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Tema: ENSAYOS DE ASOJOD

  1. #21
    2011-03-15-BREVES COMENTARIOS SOBRE ELTRANSPORTE INTERNO

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    BREVES COMENTARIOS SOBRE EL TRANSPORTE INTERNO

    Publicado en el sitio de ASOJOD el 15 de marzo del 2011.

    1.- Los últimos arreglos en el puente de la General Cañas.
    Después de meses de tortura, los costarricenses esperábamos ansiosamente que las últimas reparaciones a la platina del puente en la autopista General Cañas fueran a concluir definitivamente. A veces creo que debe haber algún tipo de maldición gitana que ha impedido su arreglo definitivo, pero otro lado más racional me hace pensar que todo se ha debido a la incapacidad gubernamental. La última restauración se creyó la definitiva, pero los acontecimientos señalan que seguiremos soportando la incapacidad del estado para resolver lo que presumiblemente es algo relativamente fácil de solucionar. No soy profesional de ingeniería y menos de puentes, pero honestamente creo que los profesionales de esas áreas le han quedado debiendo a la opinión pública. La última reparación costó más de 800 millones de colones y a los diez días de haberse terminado, presenta defectos que exigen su reparación… otra vez. Ciertas autoridades han dicho, como una justificación, que el concreto que se instaló no preveía un volumen tan elevado de vehículos transitando, pero tal escusa es totalmente inaceptable, pues lo que muestra es la incapacidad de los funcionarios para estimar algo para lo cual, se supone, están supuestamente capacitados. La empresa portuguesa encargada de las obras aceptó su responsabilidad y no cobrará por ellas (¿diay?, ¡por supuesto!), pero tendremos que esperar aún más para poder movilizarnos sin problemas. Hay sí un progreso: hemos evolucionado de un simple puente de la platina a un moderno puente del salpullido (o sarpullido, como decimos por aquí).

    2. El puente Bailey en Cambronero.
    Todos conocemos el relajo sucedido con el tránsito en la cuesta de Cambronero por la falta de un puente Bailey: una presa que dura horas, principalmente al regreso dominical de quienes viajan al Pacífico o a Guanacaste. Si fuera que de pronto, de la nada, inesperadamente, hubiera surgido el problema, se podría excusar la presa sucedida, pero lo cierto es que ella era perfectamente predecible. De haberse tenido funcionarios más eficientes en la toma de decisiones, tal relajo se habría evitado.

    Desde hace mucho tiempo se sabía que la carretera llamada Autopista del Sol se tenía que cerrar para reparar toda un área dañada. No me voy a referir a esta otra tragedia de la Autopista del Sol: ya me venció el cansancio. Pero sí a que a finales de febrero se cerraría el paso para hacer las reparaciones, en un camino provisionalmente abierto gracias a un puente Bailey.

    Era obvio que, al cerrase la Autopista del Sol, su flujo de vehículos en gran parte se trasladaría a la vieja ruta a Puntarenas (la alternativa por el Monte del Aguacate sabemos que es muy estrecha y no permite el paso de grandes camiones). El problema es que en la cuesta de Cambronero existía otro puente Bailey -¡qué haríamos sin la invención del señor Bailey, quien debe estar en la Gloria!- y que por ello el paso era en una sola vía. Por supuesto que, con el mayor flujo de tránsito, la ruta iba a colapsar, de manera que era necesario solucionar ese problema antes de que se cerrara a autopista del Sol para repararla. En lugar de hacerlo así, pudiendo haberse puesto otro puente Bailey paralelo, simplemente cerraron la Autopista del Sol y a ver qué pasaba. Sucedió lo esperado y miles de ciudadanos tuvieron que sufrir en carne propia el resultado de la incapacidad de las autoridades Ante el tortón, ahora corren, eso sí apurados, ha hacer lo que deberían haber hecho antes. En resumen: este es otro ejemplo que demuestra la incapacidad de las autoridades encargadas de nuestro sistema vial.

    3.- La concesión portuaria en Moín.

    Miro con buenos ojos, ante la intransigencia de los sindicalistas de JAPDEVA, la decisión de otorgar en concesión al sector privado el nuevo puerto de Moín. Ojalá, y nada más de paso, que las autoridades gubernamentales ya hayan aprendido a hacer bien las cosas después del relajo con la concesión de la Autopista del Sol. Así deseo que las cosas salgan bien y considero mi deber plantear un par de preguntas, para evitar críticas futuras -que no tardarán- de los opositores de siempre a cualquier cosa que signifique competencia y mejores posibilidades de hacer las cosas. Dado que para otorgar la concesión tan sólo se presentó un oferente y que una de la virtudes de los esquemas de concesión de obra pública es que se puede contar con diversos oferentes, entre los cuales es posible escoger la mejor, más económica y de forma transparente, ¿no hay ya posibilidad de buscar oferentes en un mayor número que uno sólo para otorgar esta concesión? Se suele decir que “no sólo hay que serlo, sino también parecerlo”, por lo cual me temo, y podría estar equivocado, que pronto los enemigos tradicionales de los esquemas de concesión se lanzarán contra ella por esta ausencia de oferentes competidores. Es más, dado que el costo anunciado por los servicios que se cobraría con la concesión es mayor que lo que actualmente JAPDEVA cobra, creo que pronto alguien argüirá que la concesión no es económicamente conveniente y que lo mejor podría ser tener otras opciones. Aquí dejo el tema, pero me siento satisfecho de opinar sobre lo que podría surgir, que espero no dé al traste con una apertura en competencia, impostergable y necesaria, de nuestro puerto en el Atlántico.

    4.- Comparecencias ante la Asamblea Legislativa.

    El pasado primero de marzo la ex Ministra de Obras Públicas y Transportes, señora González, acudió a la Asamblea para referirse a lo sucedido con la Autopista del Sol. Allí dijo lo siguiente, a manera de pregunta: “¿Es mejor esta carretera con muchas fallas que corregir, que no tener carretera del todo…? Definitivamente sí”. Me parece que la pregunta y la respuesta que brinda la ex Ministra no sólo dejan mucho que desear, sino que más bien suenan a una auto-justificación por la forma en que actuó en cuanto a su responsabilidad por vigilar todo lo sucedido con la Autopista del Sol, la cual no ha llegado a un buen final. Ante ello, me permito, replantear la pregunta en mención, esperando mostrar así la forma equivocada en que lo hizo con el propósito de desviar la atención al meollo del asunto: ¿Qué tal si nos dijera lo siguiente?: “¿Es mejor este trillo mal hecho con muchas fallas que no tener un camino del todo?” ¿Definitivamente sí? Me imagino que jamás pasó por la mente de los ciudadanos que esa autopista, a construir después de tantos años de indecisión y problemas, se hiciera con tantas fallas “por corregir“, como para aceptar la premisa de que con ella se estaba mejor que sin nada, como antes. El punto esencial es que los ciudadanos esperábamos, ni más sin menos, una carretera aceptable sin “defectos por corregir”, sino bien hecha. Lo que debemos pagar debe corresponder con la calidad del producto que hemos recibido. Y éste parece estar muy fallido, gracias en mucho a la irresponsabilidad de quienes tuvieron a cargo el proyecto. Este es el meollo del asunto y de la responsabilidad.
    5.- La responsabilidad que debe asumirse.

    Francamente el desfile de excusas por la ineficiente actuación de diversos funcionarios involucrados en la desafortunada concesión de la Autopista del Sol me ha mostrado, después de los descargos, las excusas, los remilgos y las quitadas de tiro, de toda índole, de los irresponsables, que hay alguien que puede ser responsabilizado por del desaguisado. Como nadie de los que se han presentado ante la Asamblea la ha aceptado, mencionaré a quien, en mi opinión, debería de responsabilizarse por la plata botada y cobrada a los ciudadanos con la Autopista Circo del Sol: FUE TETÉ.

  2. #22
    2011-03-22-LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN

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    LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN


    Publicado en el sitio de ASOJOD el 22 de marzo del 2011.

    El énfasis que siempre respiré de joven en mi familia acerca de la educación como un factor preponderante en el crecimiento individual, en mucho se debió a mis antepasados maestros: a mi padre Edwin, a mis abuelos Solón y Talía y a mi tío abuelo Buenaventura. La educación siempre fue vista en mi hogar como una oportunidad la cual no podía ser desperdiciada de manera alguna; que cualquier tipo de sacrificio debería de hacerse a fin de extraer el máximo que uno podía lograr en la escuela, el colegio y la universidad. Educarse no sólo evitaba la pobreza, sino también era fuente de enorme orgullo personal. Por ello en mi casa se dieron sacrificios económicos (principalmente de vanidades) con tal de que pudiera asistir y aprender en la escuela. Era la forma y medio en que uno podía mejorar en la vida; por ello tales sacrificios eran normalmente aceptados -sin quejarse, sin dolerse- en medio de muchas necesidades. Los hacíamos porque, con el paso del tiempo, podríamos percibir los buenos frutos que brindaba el árbol fecundo de la educación.

    Escribo este pensamiento introductorio con algún grado de tristeza cuando observo cómo, en ciertas ocasiones, aparecen estudiantes, padres de familia, burócratas del MEP y periodistas, tal vez al analizar por qué un alumno deja de asistir a clases, señalando como excusa la falta de apoyo monetario gubernamental. En otras palabras, se esgrime como justificación para ese abandono el que deban trabajar para llevar plata a sus casas (si es que hay tal oportunidad y si es cierto que la llevan a sus hogares), pues el gobierno o el estado “no les dan dinero y comida para que asistan a la escuela“. Uno podría tener en mente que se trata de un caso extremo de necesidad y de miseria, en donde el niño para llenarse la boca debe trabajar. Pero francamente en muchas ocasiones no parece ser esa la razón: me da la impresión de que la queja se presenta en familias independientemente de sus niveles de ingresos. Me imagino que, en el caso de familias de ingresos relativamente más altos, no van a sacar un hijo de la escuela porque el estado no les da fondos, aunque posiblemente habrá algunos vivos que sí soliciten tales recursos para ver si la pegan. Lo que más me preocupa es si en las familias de menores ingresos, ante falta de ayuda, sí deciden cometer el atentado contra el futuro de su hijo dejándolos de mandar a clases.

    ¿Qué habrá pasado para que en los hogares costarricenses, en donde lo primero era asegurar la educación de los hijos, se trastocaran los valores para que, si nos les pagan por ello, ahora amenacen con retirarlos de las aulas? Incluso es lógico pensar que, en mi época de joven -hace ya muchos años-, los hogares costarricenses eran en promedio mucho más pobres que ahora, por lo cual uno pensaría que habría menores necesidades básicas que cubrir, además de la educación de los hijos. Al ser en promedio más ricos, menos necesidad se tendría de mandar a los hijos a ganar plata para traerla al hogar, en vez de que estudien en una escuela para luego poder ganar más (en idioma económico, hacer una inversión rentable).

