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Tema: ENSAYOS DE ASOJOD

  1. #41
    2011-08-02-A LA MEMORIA DE DON MARIO ECHANDI

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    A LA MEMORIA DE DON MARIO ECHANDI


    Publicado en el sitio de ASOJOD el 05 de julio del 2011.

    Hay dos hechos cruciales en la vida de don Mario Echandi, que merecen ser igualmente reconocidos en nuestro país por todas las personas de bien. Como pocos, don Mario contribuyo a restaurar la paz interna ente los costarricenses y siempre luchó por la honestidad y la honorabilidad en la gestión pública.

    Tuve el placer de compartir con él y algunos de sus amigos en varias ocasiones, pero una de ellas la recuerdo y aprecio profundamente, pues conversamos un buen rato acerca de un inquietud que ambos compartíamos, cual era sobre las posibilidades de expresarnos con plena libertad en nuestros medios, principalmente en la prensa escrita. A ambos nos preocupaba la censura que a veces se impartía por alguno de los directores o dueños o personas influyentes en el medio para restringir ideas que se expresaban o querían exponer en el periódico. Ambos nos dábamos cuenta de que, si bien los periódicos tenían sus dueños, quienes en última instancia podían hacer lo que quisieran con su propiedad, lo deseable era que los periódicos estuvieran abiertos a las mayores posibilidades para la difusión de la ideas, sin que ello tuvieran que significar que el medio tuviera que estar de acuerdo con ellas. La realidad era que, en verdad no muy frecuentemente, los periódicos en ciertos momentos tenían su forma de ejercitar censura a lo que colaboradores de opinión o políticos deseaban exponer en sus páginas.

    No obstante mi experiencia personal, don Mario pasará a la historia como un verdadero hombre de paz, pues permitió la reparación de profundas heridas entre connacionales, producto de la guerra civil de 1948. Logró esa restauración de la libre acción de personas de bien, pero con distintos pareceres sobre diversas cosas, principalmente de la política, que amargamente en esos momentos se definía en la separación forzosa de familias, de amigos, de vecinos, de compatriotas, no sólo físicamente, sino también en el campo de la moralidad. Si bien no me gusta usar la palabra “odio”, me parece que es la más apropiada para describir lo que sucedía en los momentos en que don Mario Echandi se debe haber propuesto restaurar la unión de los costarricenses. Y afortunadamente, con sus acciones y voluntad, lo logró, para agradecimiento de la Patria y de todos los costarricenses. Por eso hoy lo recuerdo como hombre de paz, en el sentido bíblico más hondo.

    Don Mario también fue un infatigable luchador por la decencia en la cosa pública. Relativamente joven, ello me impresionó profundamente. Tanto que, en un momento histórico, en que salió, con su señoría y respeto bien ganado, clamando porque las autoridades hicieran un alto en el camino y lucharan contra la corrupción que, en ese entonces, se entronizaba en el país, se convirtió en la fuente que me inspiró a escribir un comentario titulado “Corrupción” en el periódico La República, el 7 de mayo de 1976, y que, en homenaje a la memoria que tengo de don Mario, me permito reproducir en esta oportunidad:

    “El pasado primero de mayo, en su mensaje ante la Asamblea Legislativa, el presidente de la República, Daniel Oduber, señaló lo siguiente:

    “Es en esos sectores llamados privados desde donde se ofrece a los funcionarios públicos gratificaciones y reconocimiento materiales a cambio de preferencias en la adjudicación de un negocio, de una licitación o de una posición de ventaja en la vida empresarial. Es dentro de esos mismos sectores donde se encuentran los cómplices de negociaciones turbias; desde donde se rompe la moral social escatimando en maniobras obscuras las cargas de tributación que todo ciudadano debe pagar a la sociedad, de acuerdo con sus ganancias”.

    Lo anterior sí fue dicho por el presidente Oduber. Ni más ni menos, el señor Presidente, al observar la creciente preocupación ciudadana por la corrupción observada al amparo del privilegio estatal, no vacila en culpar a otros de la corrupción entronizada en su gobierno. Así de fácil el tamal: si te atacan, ataca a los que te atacan.

    El señor Presidente de la República, burdamente, no explica a quienes creímos en su “Alto a la Corrupción”, que el problema radica en que en el Estado están los mismos que buscan los privilegios, las prebendas, las preferencias y dan las gratificaciones. Nos habla de corrupción el señor Presidente, pero no nos habla de los Vesco, de los prófugos internacionales, del caso Saopim, de los negocios sucedidos en el Conejo, de los usos de fondos públicos para viajaderas innecesarias, de la Recope y otra cosas que tantas veces se han dicho públicamente y, aunque el señor Presidente diga que “Detener la corrupción en el país… es tarea de tales dimensiones que no puede ser asumida con posibilidad de éxito por un hombre o sólo por el gobierno”, ¿Por qué, entonces, ante las denuncias que formuló públicamente don Mario Echandi, el silencio encubridor, avasalladoramente encubridor, fue la respuesta al viril desenmascaramiento de lo turbio en nuestro país?

    El señor Presidente hace mal en callar ante la corrupción. Que denuncie específicamente quiénes del sector privado ̶ con nombres y apellidos ̶ “ofrecen a los funcionarios públicos gratificaciones y reconocimientos materiales”. Estoy seguro que el país lo agradecerá o será que la última exposición del señor Presidente, seguirá el mismo derrotero del famoso discurso de la toma de posesión del 8 de mayo de1974, en que dijo luchar contra la corrupción. La infamia, que olvida el señor Presidente, radica en frustrar las aspiraciones honestas de muchos costarricenses de todos los colores políticos, que ya estamos asqueados.

    Sería lamentable tener que recordarle al señor Presidente el propio lema de su campaña presidencial: Ya nadie engaña a nadie.”

    ¡Paz a los restos de don Mario y que ahora goce de la gloria de Dios!

  2. #42
    2011-08-09-ACERCA DE LA MENOR CALIFICACIÓN DE ESTADOS UNIDOS

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    ACERCA DE LA MENOR CALIFICACIÓN DE ESTADOS UNIDOS


    Publicado en el sitio de ASOJOD el 08 de setiembre del 2011.

    No podía dejar de referirme al tema de la reducción en la calificación de los Estados Unidos que recientemente le impuso la empresa calificadora Standard & Poor’s.

    Lo primero que quiero señalar es que tengo poca confianza en el trabajo que, en los últimos tiempos, han desempeñado las empresas dedicadas a calificar la bondad de distintas entidades económicas. En el caso particular de los Estados Unidos, está presente su pésimo desempeño en la valoración que, para potenciales inversionistas, realizaron a empresas financieras de Wall Street pocos días antes de que se entronizara la crisis de fines del 2008. No pudieron darse cuenta de la enorme exposición al riesgo que tenían importantísimas entidades financieras que luego quebraron, tanto de aquellas que el gobierno federal estadounidense no impidió que cerraran, así como otras a las que sí se les prestó cuantiosos fondos federales para evitar esa situación de bancarrota, bajo el cuento de “too big to fail”.

    Al surgir la crisis, se dio como explicación de esa conducta impropia de las empresas calificadoras, el que ellas efectuaban tales calificaciones mediante el pago por las mismas firmas que iban a ser valoradas. Lo que se conoce como riesgo moral se hizo patentemente presente.

    Aparte de todo esto, creo que esa reducción en la calificación de los Estados Unidos, por la cual se redujo su calificación de AAA a AA+, si bien es algo ligeramente menor, sí muy significativa por tener esa nación un récord histórico de haber mantenido por muchos años la más alta calificación. Después de todo, los Estados Unidos han tenido una moneda que básicamente ha sido universalmente aceptada y, aparejada a esta valoración, ha mantenido el mayor aprecio como nación segura en donde invertir fondos de deuda gubernamental.

    Antes de observar cuál es la reacción de los principales mercados bursátiles, que no han abierto al momento de escribir este comentario, es difícil predecir qué va a suceder en cuanto a la tenencia universal de bonos estadounidenses, si bien deseo destacar que para invertir no existe una cantidad de deuda gubernamental como la de los Estados Unidos, que potencialmente pueda absorber las apetencias de los inversionistas por este tipo de instrumentos financieros. Por ello, me parece que difícilmente se puede considerar que habrá una huida sustancial de su deuda hacia la de otras naciones, pero posiblemente implique algún costo mayor que compense la reducción de AAA a AA+.

