descenso en los ingresos que llevamos libres a nuestros hogares, producto de nuestro trabajo, esfuerzo y ahorro y que ahora deseamos gastar como mejor sabemos hacerlo, en vez de cómo lo puede hacer el Estado.

Tragedia porque también encararemos la amarga situación de tener que enfrentar un aumento en los precios de los productos ahora sujetos a los impuestos, pues naturalmente los empresarios, quienes dice el gobierno que serán los que tendrán que pagar esos gravámenes, tratarán de trasladarlos hacia los consumidores al ver sus costos incrementados. Pero hasta aquí no llega el mal: si los empresarios ven que sus negocios caen, en el marco de la recesión en que ya, en estos momentos vivimos, tratarán de salvarlos aunque sean empleando menos gente que la que a la fecha tienen trabajando. Un gobierno serio no debe provocar un desempleo mayor en el sector privado de la economía ̶ el de todos nosotros, trabajadores y empleadores productivos del país ̶ tan sólo para mantener los jugosos salarios en los empleos públicos.

Esa tragicomedia debe terminar. Por ello creo que es indispensable que la ciudadanía se dé cuenta plena de cómo es que funciona todo este proceso político de los paquetes tributarios: más o menos cada tres y medio o cuatro años se presentan ante la Asamblea Legislativa con el pretexto de que el Estado tenga recursos para disminuir el déficit vigente al momento. Uno esperaría que el Estado fuera a ahorrar esos nuevos fondos y así disminuir el déficit. Pero con suerte eso dura un par de años, pues luego veremos cómo el tal déficit vuelve a crecer y crecer, haciendo necesario que otra vez el gobierno busque allegarse recursos tributarios con el mismo pretexto de disminuir el renacido déficit, pero ya sabemos que simplemente servirán para gastarlos poco después en nuevos y mayores gastos, que a su vez con el paso del tiempo inflarán de nuevo un déficit inevitable.

Porque de eso se trata todo en el gobierno: de poner nuevos y mayores impuestos para poder gastar más y más. Durante estos cuarenta años, más o menos cada tres años después de que se les han aprobado los nuevos y mayores impuestos, empieza a aparecer reiterativo el déficit en el sector público. En otras palabras, aproximadamente tres años después de que se les aprobara el paquete tributario de turno, vuelve el déficit fiscal, reincidente, obcecado y machacón. Simplemente ya se gastó en exceso lo que había ingresado por los nuevos tributos, lo cual es el inicio del nuevo ciclo: se hace necesario, otra vez más, aprobar un nuevo paquete tributario que llene el nuevo déficit, pero una vez aprobado…

El descaro ha ido evolucionando e incluso observamos como los políticos de turno cada vez enfrentan mayores dificultades técnicas mas no morales, de lenguaje pero no de convicciones, acerca de cómo llamar al último, al del momento, paquete tributario de moda. Como a los anteriores los han propuesto en nombre de la “justicia tributaria”, de la “equidad tributaria”, “para que los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres”, “con el fin de lograr el balance presupuestario”, “para hacer una reforma tributaria”, “asegurar la estabilidad de la economía”, “lograr una compensación tributaria”, “hacer una reforma tributaria integral”, “lograr una mejora impositiva”, entre muchos otros intentos por disfrazar el verdadero nombre que merece la expoliación de nuestros ingresos personales, cada vez se les dificulta más cómo justificarlos ante el país. Ahora le tocó el turno llamar al paquetazo “Ley de Solidaridad Tributaria”, como si fuera un ejemplo de solidaridad proponer que el 70 por ciento de la recaudación esperada provenga de un aumento en el impuesto a las ventas y su transformación en un impuesto al valor agregado, que ya sabemos quién será el que termine por pagarlos. Suena a descaro que se atrevan a llamarle de “solidaridad tributaria”.

Creo que tan sólo durante la administración Pacheco no fue aprobado un paquete tributario, como sí se ha hecho durante cada una de las que nos ha gobernado durante los últimos cuarenta años. ¿Dígame Usted si acaso con esos nuevos y mayores impuestos que se le han cobrado en cada nueva administración, se ha eliminado el déficit? Nunca, ¿verdad?

La explicación es muy clara y muy sencilla. Al entrar la plata nueva, se procede a gastarla y que el próximo gobierno que entre vea cómo le hace para llenar de nuevo el hueco que le van a heredar. Huecos que somos los costarricenses quienes cada cuatro años tenemos que lidiar para pagarlos un nuevo paquetazo impositivo.

Es hora de deshacernos de este tornillo sin fin en que los políticos nos han sumido: si les damos más plata, la van a gastar de nuevo y el próximo gobierno, el de Arias-Solís, nos recetará otra vez con nuevos y mayores impuestos. Ya sabemos que, con el cuento de la necesidad impostergable de satisfacer la justicia social y de lograr la estabilidad económica del país, nos dirán que es indispensable que la ciudadanía tenga más y mayores impuestos. Pero ya sabemos que es tan sólo para poder seguir gastando. Eso debe acabarse ya, antes de que todos nosotros terminemos tan sólo trabajando para el Estado, que es el camino por el cual nos conducen.

[Elisa]

2011-10-25-TODO MENOS REBAJAR EL GASTO PÚBLICO

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TODO MENOS REBAJAR EL GASTO PÚBLICO

Publicado en el sitio de ASOJOD el 25 de octubre del 2011.

Francamente no me extraña que La Nación haya sido sorprendida en cuanto a la reducción del gasto público que se ha propuesto en la Asamblea Legislativa. Es bien sabido que el diputado Fishman, en unión de otros legisladores, había decidido, al fin, entrarle con ganas al exceso de gasto gubernamental, que hoy se refleja en un déficit del 5.5% del Producto Interno Bruto y que es el fundamento que el gobierno ha pregonado como medida para proponernos la imposición de un nuevo paquetazo tributario. La reducción del gasto que ese grupo de diputados proponía para el presupuesto que el gobierno ha presentado para el 2012, ascendía a aproximadamente ¢54.000 millones y, según La Nación, ese presupuesto asciende a un total de ¢5.9 millones de millones (o sea, billones). Si los números de La Nación están bien, la reducción que proponían don Luis Fishman y demás diputados no es ni siquiera de un uno por ciento del presupuesto total enviado por el gobierno (específicamente de un 0.92%). Una bicoca.