    Podría señalar la hipótesis de que hay un abandono gradual de aquel principio de tener confianza en sí mismo, pero realmente no lo sé. Lo único que puedo indicar es la mayor frecuencia con que padres, principalmente, apenas pueden reclaman en algún noticiero que el estado no les da plata para mandar a sus hijos a la escuela. Tal vez es que la educación de los hijos ya no se considera como una responsabilidad de los padres, sino del estado. Y de ser así, eso me entristece, porque es muestra de a lo que conduce el ideal socialista paternalista de Lord Beveridge, por el cual el ciudadano debería ser protegido por el estado “desde la cuna hasta la tumba”. Así, la educación ha pasado a ser vista como una responsabilidad estatal y no del padre, de la familia y de los hijos.

    Esta visión paternalista erosiona la importancia que la educación tiene para el progreso del individuo. Lo “libera” de la responsabilidad de que cuesta educarse, a lo cual debe dedicarse buen tiempo y atención, si es que se quiere progresar. La responsabilidad propia de estudiar lentamente se va sustituyendo por la creencia de que el estado nos debe dar todo. Así, todo debe ser facilito para que aprender no implique un sacrificio de índole alguna. Ojalá el título o la carrera se otorguen simplemente por decreto. Cuando en un hogar la regla no es la necesidad de sacrificarse para que el hijo o la hija puedan ir a la escuela, sólo se debilitará el futuro de nuestros ciudadanos, porque desde jóvenes queda plantada en ellos la semilla de que en la vida se trata sólo de derechos y no de deberes. Que el sacrificio que hace un hogar para educarlos es sólo una pérdida de tiempo, pues sólo se trata de saber pedir: aprendida la lección de que hay un páter ajeno al hogar que debe encarar la responsabilidad por la educación de los hijos, abre las puertas a la miseria humana, pues de lo que se trata no es del mérito, del logro, sino de la existencia y la garantía de la manutención vital para que se siga la ley del mínimo esfuerzo.

    Pero hay luces en este panorama tan oscuro: en días recientes he visto reportajes en Telenoticias del Canal Siete de cómo en Costa Rica hay escuelas en donde los alumnos asisten todo el día, en donde se ven obligados y estimulados a estudiar, en donde los maestros y padres son conscientes de que es mediante la educación como sus alumnos pueden progresar. Es cierto que son pocos establecimientos educativos, pero tal vez basten para que el contraste con el resto surja evidente y nos impulse a que, de nuevo, veamos a la educación como el camino que nos puede conducir por la senda del progreso y individual. Lo lamentable es que esos jóvenes que hoy han escogido progresar verán luego cargar sobre sus hombros a las sanguijuelas hoy protegidas con impuestos y redistribución estatal, que han dejado en manos del estado su responsabilidad o la de sus familias para educarse, prefiriendo vivir de los demás.

    Quienes hoy aprovechan cualquier oportunidad para decir que “si no les dan plata no mandan a sus hijos a la escuela“, deben saber que es hora de que asuman sus responsabilidades como padres. En gran parte el culpable es el mismo estado que les ha hecho saber que hay dinero a cambio de que manden a sus chiquitos a las aulas. Era, por tanto, de esperarse que ahora los vivillos pidan primero la plata para mandar a los hijos. Debemos estimular a los padres para que piensen en sus responsabilidades y que se liberen del yugo a que los conduce el paternalismo estatal. Para aquellos padres pobres que del todo no tienen dinero y que no pueden en verdad mandar a sus hijos a clases, si el estado fuera consecuente, lo que haría es dar un préstamo que se invertiría en la educación de los muchachos, no un regalo que estimula a vividores que no los necesitan, cosa a que lamentablemente conduce el sistema actual.

    Tal vez lo mejor es ni mencionar este tipo de cosas, pues el tabú intelectual tratará de aniquilar a quienes nos atrevemos a pensar en el deterioro a que conducirá este paternalismo.

  3. #23
    2011-03-29-QUÉ HACER CON LOS CARROS PÚBLICOS DE USO EXCLUSIVO

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    ¿QUÉ HACER CON LOS CARROS PÚBLICOS DE USO EXCLUSIVO?


    Publicado en el sitio de ASOJOD el 29 de marzo del 2011.

    Algo podemos aprender de los ingleses y de los españoles en cuanto a poder reducir el desaforado gasto gubernamental que caracteriza tanto a esas economías como a la nuestra. Ellos están haciendo enormes esfuerzos para, en vez de trasladar el impacto del reajuste fiscal necesario sobre los hombros de unos ya hastiados contribuyentes, cortar en lo que se pueda el gasto estatal.

    Hoy voy a proponer una reducción del gasto público que algún escéptico podría calificar, tal vez con razón, de iluso, pero que yo me atrevo a llamarlo “más que simbólico“. En Inglaterra a los funcionarios públicos se les quitó el privilegio de utilizar vehículos asignados para su uso exclusivo. En apariencia tan sólo el Primer Ministro y el Canciller inglés disponen de un vehículo gubernamental lujoso para su uso particular. El resto de funcionarios públicos tiene que utilizar, si es del caso en el desempeño de sus obligaciones, los vehículos que forman parte del parque de la dependencia estatal de que se trate. Esto es, ya no tienen carros “asignados” que pueden usar a su discreción -que significa en lo que le dé la gana- y si tienen que usar uno, pues lo piden, como cualquier otro empleado público para hacer su labor, entre los vehículos del ente gubernamental. Por supuesto, la medida gubernamental nueva trae aparejada un mayor control en el uso de vehículos que el previo.

    Propongo que en Costa Rica se haga lo siguiente: con excepción del presidente de cada uno de los tres poderes de la República (el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial), ningún otro funcionario público, en cualquier dependencia del estado costarricense, tendrá asignado un vehículo para su uso exclusivo. Si tiene necesidad por razones de su cargo a utilizar algún vehículo gubernamental, lo podrá hacer tan sólo usando aquellos que forman parte de la flota de la entidad respectiva.

    Asimismo, para efectos de impuestos, aquellos que usen vehículos asignados para su uso exclusivo deberán declarar como un ingreso en especie un alquiler imputado por el uso de ese vehículo, así como el gasto de gasolina correspondiente. El funcionario al cual se aplicaría esta regla puede optar por no disponer de un vehículo asignado a su uso exclusivo, pudiendo utilizar un vehículo estatal para cumplir sus funciones, tal como lo hace el resto de empleados públicos. Los vehículos de uso exclusivo no podrán ser renovados antes de tres años: no serán del año, pero sí lo bastante nuevos como para que los funcionarios se sientan orgullosos de circular en ellos.
    Sé que el ahorro será importante, pero relativamente pequeño dentro del hueco fiscal en que se encuentra el gobierno por su propia voluntad y decisión. Lo importante es el aspecto simbólico de la medida, que esperamos sea extendida a otros privilegios estatales que los ciudadanos podrán ir apuntando. Porque si no se “apuntan” ahorita les apuntan los cañones tributarios para que paguen más impuestos que permitan seguir sufragando este tipo de privilegios para algunos.

    La idea propuesta tiene otra vertiente gracias a la anunciada restricción al libre tránsito del Ministro de Energía, Teófilo de la Torre, quien con un matiz arrogante propio del estatista, dijo que si el precio internacional del petróleo subía de $120 el barril, restauraría la restricción vehicular que, gracias a Dios, se había venido moderando en los últimos meses. Anteriormente te señaló como argumento para tal restricción en San José, que las presas ocasionadas al reparar las vías internas exigía algún grado de restricción al tránsito. Ahora resucitan el argumento de que esa nueva restricción -incluso han dicho que considerarían duplicarla a dos días por semana- provocará un ahorro en el combustible, hecho que nunca han podido confirmar en episodios anteriores. Y más bien es posible que, con la operación de las nuevas plantas del ICE que usan combustible fósil, más bien este año aumentará el gasto total en el rubro de combustibles importados. Lo que el burócrata simplemente no entiende es que la gente que necesita su vehículo para laborar, utilizará para movilizarse rutas más largas que las disponibles sin restricción, con lo cual terminan gastando más tiempo y combustible. Claro, en su arrogancia fatal, los estatistas nunca toman en cuenta que los individuos buscarán alguna forma apropiada de transportarse, pagando más si es el caso, siempre que con ello sea una opción mejor que la que pretende imponer el burócrata.

    El hecho es que nunca hemos visto a los altos funcionarios con vehículos discrecionales, quejarse de la limitación al transporte mediante placas un día a la semana. Les apuesto que se debe a que simplemente les dan otra forma de vehículo discrecional, suplido de la flotilla con que ya cuentan en sus dependencias. Siempre habrá unos menos iguales que otros.

  4. #24
    2011-04-05-OJO CON LA VELOCIDAD

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    OJO CON LA VELOCIDAD


    Publicado en el sitio de ASOJOD el 05 de abril del 2011.

    Si los ticos no nos hemos dado cuenta clara de que las multas tan altas más bien parecen ser instituciones destinadas a recoger impuestos sin tener que pasar por una aprobación tributaria, en vez de una penalización al conductor de un vehículo por conductas consideradas inapropiadas según reglas de tránsito previamente definidas, pues no estamos en nada. Es más, les apuesto que los “técnicos” no consideran esas multas como parte de la carga tributaria de una nación, cuando simplemente se han convertido en gravámenes disfrazados. Es por esa actitud “mporta’mi” que la Federación Nacional de Fútbol, la Asociación de Fútbol Argentina, los usuales políticos engolosinados, los intermediarios vivillos, los patrocinadores descuidados, etcétera, están muertos de risa y con los bolsillos llenos por la messiada que pudieron darnos. Pronto organizarán una nueva actividad en el estadio nacional con Messi, quien vendrá al país a modo de disculparse, pero por supuesto que cobrando una buena tajada. Ser más alertas como ciudadanos y como consumidores son dos caras de lo mismo: se trata de velar porque no nos agarren de tontos, de babosos, disponiendo de los recursos que tanto nos cuestan ganar.

    En buena hora el estado ha procedido a instalar cámaras de vigilancia, para que aquellos conductores sorprendidos in fraganti rompiendo los límites de velocidad fijados -si bien respetando el principio básico de inocencia- se vean obligados a pagar multas que buscan refrenar la comisión de conductas a todas luces socialmente inconvenientes. Pero tampoco es conveniente permitir que el estado abuse del ciudadano contribuyente y conductor de vehículos a partir de su monopolio de coerción, utilizándolo para hacer cobros excesivos y hasta absurdos. Dejemos de lado en este comentario si estamos en presencia de cobros exagerados, razón válida para provocar que la nueva Ley de Tránsito esté varada en el Congreso (¡que vivan los diputados oponentes!). El principio aplicable debe ser tener multas adecuadas al tipo de “delito” y que no vayan más allá de infringir un dolor apropiado a los conductores multados sin llevarlos a la ruina. Pero centrémonos en el tema de las multas por velocidad al circular y de las cámaras ya instaladas en ciertas vías para controlarla.

    El asunto es en estos momentos particularmente importante: ya las autoridades de turno -con frecuencia equivocadas al tratar de imponer sus apetencias fiscales por encima del comportamiento normalmente esperado de las personas en sociedad- nos anuncian nuevas restricciones al tránsito dicen que “a fin de proteger al consumidor” de los altos precios internacionales de los combustibles, como si fuéramos bebitos para no saber cómo actuar responsablemente según nuestras propias capacidades.