    Para mí lo más importante de lo sucedido es que debería de interpretarse como una llamada de atención a los Estados Unidos por el manejo de sus déficit gubernamentales.

    Debe tenerse presenta que la deuda pública de esa nación ha aumentado sustancialmente porque los déficit del gobierno lo han hecho igualmente. En cuanto a la deuda federal, al momento es casi un 60% de su Producto Interno Bruto y, según la Oficina del Presupuesto del Congreso de esa nación, en el 2021 aumentará a un 90% de su PIB. Por su parte, los déficit, si empezamos porque en el último año de la administración de George Bush, hijo, fue de $460 billones (es decir, según la nomenclatura costarricense, $460 miles de millones), ya con dos años de la administración de Obama aquél se elevó a $1.4 trillones en el 2009 (esto es, en la nomenclatura costarricense $1.4 millones de millones) y para el 2010 se estima en $1.29 trillones (es decir, $1.29 millones de millones aquí). Pero hay más: la administración del Presidente Obama en su presupuesto federal para el 2012 proyectó un déficit de $1.645 trillones (esto es, $1.645 millones de millones en nuestra terminología).

    La solución que algunos proponen es aumentar los impuestos para reducir el déficit, pero el grave problema es que, en una recesión, si me acuerdo de mi amigo Keynes, no se deben aumentar los impuestos, sino más bien reducirlos. Pero, economistas difuntos aparte, lo cierto es que la evidencia histórica ha sido muy evidente en que, cuando se reducen los impuestos, como en los años 20 con la rebaja tributaria conocida como Mellon-Coolidge o más recientemente cuando la administración Kennedy redujo en los años 60 la tasa impositiva, dio lugar a un fuerte crecimiento de la economía y, en consecuencia, del bienestar de los ciudadanos. En todo caso, lo que se conoce como economía del lado de la oferta enfatiza que, cuando las tasas marginales impositivas exceden a un 40%, se ejerce una influencia destructiva sobre los incentivos de la gente para trabajar, así como en el uso deficiente de los recursos escasos. Por ello, hay una argumentación legítima en contra de aumentar más los impuestos en los Estados Unidos, a riesgo de que, de llevarse a cabo, afectaría negativamente el crecimiento de la economía, factor crucialmente importante en estos momentos en que esa nación permanece en medio de un ciclo recesivo, caracterizado por una tasa de desocupación ligeramente superior a un 9% de la fuerza de trabajo.

    Esto deja como única alternativa para estabilizar los déficit, y con ello poder reducir a mediano y largo plazo el crecimiento de la deuda pública, reducir el gasto público en los diferentes renglones de gasto en ese país. Por supuesto que en esta consideración personal entra el importante gasto en defensa, pero es mi obligación profesional destacar dos factores de enorme impacto en el gasto de esa nación, como son los llamados “bailouts” o programas de salvamento empresarial que llevó a cabo el gobierno federal para, supuestamente, evitar la quiebra de empresas en el marco de la crisis citada, así como también el enorme crecimiento que han tenido los rubros conocidos como programas de transferencias sociales, conocidos como la Seguridad Social, el Medicare y el Medicaid, que juntos constituyen un 10 por ciento del PIB de ese país y que se estima que, en el año 2052, llegarán a ser el 18.2% del PIB y, si se supone que los ingresos tributarios no varían, terminarán por absorber el total de impuestos que recauda el gobierno federal de los Estados Unidos.

    Por todas estas razones, considero que la reducción de la calificación de la deuda de los Estados Unidos de AAA a AA+ es una llamada de atención para que se ponga orden en la casa, consejo que no debe ser dejado de lado. Si lo sucedido se hubiera dado en alguno de nuestros países, ya el Fondo Monetario Internacional estaría metido con todas sus narices, diciéndonos cómo tenemos que lograrlo (posiblemente, como casi siempre, pidiéndonos que aumentemos los impuestos). En este caso, la empresa calificadora Standard & Poor’s pide algo similar, pero, si se le hiciera caso y se elevaran los impuestos, en vez de reducir el elevado y creciente gasto gubernamental, posiblemente resulte mejor que el mensaje no sea escuchado. Parece preferible que, casi que por primera vez, se oigan las voces de quienes piden algún grado de sanidad y disciplina fiscal, reduciendo el desbordado gasto público causante del enorme déficit y también de la enorme deuda del gobierno federal. ¿Aprenderemos algo, los costarricenses, de la lección de la importancia del orden en el gasto público que hoy nos viene desde los Estados Unidos?

  3. #43
    2011-08-16-PROSIGUE EL DESORDEN FISCAL

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    PROSIGUE EL DESORDEN FISCAL


    Publicado en el sitio de ASOJOD el 14 de julio del 2011.

    Una de las pocas reglas conducente a introducir cierta disciplina fiscal necesaria en el país era la de que los gastos corrientes del gobierno central; es decir, aquellos distintos de los de inversión, en tanto que aquellos incluyen principalmente las remuneraciones salariales y las pensiones, fueran cubiertos con ingresos corrientes; es decir, básicamente con los impuestos recaudados. Esta es una política fiscal eminentemente sana, pues hace posible que aquellos gastos de inversión que realiza el estado, como, por ejemplo, caminos, carreteras, escuelas, hospitales, entre muchos otros, puedan ser financiados mediante el endeudamiento interno o externo. Esto es lógico desde varios punto de vista: exige valorar las inversiones propuestas que, para que puedan ser llevadas a cabo, deberán de dar un rendimiento mayor que el costo de ese financiamiento y, por otra parte, permite que, mediante un endeudamiento que deberá ser repagado, se disponga de los recursos necesario que muy posiblemente no pueden ser financiados en su totalidad en un año dado con los ingresos corrientes. Se supone que el rendimiento de esas inversiones y su efecto positivo sobre el crecimiento de la economía, será mayor que su costo de intereses que se deberán ir pagando con el paso del tiempo y, al final, al vencimiento, del propio préstamo recibido. Es decir, con dicha práctica fiscal hay la posibilidad de endeudarse y pagar dicho préstamos a largo plazo, sin que sean gastados en los llamados gastos corrientes, que por definición se espera que no den los resultados que tiene una inversión.

    Si algo se puede haber aprendido de las crisis de naciones de Europa como Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia, y más cerca, la reciente de los Estados Unidos, es la falta de disciplina fiscal que ha caracterizado a sus gobiernos. La norma ha sido un exceso de gasto público por encima de los ingresos tributarios corrientes, lo cual ha significado que surjan cuantiosos déficit en las cuentas del gobierno, el cual, por el momento, ha acudido principalmente al endeudamiento interno y externo, en magnitudes cada vez mayores, a fin de poder paliar ese exceso de gasto sobre los impuestos. Enfatizo “por el momento”, porque aún dispone del mecanismo de rebajar el valor de sus monedas mediante una emisión monetario que cubra esos déficit, pero que ya sabemos que ello a lo único que conduce es a la inflación.

    En Costa Rica nos hemos ido acercando peligrosamente a la situación conocida de las naciones europeas y de los Estados Unidos. El exceso de gasto gubernamental genera déficit cada vez mayores, que deben financiarse mediante la colocación de deuda interna o externa, hasta que la cosa termina por explotar cuando los mercados descuentan el elevado costo de estas prácticas, como lo ha reflejado la reciente reducción de la calificación de la deuda federal del gobierno de los Estados Unidos, así como también de las naciones europeas mencionadas.

    La pregunta es, entonces, ¿qué hacen las autoridades para evitar estos problemas? A todas luces promueven la única y más fácil solución que los estatistas tienen entre manos: aumentar los impuestos.

    De paso, dado que parece que don Ottón Solís no conoce del tema, aunque dedicó una página entera en La Nación para defender las llamadas políticas Keynesianas, me referiré a este asunto de la oportunidad de aplicar esas políticas para salir de la recesión . Lo cierto es que Keynes propuso que, ante una recesión en una economía industrial, existía conceptualmente tanto el remedio de introducir política monetaria como la fiscal, a fin de poder aumentar la demanda agregada, a cuya insuficiencia atribuía la causa de la recesión.