Me imaginé que la sorpresa que dice haber sufrido el editorialista de La Nación del lunes 24 de octubre, se debía a la reducción relativamente tan moderada que proponen esos diputados, pero no: lo que nos dice que lo sorprendió fue, por una parte, que “unos (los diputados de la oposición) trataron de hacer mucho”, así como, por otra parte, que el gobierno de la República propuso, como alternativa a esa propuesta de reducción de los diputados, una rebaja en el presupuesto que envió a la Asamblea Legislativa de tan sólo ¢4.900 millones; esto es, ni siquiera una décima de un uno por ciento del presupuesto inicial (específicamente, de un 0.08%). Si las cifras que nos da La Nación están bien, ¡la oferta del gobierno es ridícula! ¡Totalmente ridícula! Como pocas veces vista y ciertamente difícil de creer.

Y, según La Nación, aunque luego se moderó esa suma de reducción inicialmente propuesta por los diputados de la oposición, “la suma resultaba muy elevada”. ¿Elevada?, si hemos podido darnos cuenta que no llegaba ni a un uno por ciento del presupuesto mandado a la Asamblea por el Poder Ejecutivo. Luego La Nación tiene la ocurrencia de hacer una olla de carne de esa propuesta de los diputados de reducir en menos de un uno por ciento el presupuesto con la ridícula oferta del Poder Ejecutivo de rebajarla en sólo un 0.08%, para proponernos nuevos y mayores impuestos.

Basado me imagino en la experiencia con otros paquetes tributarios con que se nos ha venido abrumando cada 3 y medio o 4 años desde hace cuatro décadas, al menos, don Luis Mesalles de la Academia de Centro América y columnista de ese periódico, comentó que “Aún si Hacienda lograra recaudar lo que pretende, el hueco del déficit seguirá siendo de más de medio billón de colones anuales” y enfatizó que “históricamente ninguna de las llamadas reformas o paquetes tributarios aprobados ha logrado que los impuestos aumenten en más de un 1% del PIB.”

O sea, ni aprobando la reducción de gastos que inicialmente propusieron los diputados de la oposición y ni al mismo tiempo imponiendo el paquetazo tributario, se va a eliminar el déficit que actualmente tiene este gobierno gastón. Me imagino que lo que intenta esta administración es, una vez más, seguir con el nadadito de perro de siempre: tener un déficit relativamente pequeño al inicio de la aprobación del nuevo paquete de impuestos, para que después se haga presente el gasto que ahora ha podido financiar, para que aumente de nuevo el déficit y volver a plantear otro aumentazo de impuestos a la ciudadanía. En resumen, lo que este gobierno busca es lograr plata para financiar más gasto y que el gobierno que venga atrás vea cómo resuelve las cosas mediante otra propuesta de un nuevo montón de gravámenes.

Por ello, gracias al PACto, el gobierno cedió en la presión que estaba ejerciendo ante las instituciones autónomas, que es otro gran componente del Estado gastón, para que redujera su gastadera, pero apenas vio que logró el apoyo del PAC para el paquetazo, dejó de urgir esa reducción y que todo siguiera igual que antes: gasto y más gasto público. Asimismo, por ello el gobierno tuvo la osadía de proponer esa alternativa de reducción de gasto gubernamental por un monto tan absurdamente bajo, porque cree que tiene amarrado el nuevo paquete de impuestos y por tanto no se siente ya obligado a hacer sacrifico alguno, que pueda hacer un poco más aceptable el sacrificio impositivo que sólo exige al ciudadano común y corriente.

Si el gobierno reduce su gasto, aún cuando tengamos un déficit en sus cuentas, pero sin que haya un aumento en los impuestos, prefiero esa situación por una razón muy sencilla: no se va a afectar el crecimiento de la producción de todos los costarricenses, pudiendo incluso el gobierno recoger así más en impuestos como sucedió hace pocos años, en época de Arias, cuando el crecimiento de la economía permitió que mejorara la recaudación fiscal, aunque luego echaron por la borda todo ese ahorro de recursos.

Si se ponen nuevos y mayores gravámenes se va a reducir la tasa de crecimiento, ya de por sí alicaída, del Producto Interno Bruto, el cual crece cada vez menos y menos, y, aunque sorprendentemente el Banco Central no parece haberse dado cuenta de ello, o no ha querido siquiera mencionar la posibilidad, estaremos enfrentando a la larga mayores déficit gubernamentales, posiblemente mayor inflación y seguramente un aumento en los niveles de desocupación en el país. Y una Nación preocupada, porque algunos valientes diputados propusieron una reducción de menos un uno por ciento del presupuesto de gasto gubernamental para este año que viene.

[Elisa]

2011-11-01-DE IMPUESTOS Y GASTO GUBERNAMENTAL

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DE IMPUESTOS Y GASTO GUBERNAMENTAL

Publicado en el sitio de ASOJOD el 01 de noviembre del 2011.

Muchas veces me he referido a que un sistema tributario debe tener un cierto sentido de justicia, pero por supuesto tiene una contrapartida, cual es que esos recursos sean usados con sensatez, con mesura. Posiblemente si esto último fuera la norma, la gente estaría más dispuesta a enfrentar su parte del costo de mantener un gobierno, que se supone le debe proteger ante terceros que desean causarle daño y darle seguridad.
Difícilmente nuestro gobierno exhibe sensatez en la forma en que dispone de su gasto. Por ello, nos guste o no nos guste el ejercicio, por llamarlo de alguna manera, que recientemente realizó el diputado Luis Fishman, nos ha de servir de recordatorio de lo lejos que está nuestro Estado de aquella mesura, de aquellos principios de probidad, que exige un manejo sensato de los recursos que los ciudadanos hemos confiado en el Estado, para que nos brinde ese servicio esencial de proveernos de seguridad ante el enemigo interno y el externo, fundamentalmente.

Lo que pasa es que uno observa en los estados modernos, que no por ello son más inteligentes sino tan sólo más cercanos en el tiempo, cómo la dispendiosidad es la regla que más bien rige el gasto, lo que estimula a que se inmiscuya en cuanta cosa se le puede ocurrir a algún gobernante de turno. No voy a satanizar esta práctica del gobernante respecto al gasto y puedo hasta asumir que muchas veces es impulsado por las mejores intenciones en sus propósitos de gasto. Pero esto no suficiente justificación de lo que se observa.

