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Tema: ENSAYOS DE ASOJOD

  1. #91
    2011-08-16-PROSIGUE EL DESORDEN FISCAL

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    PROSIGUE EL DESORDEN FISCAL


    Publicado en el sitio de ASOJOD el 14 de julio del 2011.

    Una de las pocas reglas conducente a introducir cierta disciplina fiscal necesaria en el país era la de que los gastos corrientes del gobierno central; es decir, aquellos distintos de los de inversión, en tanto que aquellos incluyen principalmente las remuneraciones salariales y las pensiones, fueran cubiertos con ingresos corrientes; es decir, básicamente con los impuestos recaudados.

    Esta es una política fiscal eminentemente sana, pues hace posible que aquellos gastos de inversión que realiza el estado, como, por ejemplo, caminos, carreteras, escuelas, hospitales, entre muchos otros, puedan ser financiados mediante el endeudamiento interno o externo. Esto es lógico desde varios punto de vista: exige valorar las inversiones propuestas que, para que puedan ser llevadas a cabo, deberán de dar un rendimiento mayor que el costo de ese financiamiento y, por otra parte, permite que, mediante un endeudamiento que deberá ser repagado, se disponga de los recursos necesario que muy posiblemente no pueden ser financiados en su totalidad en un año dado con los ingresos corrientes. Se supone que el rendimiento de esas inversiones y su efecto positivo sobre el crecimiento de la economía, será mayor que su costo de intereses que se deberán ir pagando con el paso del tiempo y, al final, al vencimiento, del propio préstamo recibido.

    Es decir, con dicha práctica fiscal hay la posibilidad de endeudarse y pagar dicho préstamos a largo plazo, sin que sean gastados en los llamados gastos corrientes, que por definición se espera que no den los resultados que tiene una inversión.

    Si algo se puede haber aprendido de las crisis de naciones de Europa como Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia, y más cerca, la reciente de los Estados Unidos, es la falta de disciplina fiscal que ha caracterizado a sus gobiernos. La norma ha sido un exceso de gasto público por encima de los ingresos tributarios corrientes, lo cual ha significado que surjan cuantiosos déficit en las cuentas del gobierno, el cual, por el momento, ha acudido principalmente al endeudamiento interno y externo, en magnitudes cada vez mayores, a fin de poder paliar ese exceso de gasto sobre los impuestos. Enfatizo “por el momento”, porque aún dispone del mecanismo de rebajar el valor de sus monedas mediante una emisión monetario que cubra esos déficit, pero que ya sabemos que ello a lo único que conduce es a la inflación.

    En Costa Rica nos hemos ido acercando peligrosamente a la situación conocida de las naciones europeas y de los Estados Unidos. El exceso de gasto gubernamental genera déficit cada vez mayores, que deben financiarse mediante la colocación de deuda interna o externa, hasta que la cosa termina por explotar cuando los mercados descuentan el elevado costo de estas prácticas, como lo ha reflejado la reciente reducción de la calificación de la deuda federal del gobierno de los Estados Unidos, así como también de las naciones europeas mencionadas.

    La pregunta es, entonces, ¿qué hacen las autoridades para evitar estos problemas? A todas luces promueven la única y más fácil solución que los estatistas tienen entre manos: aumentar los impuestos.

    De paso, dado que parece que don Ottón Solís no conoce del tema, aunque dedicó una página entera en La Nación para defender las llamadas políticas Keynesianas, me referiré a este asunto de la oportunidad de aplicar esas políticas para salir de la recesión . Lo cierto es que Keynes propuso que, ante una recesión en una economía industrial, existía conceptualmente tanto el remedio de introducir política monetaria como la fiscal, a fin de poder aumentar la demanda agregada, a cuya insuficiencia atribuía la causa de la recesión.