    En cuanto a la política monetaria, Keynes enfatizó que no era muy viable en medio de una recesión, debido a la inelasticidad de la inversión frente a una reducción en la tasa de interés –esto es, que la inversión casi no aumentaba ante una baja en la tasa de interés ̶ por lo cual una política monetaria expansiva tenía serias limitaciones para lograr estimular la insuficiente demanda agregada. Además, como parte de las limitaciones de la política monetaria, Keynes señaló la posibilidad de que se estuviera en presencia de la llamada trampa de liquidez, por la cual el Banco Central no estaba en capacidad de reducir las tasas de interés, debido a que la demanda de dinero era infinita a cierta tasa –la trampa de liquidez; esto es, que la gente demandaba la totalidad del dinero que el Banco Central emitiera como instrumento para salir de la recesión, en vez de dirigirlo a aumentar la demanda de bonos, cuyos precios aumentarían, con la consiguiente baja en las tasas de interés, que a su vez se reflejaría en aumentos necesarios en la inversión y de la demanda agregada.

    Esto dejaba como única posibilidad de política Keynesiana a la parte fiscal, ya fuera mediante la política tributaria o la de gasto público. En cuanto a la primera opción, Keynes indicó que la tasa marginal máxima del impuesto federal sobre la renta en esa época era de tan sólo un 25%, por lo cual existía una seria limitación para poder reducir la tasa y así bajar los impuestos, y con ello impulsar la demanda agregada en lo fura necesario. El gobierno de los Estados Unidos no hizo caso al consejo de Keynes de reducir los impuestos, sino que, por el contrario, aumentó la tasa marginal del impuesto sobre la renta a un 60% - hizo lo mismo que hoy pretende la administración Obama y que don Ottón no ha notado. Ante esto, la única posibilidad de política fiscal expansiva que quedaba, como la que proponía Keynes, era mediante una expansión del gasto gubernamental, y eso se hizo fuertemente en el episodio de la recesión de los años treinta. Sabemos que esta propuesta no tuvo éxito en aquella época, como tampoco actualmente parecen haberla tenido con las reducciones de impuestos que se hicieron y no reactivaron la demanda agregada ni la salida de la recesión que los Keynesianos anhelaban lograr con tales políticas tributarias.

    Volviendo a Costa Rica, el gobierno, en lugar de proponer una reducción del gasto, más bien este año, en su presupuesto del 1012, propone un aumento del gasto de un 8%, que, si bien aprovecha para alegar que es una bienvenida reducción del crecimiento del 13.7% del año pasado, lo cierto es que lo aumenta en términos reales en, al menos, un 2%, en vez de reducirlo ante los serios problemas deficitarios. En efecto, no se vislumbra por ningún lado un plan concreto de limitación al gasto público, sino que toda la acción del gobierno tiende hacia lograr un aumento de los impuestos y, entre tanto, saturar los mercados mediante un endeudamiento que casi equivale al 45% del total de su presupuesto para este año y que, por mucho, excede a su obligación de usarlo para cubrir los gasto de inversión y no los gastos corrientes. Espero que la Contraloría, a quien la Asamblea le ha prestado oídos sordos, mantenga su posición en contra de esta forma de financiamiento, pues es conveniente, a todas luces, que el Congreso vuelva a poner orden en este desorden, pues está a punto de reventar una crisis sin paralelo en nuestra economía. De la opinión que al respecto puede tener la Sala Cuarta, casi prefiero no hablar, pero sí me atrevo a preguntar si no ¿será porque la obligación de cubrir los gastos corrientes mediante ingresos ordinarios le obliga a que tenga que buscar financiamiento corriente para sus propios gastos ordinarios? Puedo estar equivocado, pero es hora de que apoye los esfuerzos para poner algún grado de orden en lo fiscal, dado que el Poder Judicial y la Sala, en particular, son parte sustancial del gasto gubernamental que hoy está desfinanciado en tan alto grado.

    Enfatizo que, antes de acudir a la emisión monetaria como una salida del apuro de gasto, lo que el gobierno propone es aumentar los impuestos, pero ello va en contra de todo lo que uno conoce como medidas fiscales en caso de una recesión, como la que actualmente viven la economía nacional y mundial, además de que el endeudamiento a que hoy tan fácilmente acude el gobierno, será descontado como impuestos futuros sobre todos los ciudadanos, además de que se puede esperar un alza en las tasas de interés y una menor disponibilidad de crédito para el sector privado. Esto mientras este mismo gobierno no se decida a soltar las amarras monetarias.

  4. #44
    2011-08-23-RESPONSABILIDAD POLÍTICA

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    RESPONSABILIDAD POLÍTICA


    Publicado en el sitio de ASOJOD el 05 de julio del 2011.

    El Primer Ministro del Japón Murayama, poco después del terremoto que asoló la región de Kobe en esa nación, dijo que “él aceptaba la plena responsabilidad política por las más de 5.000 muertes causadas por el terremoto”. Este es tan sólo un ejemplo de cómo en ciertas naciones civilizadas, los políticos, si bien no siempre están dispuestos a renunciar cuando alguien se los solicita, si los hechos son de cierta magnitud o importancia, asumen la responsabilidad por ellos. Terminan renunciando y yéndose para la casa. Eso es lo que se llama asumir la responsabilidad política.

    Por eso no he entendido muy bien cómo, después de que se han gastado sumas millonarias en nuestro país, provenientes de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, a fin de resolver el famoso problema de la platina, lo único que ha sucedido es la suspensión de una funcionaria de segunda, encargada de la supervisión de puentes en CONAVI, entidad dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Suspensión supuestamente motivada por alguna actuación indebida en torno a la solución que las mismas autoridades gubernamentales del Ministerio propusieron públicamente. Porque no me imagino que la responsabilidad por incumplimiento de deberes, por la cual podría acusarse a esa funcionaria, no surge de haber propuesto soluciones que, en su momento, han de haber sido conocidas por las más altas autoridades de ese Ministerio y que no tardaron en hacérnoslas saber. Esto es, me imagino que las altas autoridades del MOPT han de haber conocido previamente cuáles eran las soluciones propuestas por el CONAVI y, al haberlas divulgado, fue porque, de alguna manera, les dieron su aprobación como solución al problema ya conocido.

    No se trata sólo de salir ahora al paso diciendo que la única persona responsable de todo el episodio es aquella funcionaria, pues más parece que estamos en presencia, una vez más, de que el hilo se rompe por lo más delgado. Debería de investigarse profundamente cuál ha sido el papel desempeñado por las autoridades de ese Ministerio, principalmente de los niveles más altos, que me parece son los políticamente responsables de las actuaciones de ese Ministerio. Porque sí, el manejo de esta situación de la platina ha ido todo un relajo y si no recordemos las medidas y el tiempo que ha tomado la solución que al final se vino a dar en torno a su arreglo, cual es que el puente debe ser construido de nuevo a un costo de muchos millones de colones adicionales.

    Gran cosa fueron las medidas que se tomaron meses atrás, cuando con el pretexto de un arreglo supuestamente final, nos crearon un verdadero calvario de interrupciones en las vías cercanas, en el marco de planes para aliviar las presas originadas por la reparación. ¿Se acuerdan de las ideas y promesas geniales para aliviar la congestión y el gasto de gasolina? Les menciono, entre otras, acelerar la presencia del tren de pasajeros a San Antonio de Belén, para que la gente pudiera movilizarse por medio del transporte público que ya no se podía hacer por el arreglo; la instalación de un puente frente al Castella –aunque resultó ser tardía, una vez que se había provocado la enorme presa por la reparación, como todo lo que se hace en el gobierno-; el arreglo de la calle que va de Heredia a Alajuela para agilizar el tránsito en el oeste de la ciudad, que aún no termina de arreglarse. Entre otras medidas que fueron propuestas para desfogar las presas que iba a causar la reparación de la platina y que no sirvieron y que sólo significaron mayor retraso y más alto gasto de gasolina para quienes usamos vehículos.

    En síntesis, con esas reparaciones lo que ha abundado es plata pública desperdiciada, no sólo en costos directos por la reparación del puente, que parecen haber ascendido a sumas millonarias, sino indirectos sobre el bolsillo de todos los transeúntes en la zona.