Cuando los hechos muestran una y otra vez que esos propósitos supuestamente loables constituyen una simple sustitución de acción gubernamental por la acción privada de las personas, sólo que ejercitada a un costo mayor; o sea, con una ineficiencia mayor, da lástima que el mejor uso que los individuos pueden hacer con sus recursos bien ganados sirviendo a los demás, sea empleado en la creación usualmente, de una burocracia que es la que disfruta de ese gasto, más que nadie.
No se está abogando porque tengamos una sociedad sin Estado. Tal vez sólo una mente febrilmente política de alguien que presume de sabio bienhechor, pueda acusar a quienes nos oponemos al despilfarro y a la intromisión del Estado en la vida del ciudadano, como seres que anhelamos un regreso al pasado. Tal vez para algunas cosas el pasado puede haber sido mejor, pero en la realidad de las cosas, sólo cuenta el presente, al igual que las posibilidades de tener un futuro que sea mejor que la actualidad. Si se tiene un sistema tributario que cada vez sangra más a las familias, dejando menos recursos para poder satisfacer sus necesidades de consumo y sus deseos de crecimiento por medio del ahorro y de la inversión, pues ese futuro nunca podrá llegar a ser mejor.

De aquí que no se trata de anhelar pasados, sino de tener posibilidades para un crecimiento mayor y mejor. Si para condiciones económicas normales sirve esta regla, más aún cuando por circunstancias de la vida las economías no muestran posibilidades de tener un crecimiento relativamente alto y, más bien, pende ominosa sobre muchas personas la continuación de una recesión que hemos vivido y que nos ha costado mucho. Una economía que mantiene una tasa de crecimiento que apenas deja sacar las narices por encima de la superficie del agua que habíamos logrado tan sólo hasta hace pocos años y que ahora sólo parece ofrecernos menores nivel de empleo y más bajos niveles de ingresos familiares.
De ninguna manera es justo que, en momentos en que la situación de nuestra economía es tan difícil, se acuda a la imposición estatal. No estamos en una bonanza relativa, como la que se puede haber tenido hace unos pocos años en el reino del “sabio bienhechor”, que puede haber permitido que el gobierno gastara a manos llenas, pero, eso sí más grave, atando el futuro de la nación a ese gasto desproporcionado. Si lo que en verdad ese gobernante lo que tiene es una mentalidad social-estatista, aunque la disfrace a veces de una actitud presuntamente en favor de la libertad y de la empresa privada y de la vida propia de las familias, lo cierto es que los hechos parecen mostrar que la norma es la contraria: se pretende que el Estado sustituya la acción privada y la mejor manera de lograrlo es extrayendo los recursos que las familias generan para usarla en la satisfacción de sus propios deseos y necesidades políticas.
Difícilmente veremos funcionarios estatales que estén dispuestos a reducirse, por su propia voluntad, como grita el sabanero, los jugosos sueldos que hoy les honran y que contribuiría, aunque poco, a disminuir el déficit gubernamental, pero que, ante todo sería un excelente ejemplo de mesura. La crisis en Europa, ocasionada por el excesivo gasto estatal, ha tenido que llegar a las profundidades que hoy observamos, como para que los altos burócratas, en España, en Grecia, en Inglaterra e Italia acepten reducciones en sus salarios, pues su Estado “ya no echa más”. En cambio, en Costa Rica el jolgorio continúa y ni por broma se asoma la posibilidad de que quienes hoy pretenden recetar con más impuestos al ciudadano, empiecen por sacrificarse ellos, mucho antes de mandar al resto de la ciudanía a la picota tributaria.

Este es tan sólo un ejemplo de un gasto gubernamental que no da trazas de retroceder, pues una característica de la politización de la sociedad, es su creciente burocratización, que implica una planilla estatal cada vez más amplia y de costos mayores. ¡Tan lejos de la sensatez a la que me referí al puro principio! Escogí referirme como ejemplo a los altos sueldos gubernamentales por ser lo que tal vez muestra con mayor y más clara evidencia el interés personal que mueve a los políticos, cual es su propio interés, aunque ciertamente ello es también aplicable a una gama sumamente amplia del gasto público. Una gama que oscila desde aquel empresario preocupado en que si el gobierno deja de gastar, limitará las compras que hace de su negocio, pasando por aquellos burócratas cómodos por la falta de competencia que diariamente observan, en claro contraste con quienes tiene que pulsearla día a día laborando para conservar el favor de un cliente o perder sus ingresos.
La esperanza está en que el ciudadano diga que ya es suficiente con los impuestos que hoy paga. Dar un no rotundo a mayores impuestos, porque si se les otorga más recursos, al fin y al cabo, lo único que va a permitir, como el que está sujeto a la droga, es que agarre más impulso para seguir gastando. Si se les da más plata por la vía de los impuestos, no habrá forma de impedir que puedan seguir su gasto en crecimiento, al cual vislumbran como ilimitado. Si no se le pone un freno, observaremos cómo decaerá nuestra nación y, sobre todo, cada uno de los ciudadanos que hoy habitamos en ella, incluyendo a quienes creen que serán lo que seguirán sirviéndose con la cuchara grande, porque una de las características es que, como la culebra, se termina devorándose a sí misma. Si se empobrece la sociedad productiva, los ingresos de los burócratas también caerán inevitablemente.

Una de las más mayores estupideces del nuevo paquete tributario es que más bien contribuirá a que, una economía ya deprimida, caiga aún más. Con ello podrán recaudar aún menos, hasta que se acabe para todos. Este no es un susto en ocasión de Halloween: este fenómeno se observó desde hace muchos años atrás, en Lagash, en la Sumeria del hoy moderno Irak, hace cerca de unos 6.000 años. Debida a una guerra, la gente de Lagash introdujo grandes impuestos para pagar por ella. Sin embargo, al terminar, no redujeron los gravámenes. En conos de arcilla, en escritura cuneiforme, se lee como había recaudadores de impuestos de lado a lado en la nación. “Todo estaba gravado. Aún los muertos no podían ser enterrados (igual que va pasar con el IVA ahora, pues también se le aplicará) a menos que se pagara un impuesto.” La historia termina cuando un buen rey, Urukagina, estableció “la libertad de su pueblo” y de nuevo “dejó de haber recaudadores de impuestos”. Sin embargo, la buena medida llegó demasiado tarde, pues poco después el invasor extranjero destruyó la ciudad, mostrando que tal vez la política no fue tan sabia… pero hay otra tableta cuneiforme de Lagash en la cual se lee lo siguiente: “Puedes tener un Dios, puedes tener un Rey, pero al hombre al cual hay que temerle es al recaudador de impuestos”. (Charles Adams, For Good or for Evil: The Impact of Taxes in the Course of Civilization, Lanham, Maryland: Madison Books, 1992, p. p. 2-3).

[Elisa]

2011-11-08-EL GATAZO IMPOSITIVO Y LOS RATONES

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EL GATAZO IMPOSITIVO Y LOS RATONES

Publicado en el sitio de ASOJOD el 08 de noviembre del 2011.