    En cuanto a la política monetaria, Keynes enfatizó que no era muy viable en medio de una recesión, debido a la inelasticidad de la inversión frente a una reducción en la tasa de interés –esto es, que la inversión casi no aumentaba ante una baja en la tasa de interés ̶ por lo cual una política monetaria expansiva tenía serias limitaciones para lograr estimular la insuficiente demanda agregada. Además, como parte de las limitaciones de la política monetaria, Keynes señaló la posibilidad de que se estuviera en presencia de la llamada trampa de liquidez, por la cual el Banco Central no estaba en capacidad de reducir las tasas de interés, debido a que la demanda de dinero era infinita a cierta tasa –la trampa de liquidez; esto es, que la gente demandaba la totalidad del dinero que el Banco Central emitiera como instrumento para salir de la recesión, en vez de dirigirlo a aumentar la demanda de bonos, cuyos precios aumentarían, con la consiguiente baja en las tasas de interés, que a su vez se reflejaría en aumentos necesarios en la inversión y de la demanda agregada.
    Esto dejaba como única posibilidad de política Keynesiana a la parte fiscal, ya fuera mediante la política tributaria o la de gasto público. En cuanto a la primera opción, Keynes indicó que la tasa marginal máxima del impuesto federal sobre la renta en esa época era de tan sólo un 25%, por lo cual existía una seria limitación para poder reducir la tasa y así bajar los impuestos, y con ello impulsar la demanda agregada en lo fura necesario. El gobierno de los Estados Unidos no hizo caso al consejo de Keynes de reducir los impuestos, sino que, por el contrario, aumentó la tasa marginal del impuesto sobre la renta a un 60% - hizo lo mismo que hoy pretende la administración Obama y que don Ottón no ha notado. Ante esto, la única posibilidad de política fiscal expansiva que quedaba, como la que proponía Keynes, era mediante una expansión del gasto gubernamental, y eso se hizo fuertemente en el episodio de la recesión de los años treinta. Sabemos que esta propuesta no tuvo éxito en aquella época, como tampoco actualmente parecen haberla tenido con las reducciones de impuestos que se hicieron y no reactivaron la demanda agregada ni la salida de la recesión que los Keynesianos anhelaban lograr con tales políticas tributarias.

    Volviendo a Costa Rica, el gobierno, en lugar de proponer una reducción del gasto, más bien este año, en su presupuesto del 1012, propone un aumento del gasto de un 8%, que, si bien aprovecha para alegar que es una bienvenida reducción del crecimiento del 13.7% del año pasado, lo cierto es que lo aumenta en términos reales en, al menos, un 2%, en vez de reducirlo ante los serios problemas deficitarios. En efecto, no se vislumbra por ningún lado un plan concreto de limitación al gasto público, sino que toda la acción del gobierno tiende hacia lograr un aumento de los impuestos y, entre tanto, saturar los mercados mediante un endeudamiento que casi equivale al 45% del total de su presupuesto para este año y que, por mucho, excede a su obligación de usarlo para cubrir los gasto de inversión y no los gastos corrientes. Espero que la Contraloría, a quien la Asamblea le ha prestado oídos sordos, mantenga su posición en contra de esta forma de financiamiento, pues es conveniente, a todas luces, que el Congreso vuelva a poner orden en este desorden, pues está a punto de reventar una crisis sin paralelo en nuestra economía. De la opinión que al respecto puede tener la Sala Cuarta, casi prefiero no hablar, pero sí me atrevo a preguntar si no ¿será porque la obligación de cubrir los gastos corrientes mediante ingresos ordinarios le obliga a que tenga que buscar financiamiento corriente para sus propios gastos ordinarios? Puedo estar equivocado, pero es hora de que apoye los esfuerzos para poner algún grado de orden en lo fiscal, dado que el Poder Judicial y la Sala, en particular, son parte sustancial del gasto gubernamental que hoy está desfinanciado en tan alto grado.

    Enfatizo que, antes de acudir a la emisión monetaria como una salida del apuro de gasto, lo que el gobierno propone es aumentar los impuestos, pero ello va en contra de todo lo que uno conoce como medidas fiscales en caso de una recesión, como la que actualmente viven la economía nacional y mundial, además de que el endeudamiento a que hoy tan fácilmente acude el gobierno, será descontado como impuestos futuros sobre todos los ciudadanos, además de que se puede esperar un alza en las tasas de interés y una menor disponibilidad de crédito para el sector privado. Esto mientras este mismo gobierno no se decida a soltar las amarras monetarias.