    Es cierto que ningún Ministro o Vice Ministra puede estar en todo, pero no es posible que, habiendo salido a la prensa cada rato, anunciando que ya tenían una solución al problema de la platina y que pronto el plan estaría en marcha, lo único que hoy podemos contemplar es la suma multimillonaria de fondos públicos gastados en todo este sainete. Era o producto de la fábula o una expresión de desinterés de las autoridades o un simple desprecio por los apuros de los costarricenses, a quienes se les asume ser tan tonticos como para ser embollados con un inminente arreglo. Lo único cierto es que hoy el problema del puente es muy grave, tanto por la inoperancia de los arreglos de la platina en si, como por el riesgo que corremos si se diera un sismo de cierta magnitud no infrecuente en nuestro medio, tal como lo han enfatizado algunos profesionales de la Universidad de Costa Rica y que ha sido divulgado por diversos medios de comunicación.

    Si tuvieran un poquito de dignidad quienes así han actuado, incumpliendo claramente sus deberes políticos en las posiciones claves para los cuales el Estado costarricense políticamente les contrató, ya nos habrían expresado que asumen sus responsabilidades políticas de todo lo sucedido y que se iban para sus casas.
    Pero, mirala: todo menos la renuncia…

  5. #45
    2011-08-30-POR QUÉ TAN CARO EN COSTA RICA

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    ¿POR QUÉ TAN CARO EN COSTA RICA?


    Publicado en el sitio de ASOJOD el 19 de julio del 2011.

    Ya han pasado muchos días desde que en un periódico de Costa Rica se hizo ver lo caro que se cobraba en nuestro país por los servicios domésticos de Internet, así como por la televisión por cable, en comparación con Panamá.

    Supuse que, dada la gran cantidad de usuarios de ambos servicios que hay en nuestro país, habría alguna reacción de los principales suplidores explicándonos por qué las razones de que aquí esos servicios fueran mucho más caros, pero mutis, nunca reaccionaron. También creí que habría alguna explicación de parte de los órganos reguladores, a quienes presumí como potenciales responsables de que aquí tuviéramos esos mayores costos, por múltiples razones, siendo la principal que posiblemente imponían restricciones onerosas; pero tampoco han dicho nada. Y, por supuesto, me imaginé que irían a reaccionar aquellas instituciones públicas presuntamente existentes para defender los derechos de los consumidores, pero, mirala, han dado por callada la respuesta. Posiblemente aducirán que sólo actúan cuando hay una denuncia concreta, lo cual no es más que sinónimo de una grave evasión de las responsabilidades para las cuales fueron creadas. Les recuerdo que no fueron forjadas para estar echadas cruzadas de brazos, sino para activamente promover la competencia en beneficio de los consumidores, cuya restricción es la amenaza que hoy se señala.

    El hecho es que, según la información periodística, en Panamá esos servicios son casi un 50% más baratos que aquí. Me he puesto a pensar si es que en Panamá hay un mayor aprecio por la competencia y, por ende, una mayor disposición gubernamental para promoverla hacia lograr el mayor número posible de oferentes, pero nadie ha podido confirmar mi apreciación. Al revés, pensé que tal vez en Costa Rica, con esa manera de ser que todo lo pretenden regular, más bien ha terminado por impedir el libre acceso deseable a esas actividades, mediante la introducción de elevados costos de entrada, pero tampoco lo he podido confirmar.

    Por ello creo que el asunto no debe ser tirado al cajón del olvido, tal vez principalmente de parte de quienes terminamos pagando esos servicios más caros de los que podríamos tener si hubiera actitudes más positivas hacia el consumidor y hoy ausentes en nuestro país. Soy consciente de que un consumidor difícilmente se va a meter en un pleito jurídico y a líos con burócratas, dado que el costo, si bien no es insustancial por esos mayores precios que debe pagar, nunca van a exceder a los costos de aquellos litigios.

    Pero tengo la esperanza de que encuentren alguna forma para defender la competencia y los beneficios que de ella obtienen.

    En esa interacción casi irrestricta que, gracias a Dios los ciudadanos aún podemos ejercer en nuestro país, hay gente que me ha contado algunas historias en torno a la falta de competencia en la televisión por cable y en la provisión de servicios de Internet, que se resume en un acuerdo –nadie me lo ha podido confirmar que sea por escrito, pero sí al menos me lo han mencionado como de hecho- entre los dos más grandes proveedores de esos servicios, como son AMNET y Cabletica, para no competir entre sí en ciertos lugares del país. Por ejemplo me han citado ciertas zonas del este de San José en donde, casualmente, el cliente sólo puede ser servido por una de ellas, mas no por ambas, de manera que, si quiere el servicio, se ve obligado a contratar la única que lo tiene disponible en esa área. Lo interesante es que hay otros sectores en donde sucede lo contrario; es la otra empresa la que tiene el monopolio exclusivo, pues la competidora aún no ha entrado o aún no va a entrar o lo que sea.

    Si estos son tan evidentes, ¿por qué los organismos promotores de la competencia no investigan su veracidad, pues, de ser así, se estaría ante un caso claro de colusión en contra de los consumidores, lo que los economistas conocemos como oligopolio, de lo cual un duopolio es, como tal vez en este caso, el de sólo dos empresas que se ponen de acuerdo para no competir y distribuirse el mercado?

    Pero no sólo debería de hacer tal evaluación la agencia de Promoción de la Competencia, sino también la de defensa de los consumidores, pues somos nosotros quienes estamos pagando más caro por lo que podríamos obtener más barato, si en verdad existiera una mayor competencia. Para eso, se supone, es que existe la entidad que actúa en defensa de los intereses de los consumidores, menoscabados por las prácticas monopólicas como la expuesta.

    También el análisis de la situación debería ser realizado por los órganos que han promovido la apertura de los servicios de Internet y televisión por cable en nuestro país.

    Quienes siempre hemos promovido esa apertura lo hemos hecho confiados en que no habría restricciones competitivas de alguna naturaleza, de manera tal que orgullosos podríamos mostrarles a los consumidores los beneficios que trae la competencia. Si es cierto que ésta se restringe por acuerdos entre pocos oferentes hay una función que deben cumplir las entidades reguladoras como, me imagino, serían la Superintendencia de Telefonía y no sé si la ARESEP. No se trata de tener una regulación absurda e insensata de precios que termina dañando al consumidor, sino de eliminar cualquier restricción que pueda afectar la libre entrada de cualquier empresa que desee poder competir en cualquier actividad, así como investigar si hay prácticas de división del mercado debido a la imposibilidad de que otras firmas puedan ofrecer sus servicios.

    Uno cree en la empresa privada, pero principalmente cuando está sujeta a la competencia y no cuando se pone de acuerdo para competir en contra del consumidor.

    Y termino señalando una posibilidad, tan sólo una posibilidad, que podría beneficiar a los consumidores nacionales mediante una mayor competencia: ¿Qué tal si decidimos y anunciamos, en el interés supremo del consumidor, que el mercado costarricense de televisión por cable y de Internet está abierto, sin restricciones diferentes aplicada a la empresas en el país, a cualquier empresa, incluso aquellas que, instaladas en Panamá y desde allá, deseen brindar sus servicios en Costa Rica? Les apuesto que lograremos bajar esos costos tan altos…

  6. #46
    2011-09-06-LLENO DE TRAIDORES A COSTA RICA

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    LLENO DE “TRAIDORES” A COSTA RICA


    Publicado en el sitio de ASOJOD el 06 de setiembre del 2011.

    Ya han salido quienes dicen entender al “porecito” del Ministro de Haciendo por haberle dicho a los diputados, quienes deberán aprobar el nuevo presupuesto de gastos del gobierno central, que no se podían “seguir aprobando leyes que aumenten el gasto sin generar ingresos. Eso es una traición a Costa Rica”.

    Yo no lo “entiendo”, pues difícilmente se golpea de tal manera a quienes deben aprobar lo que él les manda, aunque muchos de esos señores diputados y diputadas son seres sensibles, quienes podrían estar dispuestos a dejar de lado cualquier respuesta arrogante y una decisión de castigar al Ministro y, por el contrario, dedicarse a meditar acerca de las opiniones de aquél, que podrían haber sido expresadas de otra manera.

    En todo caso, lo que parece estarse dando es una repartición de culpas y por qué no empezar por los diputados, como lo ha hecho el señor Herrero (y que documenta ampliamente don Armando González en su columna de La Nación del 4 de setiembre).