Todos los ratoncitos esperaban que aquél día fuera igual que cualquier otro. Tranquilos manejaban a sus trabajos, iban a sus escuelas, se dirigían a las fábricas y a abrir las puertas de sus negocios, en donde ya otros hacían fila para hacer sus compras de siempre. El ratón constructor les indicaba a sus ratoncillos ayudantes, que se apuraran en la construcción de la casita que pronto habitaría una pareja de jóvenes ratones, próximos a casarse. En el centro de la ciudad, el ratón banquero se apresuraba para estar listo a las nueve, cuando tendría que atender a sus clientes, unos ratoncillos interesados en pedirle plata prestada y, otros, en prestársela.
Nada ominoso se vislumbraba en la distancia tranquila, pero, de pronto, casi de la nada, saltó a la escena un voraz gatazo, quien rampante y con voz fuerte exigió a los ratones que le pagaran todo tipo de nuevos tributos, pues al fin y al cabo era su amo todopoderoso. Si no le obedecían en su arrebato, los mandaría a la cárcel y hasta su vida correría peligro.
Ante el rayo que rompió la tranquilidad ciudadana, los ratoncillos huyeron espantados, cada cual por su lado, corriendo por su vida sin pensar en las de los demás. Sólo trataban de ver cómo escapaban de las fieras garras del temido gato impositivo, aunque al hacerlo dejaban el campo para que el gatazo se comiera a cualquiera de los otros compañeros. Se trataba de su vida o la de los otros ratoncillos.
A ninguno se le ocurrió pensar que, ante el desmadre provocado por el gato voraz, aunque cada uno intentara salvar su propia vida, a su propia cuenta y riesgo, corriendo en estampida, ya las cosas no iban a ser jamás iguales, a como se habían venido viviendo. De poco les iba a valer seguir con vida, si en la incertidumbre quedaban muertos muchos de sus vecinos.
En tanto, el gatazo cruel se relamía de la felicidad, ante la genialidad de poner mayores impuestos a los tranquilos ratoncillos, con la ayuda de sus compinches políticos, a quienes por supuesto luego les haría partícipes del festín, que tendrían con lo que habrían podido arrebatarles a los ratones, quienes difícilmente se podrían quitar de sus espaldas las nuevas cargas impuestas.
Pero más que todo, el gato se chupaba los labios porque ya olfateaba lo que vendría después del anuncio de mayores impuestos. Una vez más, pensaba en lo buena que había sido su estrategia del pasado y que no había razón para que no lo fuera esta vez. Se trataba de la artimaña del divide y vencerás, mezclada con aquello de que lo mío es lo único que importa. Así, el gato esperaba pronto ver el desfile usual ante su corte: cada representante de los diversos grupos de ratoncillos llegaría a ofrecerle el sacrificio de todos los otros, a cambio de que sus representados no fueran afectados en esta ocasión. El gato sabía que cada ratoncillo estaba dispuesto, con tal de salvarse a sí mismo, con tal de poder sobrevivir, a que fueran otros los que terminaran pagando las consecuencias de la decisión del gatazo.
Y así han sucedido las cosas. El primero que pidió hablar con el gato fue un ratoncillo muy influyente, el ratoncillo banquero, quien le prometió al gato, privadamente por supuesto, que públicamente proclamaría por la necesidad del paquete de impuestos que el gato pensaba poner sobre todos los ratoncillos, siempre que se le quitara de la mente, la idea loca de poner impuestos a los intereses que tenía que pagar por los ahorros, que los demás ratoncillos colocaban en su negocio (y por supuesto, que tampoco el gato se aprovechara para poner más impuestos a los pobres bancos). Y el ratón banquero cumplió: públicamente dijo que el paquete tributario era conveniente, pero que era innecesario gravar los intereses de los ahorros.
Lo que el ratón banquero no pensó fue que, si los demás ratones iban a ser gravados y como a la vez eran clientes suyos, les iba a quedar menos plata para pagarle lo que le debían a él: tendría una baja en la calidad de la cartera, como le dijo eufemísticamente el ratón regulador, refiriéndose a los préstamos que ahora pasarían a incobrables y a los perros que los otros ratoncillos le irían a amarrar. El gato no ha podido cumplir su parte de lo conversado y los impuestos sobre los intereses aún están siendo decididos por los felinos políticos.
Al ratón banquero le siguió el ratón solidarista, quien vestido de conciencia social logró convencer al gato que, de por sí, era un grupo relativamente escuálido y que era injusto que también tuviera que tributar por lo poco que le quedaba. Como eran muchos los de ese gremio y, además, el gato estaba en un proceso de negociaciones similares con otros ratones contrincantes, los ratones cooperativos, el gato se acordó de lo peligrosas que podían resultar ser las multitudes y accedió a dejar a ambos por fuera, y que las cargas recayeran sobre el resto de ratoncillos mortales. Salvados los ratoncillos solidaristas y los cooperativistas, siempre revisarían por si el gato no tenía algún otros gravamen oculto que tuvieran que pagar, pero por el momento, mutis y bien tranquilos.
Luego siguió el ratón constructor, molesto porque le quitaran el tiempo que tenía dedicado a la construcción de casas para ratoncillos jóvenes recién casados. De paso, ni el constructor ni el periódico de la ciudad habían tenido tiempo para darse cuenta de que, con el impuesto a los intereses por los ahorros, los ratoncillos jóvenes dejarían de ahorrar en el banco del ratón banquero, porque les iba mejor gastando ahora en queso, que en ahorrar la plata necesaria para pagar la prima de la casita. En todo caso, al ratón constructor se le ocurrió una idea brillante: pedirle al gato que le rebajara los impuestos (porque son varios los nuevos que el gatazo les recetó en esta ocasión) para poder seguir construyendo, no importando si también esa rebaja la sugería para el resto de actividades en que estaban normalmente involucrados los demás ratones.
Es cierto que el ratón constructor tal vez así saldría particularmente del apuro, pero no se le ha ocurrido pensar que toda la generalidad de ratoncillos ahora tendrá menos plata, que entre otras cosas les dificultará poder comprar casas que él tendría que construir. No hay peor cosa que tener ahora los mismos clientes, pero más pobres. Nada más, imagínense que, tal vez, con la idea del ratón constructor, el ratoncillo recién casado tendrá que pagar un poquito menos por la casa, pero siempre va a tener que enfrentar el montón de nuevos impuestos, cuando tenga que amueblar la casa, porque nadie vive en una vacía; además de que habrá ahorrado menos para poder pagar la prima de la casita. El ratón constructor pensó en lo propio, no en los efectos negativos que sobre los demás roedores tendrá la ambición del gatazo.
Y así fueron pasando uno tras otro los representantes de los ratones agremiados ante la corte del gato, pidiéndole clemencia para sus representados, aunque callando para que no se dañara a sus congéneres. Sólo pensaron en las consecuencias directas, pero no en los efectos que sobre ellos tendría el daño causado a los demás compañeros y que sin duda se reflejará en su propia actividad. Por eso es que el gato ronroneaba de satisfacción: cada cuál que peleara por lo suyo, pues en río revuelto, ganancia de pescadores. Y el gato lucía muy bien vestido de pescador.