  2. #92
    2011-08-23-RESPONSABILIDAD POLÍTICA

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    RESPONSABILIDAD POLÍTICA


    Publicado en el sitio de ASOJOD el 05 de julio del 2011.

    El Primer Ministro del Japón Murayama, poco después del terremoto que asoló la región de Kobe en esa nación, dijo que “él aceptaba la plena responsabilidad política por las más de 5.000 muertes causadas por el terremoto”. Este es tan sólo un ejemplo de cómo en ciertas naciones civilizadas, los políticos, si bien no siempre están dispuestos a renunciar cuando alguien se los solicita, si los hechos son de cierta magnitud o importancia, asumen la responsabilidad por ellos. Terminan renunciando y yéndose para la casa. Eso es lo que se llama asumir la responsabilidad política.

    Por eso no he entendido muy bien cómo, después de que se han gastado sumas millonarias en nuestro país, provenientes de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, a fin de resolver el famoso problema de la platina, lo único que ha sucedido es la suspensión de una funcionaria de segunda, encargada de la supervisión de puentes en CONAVI, entidad dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Suspensión supuestamente motivada por alguna actuación indebida en torno a la solución que las mismas autoridades gubernamentales del Ministerio propusieron públicamente. Porque no me imagino que la responsabilidad por incumplimiento de deberes, por la cual podría acusarse a esa funcionaria, no surge de haber propuesto soluciones que, en su momento, han de haber sido conocidas por las más altas autoridades de ese Ministerio y que no tardaron en hacérnoslas saber. Esto es, me imagino que las altas autoridades del MOPT han de haber conocido previamente cuáles eran las soluciones propuestas por el CONAVI y, al haberlas divulgado, fue porque, de alguna manera, les dieron su aprobación como solución al problema ya conocido.

    No se trata sólo de salir ahora al paso diciendo que la única persona responsable de todo el episodio es aquella funcionaria, pues más parece que estamos en presencia, una vez más, de que el hilo se rompe por lo más delgado. Debería de investigarse profundamente cuál ha sido el papel desempeñado por las autoridades de ese Ministerio, principalmente de los niveles más altos, que me parece son los políticamente responsables de las actuaciones de ese Ministerio. Porque sí, el manejo de esta situación de la platina ha ido todo un relajo y si no recordemos las medidas y el tiempo que ha tomado la solución que al final se vino a dar en torno a su arreglo, cual es que el puente debe ser construido de nuevo a un costo de muchos millones de colones adicionales.

    Gran cosa fueron las medidas que se tomaron meses atrás, cuando con el pretexto de un arreglo supuestamente final, nos crearon un verdadero calvario de interrupciones en las vías cercanas, en el marco de planes para aliviar las presas originadas por la reparación. ¿Se acuerdan de las ideas y promesas geniales para aliviar la congestión y el gasto de gasolina? Les menciono, entre otras, acelerar la presencia del tren de pasajeros a San Antonio de Belén, para que la gente pudiera movilizarse por medio del transporte público que ya no se podía hacer por el arreglo; la instalación de un puente frente al Castella –aunque resultó ser tardía, una vez que se había provocado la enorme presa por la reparación, como todo lo que se hace en el gobierno-; el arreglo de la calle que va de Heredia a Alajuela para agilizar el tránsito en el oeste de la ciudad, que aún no termina de arreglarse. Entre otras medidas que fueron propuestas para desfogar las presas que iba a causar la reparación de la platina y que no sirvieron y que sólo significaron mayor retraso y más alto gasto de gasolina para quienes usamos vehículos.

    En síntesis, con esas reparaciones lo que ha abundado es plata pública desperdiciada, no sólo en costos directos por la reparación del puente, que parecen haber ascendido a sumas millonarias, sino indirectos sobre el bolsillo de todos los transeúntes en la zona.