    Pero sí de culpas se trata, tal vez uno bien pochotón es el propio gobierno del cual forma parte el prominente Ministro Herrero, pues ha mandado una serie de programas y proyectos de gastos sin que tengan los fondos requeridos. Para muestra un botón, de los cuales hay muchos más: ¿de dónde sale la plata para financiar a los llamados centros de cuido, última creación plena y total de doña Laura? Jamás me atrevería acusarla de “traición a Costa Rica” por haber propuesto proyectos de gasto estatal que no tienen contenido presupuestario, tal como acusa el Ministro Herrero a los diputados. Lo cierto es que ha existido una enorme irresponsabilidad de parte de este gobierno al mandar presupuesto a la aprobación legislativa, en el cual ni siquiera se financian los gastos corrientes con ingresos corrientes. Este presupuesto va tan desfinanciado que no tiene ni los ingresos necesarios para cubrir todos los salarios que este año tiene que pagar (¿quién será el “traidor”?). Está escrito que de los ¢1.7 billones que hay que pagar en salarios, ¢818.000 mil millones se financiarían con préstamos. Pero hay más: de los casi ¢5.900 miles de millones de presupuesto que envía el propio Ministro Herrera para la aprobación legislativa, un 45%; esto es, ¢2.655 miles de millones, deberá ser financiados por medio del endeudamiento. Yo no hablo de traición de nadie, pero lo cierto es que es un gasto que no está financiado, al igual que como le hizo el reclamo el Ministro a los diputados: es gasto del Estado sin impuestos aprobados para financiarlo.

    Desde ese punto de vista, ¿serán los únicos “traidores” los diputados del momento y el actual Ministro de Hacienda y su gobierno? Si alguien lo desea podría extender tal calificación a la administración anterior, cuando le heredó a don Fernando Herrero esa monstruosa planilla estatal que ahora ni siquiera puede cubrir “traicioneramente” en su presupuesto. ¿Será don Oscar otro más del club? Si nos ponemos a hilar delgado, nos llevaría a tantos “traidores de Costa Rica” que mejor nos olvidamos de ese apelativo, porque casi que no caben en nuestro territorio todos los que de una manera u otra han impulsado el gasto público desfinanciado.

    De paso una sugerencia para el Ministro de Hacienda, quien, ante la misma Asamblea Legislativa en que lo hizo acerca de la “traición a Costa Rica”, se quejó públicamente de que no podía reducir los rubros inflexibles de salarios que representan el 42% del gasto corriente, ¿qué tal si esa carga heredada la resuelve mediante el despido de los ahora innecesarios contratados por don Oscar Arias, en su momento y sin financiamiento, como critica que ahora lo hacen los actuales diputados?
    Los que me preocupan son los “traidores” futuros, porque si se aprueban los nuevos impuestos, para lo único que van a servir es para que ese Estado (gracias a sus “traidores” del momento) gaste más y más plata. Esa ha sido la historia fiscal de nuestro país en los últimos tiempos.

    Hace poco revisaba comentarios que escribí hace años y en uno de ellos, titulado “La Economía del Presidente Reagan”, que apareció en La Nación del 1 de diciembre de 1982, me refería a lo que hoy se podría llamar “el inagotable escenario de la traición”. Allí escribí lo siguiente:

    “Lo anteriormente expresado tiene una gran trascendencia para la apropiada comprensión de la actual política económica nacional, pues los proponentes de última hora a favor del presupuesto balanceado ̶ aquellos quienes en el pasado siempre gustaron de ser los grandes amigos del exagerado gasto público ̶ hoy día tratan, y así lo hacen, de cerrar la brecha entre los ingresos y los gastos aunque, de nuevo con espíritu estatista, sólo por el aumento de los tributos impositivos. De aquí que, aunque ahora prediquen el equilibrio del presupuesto estatal, el que sea por medio de un aumento de las recaudaciones de los impuestos, lo que va a provocar es que puedan disponer de más dinero para gastar, y esto no les va a forzar a reducir el gasto público, si desean hacer una realidad sus propuestas para equilibrar al fisco.”

    ¡Qué poco parecen haber cambiado las cosas! Estos, quienes ahora se quejan por el desbalance del exceso de gasto sobre los ingresos, son los mismos que siempre han promovido esa conducta de una enorme expansión del gasto público sin contenido tributario. Como a todo chancho le llega su hora, miro ahora con interés que al menos alguien les haya llamado “traidores” a Costa Rica.

    Pero no sólo me quejo. Aprovecho para destacar a todas luces cómo el propio presidente del Partido Liberación Nacional, el gran promotor histórico de la gastadera pública, don Bernal Jiménez, le brindó la afortunada solución al Ministro Herrero para evitar el “injusto” proyecto tributario que impulsa esta administración en la Asamblea Legislativa. Don Bernal lo que pide es que los ricos paguen más, e incluso destaca la evidente injusticia de que el rico Bernal Jiménez tenga que pagar el mismo porcentaje en impuestos como su pobre chofer (¿su chofer?, vean el símbolo de riqueza). Tome don Fernando de la mano las palabras de don Bernal y exprésele lo siguiente. Dada su enorme y virtuosa inclinación por la justicia social, reflejada en su llamado para que los ricos paguen más impuestos, ¿qué le impide para que, personalmente y desde este mismo momento, le destine al Estado un 50% de los ingresos que obtendrá en este año (y podemos luego hablar de sus riquezas) mediante una donación que haría al Ministerio de Hacienda? Con tanta bondad y desprendimiento y justicia social en acción, don Fernando podría, esperamos, conseguir recursos suficientes para que no sea injustamente calificado de “traidor”, por impulsar proyectos de gasto público sin el debido financiamiento. Al mismo tiempo, don Bernal lograría tener muy tranquila su, desde muchos años ha, colosalmente voluminosa conciencia social, a la vez que, con las políticas restrictivas de don Fernando en cuanto a las erogaciones públicas, se evitaría que algunos hagan tantos negocios gracias al gasto que lleva a cabo el Estado.

  7. #47
    2011-09-13-UN COMENTARIO CON EXCESO DE VELOCIDAD

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    UN COMENTARIO CON EXCESO DE VELOCIDAD


    Publicado en el sitio de ASOJOD el 01 de febrero del 2011.

    Tiene que ver con la reciente instalación de cámaras en ciertas vías de tránsito, instaladas recientemente para controlar la velocidad con que en ellas circulan algunos vehículos. Ya anteriormente me había referido a mi preocupación de si las vías en donde se iba a instalar tal control estaban no sólo lo suficientemente bien marcadas como para que el conductor responsable pudiera saber cuáles eran las velocidades máximas permitidas, cosa que a la fecha aún falta mucho por hacer, sino que también mencioné sobre algunas contradicciones en ciertas indicaciones de velocidades máximas hoy existentes, que podrían provocar frenazos súbitos y peligrosos de los conductores, al tratar de no exponerse a tan elevadas multas controladas por las nuevas cámaras. Creo que acerca de esto se hecho algo más.

    No me opongo a la existencia de estas cámaras que miden la transgresión a la velocidad máxima permitida por ley en algún tramo de las vías. Es cierto que se ha observado un abuso en esto que pone en grave peligro principalmente a terceros inocentes. Creo que las cámaras son un uso apropiado de la tecnología para que haya cierto control de un límite, que se supone es el civilizadamente aceptado en las reglas normales de tránsito vehicular, pero esto me conduce a otros terrenos.

    El primero es que desde ya hace demasiado tiempo existe una prohibición para transitar cierto día de la semana en el área central de San José. Esa prohibición, aprobada por las máximas autoridades legales de este país ̶ y Santa Palabra, es razón suficiente para no decir nada más ̶ se puso en marcha como una reacción de los burócratas ante el alza internacional de los precios de los combustibles, lo que, se dijo en ese momento, exigía que se introdujeran reglas de ahorro ̶ algo cuyo resultados en verdad nunca han sido fehacientemente demostrados por esas mismas autoridades ̶ mediante una limitación a la libertad de circulación de las personas (aunque la Sala IV trate de dorarme la píldora).