    Ya hay voces en naciones como los Estados Unidos -la estulticia no conoce fronteras- para introducir un límite a la velocidad máxima a que se puede circular -creo que de 65 millas por hora- debido al alza en los precios de los combustibles y que serviría para que ese país ahorre recursos, lo cual es total y empíricamente falso. Equivale a que se me prohíba comer pan para ahorrar en el gasto nacional de la harina importada que está más cara. En Costa Rica los estatistas están reviviendo por aquella razón la propuesta de no circular durante uno o dos días a la semana (dicen que dos, para que, como majes que nos consideran, les aceptemos uno de ellos). Esta restricción se había venido abandonando en los últimos tiempos por no tener sentido alguno, excepto por razones de construcción de vías y ello en cierto grado de lógica.

    Con el pronto inicio del cobro de (altas) multas por velocidad, utilizando cámaras electrónicas selectivamente ubicadas, es necesario que cuestionemos la definición de distintas velocidades máximas hoy empleadas por las autoridades en distintos tramos de vías públicas y que se supone constituyen la base legal para la imposición de esas multas. Por ejemplo, hay partes en que se tiene definido un risible límite máximo de 20 kilómetros por hora (no sólo frente a escuelas), que lo hace a uno pensar si las autoridades de tránsito tienen en mente que por nuestras vías circulen tan sólo carretas. En carreteras hay señaladas velocidades tan lentas que incluso constituyen un contrasentido a los propósitos revividos de ahorrar gasolina, pues es sumamente ineficiente para la naturaleza de las máquinas de los vehículos en circulación (tal vez debe excluirse de tal grupo al trencito con turistas que circula por el centro de San José, pero estoy seguro que ni esa es una velocidad óptima). Una velocidad de 40 o 60 kilómetros por hora en una “autopista” como la radial es risible, pues los accidentes no suelen ocurrir por la velocidad a que se circula sino por otras razones tales como proximidad entre vehículos, intersecciones mal diseñadas, carriles estrechos, entre muchos otros, inclusive por tránsito lento. Ello debe ser analizado debidamente y pensar en la existencia de ciertos flujos de velocidad que no causan problemas.

    Déjenme señalar que uno de los problemas observados en lugares de los Estados Unidos en donde se aplica el control de velocidad por medio de cámaras para efectos de multas, es que no necesariamente las autoridades las aplican universalmente, sino que seleccionan a los de ciertos tamaños y marcas, posiblemente porque tienen en mente que, cuando manden el cobro de la multa por correo, el chofer o el dueño del vehículo, que no se dio cuenta de tal control, acudirá a pagarla por ser de recursos relativamente más altos.

    Propongo que, al menos antes de proceder a cobrar por “exceso de velocidad”, y de que surja una reacción de malestar entendible por parte de los ciudadanos ante la nueva práctica, las autoridades de tránsito definan claramente las reglas de velocidad, dejando de lado algunos de los absurdos que todos conocemos. Lo que me preocupa es que esta revisión que propongo a la política de velocidad va en contra de los objetivos de recaudar plata mediante multas a como haya lugar, que en mi opinión se ha venido siguiendo en los últimos tiempos. Espero que no estemos condenados como siervos de la gleba a lo que algún burócrata entre risas nos dirá acerca de las multas que van a cobrar por “velocidad”. Ojalá me equivoque y se pueda lograr un orden mesurado y lógico que evite lo que podría degenerar en una odiosa aplicación selectiva de la ley.

  5. #25
    2011-04-12-LECCIONES FISCALES DE LA INAUGURACIÓN DEL ESTADIO

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    LECCIONES FISCALES DE LA INAUGURACIÓN DEL ESTADIO


    Publicado en el sitio de ASOJOD el 12 de abril del 2011.

    No me referiré de nuevo al tema de si la inversión china en el estadio nacional era la mejor opción que había en el país en cuanto al mejor uso posible de los recursos.

    Anteriormente mencioné que muy posiblemente había inversiones rentables en vez de un nuevo estadio y cité, como ejemplo, disponer de una carretera moderna y civilizada desde el Valle Central al cantón de San Carlos. Hablé de esa opción aunque pudiera haber citado muchas otras posibles, por el simple hecho de que esa carretera estaba a medio construir gracias a donaciones del gobierno de Taiwán. Me han comentado que el gobierno de esta última nación, incluso después de que el de Costa Rica decidió romper con ellos, dijo estar dispuesto a financiar la conclusión de tan vital vía. Ojalá esto fuera estudiado más profundamente a fin de disponer de un buen material para la historia política de este país.

    Fue el poeta romano Juvenal quien en el siglo primero después de Cristo usó la expresión “Panem et Circenses“; es decir, pan y juegos de circo, para referirse a la práctica del gobierno de aquella época de ocultar los problemas y dificultades económicas de su nación, dándole al populacho, a fin de que se entretuviera y se olvidara, alimentos baratos y entretenimiento ordinario. Al lograr distraerlo de los problemas cotidianos, se lograba que se ensimismara en los placeres vulgares y no se interesara en los nobles de la política de altura. Esto es, para los líderes demagogos de esos momentos habría menos competencia de ciudadanos interesados en la res publica (los asuntos públicos). Tal vez ese populismo de antaño hoy se nos presenta, en vez de pan y circo, mediante algo así como “fútbol y bailongo” o “boxeo y reggaetón” o tal vez “berreada y birriada”, pero, en todo caso, logra igualmente distraer a la gente de los temas álgidos de interés ciudadano. Jamás me opondría a que las personas se diviertan; obviamente, no todo en la vida es sudor y sangre. Lo que me molesta es cuando los politiquillos usan el pan y el circo para embriagar a la ciudadanía, que me hace recordar el un opio de los pueblos.

    En todo caso, si no se iba a desperdiciar la oferta de un regalo (por algo será) de parte de los gobernantes de China en representación de su pueblo al de Costa Rica, lo deseable es que hubiera sido un “obsequio” rentable y no una hipoteca o que requiriera de un gasto de manutención que difícilmente se puede generar sin tener que acudir a nuevos impuestos o al gasto estatal para mantenerlo adecuadamente. Es algo así como la historia de “tan jodidos que estábamos y todavía parió la agüela”, como dice el sufrido pueblo. Repito mi pregunta: ¿por qué no se le pidió a los chinitos que esos recursos se usaran en algo productivo para el país y así sacarle un rendimiento que después podía reinvertirse en bienes que fueran privada y socialmente deseables? La mala elección ya está hecha y quiero aprovecharla para resaltar una serie de prácticas alrededor de su inauguración, que nos brinda lecciones para una buena administración de los recursos públicos.

    Algunas autoridades gubernamentales, apoyados, sin dudas y de inmediato, por algunos periodistas bien intencionados, han hecho la petición pública de que se cuiden las instalaciones del nuevo estadio, porque desde los primeros momentos aparecieron, entre sombras y oscuridad, las bestias encargadas de robarse el papel higiénico de los baños, de romper cerraduras de las puertas, de escribir algún horrendo apodo con algún malabar gráfico en las paredes del nuevo estadio, entre otras acciones vergonzosas que ponen al desnudo valores fundamentales que debían de ser aprendidos en nuestro sistema educativo.

    Este llamado a la decencia que han hecho no es inoportuno, pero en mi opinión muestra una actitud como de que “de aquí en adelante el mundo debe cambiar“, pues han omitido lo sucedido con otra obra magnífica donada por los chinos, esta vez los de Taiwán, como es el puente sobre el Río Tempisque al inicio del Golfo de Nicoya. Este “obsequio” ha sido maltratado sin misericordia alguna por orgullosos hijos de esta patria e igual de grave es que el propio gobierno la ha mantenido casi en el abandono, sin mantenimiento y vigilancia, tal vez porque esos otros chinitos ya pasaron de moda. Si no me creen, les cuento que en su momento habían desaparecido las lámparas públicas y los rótulos con direcciones para el que por allí transitara, en donde se dejó de lado la vigilancia necesaria para cuidar la infraestructura. Se vio el maltrato a los tornillos que daban sostén al puente, así como la presencia de orín, la falta de pintura. Todo como si ese moderno e importante puente, que da un enorme apoyo al desarrollo económico y social de la Península de Nicoya, mereciera un trato igual al que se ha dado al próximo puente en hundirse en nuestro país: el de los Incurables, aquí en las proximidades de San José o a al tal vez terroríficamente folklórico casi abandonado Sanatorio Durán camino al Volcán Irazú. ¿Será que el abandono y el descuido están en los genes del tico? ¿Será que en el juego político sólo es importante anunciar que se debe cuidar lo muy nuevo y desechar en el olvido lo que ya no lo es tanto? O ¿será que el bello producto regalado por unos chinitos vale más que el bello producto también regalado por otros chinitos? Da mucho que pensar toda esta actitud de no conservar las cosas que tanto cuestan, aunque nos sean regaladas.

    También la inauguración del estadio nos ha permitido resaltar el gran problema de la evasión del pago de gravámenes, que al fin de cuentas conduce a propuestas de políticos para que se grave aún más a los que siempre pagan y así reponer lo no cobrado. Es sabido que cuando hay eventos -como les llaman- con gente traída de fuera del país, quien localmente los organiza (como la Federación Nacional de Fútbol, por ejemplo) debe retener un 30% del pago acordado como un impuesto único sobre la renta. Esta recaudación, por ejemplo, la hace Tributación Directa cuando se traen grupos musicales del extranjero, en donde si el costo de un contrato se indica en, por ejemplo, un millón de dólares, una tercera parte deberá retenerse como pago del impuesto único sobre la renta Me imagino que en las actividades musicales de la inauguración del nuevo estadio, en el caso de contrataciones de extranjeros, los organizadores nacionales han cumplido (y cumplirán, pues cuando escribo esto sigue el circo) con sus obligaciones tributarias ya establecidas. Debe recordarse que hay la posibilidad de pedir de antemano que no se apliquen esos impuestos (que en mi opinión son muy altos), si la actividad es definida por las autoridades correspondientes como de interés público.

    Aparentemente, tal es el caso con la contratación de la Selección Argentina para jugar con la Selección Nacional, actividad por la cual se le cobró bastante (y hasta agarrados de majes) a los costarricenses. A tiempo las autoridades fiscales le indicaron a la Federación de Futbol que tenía tal deuda con el fisco, pero la primera reacción de esta entidad fue negar que se hubiera incurrido en tal obligación (que podría ascender a medio millón de dólares) y a la fecha no han dicho ni cuío. Es más, no sé si también medió un contrato con la selección B de China, al igual que con la traída de cantantes, músicos y boxeadores del exterior, que los haga legalmente responsables de tales retenciones.
    A mí no me interesa ser un chivato tributario, pues va en contra de lo que creo (que es obligación ejercer de las autoridades encargadas por ley del cobro de los gravámenes, el ejercer tal vigilancia y fue así como lo hicieron). Me molesta que en tanto algunos vivazo no pagan los impuestos que por ley deben cumplir, en la Asamblea Legislativa se nos quiere imponer nuevos y mayores gravámenes a quienes ya pagamos los impuestos establecidos por ley. Creo firmemente que este ejemplo que comento debe servir de base para que el estado costarricense, en vez de pedirnos más dinero a quienes ya pagamos, proceda a cobrar adecuadamente los gravámenes que tiene que cobrar. Si al vivazo no se le cobra el impuesto, es inmoral que se le cobre más a quienes ya los pagan, a fin de poder compensar lo que el fisco no han recaudado.