    Es cierto que ningún Ministro o Vice Ministra puede estar en todo, pero no es posible que, habiendo salido a la prensa cada rato, anunciando que ya tenían una solución al problema de la platina y que pronto el plan estaría en marcha, lo único que hoy podemos contemplar es la suma multimillonaria de fondos públicos gastados en todo este sainete. Era o producto de la fábula o una expresión de desinterés de las autoridades o un simple desprecio por los apuros de los costarricenses, a quienes se les asume ser tan tonticos como para ser embollados con un inminente arreglo. Lo único cierto es que hoy el problema del puente es muy grave, tanto por la inoperancia de los arreglos de la platina en si, como por el riesgo que corremos si se diera un sismo de cierta magnitud no infrecuente en nuestro medio, tal como lo han enfatizado algunos profesionales de la Universidad de Costa Rica y que ha sido divulgado por diversos medios de comunicación.

    Si tuvieran un poquito de dignidad quienes así han actuado, incumpliendo claramente sus deberes políticos en las posiciones claves para los cuales el Estado costarricense políticamente les contrató, ya nos habrían expresado que asumen sus responsabilidades políticas de todo lo sucedido y que se iban para sus casas.
    Pero, mirala: todo menos la renuncia…

  3. #93
    2011-08-30-POR QUÉ TAN CARO EN COSTA RICA

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    ¿POR QUÉ TAN CARO EN COSTA RICA?


    Publicado en el sitio de ASOJOD el 19 de julio del 2011.

    Ya han pasado muchos días desde que en un periódico de Costa Rica se hizo ver lo caro que se cobraba en nuestro país por los servicios domésticos de Internet, así como por la televisión por cable, en comparación con Panamá.

    Supuse que, dada la gran cantidad de usuarios de ambos servicios que hay en nuestro país, habría alguna reacción de los principales suplidores explicándonos por qué las razones de que aquí esos servicios fueran mucho más caros, pero mutis, nunca reaccionaron. También creí que habría alguna explicación de parte de los órganos reguladores, a quienes presumí como potenciales responsables de que aquí tuviéramos esos mayores costos, por múltiples razones, siendo la principal que posiblemente imponían restricciones onerosas; pero tampoco han dicho nada. Y, por supuesto, me imaginé que irían a reaccionar aquellas instituciones públicas presuntamente existentes para defender los derechos de los consumidores, pero, mirala, han dado por callada la respuesta. Posiblemente aducirán que sólo actúan cuando hay una denuncia concreta, lo cual no es más que sinónimo de una grave evasión de las responsabilidades para las cuales fueron creadas. Les recuerdo que no fueron forjadas para estar echadas cruzadas de brazos, sino para activamente promover la competencia en beneficio de los consumidores, cuya restricción es la amenaza que hoy se señala.

    El hecho es que, según la información periodística, en Panamá esos servicios son casi un 50% más baratos que aquí. Me he puesto a pensar si es que en Panamá hay un mayor aprecio por la competencia y, por ende, una mayor disposición gubernamental para promoverla hacia lograr el mayor número posible de oferentes, pero nadie ha podido confirmar mi apreciación. Al revés, pensé que tal vez en Costa Rica, con esa manera de ser que todo lo pretenden regular, más bien ha terminado por impedir el libre acceso deseable a esas actividades, mediante la introducción de elevados costos de entrada, pero tampoco lo he podido confirmar.

    Por ello creo que el asunto no debe ser tirado al cajón del olvido, tal vez principalmente de parte de quienes terminamos pagando esos servicios más caros de los que podríamos tener si hubiera actitudes más positivas hacia el consumidor y hoy ausentes en nuestro país. Soy consciente de que un consumidor difícilmente se va a meter en un pleito jurídico y a líos con burócratas, dado que el costo, si bien no es insustancial por esos mayores precios que debe pagar, nunca van a exceder a los costos de aquellos litigios. Pero tengo la esperanza de que encuentren alguna forma para defender la competencia y los beneficios que de ella obtienen.