    Ahora bien, se supone que las cámaras de control de la velocidad, que pronto llegarán ser más de 400 según nos lo han anunciado las autoridades, estarán muchas de ellas instaladas para registrar velocidades superiores a la máxima establecida para ciertos lugares, de alrededor de 60 kilómetros por hora. Pero, según tengo entendido, la mayoría de los vehículos, principalmente los relativamente más modernos, han sido diseñados para lograr su mayor eficiencia en el uso del combustible a velocidades superiores a esos 60 kilómetros por hora y creo que no mayores a los 90 kilómetros por hora (ojalá alguien me corrija si estoy equivocado). De ser así, significaría que si los ciudadanos, temerosos de las multas tan elevadas y detectadas ahora con esas modernas cámaras, deciden reducir su velocidad a menos del óptimo, daría lugar a un aumento posiblemente significativo del consumo nacional de combustibles, con lo cual el objetivo de ahorro de gasto por la restricción a la libre circulación en el área central de San José, va a quedar hecho añicos. Por ello, creo que es hora de que esa prohibición a la circulación sea anulada.

    No termino sin señalar que las cámaras bien podrían convertirse en la tabla de salvación del Ministro de Hacienda en cuanto a solucionarle el problema del déficit provocado por el excesivo gasto del Estado. Si más o menos cada multa por exceso de velocidad es de ¢400.000 y como, según algunos datos publicados, se han agarrado a alrededor de 2000 infractores diarios, significa, a grosso modo, que se van a recaudar casi $5 millones al mes, ante lo cual don Fernando Herrero tendrá tan sólo que implorarle a Tatica Dios que los costarricenses sigan impertérritos corriendo como locos (2.000 diarios), que la Sala Cuarta rechace todas las apelaciones por los partes que sin duda le van a llegar y que las cámaras, al revés de los semáforos inteligentes, de los cuales ya ningún burócrata nos habla responsabilizándose por ellos, esta vez si funcionen bien todo el tiempo. Con ello podrá olvidarse del paquetazo de impuestos y mandar a la porra el pacto con Ottón.

  8. #48
    2011-09-20-MEDITACIÓN ACERCA DE LO MISMO

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    MEDITACIÓN ACERCA DE LO MISMO


    Publicado en el sitio de ASOJOD el 20 de setiembre del 2011.

    La reciente decisión por la cual se forjó el pacto privado Chinchilla-Solís tiene un claro propósito: pasar a como haya lugar un nuevo paquete de impuestos. Lo más importante de esa negociación sin duda alguna es la oferta de Ottón Solís, rápidamente aceptada por la señora Chinchilla, para poner a todos “sus” diputados, creyendo que son siervos obedientes, pero no parecen serlo, para que aprueben rápidamente los numerosos y complejos impuestos propuestos, que incluso exceden las pretensiones iniciales hechas por el propio partido de gobierno. La aplicación de la llamada vía rápida es una argucia para evitar la discusión necesaria acerca de nuevos y más profundos impuestos. Cualquier persona medianamente informada sabe que esos gravámenes son de suma complejidad, profundidad y difíciles de poner en práctica, además de que, como dicen los abogados, se trata de materia odiosa, como se suele definir al tema de los tributos que forzadamente se aplican sobre la ciudadanía.

    Nuestros legisladores en su momento desplegaron gran sabiduría al definir que los impuestos no se podían pasar a ritmo de samba, sino que siempre era necesaria una cuidadosa discusión de las implicaciones que tienen las pretensiones del Poder Ejecutivo. Así ha sucedido siempre en la ya aburridora carrera de paquetes tributarios aprobados a lo largo de los tiempos, siempre con el fin de terminar, de una vez por todas, con el déficit. Pero una vez recibidos los mayores recursos, velozmente se impulsa el gasto estatal para terminar cayendo, de nuevo, en otro déficit gubernamental. Saben que no miento, esa es la verdad de la cosas en materia tributaria y de gasto público sucedida en nuestro país desde hace ya mucho tiempo. Pero la Asamblea Legislativa siempre ha respetado que haya una discusión sumamente amplia, detallada, delicada, hasta incómoda, de cualquier propuesta del gobierno para aumentar las alcabalas que debemos pagar los ciudadanos… materia odiosa.

    A sabiendas de las dificultades que estaba teniendo para la aprobación legislativa del nuevo paquetazo de impuestos, la presidenta Chinchilla hizo un gran esfuerzo –lo reconozco- que, si bien era insuficiente, contribuía a sanear en algo el déficit gubernamental. Estaba apretando a las instituciones descentralizadas del gobierno para que redujeran sus exacerbados gastos. La reacción de dichas entidades no se hizo esperar: no se podía reducir el gasto fue la respuesta casi generalizada y, cuando alguna de ellas decidía hacerlo, se trataba de apenas una porción de lo que el Ministerio de Hacienda les había solicitado.

    No crean que doña Laura presionó a esas instituciones descentralizadas porque tiene un aprecio y convencimiento de la necesidad de reducir un gasto público exagerado. Era porque lo vislumbraba como la única posibilidad de lograr que le fuera aprobado algún impuesto. La gente sólo le daría un visto bueno a los mayores tributos si observaba una clara y definida acción del gobierno para reducir el excesivo gasto público. De otra manera, difícilmente doña Laura podría contar con la aprobación de mayores gravámenes si no ponía en cintura y con firmeza al gasto gubernamental.

    Ottón le cayó –bajó- del cielo desde muy diversas y oportunas nubes políticas. Si por medio de la vía rápida, sin casi discusión alguna en la Asamblea Legislativa, se le aprobaban los nuevos impuestos, ya doña Laura dispondría de los recursos suficientes para aplacar la inquietud en su gobierno descentralizado, en cuanto a la necesidad de reducir sus gastos. Esto es, ya no se iba a hacer necesario el “sacrificio” en la gastadera gubernamental. Con su apoyo decidido e imperturbable Ottón Solís le levantó el enorme peso que doña Laura tenía ante sí. Que ella debe estar requete agradecida con el presunto líder de la oposición y no sólo el columnista oficial de La Nación, es un hecho. Para eso es la política, se nos dirá.

    Revisando mis viejos escritos, voy a transcribir un pedazo de uno de ellos que escribí el 15 de marzo de 1986 bajo el título “Los Diputados Dioses”, que para ser justo con los actuales, ahora lo refiero al otro Dios, al verdadero, y no al que toma una curul por aquél concedido. La parte que deseo que vuelva a aparecer es la que dice:
    “No en vano Tácito señaló que “Entre más corrupta es la República, más son las leyes.” Este es precisamente el caso que sucede con la introducción de normas que nada tienen que ver con los presupuestos de la República, en dicha legislación. La corrupción consiste en que diputados son capaces de legislar sin que se sigan procedimientos socialmente aceptados ̶ e incorporados en procedimientos y leyes ̶ para definir nuevas reglas legales. Muy posiblemente los procedimientos para legislar en nuestro país se han establecido para proteger a las personas del abuso. Si se desea vivir libremente bajo las leyes, debe limitarse su creación. Perfectamente se puede eliminar la libertad bajo un sistema de leyes; esto es, se está dejando de proteger a las personas del abuso.

    No sólo debe restringirse el rango sobre el cual los humanos personificados en diputados pueden legislar (ley no hace justicia), sino que también se deben establecer métodos para hacer leyes (esto es, casi diría que descubrirlas). El parlamento (Asamblea Legislativa) precisamente es la institución en la cual se formulan leyes, pero sujeto a frenos y contrapesos. En el parlamento se supone que el proceso de generar leyes sufre un profundo escrutinio para asegurar al ciudadano de la bondad de la ley. Sin embargo, los diputados, dioses olímpicos, eliminan los procesos esperados por los gobernados e imponen sus férreas (y muy posiblemente equivocadas) voluntades a un pueblo domado.

    Rousseau, en su Discurso sobre la Desigualdad, ya había enfatizado cómo los atenienses perdieron su democracia debido a que las leyes surgieron para complacer las vanidades diputadiles o de grupos de personas deseosas de coaccionar a los demás ciudadanos. Se olvidó así algo elemental: la virtud de una Ley reside en su edad, en su permanencia, en su fundamentalismo; aquellos principios pétreos casi inmutables, nos dan la Ley, no la voluntad pasajera del hijo de vecino convertido en Dios diputado.”