    Públicamente un funcionario ligado al deporte -y creo que a la administración del nuevo estadio- salió diciendo en un medio que, para sufragar los gastos necesarios en la buena administración y mantenimiento del inmueble, tan sólo era necesario conseguir tres grandes patrocinadores y mencionó a una institución financiera, una empresa de telefonía y otra aseguradora. Como suelo ser mal pensado, trataré de incursionar en la mentalidad burocrática tan proclive a lo públicamente fácil y me atreveré a decir qué es lo que verdaderamente está detrás de tan ingeniosa propuesta: tratar de pasarle este nuevo y elevado gasto público a los ciudadanos. La idea no es tan descabellada, porque, ¿qué tal si la institución financiera fuera el Banco Nacional, y la compañía telefonía, el ICE y la aseguradora, el INS? Al ser estas tres empresas entidades estatales, cualquier gasto sería cubierto con fondos que son públicos. Igual podría tener en mente poner a que los clientes sean RECOPE o JAPDEVA o JUDESUR o cualquier otro ente estatal, que sufrague esos gastos que en última instancia involucra dineros de todos los costarricenses, que es a donde se termina por chupar para obtener los fondos para administrar el nuevo estadio.

    Ojalá en mi sicoanálisis esté equivocado y se logre obtener recursos (la otra es que ya están pulseando más plata a los chinos, plata que podría utilizarse en cosas mejores) provenientes de una demanda de los servicios que pueden brindar a los ciudadanos esas instalaciones. Pero lo cierto es que acudirán al estado -esto es, a todos nosotros- para resolver el problema y así todos nosotros lo terminaremos pagando.

  6. #26
    2011-04-19-LAS COSAS SE PODRÍAN HACER MEJOR

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    LAS COSAS SE PODRÍAN HACER MEJOR


    Publicado en el sitio de ASOJOD el 19 de abril del 2011.

    En mi criterio la mejor lección que los costarricenses podemos derivar de la construcción del nuevo estadio nacional no es tanto la edificación en sí, pues había mejores opciones en cuanto a la utilización de los recursos donados, sino por la rapidez y eficiencia con que fueron construidas las obras.

    Tal vez el mejor parangón de lo que suele suceder con Costa Rica es lo que nos ha costado arreglar la platina (incluida la “ayuda eficiente” de empresas extranjeras) o lo que duró y costó la construcción de las casas en Cinchona resultado del terremoto de hace un par de años. ¡Cuánto tiempo ha tomado llevar a cabo esos proyectos! Las excusas para esos retrasos han abundado, cuando lo cierto es que, en el caso del puente de la platina (rebautizado el puente de la rasquiña, por aquello del símil físico de la superficie del puente con la enfermedad de la piel), a la fecha aún no está arreglado, tal como se esperaría en un mundo llamado moderno. Y qué decir de las casas de Cinchona, las cuales, a pesar del enorme esfuerzo y vigilancia ejercida por donadores privados y patrocinadores institucionales, han requerido eones para poder verlas en pie. A la fecha aún no se sabe con exactitud el porqué del enorme aumento en los costos que se observó en dicho proyecto.

    En medio de la tragedia del Japón -para quienes tienden a olvidarlo, no hay gestión humana que no tenga riesgos- pocos meses después de la devastación por el tsunami, gran cantidad de las casas destruidas ya están de nuevo en pie, producto de un esfuerzo enorme de diversos actores en ese país. Sorprende la rapidez con que las empresas, las personas, el gobierno, en general todo un pueblo, hace las cosas eficientemente.

    En nuestro medio la discusión pública en torno al sistema de concesión de obra pública nos ha brindado muchas buenas lecciones, a algunas de las cuales me he referido en comentarios previos. En esta ocasión tan sólo comentaré dos nuevos matices del tema. Uno es la opinión de un “líder” de un sindicato del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y, otra, la de un “líder” que en este caso encabeza una de las agrupaciones de transportistas en el país. Ambos coinciden en su opinión de que es necesario redefinir la construcción de obra pública, principalmente carreteras, en vez del actual sistema de concesiones al sector privado.

    En mucho no los critico, pues creo que están profundamente influenciados por el relajo que a todas luces ha sido la concesión a Autopistas del Sol. Incluso el desbarajuste puede estarse reflejando en los muy elevados peajes que, según lo denunció recientemente un noticiero de televisión, se cobran en comparación con proyectos similares en otros países. Pero ello está por verse y asumo que diligentemente la Contraloría General de la República está estudiando meticulosamente estas aseveraciones periodísticas. Sí creo que, sin duda, ambos ciudadanos creen a pie juntillas que sus propuestas son la mejor opción al sistema de concesión.

    El “líder” sindical del MOPT propone que de nuevo sea esa entidad, con su personal, la responsable de construir las carreteras. Esto es, volver al viejo esquema de construcción de obra pública por medio del MOPT. Era de esperar que un dirigente sindical de esa entidad promoviera resucitar al antiguo MOPT, pero ciertamente el frío no está en las cobijas. El hecho es que no hay plata (presupuesto, financiamiento, para quienes gustan de hablar más técnicamente) para que el estado sea quien directamente construya las obras, excepto que se les ocurra aumentar el gasto público con la ingeniosa idea de ponerle más impuestos a la ciudadanía o a través de un mayor endeudamiento gubernamental. La realidad de las finanzas internacionales (y nacionales) es que no hay recursos para que el estado pueda llevar a cabo este tipo de actividades. Por ello lo siento para el “líder” sindical, pero parece que la única opción disponible para hacer infraestructura pública es a través de esquemas de concesión al sector privado, de forma que consiga los recursos, lleve a cabo la construcción de las obras y que luego cobre a quien la utilice. No quisiera aparecer como grosero con un trabajador del MOPT señalándole que esa entidad ha sido incapaz, por ejemplo, de dar un mantenimiento elemental a los puente nacionales, como lo prueba la tragicomedia sucedida con el puente sobre el Virilla, o la caída dolorosa y trágica del puente sobre el Río Tárcoles, que al menos yo recuerdo en este mundo del olvido a los tres días. Pongo estos ejemplos, pero podría citar muchas otras actividades en las cuales el MOPT le ha quedado debiendo a la ciudadanía, entre ellas el enorme rezago en carreteras que no han sido objeto de concesión y que hoy están muy destrozadas, amén de un sistema vial obsoleto y, en mi opinión, causal de muchos accidentes en el país. O, por ejemplo, el malfuncionamiento con el tránsito que depende de funcionarios de esa entidad. O el descuido con los nuevos semáforos inteligentes o la mala demarcación en muchos sitios del país. La lista puede ser muy extensa, como extenso es el número de funcionarios laborando para esa entidad.

    El otro “líder”, el de los transportistas, fue objeto de una acuciosa pregunta en un programa matutino de comentarios. Se le pidió que, si no estaba de acuerdo con los esquemas de concesión, entonces, nos dijera cómo se aseguraría la provisión de obras de infraestructura. Su respuesta fue similarmente ilusa a la que tiene un amigo venezolano de que los Estados Unidos van a mandar tropas para derrocar a Chávez. Propone que sea el estado costarricense, por medio del MOPT y con fondos del Banco Mundial y del BID -dos entidades que mencionó- quien se encargue de construir las nuevas carreteras. Su propuesta es volver a la historia antigua, en donde todos los costarricenses somos quienes terminamos pagando la deuda (porque son préstamos y no regalos de esas entidades) mediante impuestos, en vez de ser amortizada mediante el pago de peajes por quienes efectivamente la utilizan. ¿Por qué habría de pagar por esa carretera alguien que nunca o poco la usa? Me parece que es elementalmente equitativo que quien la utiliza sea quien pague. Claro, qué rico es que yo -transportista de carga- use la carretera, pero el costo es cubierto por todos los costarricenses. El esquema de concesión se acerca a un principio tributario muy importante: qué se pague por el beneficio que se recibe. Obviamente, eso no le gusta a quien desearía que sean otros quienes paguen por él o ella.

  7. #27
    2011-04-26-UN PLANTEAMIENTO ENERGÉTICO-PRIMERA PARTE

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    UN PLANTEAMIENTO ENERGÉTICO-PRIMERA PARTE


    Publicado en el sitio de ASOJOD el 01 de marzo del 2011.

    Vuelve el perro arrepentido… nos decía Chespirito en alguno de sus episodios. Vuelve el Ministerio de Energía con las mismas propuestas de siempre al reanudarse otro episodio de aumento en los precios internacionales de petróleo por las razones que sea. La razón de ello me parece que se debe a que en los órganos estatales se suele sobreestimar su capacidad para resolver problemas acerca de los cuales es poco lo que puede hacer o nada o tal vez para aparentar que se hace algo al respecto.

    Las medidas propuestas por el Ministerio de Energía, apenas se ve en apuros por los aumentos internacionales en el precio del petróleo, se dirigen más que todo a tratar de disminuir la demanda; esto es, afectando la voluntad de los consumidores y poco a lograr un aumento deseable de la oferta energética. Mi idea es brindar algunas ideas dirigidas hacia el incremento de la oferta de energía, las cuales, si bien ya se han expresado anteriormente, han pasado al baúl de los desprecios que en este gobierno (y algunos anteriores) se suele brindar a ideas alternativas a las producidas por los staffs oficiales. En todo son sugerencias que tal vez pudieran ser útiles para asegurar una mejor provisión de energía a las personas.

    (1) Es hora de que Costa Rica reactive la exploración petrolera. Las dos razones principales esgrimidas contra tal prospecto es el posible daño ambiental que se puede provocar y la corrupción que suele acompañar a los gobiernos de países productores de petróleo. Otra razón esgrimida contra el desarrollo petrolero es que no resulte ser una operación rentable, pero el primer paso está en averiguar si en el territorio nacional se dispone de reservas de petróleo que podrían definir el inicio de una operación que sea potencialmente rentable.

    (2) Acerca de este tema debo formular varias consideraciones. Primera, no es cierto que en sí la operación petrolera constituya un riesgo tan alto como para que la operación no se deba llevar a cabo. Hay infinidad de lugares en el mundo en donde se extrae petróleo y no ha dado lugar a problemas ambientales significativos. Cito ejemplos: en medio de la ciudad de Los Ángeles, California, en las cercanías de las ciudades de Tulsa, Oklahoma y de Houston, Texas, así como en las proximidades de Edmonton, en Alberta, Canadá, entre muchos otros sitios. Asimismo, la exploración petrolera offshore ha provocado muchas críticas ante posibles daños medioambientales graves, pero no es algo que suceda con frecuencia tal como para que se suspenda la prospección petrolera. En la vida no hay actividad humana que no implique algún grado de riesgos y, por tanto, lo apropiado es prepararse adecuadamente ante ellos. La extracción offshore es una actividad sujeta a riesgos y el hecho es que en el mundo hay una miríada de pozos petroleros de este tipo, diseminados por todo el orbe. Los daños al ambiente que se han sufrido han sido relativamente pocos, lo cual parece ser la mejor muestra de que los costos suelen ser superados por los beneficios incluyendo el costo potencial de daños medioambientales. No significa, por tanto, que no se deban tomar las medidas de seguridad apropiadas, lo cual suele ser una práctica común en las operaciones petroleras. Sólo que la solución posible no está en prohibir o no llevar a cabo la actividad correspondiente, sino asegurarse por los riesgos que pueda tener.