Una vez más tendrá éxito la voracidad fiscal del gato. Aplicaba bien la falacia del todo y las partes: cada uno de los ratoncillos individualmente buscaría cómo salvarse, pero, al hacerlo, dejaba que se afectara a cualquier otro del gremio. Con ello el gato podía al final de cuentas lograr una buena tajada de la propuesta que originalmente presentó, sin tener que llegar al extremo de tener que acabar con toda la comunidad de ratones, que era la que finalmente lo mantenía. No se puede concebir a un gatazo tal, que esté dispuesto a acabar con la existencia de quienes siempre lo han mantenido vivo.

Todo iba muy bien para el gato, hasta que a un ratoncillo se le ocurrió gritar: paremos la payasada de más y más impuestos. No más tributos. Si seguimos dándole plata al gato, cada vez nos irá a pedir más y más. Claro que eso exigía que el desfile de ratoncillos pedigüeños del favor del gato, pidiéndole que se les eximiera del tributo pero que sí lo fuera a costa de los demás, terminara de una vez por todas. El resultado de esa lucha por la dignidad de los ratoncillos quedará por verse en un próximo capítulo.

[Elisa]

2010-11-30- PAR DE GASTOS EJEMPLARES

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PAR DE GASTOS EJEMPLARES

Publicado en el sitio de ASOJOD el 30 de noviembre del 2010.

Hay gente que se especializa en decir que “no es posible reducir el gasto estatal”. En realidad no es sino una excusa para promover el crecimiento de la burocracia gubernamental. En esta ocasión no haré un recuento de posibles reducciones del gasto público. Si hay alguien interesado en ello podría leer el artículo de don Carlos Federico Smith en el Boletín de ANFE del mes de noviembre, el cual se espera salga a la luz en una semana. Pero hay ocasiones, como ésta, en que me cuesta refrenarme en mis propósitos de reducir el gasto público. Hoy daré dos ejemplos que me han molestado, tal vez por ser de reciente factura y que aún no se han consolidado en el ego estatista de la ciudadanía como para excusar su existencia. Prueba de esta última afirmación mía es formular la pregunta de si alguien recuerda cuál fue la última reducción de gasto significativa en el estado costarricense o si puede traer a colación el cierre de alguna institución gubernamental una vez que fue creada en, digamos, estos últimos diez años. Me quedaré esperando una respuesta y si fuera afirmativa, al menos eso a mí me alegraría, aunque se me desmienta.

En días recientes en distintos medios (prensa y televisión) apareció la noticia de una propuesta para subsidiar o garantizar un auxilio a los toreros aficionados que participen en nuestras corridas criollas. Yo, como aficionado, no logré entender cómo es posible que se vaya a subsidiar alguien quien voluntariamente se lanza a un ruedo dizque torear. M imagino que quienes así lo hacen son conscientes de que se arriesgan al hacerlo y que no hay razón alguna para que Juan Pérez en Machorcado de Güelta de Jorco tenga que pagar impuestos para subsidiar a ese osado torero. Sé que es muy fácil pedir fondos públicos y algo más difícil el que se otorguen, pero en asuntos de gasto estatal es fácil observar la mayor diversidad imaginable, resultado de presiones políticas que ejercen algunos grupos específicos o bien de la actitud de políticos de usar el gasto estatal para lograr atraerse votantes. No sería nada raro ver que la Asamblea Legislativa apruebe una ley para subsidiar a los toreros improvisados, pero tendría que apurarla, pues las Fiestas de Fin de Año ya están a la puerta y es la hora de dispensar favores con platas ajenas que pertenecen a la ciudadanía.

Más triste es lo sucedido con una oleada de anuncios reciente de Acueductos y Alcantarillados; “anunciadera” en televisión que cuesta toda una bicoca. En parte por la naturaleza inclemente, así como por haber la Municipalidad de Escazú otorgado tierra hace varios años a gente relativamente pobre para que allí construyeran sus casitas en Calle Lajas (o Río Lajas), las recientes inundaciones hicieron que esa pobre gente se quedara en la calle, sin casa en donde morar. Pero también hubo pérdidas al destruirse sistemas para el suministro de agua, entre otros daños graves.
Me interesa este aspecto del suministro de aguas: el país ha incurrido en grandes pérdidas financieras por los temporales y con los recursos tan limitados de que se dispone, no es posible que, de la noche a la mañana, se recuperen todos los daños. Uno esperaría que el gobierno fuera especialmente frugal en estas circunstancias y que hiciera todos los esfuerzos posibles para redirigir los escasos fondos hacia la reposición de los daños. Obligado a cumplir con su deber de restablecer el servicio de agua, Acueductos y Alcantarillados paga un costoso programa de anuncios en diversos medios para decirnos a los ticos que ha cumplido con su deber. Esa era su obligación y blasonar con tal actuación es una muestra de una gran insensibilidad e irresponsabilidad que debería ser políticamente castigada. El montón de plata que Acueductos y Alcantarillados desperdicia hubiera sido mejor empleada si la dedicara a reparar los enormes daños. Eso se lo agradecerían los ciudadanos. El tema es que como no son fondos de alguien, sino públicos, los jerarcas de esa entidad estatal no tienen reparo en gastarlos, aunque sea en su autobombo.

[Elisa]

2010-12-07-RELAJO SINDICAL

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RELAJO SINDICAL

Publicado en el sitio de ASOJOD el 07 de diciembre del 2010.

No puede pasar inadvertida la información suministrada por La Nación del pasado lunes 29 de noviembre acerca de cómo un empleado de JAPDEVA termina ganando más si se incapacita que si labora. El privilegio es claro. Hoy cualquier persona que no sea un trabajador en JAPDEVA si es incapacitada por la Caja Costarricense de Seguro Social recibe como compensación un 60% de su salario mensual, aproximadamente. Por el contrario, el privilegiado trabajador de JAPDEVA, gracias a la leonina convención laboral de que disfruta, además de aquel 60% recibe un 40% proveniente de la misma JAPDEVA. El relajo evidente no acaba aquí: durante su periodo de incapacidad tampoco se le pueden cobrar las cuotas del Fondo de Mutualidad que tienen los trabajadores, además de recibir el aguinaldo completo aún cuando se ausenten de su trabajo.