    Por ello espero que nuestra Sala Constitucional resguarde nuestro derecho ciudadano de que, en materia de impuestos, al igual que como, por ejemplo, se prohíbe consultar su aprobación en un referendo, se debe discutir en el seño legislativo lo más ampliamente posible, sin rapidez, el afán de satisfacer la ambición de tomar nuestros recursos que siempre tiene el fisco. Es nuestro mínimo derecho ciudadano.

  9. #49
    2011-09-27-EL FRENO A LA COMPETENCIA TELEFÓNICA

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    EL FRENO A LA COMPETENCIA TELEFÓNICA


    Publicado en el sitio de ASOJOD el 21 de junio del 2011.

    En el periódico La Nación del sábado 24 de setiembre aparece una información que puedo resumirla como entristecedora, pues expone los frenos que contiene la ley que aplica la Superintendencia de Telefonía (SUTEL), con los cuales impiden que el consumidor costarricense disfrute a plenitud de los beneficios que traería una mayor competencia en el campo de la telefonía celular.

    Los consumidores hemos mantenido la esperanza de que las nuevas empresas telefónicas que han entrado a operar en el país, como resultado de la apertura del monopolio vigente en el sector, nos brindaran la oportunidad de disponer de precios menores y servicios mejores, que los que actualmente hay disponibles por parte del monopolio del ICE, al igual que como ha sucedido en tantos países, quienes decidieron realizar la apertura de sus sistemas internos de telefonía a la competencia más amplia posible.

    Al inicio de nuestro proceso de apertura, a muchos nos preocupó que el país tan sólo dejara que fueran dos empresas las únicas que podían ingresar a competir frente al monopolio existente, pues consideramos que, además de aquellas dos, había otras firmas deseosas de entrar a brindar el servicio. Sin embargo, limitaciones del espectro, nos dijeron, fue la razón que impidió que eso se pudiera dar. Pero, por tantas coas que han corrido bajo este puente, me he puesto a pensar si el deseo de nuestras autoridades no ha sido sino el de traerle al monopolio tan sólo un poquito de competencia y no toda aquella plena que nos merecemos los consumidores, quienes se supone somos soberanos en una democracia liberal como la nuestra.

    Pero, aún así, nos alegramos con ese poquito de competencia, que parecía que habría de llegar. Pero la triste noticia aparece este sábado en La Nación. El titular de la información lo dice todo. “Ley dificulta competencia en tarifas de servicios celulares”. Aquí es donde se me hace presente la admonición que, en cierto momento, hicieron algunos defensores de oficio del monopolio del ICE, ante la entrada de nuevas empresas. Dijeron que ello más bien iba a elevar los costos de la telefonía, en vez de reducirse, cosa que pocos nos tragamos. Sin embargo, la ley que crearon las autoridades legislativas, posiblemente influenciadas por las acciones que en todo momento llevó a cabo el monopolio durante su aprobación, podrían terminar dándole la razón a esos oponentes del progreso y la competencia, pues resulta que, “la Ley de Telecomunicaciones establece que la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) debe regular las tarifas al usuario final hasta que con un estudio de mercado se demuestre que existe efectiva competencia. Basada en esto, la SUTEL estableció precios tope por minuto celular, mensajes de texto y para velocidades de Internet. Las empresas podrán ofrecer descuentos a partir de los precios tope, pero nunca superarlos…” (La Nación, 24de setiembre del 2011).

    Entonces, ¿en qué quedamos? En apariencia, como ha sido la práctica través de los tiempos con este tipo de fijación de precios a bienes o servicios, la acción del Estado ha sido para fijar precios máximos que no se pueden exceder, pero, en este caso, la limitación es para que no se cobren precios menores a los que establece el Estado. Con ello hacen que la competencia no vaya a poder reducir los precios para favorecer al consumidor, porque la Ley y SUTEL se lo impiden, al menos eso nos dicen. Al igual que en la actualidad, los consumidores seguiremos siendo las jodidas víctimas del monopolio oneroso, pues la burocracia no deja que los precios puedan ser menores a los que define.

    Las mismas empresas privadas competidoras entrantes ya manifestaron su angustia. Don Ricardo Taylor, representante de la firma Claro en Costa Rica, dijo que “en cuanto a los paquetes, el marco regulatorio tarifario debe ser flexible en el sentido de que el consumidor lo que va a estar buscando es que el valor del paquete por el que pagó le dé los precios que requiere y ojalá más allá de esa expectativa”, siendo reforzado por un funcionario de esa empresa, quien señaló que “es importante que no salgamos con una oferta homogénea, porque, si no, no vamos a competir (…) La idea es que se dé cierta libertad para atacar los distintos nichos del mercado”.

    En dos palabras, las restricciones hacen que la empresa Claro quede sujeta a hacer “ofertas homogéneas”; es decir, sin que haya competencia, que es lo que beneficiaría al consumidor, quien así verá frustrar sus expectativas de poder disponer de paquetes que le satisfagan competitivamente en términos de valor y calidad. Y eso lo logramos, no con que se nos “dé cierta libertad”, aunque algo es bueno, sino más bien con que se nos otorgue plena libertad para poder escoger libremente. Sin temor a la libertad de escoger, que es lo que aborrece el monopolista.

    Por otra parte, la otra empresa competidora recién ingresada al mercado, Telefónica, señaló por medio de su representante, señor Jorge Abadía, que “Al haber una tarifa máxima por minuto, se quita flexibilidad para ofrecer paquetes más atractivos a los clientes, con ofertas creativas e innovadoras… Sabemos que se ha revisado el tema, pero es muy importante que esté listo antes de la entrada con la oferta comercial”, lo cual refleja la importancia que para ésta y la otra empresa, que recientemente ingresaron a competir en el marcado, tiene la vigencia de una apertura del mercado, en donde puedan competir ofreciendo cada cual lo que mejor puede ofrecer a los consumidores, en cuanto a precio y calidad.

    La respuesta del órgano regulador SUTEL, en voz de su presidenta fue que no tenía otra opción dada la ley. O sea, que los consumidores seguiremos siendo ninguneados y sujetos a la explotación de un monopolio de hecho, sólo que ahora integrado por tres empresas, dado que quien las ordena y las cobija fijará las misma reglas para todas en lo que a precios y calidades se refiere; esto es, que no habrá competencia: el monopolio de hecho queda así ordenado por el Estado y ello lo aborrecen las empresas, dispuestas a seguir el camino de la competencia para lograr obtener el favor de los consumidores.

    Lo que desde ya la SUTEL debería de estar haciendo es el famoso estudio “de mercado que demuestre que existe efectiva competencia”. ¿No entiendo cómo, si la ley prohíbe que las empresas compitan, algún estudio demostrará alguna vez que hay competencia en el mercado? Tal vez la solución obvia al problema, es si se les pregunta a los ciudadanos que si con la entrada esperan que haya competencia, mediante diversidad de precios y calidades. Entre tanto, SUTEL debe simplemente proceder a lograr una revisión de la ley, pero dada la lerda experiencia que caracteriza a ese proceso legal, proceder a aprobar los distintos proyectos de precios y calidades que le presenten las diferentes empresas que participan competitivamente en el mercado. De lo contrario, los engañados seremos los consumidores, tan sólo una vez más, pero quienes tal vez merecemos mejor suerte.

    Creo que fue el 24 de marzo del 2009 cuando escribí un artículo en el periódico La Extra, titulado “Los estertores del monopolio”, del cual me permito reproducir un par de párrafos. En él señalé que “Éste (el monopolio del ICE) al ver pasos de animal grande, pues los costarricenses justamente nos preguntamos ¿por qué salían tan caras las llamadas del ICE?, lo que hizo, como niñito con rabietas, fue quejarse ante los órganos reguladores de la competencia telefónica, de la ilegalidad de esos nuevos teléfonos que no habían seguido ciertos trámites para operar y que procedieran a cerrarlos. Al monopolio llorón no le quedó más que, de nuevo, tratar de impedir que otros pudieran decir que el ‘emperador estaba chingo’.

    Ya no hay necesidad de usar los caros servicios del ICE para llamar al exterior. Ojalá que la competencia innovadora pronto nos ofrezca diferentes opciones, que hasta podrían ser más caras, pero que nos den mejor servicio.”