    (3) La mayoría de los daños ambientales debido a la actividad petrolera suelen suceder en el trasiego de los combustibles, más que en el sitio de producción petrolera. El viaje de barcos trayendo petróleo a Costa Rica constituye posiblemente un riesgo mayor de daño ambiental que la producción petrolera en sí. Es más, la existencia de un oleoducto en Panamá, en donde barcos traen petróleo desde Alaska lo desembarcan en aquel país y lo reembarcan hacia la costa Este de los Estados Unidos (en donde suelen estar sus refinerías petroleras), constituyen un riesgo ambiental significativo para el país, pues los barcos pasan muy cerca de las costas costarricenses, tanto al desembarcar en Panamá como al partir de ese país hacia el este de los Estados Unidos. Se puede aseverar que, sin extracción petrolera en territorio nacional, ya corremos algún grado de riesgo medioambiental por el trasiego petrolero en Panamá. No se puede impedir que esa actividad extraterritorial se lleve a cabo, por lo cual se debe mantener una fuerte vigilancia y cuido de todo este trasiego, a fin de que eventuales responsabilidades sean cubiertas.

    (4) Razones geopolíticas, enlazadas con aspectos económicos, parecen indicar que la decisión de no extraer petróleo en territorio nacional, principalmente en la zona del Atlántico norte del país, no es conveniente. El conflicto actual entre Costa Rica y Nicaragua sobre la Isla Calero tiene, entre otros elementos, importancia, tal como lo expuso un medio de prensa, en cuanto a definir el mar territorial de Costa Rica, en donde presuntamente se encuentran yacimientos petrolíferos. Nicaragua es sabido que tiene una política abierta para la exploración y explotación de petróleo. De hallarse petróleo en dichas zonas y de serlo en condiciones económicamente rentables, no hay más que un paso para que empresas empiecen a extraer y trasegar petróleo en Nicaragua, sacándolo desde ese país en un manto lo suficientemente amplio como para cubrir petróleo que se encuentra en territorio nacional, en especial nuestro mar, lo que no haría necesario, dado que el gobierno de Costa Rica no ha estado dispuesto permitir la extracción petrolera en su territorio, que las empresas se instalan físicamente en este país. Unos se la comen y a otros les duele la panza, pero sería por nuestra obcecación y decisión propia como país.

    (5) Debe aumentarse la provisión energética proveniente de nuestros ríos. Esto podría lograrse con la aprobación de un proyecto de ley que presentó la administración anterior y que aún no es objeto de decisión por parte de la Asamblea Legislativa actual. Lo sorprendente es que esta nueva administración, siendo del mismo partido político que la anterior, decidió presentar un proyecto alternativo que conserva muchas de las restricciones anteriores que limitaban la provisión privada de energía y que mantiene el dirigismo y control estatal que tanto daño ocasionan a cualquier esfuerzo por aumentar la oferta privada de energía. La limitación vigente es tan absurda que se han dado casos de que empresas nacionales se han ido a Panamá a construir plantas productoras de energía al no dárseles permiso para hacerlo en el país. Pero, ¡qué sorpresa!, desde allá exportan electricidad a Costa Rica y a un costo mayor que el que se tendría si hubieran podido operar en el país. ¡Todo por nuestra decisión absurda de impedirles trabajar en Costa Rica! En Panamá las empresas privadas productoras de electricidad no tienen restricciones y limitaciones a lo que pueden producir, al contrario de lo que sucede en este país y que en mucho conserva el nuevo proyecto de ley presentado por este gobierno. Por tanto, la Asamblea Legislativa debe aprobar el proyecto de ley sobre generación eléctrica privada que se presentó durante la administración anterior,

    (6) Debe abrirse campo para que cualquier persona o empresa privada pueda dedicarse a producir energía, siempre y cuando se respeten las leyes normalmente aceptadas, lo cual debe tomar en cuenta los impactos no compensados sobre el medio ambiente. Las llamadas nuevas fuentes de energía renovable deben ser incentivadas no impidiendo que puedan operar y no introduciendo limitaciones a lo que pueden hacer. Sin embargo, no debe dársele subsidios a la producción porque ello alteraría cualquier rentabilidad comparativa con otras fuentes energética. Muchas veces en las posiciones gubernamentales se deja de lado un principio económico muy sabido: el papel de los llamados costos comparativos. Esto quiere decir, aplicado a estos casos, que es físicamente posible producir cualquier forma de energía sí se le da un subsidio tal que la operación resulte ser privadamente más rentable que socialmente. Se podría dar un subsidio -y sólo como ejemplo- para producir costosos paneles solares que, al contrario de hoy, lo convierta en una actividad rentable en comparación con otras fuentes opcionales de energía. La diferencia está por los recursos que la sociedad a través del subsidio le ha dado al productor, pero el hecho es que los recursos empleados en producir energía por este medio darían un rendimiento mayor si fueran invertidos en alguna otra actividad alternativa.

    Voy a dar un ejemplo de la idea que solía exponer a mis alumnos. Les decía que era posible producir un excelente café en Florida. Hubo quienes, para empezar, sabían de la mala calidad de tierras para producir café en Florida, poro cual murmuraban que su profesor había enloquecido. Pero todo lo que tuve que hacer fue empezar por aplicar subsidios para mostrar como sí era posible obtener físicamente una ventaja comparativa mas no una ventaja económicamente comparativa si se trataba de producir café en Florida.

    ¿Qué tal si por barco trasladábamos una buena tierra desde Los Santos y cubríamos la cal calcinada por el sol de Florida? Dicho y hecho, ¿pero quién la cultivaría que supiera de café? Muy sencillo: organizamos cuadrillas de buenos peones cafetaleros desde Naranjo (hoy día los podemos llevar desde Matagalpa) y los enviamos a Florida. ¿Qué mucho sol y mucha lluvia? Ponemos los sembradíos en viveros y con goteo. Lo que sea necesario para lograr una buena producción de café. Tan sólo se requiere que se tenga los recursos, plata para adquirirlos y ponerlos a producir tan buen café en Florida.

    Un alumno inteligente entendió el problema al preguntarme, ¿Profesor, sí, pero a qué costo? Se sacó un diez. Se dio cuenta que era posible producir café en Florida, pero que era muy costoso en comparación con producirlo en Costa Rica.

    Se puede obtener energía de muchas fuentes, pero ¿a qué costo? Esa es la pregunta clave. Si se da el subsidio adecuado, se puede reducir artificialmente ese costo para hacerlas competitivas con otras fuentes energéticas, asumamos que tradicionales. Esa no es la solución. Es discutible la conveniencia de dar subsidios a la investigación, por ejemplo, pero muy claro el efecto negativo de darlos directamente a la producción. Espero que de esta manera se abra una ventana para la discusión en torno a fuentes energéticas alternativas.

  8. #28
    2011-05-03-UN PLANTEAMIENTO ENERGÉTICO-SEGUNDA PARTE

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    UN PLANTEAMIENTO ENERGÉTICO-SEGUNDA PARTE


    Publicado en el sitio de ASOJOD el 03 de mayo del 2011.

    Continúo presentando una serie de consideraciones en torno a una propuesta para ampliar la dotación de energía en el país, en vez de insistir en la manipulación de la demanda, como parece ser la opción preponderante de las autoridades gubernamentales. La numeración en este comentario viene del anterior.

    (7) La exploración y producción petrolera nacional deberá ser producto de la contratación competitiva y no de algún acuerdo especial directo con país alguno, tal como China, en donde se otorguen derechos especiales. Este principio es también aplicable para la eventual refinación de petróleo en el país.

    (8) Un tema relacionado con el petróleo y que no deja de tener cierta fundamentación empírica, es la corrupción que se suele asociar entre la producción petrolera que se da en un país y los políticos domésticos. Al respecto se suele mencionar a Venezuela como país en el cual la abundancia de recursos derivados petroleros ha hecho que los políticos de esa nación hayan tomado decisiones de muy dudosa corrección en cuanto a su uso y sobre todo ha conducido a un gigantismo estatal totalmente inconveniente para la libertad ciudadana. Muchos políticos de países árabes también son citados por la corrupción entronizada en sus estados como resultado de su producción petrolera. El contraste a este mal e incorrecto uso de recursos públicos lo encontramos en países como Noruega y Canadá, que poseen un enorme sector petrolero, así como también Chile, si bien se trata de un mineral como es el cobre. En tales naciones el estado no ha cometido el error de dejar que su riqueza mineral quede sin explotar, pero han tenido la previsión de que los ingresos provenientes de ella no queden a la disposición inmediata e indiscriminada de los estados, sino que se administran por un fondo especial objeto de una rigurosa vigilancia. Este se ha instituido deliberadamente con el propósito de que el beneficio llegue a la ciudadanía a lo largo de los años, en especial una vez que tales recursos se hayan extinguido o bien se presente alguna situación catastrófica que requiera su utilización, particularmente como compensación a fluctuaciones de los precios de esos minerales. Propongo que en nuestro país, en caso de que se dé un desarrollo petrolero, la administración de los recursos provenientes de esa actividad se lleve de la mano con la asesoría de entidades tales como las de los gobiernos de Noruega, Canadá o Chile, los cuales, estoy casi seguro, nos brindarían la ayuda externa necesaria para el desarrollo institucional requerido. Así, la justa preocupación por “la maldición del petróleo” puede ser minimizada, en tanto que los recursos no se desperdician, al quedar sin uso bajo la tierra en donde no tienen valor económico alguno (o poco).

    (9) Juzgo necesaria la apertura del monopolio de RECOPE (al igual que siempre he propuesto que se haga con cualquier otro monopolio instaurado por el estado). Tengo muy claro que las actuales autoridades gubernamentales no necesariamente están dispuestas a una apertura de dicho monopolio (además de algunos otros grupos políticos que también están a favor del monopolio). La competencia en el área de desempeño de RECOPE creo que eliminaría algunos de los problemas connaturales a cualquier tipo de monopolio, como son una oferta insuficiente, precios más elevados y sobre todo una conjunto de regulaciones que se introducen para que el monopolio efectivamente mantenga su posición de control sobre el consumidor y, sobre todo, de cualquiera que intente competir con aquel.

    Sin embargo, me permito hacer algunas sugerencias en el caso de que RECOPE conserve sus condiciones de monopolio, de forma que podría ser posible promover el interés del consumidor mediante una regulación de su monopolio que llevaría cabo el propio estado (claro que no resolvemos el problema de que es el estado quien es el “dueño” de RECOPE, limitando por tanto el incentivo para la regulación).