El incentivo es muy claro: vale más, para efectos de los ingresos que se llevan a la casa, estar incapacitado que trabajando. El resto de trabajadores del país no recibe tal gollería, precisamente para evitar este tipo de práctica nefasta. Adicionalmente, este privilegio a unos cuantos que laboran en JAPDEVA lo cubre el resto de los costarricenses, mediante los impuestos que pagamos. De acuerdo con la información periodística, “a la fecha, en la institución hay 47 empleados que cumplen un año o más de incapacitados”, agregando, que “los casos más graves son de personal con licencia por enfermedad que están fuera de los puertos desde enero del 2005.”

Pues, ¿cómo no iba a ser así? Todo el incentivo diseñado para los privilegiados trabajadores de JAPDEVA está para lograr incapacitarse y con ello poder “ganar más”. Lo que el periódico no dice (en esta ocasión) es que muchos dirigentes del Sindicato de JADEVA se han acogido a tales incapacidades, hecho que ha sido públicamente denunciado. La Caja dice aún estar en proceso de investigación de estas denuncias, pero ya lleva muchos meses sin decirnos qué resultó de la investigación. Producto de mi malicia indígena o del escepticismo que ya ha hecho callo sobre el accionar del estado, no me queda más que dudar acerca de un deseo de la Caja de aclarar las cosas y señalar las responsabilidades de aquellos médicos que otorgaron las incapacidades que ya llevan muchos, pero muchos, meses. Casualmente, muchas de esas incapacidades son de dirigentes del Sindicato de JAPDEVA.

Para agregar mayor malestar a la conciencia de los ciudadanos, quienes somos los que pagamos todo este tipo de desmadres, el dirigente napoleoncillo de JAPDEVA, Ronaldo Blear, al quejarse acerca de la información que sobre este privilegio difundió el actual Gerente de JAPDEVA, don Allan Hidalgo, sentenció que los días de don Allan “están contados en JAPDEVA” y lanzó el reto ante la ciudadanía de que irá “a defender los derechos de los trabajadores” y que no va “a permitir más que se esté ensuciando el nombre de los trabajadores”. No sólo el Secretario General del Sindicato de JAPDEVA nos golpea con una clara amenaza, sino que aprovecha para hacerse el ofendido tan sólo porque el Gerente de JAPDEVA denunció el privilegio ante la ciudadanía: ante nosotros quienes somos quienes los que pagamos esa gollería. Se necesita tener una cara de barro para todavía querer cobrarnos por medio de la amenaza, aunada al simple desaguisado que el Sindicato ha impuesto a todo el país.

Es hora de que la ciudadanía despierte y recupere el sentido de decencia elemental extirpado por la convención de JAPDEVA. Esta denuncia no debe pasar inadvertida. Si se siente mal por este abuso, reaccione. Si lo hace por escrito, mándele una copiecita a la Sala Constitucional, que tal vez la tendrá presente la próxima vez que tenga que pronunciarse sobre privilegios arrancados a toda la ciudadanía costarricense.

[Elisa]

2010-12-21-ESTÁ PERDIDO EL CASO A FAVOR DE LA DEMOCRACIA

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¿ESTÁ PERDIDO EL CASO A FAVOR DE LA DEMOCRACIA?

Publicado en el sitio de ASOJOD el 21 de diciembre del 2010.

La antítesis de la visión liberal de la economía es la planificación central, tal como lo conceptualizaron el fascismo y el comunismo -los “primos” ideológicos- durante el siglo veinte. En tanto que bajo la visión liberal es la libre concurrencia en los mercados la que esencialmente determina las relaciones económicas, en donde intervienen miríadas de decisiones individuales, en los órdenes económicos centralizados es algún grupo de individuos dentro del estado el que define esas relaciones. Aquí algún ente gubernamental central -usualmente un muy pequeño grupo- sustituye por las suyas a esas decisiones individuales

La otra amenaza que enfrenta el orden liberal es más sutil: proviene de lo que Sanford Ikeda llama el intervencionismo y que lo define como “la doctrina o sistema basado en el principio del uso limitado de medios políticos para enfrentar los problemas identificados con el capitalismo de laissez-faire… Debido a que el intervencionismo le asigna al gobierno poderes discrecionales para interceder dentro del proceso de mercado que van más allá de un estado mínimo, difiere del capitalismo de laissez-faire en donde el objetivo primario de un gobierno es la protección de la integridad del sistema de mercado basado en la propiedad privada.” (Sanford Ikeda, Dynamics of the Mixed Economy: Toward a Theory of Interventionism, New York: Routledge, 1997, p. p. 35 y 36.).

No hay duda de que una de las formas más evidentes de esta amenaza intervencionista lo constituye la incorporación de esa prédica constante por redistribuir los ingresos provenientes de los resultados que determina el mercado hacia otra definida por políticas gubernamentales, muy visiblemente mediante el uso de tributos sobre quienes obtienen ingresos más allá de cierto nivel, que se trasladan (asumamos que no hay costo por la intermediación gubernamental) hacia quienes obtienen ingresos inferiores a ese nivel.

Una muestra de este intervencionismo es la pretensión politiquera de lograr que esa palabrería repetitiva de que “los ricos paguen como ricos” se haga una realidad (aunque muestren la ignorancia usual de confundir riqueza con ingresos). En resumen, tratar de gravar progresivamente con impuestos a quienes tienen ingresos por encima de cierto monto predeterminado. La otra porción del esquema redistributivo los políticos lo buscan justificar con un “ayudar a los pobres” (de nuevo confundiendo riqueza con ingresos) que en resumen se traduce en un redireccionamiento de esos gravámenes hacia quienes hipotéticamente poseen ingresos inferiores a cierto nivel.
En todo caso, no parece haber duda de que las políticas redistributivas constituyen un claro caso del intervencionismo gubernamental al cual nos hemos venido refiriendo.
Este propósito redistribucionista suele ser claramente promovido durante los procesos electorales: es en las campañas políticas cuando se suelen presentar propuestas para trasladar recursos provenientes de algunas personas -hipotéticamente de ingresos relativamente más elevados- hacia otras con ingresos relativamente menores. Con base en un principio de votación al que se le considera democrático, en donde cada persona tiene un voto, puede darse un sesgo hacia la profundización del redistribucionismo.