    Bueno, ya vemos que la mesa de la ley estaba servida: el monopolio llorón no va a sufrir el pleno impacto de la competencia, gracias al proteccionismo que le brinda el Estado, quien estuvo dispuesto a sacrificar el bienestar del consumidor y, sobre todo, a frustrar las aspiraciones y esperanzas que tenía, de que un proceso de apertura y competencia le brindara mejores servicios a menores precios. Qué después nadie me vena a decir que la competencia de la apertura telefónica no le trajo beneficios al consumidor, si fue que la burocracia y el Estado no dejaron que funcionara en pro de los intereses de la ciudadanía consumidora de este país.

  10. #50
    2011-10-04-EL MISMO AFÁN DE SILENCIARNOS

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    EL MISMO AFÁN DE SILENCIARNOS


    Publicado en el sitio de ASOJOD el 20 de setiembre del 2011.

    Una de las virtudes de lograr cierta edad es que cuando se ve una situación que a muchos les puede parecer como un hecho novedoso, en realidad ya se ha vivido algo parecido. Me refiero al intento de silenciar a la ciudadanía en cuanto a la aprobación rápida del paquete tributario, que está en ciernes en la Asamblea Legislativa. Porque con toda franqueza, esa pretensión de la mayoría de los diputados, como producto de lo que se conoce del PACto Solís-Chinchilla, para aplicar la vía rápida a la discusión legislativa en torno al paquetazo de impuestos, es para impedir que surja una discusión amplia de los alcances de las nuevas leyes tributarias. Y es evidente que la ciudadanía que tendrá que pagar esos arrebatos, tiene un interés supremo en ver qué significado tiene la aprobación de mayores gravámenes, que implica un traslado forzoso y sustancial de sus dineros bien ganados, como producto del trabajo, esfuerzo y riesgo de las personas, hacia el Estado.

    Leyendo en estos días me encontré un artículo que escribí el 19 de abril de 1987 en La Nación, el cual se refiere a un intento parecido, con sólo algunas variantes con lo que pasa en la actualidad, de aplicar una mordaza legal a la voz de los ciudadanos, acerca de la aprobación de nuevos y mayores impuestos por parte de la Asamblea Legislativa.

    En esencia dicho comentario esgrime los mismos argumentos que esgrimiría hoy en día, para ejercer mi protesta ciudadana en contra del abuso del Estado, que pretende exigirme un silencio sumiso ante su potestad de imponerme tributos, tratando de que ni siquiera diga algo en contra, sino que simplemente acepte que, al ceder mi soberanía a un parlamento, significó que esa cesión sería permanente, universal, irreversible e inobjetable en todo momento. Por el contrario, los hechos me permiten recordar hoy que la soberanía reside en el pueblo y que tratar de limitarla al aprobar legislación odiosa, es ir en contra del principio básico de residencia última de la soberanía popular. Alguien debería recordar, en momentos en que convenencieramente algunos lo han dejado de lado, que de eso se trata la acción ciudadana…
    El artículo en mención se titula “Pega, pero escucha”, el cual reproduzco a continuación:

    “Un hecho reciente acaecido en el seno de la Comisión de Asuntos Hacendarios en la Asamblea Legislativa, debe ser objeto de atención por parte de las personas celosas de la función de un parlamento en una democracia.

    Por un deseo expreso de la mayoría dominante del partido oficial en dicha comisión, en cierto momento se decidió que los ciudadanos no podríamos presentar nuestra opinión verbal ante dicho comité, acerca de las intenciones del Gobierno de imponer más gravámenes a los costarricenses, incorporados en el llamado paquete tributario. Alegaron que si así lo deseaban hacer los grupos interesados, podrían presentar a la comisión de la Asamblea sus opiniones por escrito, a fin de evitar un presunto boicot al paso acelerado con que se deseaba aprobar dicho proyecto de ley de impuestos.

    Casualmente, en los mismos días en que algunos diputados pretendían limitar la función de dar audiencia a la ciudadanía en la Asamblea y particularmente en la comisión, personas conocedoras y sapientes de estos asuntos, en un seminario patrocinado por ese mismo cuerpo político, enfatizaban la importancia que tiene el parlamento en una democracia y específicamente la cercanía que ella debe tener con el pueblo que elige a sus representantes ante una Asamblea Legislativa.

    Este paradójico acontecimiento no puede ser explicado sino por el aprisionamiento en una especie de creencia de “pa’ eso tenemos la mayoría” que prima en la mente de algunos de nuestros legisladores, a quienes más bien se hace muy convenientes recordarles el ligamen histórico que existe entre la representación en una Asamblea y la capacidad que tiene de poner impuestos (aquella “no taxation without representation” que dio vida a la revolución americana) por una parte, en tanto que, por la otra, que esos legisladores fueron electos sus representantes por los ciudadanos ante el Congreso, de quienes por lo menos se espera que les escuchen en sus quejas y pareceres sobre los temas que se tratan en la Asamblea.

    El reciente seminario promovido por el parlamento tiene una enseñanza para los costarricenses y en especial para ciertos diputados hiper-sensitivos, la cual se relaciona con lo expresado en los párrafos anteriores. Independientemente de los intereses personales que puedan tener los expositores y de que puedan estar o no en lo correcto, muchos de los oradores expresaron fuertes críticas a nuestro actual sistema legislativo.

    En algunas oportunidades, cuando se han expresado reparos al Congreso, ciertos diputados se han referido a ellos como intentos de desestabilizar al parlamento o como pretensiones de rebajarlo en su magna función. Con estos arrebatos diputadiles se ha intentado descalificar las quejas de personas acerca del funcionamiento de nuestra Asamblea, de manera que la lección que menciono espero sea bien aprendida por los diputados de piel fina, quienes deben ser bien conscientes de la obligación que tienen de escuchar al pueblo que los eligió, para que así éste les pueda transmitir cómodamente sus opiniones acerca de todo lo que sucede en un parlamento, lo cual se supone irá en beneficio de los gobernados.

    Para bien popular, la minoría en la Asamblea Legislativa hizo meditar a la mayoría para que ella se retractara de una intención de impedir que el pueblo, la ciudadanía, las personas, expresaran su criterio y su satisfacción acerca del proyecto de mayores impuestos, que el Poder Ejecutivo ha enviado para que parlamento lo decida aprobar o rechazar. Este es un buen paso en un largo camino, en el cual debe tenerse siempre presente el origen y función de un parlamento en una democracia.

    Si se quiere que los costarricenses respetemos a nuestra Asamblea Legislativa o que, según lo consideran algunos, se restaure tal reverencia, lo primero que precisamente debe hacer ese parlamento es mostrar diáfanamente a los ciudadanos que a ellos se les escucha, y con el debido respeto, en todo lo que tenga que ver con el gobierno del pueblo. Así entendemos la cesión de nuestra soberanía para nuestro propio bien.”

    En aquella oportunidad de alguna manera se respetó la relación indisoluble que hay entre Asamblea y ciudadanía, aunque luego se aprobara el paquetazo de turno. De paso, observen que en esa época, al igual que ahora, el argumento para la aprobación de mayores impuestos fue la necesidad de eliminar el déficit gubernamental. Lo cierto es que pocos años después, con todo y los nuevos tributos que le ingresaron, de nuevo el Estado exhibió un déficit de similares proporciones. Esto es, la plata que entró, salió disparada en gasto… igual que va a suceder ahora.

    ¿Cuál es el apuro que tienen ahora ciertos diputados para no escuchar ampliamente las razones que, por medio de algunos otros diputados, la ciudadanía puede tener para
    sugerir que varíen sus propuestas tributarias? ¿Será que, como a la gente no le parecen estos nuevos y mayores gravámenes, entre menos se discuta y más rápidamente se aprueben, la prepotencia legislativa intentará de que lo sucedido pase al olvido? ¿Por qué si tanto creen en la acción ciudadana, en el derecho soberano de las personas a que se discuta ampliamente el tributo mayor que se le quiere imponer, no someten el caso al referendo de la ciudadanía? Ahí diré mi palabra si más impuestos son convenientes o no en la forma en que se plantean. También usted dirá su palabra acerca de esto. Tal vez aquí está la esencia del terror que tiene el llamado “legislador”: que el pueblo le obligue a hacer lo que él desea y no lo que el diputado pretende. Es de esperar que civilizadamente, sin imposición violenta, se logre el camino tributario que de acuerdo con la voluntad de los ciudadanos se debe de seguir.

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