    (10) Una medida reciente que RECOPE nos anunció como parte de su “solución” al aumento en los precios internacionales del petróleo es la utilización de una mezcla de gasolina con alcohol, o gasohol, como se le conoce. Ya se ha tenido alguna experiencia (en Guanacaste y otras áreas del país) y parece indicar que su uso no daña los motores, al menos en vehículos “modernos”, pero si se requiere un gasto fuerte en la adecuación de las bombas distribuidoras para que el gasohol no dañe sus tanques. Si su utilización fuera mejor que el simple empleo de gasolina, es necesario que se den otra serie de condiciones que es necesario señalar.

    En primer lugar, el argumento de que así se ahorran divisas (supuestamente porque el gasohol es de producción nacional o usa materia prima nacional) está equivocado, porque si el tipo de cambio se aproxima al de equilibrio (no hay ni subvaluación ni sobrevaluación), como parece ser el caso actual, da lo mismo, desde el punto de vista de la utilización de recursos, que se use gasolina totalmente importada o gasohol. La prueba esencial de la conveniencia del uso del gasohol es que tenga un menor precio al consumidor que la gasolina, sin que medie algún subsidio o impuesto distorsionador. Ello indicaría, al tipo de cambio de equilibrio y con libertad para importar, que el gasohol es mejor opción (todo lo demás constante) que emplear gasolina.

    En segundo lugar, la operación de traer alcohol del exterior para mezclarlo con alcohol (lo cual señala problemas con el argumento de ahorro de divisas) requiere de instalaciones de almacenamiento, transporte y de desembarque que hoy no se poseen, por lo que dicho costo deberá tomarse en cuenta.

    En tercer lugar, emplear tierras actualmente usadas en producir otros cultivos para producir caña de azúcar y convertirla en alcohol (se supone que las refinerías existen y son capaces de producir en el país) significa que se sacrifican otras actividades económicas posiblemente más rentables, lo cual daría lugar a una pérdida neta para la economía.

    Además, el cultivo de caña de azúcar no suele ser muy ameno a la calidad de los suelos y eso deberá tomarse en cuenta.

    Las reglas de oro al definir la conveniencia de mezclar alcohol con gasolina son dos: primero, que no haya subsidios de ninguna índole y, en segundo lugar, que el costo neto de recursos usados en el gasohol que se vende al consumidor final resulte ser menor que el costo de la gasolina importada.

    (11) Es posible que en RECOPE se den ciertas prácticas que, ni más ni menos, significan la presencia de subsidios cruzados -esto es que, de alguna manera, se grava alguna actividad para a su vez favorecer otra dentro de la misma empresa. El caso del tratamiento que RECOPE da al gas licuado (LPG) podría evidenciar tal situación. De acuerdo con la ley del monopolio de RECOPE, este se aplica tan sólo a la importación de petróleo y sus derivados. Por lo tanto, cabe preguntarse si la importación monopólica de RECOPE al gas licuado se hace al amparo de dicha potestad, pues lo cierto es que es posible obtener LPG tanto como un derivado de petróleo o como un derivado del gas natural. Por ello, en el primer caso es posible pensar que el monopolio de RECOPE es aplicable, en tanto que no lo es en el segundo. Es decir, no hay impedimento legal alguno para que alguien diferente de RECOPE pueda importar gas licuado si se obtiene a partir de la derivación del gas natural. No hay duda que una política gubernamental que facilite la importación privada de gas LPG contribuiría enormemente al bienestar del consumidor.

    Lo anteriormente expuesto cobra mayor importancia al tomar en consideración que RECOPE, a la hora de la fijación de precios por parte de la ARESEP de sus diferentes tipos de combustibles, suele cargar al costo sobre el cual fija se fija su margen de ganancias, diversos costos que son más bien propios y aplicables a otros combustibles, mas no al LPG.

    De esta manera, por medio de un subsidio cruzado, RECOPE reduce el costo (precio) a que vende otros combustibles, en tanto que relativamente aumenta el precio a que vende el gas LPG.

    Es deseable que se defina una política gubernamental para terminar con este subsidio cruzado, que impacta negativamente el consumo de gas licuado y aumenta el de otros combustibles. Lo más interesante es que uno de los principales grupos consumidores de gas licuado lo forman familias rurales de bajos ingresos; en concreto, en las provincias de Guanacaste, Limón y Puntarenas, principalmente. En ellas es a la vez más prolijo el consumo de leña obtenida de árboles como fuente de energía doméstica. Uno esperaría que si se abarata el gas licuado (tanto al permitir su libre importación privada, como si se acabaran esos subsidios cruzados de RECOPE) redundara en un efecto positivo en cuanto a la conservación de los árboles y más generalmente de los bosques, además de que los más importantes beneficiados serían las familias rurales de menores ingresos. Por supuesto que el beneficio también llegaría a otros consumidores de LPG en general. Tal rebaja de costos también podría traducirse en un uso más eficiente de la energía en el país, dado que la relación producción energética/ precio del LPG es más elevado que el de otros combustibles que vende RECOPE, así como posiblemente también en comparación con la electricidad.

    A fin de que este comentario no sea muy extenso, en una tercera parte continuaré presentando sugerencias para ampliar la oferta de energía en el país y favorecer así la satisfacción de las necesidades de los consumidores.

  9. #29
    2011-05-10-UN PLANTEAMIENTO ENERGÉTICO-TERCERA PARTE

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    UN PLANTEAMIENTO ENERGÉTICO-TERCERA Y ÚLTIMA PARTE


    Publicado en el sitio de ASOJOD el 10 de mayo del 2011.

    Termino mis consideraciones orientadas a ampliar la dotación energética del país, en vez de insistir en el control de la demanda, acción que parece ser la preferida por las autoridades gubernamentales, al menos en el corto plazo. La numeración en este comentario viene de los dos anteriores.

    12.- La principal provisión doméstica de energía geotérmica parece ubicarse en zonas de parques nacionales, razón por la cual hay grupos contrarios a un mayor desarrollo. Sin embargo, para así pensar hay varias consideraciones que creo que deberían de tomarse en cuenta.

    En primer lugar, no parece ser una actividad que cause fuertes alteraciones al medio ambiente. Sus efectos, aún en los parques nacionales, parecen ser de magnitud relativamente pequeña y, por tanto, manejable con una buena administración. Una propuesta para canjear zonas en parques en donde se ubicaría su producción por tierras que hoy no forman parte de ellos, podría ser una opción aceptable. Debemos ser capaces de administrar bien estos proyectos enclavados dentro de los parques nacionales, que brinden energía al país a la vez que se tenga un cuido especial sobre los efectos posibles en el medioambiente. No entiendo cómo no se tiene la capacidad de administrar bien este tipo de desarrollos, pues es frecuente que diversos proyectos energéticos en distintos países se ubiquen en zonas sensibles en cuanto a conservación medioambiental, sin problemas significativos.

    En segundo lugar, el costo de este desarrollo energético parece ser relativamente barato, dependiendo de cada caso particular. Así, el proyecto debe tener de antemano una adecuada valoración de costo-beneficio, el cual debe incorporar las variables medioambientales.

    En tercer lugar, disponer de una oferta relativamente diversificada y balanceada de fuentes energéticas, que no resulte de subsidios distorsionadores, es deseable, en especial ante fuertes fluctuaciones de precios de algunos de los componentes de esa oferta.

    Finalmente, considero que debe permitirse y facilitarse la exploración de fuentes de energía geotérmica ubicadas en zonas fuera de los parques nacionales. En general los proyectos de energía geotérmica deberán estar abiertos al sector privado.

    13.- El gas natural es otra fuente interesante de energía cuyo desarrollo podría facilitarse en el país. Hay regiones en donde parece haber fuentes cuyo desarrollo podría ser económicamente factible. Tal es la región del Golfo Dulce en el Pacífico Sur, así como en el Atlántico y en partes de la Zona Norte. Es conveniente incentivar a que la empresa privada pueda desarrollarla y venderla a los consumidores, pues el gas natural parece ser una fuente relativamente barata de energía (como es el caso de Estados Unidos y Europa). Una política de apertura del estado hacia la producción privada de esta actividad estimularía la inversión, el empleo y el crecimiento de la economía nacional y daría una señal clara de que el estado no está empeñado en monopolizar la producción energética del país.

    14.- Por supuesto que la existencia de vehículos que utilicen combustibles diferentes a los derivados del petróleo es conveniente, pero que no se origine en subsidios artificiales o políticas de impuestos discriminatorios que hacen que alguna actividad o producto luzca rentable cuando lo es. No conviene manipular costos y precios por políticas estatales.

    Por ejemplo, es posible que una disminución de los precios del LPG, tal como se sugirió en los comentarios previos, estimularía su uso en vehículos de transporte colectivo, comercial y privado, sin mediar subsidio alguno, sino una mejor ecuación precio/energía que beneficia al usuario.

    15.- Similar recomendación hago en cuanto a la utilización del ferrocarril, tanto urbano como regional. Su uso debe surgir con fundamento en los resultados de análisis de costo-beneficio, no por la introducción de subsidios que alteran su verdadera rentabilidad. Debe considerarse la concesión de un ferrocarril interoceánico, en donde el estado facilite el uso de los actuales derechos de vía ferroviaria, así como de los que se requerirían bajo nuevas opciones. No deberá subsidiarse el costo de los pasajes de ferrocarril, sino dejar que compita directamente con otras formas de transporte masivo

    16.- Debe permitirse la libre competencia en la distribución de gasolina, permitiendo que las empresas distribuidoras utilicen estrategias competitivas que favorezcan al consumidor, así como en lo referente a la propiedad de las gasolineras. La posibilidad de que las bombas de gasolina vendan a precios diferentes debe estimularse, pues la actual política estatal de control de precios y márgenes de los combustibles vendidos en las bombas de gasolina, que lleva a cabo la ARESEP, lo que hace es permitir la consolidación de un cartel que no beneficia a los consumidores. La eliminación del monopolio a la importación de combustibles de RECOPE, permitiría que las gasolineras puedan importarlos, con lo que la mayor concurrencia beneficiaría a los consumidores, pudiendo escoger en cuanto a precio, calidad, ubicación y servicio que recibe, cosas elementales de las cuales hoy no puede disfrutar.

    17.- Un tema de candente actualidad, relacionada con la provisión energética del país a largo plazo, es la edificación del proyecto conocido como Diquís, el cual sería llevado a cabo por el ICE supuestamente con el financiamiento de instituciones multilaterales especializadas. Por su magnitud, si bien inferior en extensión a la represa de Arenal, será el proyecto hidroeléctrico más grande del país, con una generación estimada de 650 megavatios, que equivale a aproximadamente la mitad de la capacidad hoy instalada y a la cual también se uniría el proyecto llamado Reventazón, que generaría aproximadamente 300 megavatios adicionales. Diquís sería el proyecto hidroeléctrico más grande de Centroamérica y su mercado, además de Costa Rica, sería el regional, al menos en los primeros años de operación.