Imaginemos, por un momento, que los electores enfrentan una votación acerca de una propuesta en la cual aquellos que tienen un ingreso superior a un nivel X predefinido, deberán pagar un gravamen de un cierto porcentaje sobre dicho exceso, mientras que aquellos que no alcanzan ese nivel X, quedan exentos del pago del impuesto y que los ingresos recaudados del primer grupo son trasladados (digamos que íntegros) hacia el segundo grupo de votantes. A primera vista los votantes de este segundo grupo votarían a favor de la propuesta, mientras que en contra lo harían los del primer grupo. Como en una democracia se supone que una persona (adulta, nacional) tiene derecho a un voto, si lo ejercieran simplemente se requeriría que el monto X que separa los grupos de ingresos sea lo suficientemente alto como para que una mayoría simple pueda decidir aprobar el proyecto redistributivo. La clave estaría en la definición de ese monto X clave.
¿Conduciría el ejercicio democrático -así simple e hipotéticamente expuesto- a una redistribución tal de los ingresos, que al final de cuentas cada votante terminaría por recibir un monto neto idéntico? En nuestro ejemplo ultra-simplificado dicho monto universal surgiría cuando se defina un monto X tal que logre una votación en su favor por un voto más que el que en comparación lograría el grupo opuesto perdidoso. Sabemos que en la realidad, por ejemplo, el estado (los burócratas, los gobernantes) se quedará con una buena tajada en esa intermediación redistributiva, por lo cual podría evitarse esa igualdad tan socialista, además de que en la política suelen participar muy diversas coaliciones que buscan lograr otros intereses distintos de la redistribución de los ingresos, pero parece que abría una tendencia hacia tal igualación de ingresos netos sobre todo si se amplía el rango de votantes, principalmente de niveles de ingresos relativamente más bajos.

Como yo he considerado por mucho tiempo que la democracia es el mejor sistema posible para cambiar de gobernantes sin que medie el derramamiento de sangre, ¿me debería ahora de entristecer este prospecto redistribucionista de una mayoría votante (conceptualmente la de un simple voto más que el resto de votantes)?

Hay un argumento que me revive la fe: las políticas redistributivas tienen un efecto negativo sobre el crecimiento económico al romper el lazo esencial que hay entre producción e ingresos en una economía. Quienes arriesgan, innovan, crean, los que tienen espíritu empresarial, se dan cuenta de que las políticas redistributivas minan los incentivos que tienen para producir (creo que Obama ya debe haberse dado cuenta de esto). Lamentablemente ello termina afectando el crecimiento de la economía. Los pobres suelen ser grandes beneficiados del crecimiento económico, como lo puede atestiguar la historia económica de los últimos trescientos años. Por ello prefieren vivir en un sistema político-económico que les brinde oportunidades para progresar y vivir mejor. Creo que ya los griegos de hoy (entre otros europeos) se han estado dando cuenta plena de cómo el distribucionismo termina provocando pobreza. Habría que esperar que en la cuna de la democracia logren pensar mejor acerca de los efectos que pueden tener sus votos; concretamente como un redistribucionismo demagógico los termina afectando Veo al ejercicio democrático convertido en un proceso de aprendizaje que les permitirá -lamentablemente a plazo- darse cuenta de que la demagogia del distribucionismo es su verdadero enemigo. Ojalá que nosotros no tengamos que aprender la lección sufriéndola en carne propia. Nada más vean lo que está pasando en gran parte de Europa y, en mucho, en los Estados Unidos de hoy.
Sé que estas reflexiones son muy burdas; muy primeras, pero vale la pena pensar.

Presentado el martes 21 de diciembre del 2010 en el sitio de ASOJOD

[Elisa]

2010-12-14-INCONSISTENCIA LIBERTARIA

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INCONSISTENCIA LIBERTARIA

Publicado en el sitio de ASOJOD el 14 de diciembre del 2010.

Por alguna razón la mayoría de los ticos se considera que pertenecen a la llamada clase media. Si es rico, más allá de lo que poseen las familias de clase media, me imagino que aseveran pertenecer a ella para no darse color ante los que ponen impuestos y si es relativamente más pobre, creo que se puede deber a que hay un deseo de que el progreso que suele implicar la clase media ya se encuentra en sus hogares. Por eso casi siempre responden que pertenecen a la “clase media”. Obviamente los tecnócratas sociólogos, expertos en asuntos de clases, rechazarán mis hipótesis, lo cual no me preocupa, aunque si debo señalar, recordando mis lecturas de Pitirim Sorokin cuando era joven y estudioso, de que en asuntos de clases el análisis caía en una especie de arroz con mango; por ello los conceptos de clases ya no son tan útiles como se creyó hace algún tiempo. Mi familia, que es de clase media, obviamente que se beneficiaría directamente si se aprobara un subsidio que la favoreciera, como el que analizaré a continuación, pero tal práctica extraordinaria iría en contra de mis principios, por lo cual deseo escribir esta nota de hoy.

Tengo enorme aprecio personal por la diputada libertaria doña Patricia Pérez, por ello me sorprendió -y no de forma agradable- el proyecto de ley que presentó ante la Asamblea Legislativa para lograr que hubiera mayores fondos para que la clase media obtuviera vivienda. Como era de esperar, tan noble propósito encontró amplio eco en el resto de los diputados, quienes, ni lerdos ni perezosos, ya han indicado estar a favor de la propuesta. Muchos de ellos, casi que estoy seguro, lo hacen porque están a favor de “ayudar” a la clase media (ninguno están en contra de la clase media), pero estoy seguro que no han pensado en las implicaciones derivadas de la aprobación de una ley como esta.

Conociendo el conocimiento profesional privada de la diputada Pérez, con gran experiencia en las Mutuales, más bien me extraña que la solución que propone para dotar con casa a las familias de clase media, lo sea mediante un subsidio a los intereses que tendrían que pagar, los cuales, concuerdo con ello, son muy elevados. Estoy seguro de que doña Patricia conoce los numerosos estudios que a través de los años han hecho muchos economistas acerca de las razones por las cuales, en nuestro país, el diferencial entre las tasas pasivas que un banco comercial le paga a sus ahorrantes es tan grande con respecto a las tasas activas que le cobra a quienes les presta. De paso recuerdo los innumerables trabajos para la Academia de Centro América, de Edna Camacho, Rodolfo Quirós, Ronulfo Jiménez, Thelmo Vargas, Oswald Céspedes y muchos otros, que bien debe recordar don Patricia.

Si fuera así, Doña Patricia no abogaría por subsidiar intereses para ningún grupo en particular, sino en reducir ese “spread” tan elevado, el cual se origina en la obligación de mantener altas reservas legales, el pago de impuestos locales, los altos gastos operativos de los bancos (estatales), entre otros. En síntesis, más bien debería proponer que legalmente se diera una reducción significativa de esos elevados costos de transacción hoy trasladados a todos quienes piden prestado en los bancos, incluyendo los de clase media que solicitan préstamos para su vivienda.

El problema con estos últimos préstamos más bien parece estar en el plazo tan corto a que se otorgan, lo que contrasta con la situación de, por ejemplo, los Estados Unidos, o Panamá y más recientemente El Salvador. Una propuesta que permitiría que nuestro país tuviera préstamos a plazos tan largos como los citados lo sería mediante la aprobación de un proyecto de ley precisamente acogido por el Movimiento Libertario para su trámite legislativo, como es la dolarización de nuestra economía. Esta posibilitaría ayudar a que la clase media adquiera vivienda en un plazo factible para este tipo de inversiones. En el caso de El Salvador, antes de que se dolarizara, tales préstamos eran de una duración parecida a la actual de Costa Rica; ahora tienen una duración similar a la estándar de Panamá: 30 años.
Finalmente, aprovecho para referirme a una coyuntura actual de la economía costarricense, que la propuesta de la diputada Pérez deja de lado. El déficit actual del sector público puede llegar a un 5% este año y a un 6% en el próximo, principalmente por un exagerado gasto gubernamental. Históricamente los libertarios han indicado su disposición para introducir algún grado de racionalidad en ese desbocado gasto estatal, pero la propuesta de la diputada Pérez propone todo lo contrario. Más bien aumentaría el gasto gubernamental porque con el presupuesto público es que se financiaría el 50% de los intereses que tienen que pagar las familias de clase media a quienes se les otorguen préstamos bajo la propuesta bajo comentario. Esos gastos irían a aumentar el déficit en momentos en que más bien los gobernantes nos dicen que pedirán ante el Congreso en aumento de los impuestos que paga la ciudadanía. Triste papel hacen quienes por años han señalado posiciones contrarías a los subsidios estatales y el excesivo gasto público.

En lo personal tengo un gran aprecio por la diputada Pérez, por lo que aprovecho para recordarle la cita de Aristóteles: “Amicus Plato, sed magis amica veritas” (Soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad).

Presentado el martes 14 de diciembre del 2010 en el sitio de ASOJOD

[Elisa]

2010-12-28-SE VISLUMBRA UNA BUENA DECISIÓN

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SE VISLUMBRA UNA BUENA DECISIÓN

Publicado en el sitio de ASOJOD el 28 de diciembre del 2010.

El Ministro de Obras Públicas y Transportes, Ingeniero Francisco Jiménez, ha empezado bien el año 2011 con su decisión de ir moderando la limitación a la libre circulación que el estado costarricense impuso hace varios años al libre tránsito en la ciudad de San José.

He dicho que “se vislumbra” porque a la fecha en que esto se escribe la restricción vehicular, así llamada, se ha suspendido gracias a la ineficiencia (para nuestra suerte) de ese Ministerio en enviar a tiempo a la Imprenta Nacional un nuevo decreto que mantuviera la restricción actual. Por eso es que no tenemos en esta primera semana de enero limitación alguna para circular. Pero el Ministro nos anuncia que la nueva restricción (cuando manden a tiempo el decreto para su publicación, que estoy seguro no fallará esta vez) en vez de ser de un día entero según la placa, como era hasta ahora, será de acuerdo con el número de placas pero sólo para ciertas horas: de 6 a 7 y media en la mañana y de 4 y media a 7 en la noche.

Esto permitirá que los costarricenses estemos menos limitados en nuestro derecho a circular libremente, pero también mejorará lo que hoy tarda un ciudadano en acudir a sus centros de trabajo al verse impedido de manejar por la carretera de circunvalación o por el centro de San José. Esto se traducirá en una menor utilización de combustible que la actual, pues se le venía obligando a tomar desvíos que alargaban su ruta normal y así gastaba más gasolina. Posiblemente hasta lograremos ahorros en el tiempo de tránsito, pues los desvíos que había que tomar se saturaban fuertemente al vernos los ciudadanos obligados a usar rutas menos eficientes.

El ahorro previsto en la cantidad de combustibles va a ser muy útil porque ya se avecinan fuertes aumentos en sus precios (y les apuesto que aumentará la inflación importada, lo cual mostrará como las tasas relativamente bajas se debían a la moderación del alza en los precios internacionales y no a la magia del Banco Central, como nos lo ha querido demostrar).

Estos incrementos en los precios de los combustibles espero que no vayan a impulsar a quienes erróneamente promovieron la restricción vehicular bajo el pretexto de que se lograría un ahorro. Algunos datos, que luego dejaron de brindarse al público, nunca mostraron ese ahorro de combustibles que juraron se daría. Espero que el Ministro, que me parece ser una persona bastante razonable, no haga caso a estos futuros y repetidos cantos de sirenas, que más bien terminan por causar un grave daño. Espero que más bien se resista a volver a una restricción torpe que hoy está decidido a abandonar y que en realidad es poco lo que puede haber permitido de ahorro en combustibles para todo el país.

Habrá otro factor que jugará en contra de la inteligente decisión del Ministro de Transportes: la angurria del estado. Acaso no se han dado cuenta de la jugosísima fuente de ingresos que constituyen las multas por violar las actuales restricciones. El monto de esas multas no es sólo asombrosamente alto para el tipo de “delito”, sino que su recaudación es relativamente barata para el estado costarricense: varios tráficos estratégicamente ubicados para atrapar al osado que se atreva a romper esa infame ley de tránsito actual. Si se quitan las restricciones (o se reducen) se eliminan los ingresos (o se reducen): muerto el perro se acabó la rabia.

Le deseo el mayor de los éxitos al Ingeniero Francisco Jiménez por enfrentar el dogma de la regulación de la conducta humana por la decisión de algún burócrata arrogante que cree saber más que todos nosotros actuando libremente. Sé que tiene muchas otras tareas por delante para dignificar la gestión gubernamental en el sector de transportes en el país. En ellas los costarricenses lo debemos apoyar insistiendo en que no las deje de lado, Puede hasta ser necesario defenderlo de los “amigos” que tiene adentro o cerca y que en verdad sólo desean que las personas no seamos libres de circular en nuestro país, aunque con ello sólo logran disminuir nuestro bienestar.