    Diquís reemplaza al antiguo proyecto Boruca, que si bien produciría más del doble del proyecto Diquís, fue sustituido por el inconveniente de exigir tanto una mayor movilización de personas (2.500 Boruca mientras que Diquís requeriría la de 1.100), como una mayor extensión (12.500 hectáreas Boruca en tanto que Diquís se extendería por 6.800 hectáreas). Se ha mencionado que el costo de la electricidad producida por la represa de Diquís será uno de los más bajos del ICE ($0.07 el kilowatt/hora), pero deben esperarse las cifras finales, en especial a la luz de proyectos alternativos (por ejemplo, compararlo con el costo equivalente de proyecto Boruca, entre otros). Esto significa que los estudios de factibilidad económica deberán estar debidamente listos y publicitados antes de iniciar su construcción. Enfatizo la trascendencia que tienen dichos costos, tanto para los consumidores nacionales de energía, los potenciales compradores internacionales, como para las finanzas del ICE y, en general, del país. Se ha mencionado que las obras se iniciarán en el 2012 y concluirán en el 2018, por lo cual es crucial que se hagan del conocimiento de la ciudadanía estos y otros aspectos del proyecto que deben formar parte de los estudios de costo-beneficio.
    Llevar a cabo los primeros estudios en el sitio para el desarrollo de este proyecto ha dado lugar a conflictos en torno al desalojo de personas y la disposición de tierras que serían necesarios para poder realizarlo. Los afectados principales parecen ser miembros de grupos indígenas, quienes deberán ser debidamente compensados por los daños que el proyecto les podría ocasionar. Las negociaciones con los indígenas (y residentes del área, en general, que serían afectados) tendrán que contemplar el pleno respeto a los derechos humanos y a la propiedad de la cual hoy disfrutan, incluso derivada de una simple y respetable tradición.

    Sin embargo, hay dos elementos derivados de la discusión de los problemas que me han preocupado y que, si no se tienen presentes, podrían afectar los acuerdos necesarios.

    Uno es la petición que se suele hacer para que el proyecto pague una especie de “peaje”, al ubicarse en una zona específica del país para servir a todos los costarricenses.

    Una compensación por los daños derivados del proyecto a las personas y propiedad de la región involucrada es condición sine que non el arreglo se ha de llevar a cabo, el cual debe considerar la reposición de los asentamientos en condiciones mejores que las actuales. Pero tal “impuesto a la exportación de energía” desde esa zona al resto del país es inaceptable, al partir de un principio básico de unidad territorial. ¿Se imaginan el desorden socio-económico que surgiría si, por ejemplo, Caldera exigiera el pago de un impuesto por dar entrada y salida a mercancías de todo el país? Asimismo, Moín podría requerir algo similar. Los vecinos de Alajuela podrían pedir una compensación por el uso que todos los costarricenses y extranjeros hacen del Aeropuerto Juan Santamaría. ¿Qué les parece si la ciudad de San José introduce un gravamen por cada documento que emitan sus oficinas allí ubicadas por cada transacción que solicitan los ciudadanos de fuera de la ciudad? ¿O que los vecinos de Montes de Oca exijamos un pago a cada costarricense no residente del cantón por hacer uso de la instalaciones de la UCR o simplemente cobrar una tarifa por circular entre San José y Cartago pasando por el cantón? La integridad territorial de la nación debe ser un principio a mantener, pues el país es uno y no diferentes naciones (ni siquiera una confederación de estados). El “chantaje” en estos casos es inaceptable desde su pretensión inicial. Una cosa es la compensación por eventuales perjuicios legítimos y otra imponer un gravamen que se cobra a toda la ciudadanía por hacer uso de un producto proveniente de la región citada. (Piense el desastre que sería si cada comunidad cobrara un impuesto por cada bien que se produce dentro de ella y que es “exportado” al resto del país).

    Un segundo tema, que puede ser objeto de polémica, es el domicilio nacional de los miembros a quienes debe retribuirse por daños que les causaría el proyecto. Si son extranjeros con propiedades o residentes actuales de territorios afectados por el proyecto, su compensación es legítimamente posible, pero no lo debe ser si se trata de residentes en el extranjero quienes buscan lograr un resarcimiento en donde no lo hay. Por ello, las autoridades negociadoras deberán ser muy claras en cuanto a quienes serían las personas y grupos indígenas con quienes se forjarían los acuerdos necesarios, a fin de impedir que haya reclamaciones improcedentes por afectaciones inexistentes.

    Finalmente, considero que el proyecto debe estar abierto a la participación activa del sector privado como propietario o inversionista. No se vale que el país se endeude por medio del ICE y que todos los costarricenses luego tengamos que pagar impuestos para cancelar dicha deuda. La fuente de recuperación de los recursos deberá ser en todo momento el resultado de la operación del proyecto, de manera que los pagos de la deuda estén incorporados en los costos de venta del producto (esto es, además de los costos de producir la energía, incorporar los derivados del endeudamiento), los cuales serían cobrados a todos los usuarios, tanto nacionales como extranjeros. Hay diversas formas por las cuales el sector privado nacional podría participar en este tipo de proyectos, sin que la única opción sea la de una producción eléctrica nacional monopolizada por una entidad estatal. A fin de señalar la importancia de la apertura al sector privado que debe darse en el país, vale la pena mencionar que a la fecha, tan sólo en la provincia de Chiriquí, Panamá, hay 37 plantas hidroeléctricas en proceso de construcción, en mucho para exportar energía a Costa Rica. Debemos quitar los obstáculos que faciliten el aporte empresarial privado nacional a la oferta de electricidad en el país.

    18.- Para concluir esta serie de tres comentarios sobre asuntos energéticos, considero apropiado referirme a la medida reinstalada de limitar la circulación de vehículos por el centro de San José, la cual se realiza una vez a la semana, según horario y placa del vehículo. Las autoridades han dicho que es un esfuerzo para restringir la demanda de combustibles, ante el alza internacional de su precio. Pero este propósito públicamente afirmado también tiene visos de haberse convertido en una fuente apreciable de recursos para las autoridades gubernamentales, quienes los aprovechan para dirigirlos hacia sus propios objetivos institucionales, loables o no. Así, autoridades nacionales del tránsito y del transporte han indicado públicamente que es necesario que las cortes aceleren su fallo en cuanto a objeciones legales planteadas por ciudadanos acerca de la pertinencia del cobro de ciertas multas y, en especial, de los procedimientos aplicados y aplicables. Con dicha petición a las autoridades judiciales, las del tránsito esperan obtener recursos que usarían en actividades propias del interés de sus entes estatales. Pero esto, simple y llanamente, es sólo una forma de lograr plata por medio de multas, cuyo objetivo debería de ser la disuasión de conductas anti-sociales y no llegar a convertirse en una fuente de financiación de los presupuestos operativos gubernamentales.

    En todo caso, la intención expresada públicamente por las autoridades con la medida bajo comentario es restringir la demanda y a ello paso a referirme, empezando por indicar que no es una forma razonable para lograr el objetivo anunciado y que mejor sería que el costo (el precio) mayor que tiene que pagar el ciudadano por el aumento internacional de los precios de los combustibles, sea el que defina su demanda. Procedo a indicar las razones de mi criterio.

    En primer lugar, no es totalmente seguro que la restricción practicada dé lugar a una disminución del gasto en combustible, por varias razones. Ante la limitación para circular por el área central de San José, quien deba dirigirse de una parte de la ciudad a otra, atravesándola, ahora lo hará circulando alrededor del área restringida; esto es, movilizándose por calles aledañas. Si mis clases de geometría elemental no las he olvidado del todo, la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta (permítanme darle flexibilidad al ejemplo: asumir que el área de circulación es plana y no curva como la tierra, lo cual es aceptable dadas las distancias relativamente cortas de las que estoy hablando), por lo cual el desvío obligado significa una distancia mayor que la previa y, todo lo demás constante, se refleja en un gasto mayor de combustible. Se me dirá que posiblemente eso sea cierto, pero que el ahorro está en el día en el cual el vehículo no puede circular, pero lo cierto es que circula, pero por una distancia mayor. En caso de que el usuario lo dejara guardado y tomara un taxi, me imagino que su gasto de combustible sería posiblemente igual a si circulara en su vehículo propio, además de que incurre en un costo por el servicio de transporte, el cual previamente no tenía que pagar. Esto es, no hay ahorro de gasolina y se tiene un costo mayor.

    En segundo término, se ha señalado que también hay un ahorro en el tiempo de traslado por el centro de San José. Ello es cierto, pero también los vehículos que ahora circulan por las calles aledañas causan presas en esas zonas, que incluso probablemente no están diseñadas para un flujo de tránsito más elevado que el usual. Es decir, se usan caminos menos aptos para transitar, lo cual significa una mayor lentitud en la movilización. Por tanto, es dudoso que haya tal ahorro en el tiempo de movilización de quienes se trasladan.

    En tercera instancia, la restricción tiene un efecto negativo sobre la producción. Alguien dirá que es pequeño, pero no deja de ser significativo, en especial en momentos de dificultades económicas como los actuales. En la actividad económica de un país (o de una ciudad) hay todo un orden que no es planificado por ningún ente centralizado, pues no es capaz de ello, como lo podría pretender algún burócrata, sino que resulta de la libre interacción de los individuos. Sin embargo, con medidas como las analizadas dicho orden espontáneo se ve alterado. La amplia actividad de intercambio comercial requiere de suministros adecuados continuos, tanto en para el ingreso de los insumos como para la salida de los productos. Todo esto es afectado por la medida limitante citada. Quienes se dirigen a sus trabajos, impedidos de atravesar ciudad y obligados que a desvíos, se ven afectados, lo cual encarece la prestación de sus servicios, así como su productividad. Esto no sucede tan sólo con obreros fabriles, como alguien podría pensar, sino también con todo tipo de profesionales, quienes se ven afectados al no poder prestar su labor al momento en que se les requiere, todo causa de las limitaciones impuestas en el tránsito. No voy a cansarlos con la muy diversa gama de actividades humanas que se ven alteradas con la restricción y el grave efecto que tiene sobre la producción, pero sí es importante destacar que tiene un impacto negativo en el empleo, al “encarecerse” la prestación de los servicios laborales.

    En cuarto lugar, la propuesta restrictiva del tránsito parece ser una solución oportunista ante el mal sistema vial del centro de San José, el cual requiere ser mejorado Para opinar de esta manera me fundamento en que, cuando se objetó en el pasado que la restricción basada en el alza al precio internacional del petróleo era indebida, las autoridades usaron como un argumento adicional para aquella limitación, que en el centro de la ciudad se estaban realizando obras viales que creaban una gran congestión y que, por ende, la medida era oportuna y deseable. Esto último podría ser cierto, pero, entonces, la restricción vehicular debería de practicarse tan sólo en aquellos sectores en donde se llevaban a cabo obras viales y no en toda la ciudad capital.

    Hay medidas, además de la mencionada acerca del ferrocarril interurbano, que podrían economizar efectivamente combustible, sin que implique restricciones a la libre circulación de los vehículos como la impuesta. Por ejemplo, proceder adecuada y correctamente a la renovación del transporte urbano de buses. Las llamadas interlíneas son una buena idea, pero en un primer intento de ponerlas en práctica en el pasado reciente, hubo fuertes razones legales para detener su inicio. Que las cosas se hagan bien y correctamente desde un principio es indispensable para que se restaure la confianza de los ciudadanos en sus autoridades de transporte. Asimismo, se requiere que dichas rutas nuevas estén sujetas, en lo máximo posible, a las fuerzas de la competencia. No hay razón para que los nuevos servicios públicos de transporte sean brindados por oferentes únicos sin tener frente a otros proveedores que les traigan competencia. Ello redundaría en beneficio de los usuarios, quienes escogerían al que mejor les sirva. ¿Qué es necesario algún grado de coordinación posiblemente gubernamental de dichas rutas? Podría ser, pero eso no requiere que haya un único dueño (incluso bajo la figura de consorcio que no es sino varios empresarios asociados para dicha empresa de una forma particular) el que opere en una ruta o sección particular, sino que el objetivo mayor sea brindar el marco más competitivo posible en la provisión de esos servicios.

    Asimismo, una posibilidad, que podría traducirse en un ahorro de combustible y una menor congestión vial, es la de permitir que existan los llamados taxis colectivos, los cuales pueden recoger y descargar diversos clientes y no uno sólo a lo largo de algunas rutas preestablecidas. En muchas ciudades del mundo (recuerdo a la Ciudad de México) hay tal forma de servicio público. Esta es una forma en la que se puede traer mayor competencia a los proveedores de transporte colectivo. No entiendo las razones por las cuales dicha idea no puede llevarse a cabo, excepto que el interés verdadero de las autoridades políticas yace en mantener las posiciones monopólicas de los actuales proveedores de los servicios. Con tanto taxi con problemas de volumen de negocios, con tantas personas que desearían poner a trabajar un vehículo como taxi para así tener algún empleo remunerado y decente, con tanta desocupación como en la actualidad, ¿por qué no pensar en esta idea que en esencia significaría un beneficio tanto a aquellos como a los consumidores? Nada más piensen en quién se beneficia y a quién se le trae competencia…

    En quinto término, creo que es necesario, dado la limitada estructura actual de nuestras calles del centro urbano de San José, que durante el día por ellas no circulen camiones pesados que se dedican a la carga y descarga de mercancías. En muchas ciudades grandes, con serios grados de dificultad física para que se pueda lograr un flujo expedito de vehículos, la circulación de tales camiones pesados se permite sólo en horas de la noche, cuando el flujo urbano se reduce de manera significativa. Mientras las calles de San José tengan la estrechez que hoy tienen, el costo social impuesto por vehículos dedicados a esa forma de transporte probablemente es muy elevado, al originar presas innecesarias que provocan un consumo excesivo de combustibles a terceras partes. No soy amigo de las restricciones y limitaciones a la libertad de las personas, pero esta medida me parece aceptable para la generalidad de quienes deben transitar por el centro de la ciudad de San José, incluso por quienes podrían verse afectados por ella, quienes a su vez son aquejados por terceros que circulan cargando y descargando mercancías durante el día.

    En sexto y último lugar, deseo destacar mi creencia en que la decisión de restringir el libre tránsito en el área central de San José debido al alza en los precios internacionales del petróleo, como la han justificado las autoridades correspondientes, constituye un precedente a todas luces inconveniente. Con ella no sólo se restringe el derecho a la libre movilización que tiene el ciudadano, sino que también se afecta el derecho a la propiedad y al uso legal que puede hacer de ella, así como el derecho al trabajo, pues provoca un aumento en el costo de accesar a los sitios de trabajo. Pero sobre todo la juzgo inconveniente porque no parece ir acorde con la lógica. La base del argumento para la restricción es, repito, según las autoridades, el alza en el precio del petróleo y sus derivados, que son elementos importantes en el consumo de las personas y de la sociedad como un todo. Si tal es la justificación de las autoridades para limitar la libertad de las personas, entonces, ¿por qué no restringirles el consumo de pan si, por ejemplo, aumenta el precio del trigo en los mercados internacionales? Después de todo, también es un gasto importante en los hogares y en la economía nacional. O, por ejemplo, ¿por qué no limitar el consumo personal de medicinas si experimentaran un aumento en sus precios internacionales? ¿Restringiría la Caja el consumo de medicinas que les da a los asegurados? ¿Acaso los ejemplos citados no son similares al que fundamenta la restricción que se hace a la libre circulación de vehículos? Usted puede poner muchísimos ejemplos de bienes y servicios importados que conceptualmente podrían sufrir aumentos en los precios internacionales, y que podrían ser usados como base para justificar la limitación de la libertad para escoger, para consumir, para usar sus bienes en la forma en que le plazca sin que signifique que está causando un daño a terceros, caso en que sería responsablemente directo de tales daños. Por ello digo que el precedente expuesto es nefasto, al abrir puertas de todo tipo a posibles acciones de burócratas, quienes creen que limitando los derechos y libertades de las personas, es como los seres humanos podemos ser más felices, resolver nuestros problemas y mejorar nuestras vidas.

  10. #30
    2011-05-17-APÉNDICE A UN PLANTEAMIENTO ENERGÉTICO

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    APÉNDICE A UN PLANTEAMIENTO ENERGÉTICO


    Publicado en el sitio de ASOJOD el 22 de marzo del 2011.

    Espero que hayan tenido la oportunidad de leer mis tres comentarios previos con propuestas para elevar nuestro desarrollo energético durante los próximos años. No obstante, poco después de haber concluido dicha serie, surge la oportunidad de comentar la reciente propuesta del gobierno de la República ante la Asamblea Legislativa para, fundamentalmente, ampliar la participación del sector privado en la provisión de energía eléctrica, pues, de no lograrse, daría lugar a serios problemas de abastecimiento.

    Antes de opinar al respecto, debo indicar que en la Asamblea Legislativa se habían presentado dos proyectos (llamados Ley General de Electricidad) que en mucho “organizaba” o “abría” el sector de producción eléctrica al sector privado, pero ambos han estado plagados de problemas que hacen poco viable su aprobación en el corto plazo. El primero, que en general me parece tiene grandes virtudes, fue presentado al curso legislativo durante la administración anterior y, el segundo, sorprendentemente, lo presentó la nueva sustituyendo al proyecto previo. Sabido es que ambas administraciones son del mismo partido político, por lo que esta última versión fue, a su vez, bloqueada por gran parte de esa misma fracción, que no podía ver con buenos ojos cómo sus mismos compañeros de partido echaban por la borda la versión original, sin que mediara una justificación válida para proponer una fuerte variación al curso inicialmente planteado sobre la política energética del país.

    Por lo tanto, nada tenía que ver la existencia de un nuevo directorio legislativo integrado por diputados de la oposición, como un factor que obstaculizara un proyecto para asegurar una mayor provisión de electricidad. El problema venía políticamente “desde adentro” y, por tanto, es injusto adscribir la responsabilidad de no asegurar la electricidad necesaria al directorio de oposición, que ni siquiera existía cuando se presentaron ambos proyectos en la Asamblea. Por ello, abrigo la esperanza de que esta última versión -llamada de Contingencia Eléctrica- sea aprobada, con algunas mejoras a las que luego me referiré, con el apoyo de una mayoría importante de diputados del Congreso. Así no habrá excusa para que les “echen los muertos” al nuevo directorio legislativo por una presunta falta de no hacer bien las cosas necesarias para el país.

    En un seminario que ANFE celebró en octubre del año pasado, el Ministro de Energía, Ingeniero Teófilo de la Torre, fue cuestionado por el nuevo proyecto (el segundo de ellos), al considerarse que reintroducía una serie de restricciones innecesarias, indeseables y costosas para la participación privada en dicha actividad, en comparación con el primero que presentó la administración previa. Don Teófilo reconoció que el cambio de visión se debía a una mejor adaptación del nuevo proyecto a las políticas participativas mayoritarias y casi monopólicas que el estado había mantenido en el pasado y que la administración anterior se propuso variar. Pero ahora, inteligentemente, don Teófilo cambia aquella posición y, si se me permite así decirlo, parece haber escuchado razones para variar posiciones que no conducían a nada más que a una inopia segura en la provisión eléctrica del país. Su proyecto de ley previo no iba a resolver el problema inminente de escasez de electricidad, en especial ante los atrasos con los proyectos de Reventazón y Diquís No muchos funcionarios públicos saben rectificar decisiones, al percibir que pueden estar equivocadas. Por ello, le reconozco el mérito de haber variado su actitud inicial.

    Me agrada la última -tercera si se le quiere llamar- propuesta dirigida a asegurar el abastecimiento energético del país en el corto plazo, al abrir un espacio mayor a su provisión privada. Constituye un paso adelante y significativo en el esfuerzo por lograr un suministro adecuado de electricidad. Sin embargo, creo que no hay justificación para que ese paso hacia adelante siga siendo tan pequeño. La nueva propuesta no debe reprimir el desarrollo de un sector privado fuerte en el sector eléctrico, que esté preparado para competir eficientemente con otros oferentes de países vecinos y, sobre todo, que les permita lograr escalas de operación que hagan más rentables y seguras las inversiones que tengan que realizar. Así, no encuentro explicación lógica de por qué ampliar la capacidad instalada máxima por planta de 20 a tan sólo 30 mega watts. Por ejemplo, una capacidad máxima permitida de 50 mega watts no sólo es factible realizarla sin problemas significativos, sino que su tamaño podría hacer la operación más rentable, la inversión más manejable y, sobre todo, lograr suplir en el plazo más corto posible la electricidad requerida por el país.
    En el mismo sentido no me explico por qué tan sólo aumenta de un 15 a un 25% la provisión privada (que incluye a cooperativas, entre otros) del total de energía eléctrica producida en el país. Parece que el intento de conservar ciertos privilegios es lo que está detrás de estos tímidos pasos de apertura al sector privado, como proveedor impostergable e indispensable de energía en el país.

    Debe recordarse que el precio al cual se adquiriría la nueva electricidad producida por estas nuevas plantas privadas es fijado por la ARESEP, razón por la cual aprovecho la oportunidad de recalcar la importancia de que esa entidad haga las cosas bien y rápidamente. Debe comprender que si la tarifa no es adecuada, esa inversión privada no se llevará a cabo o, tal como ha sucedido hasta el momento, se vaya a Panamá a producir esa misma energía, para luego venderla a Costa Rica a precios más altos. La ARESEP debe saber que en la actualidad están en proceso de construcción, tan sólo en Chiriquí, Panamá, 32 plantas que eventualmente venderían a nuestro país la energía que produzcan. Si les preocupa un hipotético sobre-abastecimiento, deben tener presente que si existe un mercado dinámico y en crecimiento en cuanto a demanda de electricidad es el propio mercado panameño, por lo cual esas firmas fácilmente podrían variar el destino de su producción, si así fuera más rentable para ellas. Claro, todo está en los precios que los productores privados de electricidad, tanto nacionales como desde el exterior, puedan obtener y es aquí donde ARESEP debe tener “bien puestas las pilas“.

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