    En esa interacción casi irrestricta que, gracias a Dios los ciudadanos aún podemos ejercer en nuestro país, hay gente que me ha contado algunas historias en torno a la falta de competencia en la televisión por cable y en la provisión de servicios de Internet, que se resume en un acuerdo –nadie me lo ha podido confirmar que sea por escrito, pero sí al menos me lo han mencionado como de hecho- entre los dos más grandes proveedores de esos servicios, como son AMNET y Cabletica, para no competir entre sí en ciertos lugares del país. Por ejemplo me han citado ciertas zonas del este de San José en donde, casualmente, el cliente sólo puede ser servido por una de ellas, mas no por ambas, de manera que, si quiere el servicio, se ve obligado a contratar la única que lo tiene disponible en esa área. Lo interesante es que hay otros sectores en donde sucede lo contrario; es la otra empresa la que tiene el monopolio exclusivo, pues la competidora aún no ha entrado o aún no va a entrar o lo que sea.

    Si estos son tan evidentes, ¿por qué los organismos promotores de la competencia no investigan su veracidad, pues, de ser así, se estaría ante un caso claro de colusión en contra de los consumidores, lo que los economistas conocemos como oligopolio, de lo cual un duopolio es, como tal vez en este caso, el de sólo dos empresas que se ponen de acuerdo para no competir y distribuirse el mercado?

    Pero no sólo debería de hacer tal evaluación la agencia de Promoción de la Competencia, sino también la de defensa de los consumidores, pues somos nosotros quienes estamos pagando más caro por lo que podríamos obtener más barato, si en verdad existiera una mayor competencia. Para eso, se supone, es que existe la entidad que actúa en defensa de los intereses de los consumidores, menoscabados por las prácticas monopólicas como la expuesta.

    También el análisis de la situación debería ser realizado por los órganos que han promovido la apertura de los servicios de Internet y televisión por cable en nuestro país. Quienes siempre hemos promovido esa apertura lo hemos hecho confiados en que no habría restricciones competitivas de alguna naturaleza, de manera tal que orgullosos podríamos mostrarles a los consumidores los beneficios que trae la competencia. Si es cierto que ésta se restringe por acuerdos entre pocos oferentes hay una función que deben cumplir las entidades reguladoras como, me imagino, serían la Superintendencia de Telefonía y no sé si la ARESEP. No se trata de tener una regulación absurda e insensata de precios que termina dañando al consumidor, sino de eliminar cualquier restricción que pueda afectar la libre entrada de cualquier empresa que desee poder competir en cualquier actividad, así como investigar si hay prácticas de división del mercado debido a la imposibilidad de que otras firmas puedan ofrecer sus servicios.

    Uno cree en la empresa privada, pero principalmente cuando está sujeta a la competencia y no cuando se pone de acuerdo para competir en contra del consumidor.

    Y termino señalando una posibilidad, tan sólo una posibilidad, que podría beneficiar a los consumidores nacionales mediante una mayor competencia: ¿Qué tal si decidimos y anunciamos, en el interés supremo del consumidor, que el mercado costarricense de televisión por cable y de Internet está abierto, sin restricciones diferentes aplicada a la empresas en el país, a cualquier empresa, incluso aquellas que, instaladas en Panamá y desde allá, deseen brindar sus servicios en Costa Rica? Les apuesto que lograremos bajar esos costos tan altos…

  4. #94
    2011-09-06-LLENO DE TRAIDORES A COSTA RICA

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    LLENO DE “TRAIDORES” A COSTA RICA


    Publicado en el sitio de ASOJOD el 06 de setiembre del 2011.

    Ya han salido quienes dicen entender al “porecito” del Ministro de Haciendo por haberle dicho a los diputados, quienes deberán aprobar el nuevo presupuesto de gastos del gobierno central, que no se podían “seguir aprobando leyes que aumenten el gasto sin generar ingresos. Eso es una traición a Costa Rica”.

    Yo no lo “entiendo”, pues difícilmente se golpea de tal manera a quienes deben aprobar lo que él les manda, aunque muchos de esos señores diputados y diputadas son seres sensibles, quienes podrían estar dispuestos a dejar de lado cualquier respuesta arrogante y una decisión de castigar al Ministro y, por el contrario, dedicarse a meditar acerca de las opiniones de aquél, que podrían haber sido expresadas de otra manera.

    En todo caso, lo que parece estarse dando es una repartición de culpas y por qué no empezar por los diputados, como lo ha hecho el señor Herrero (y que documenta ampliamente don Armando González en su columna de La Nación del 4 de setiembre).

    Pero sí de culpas se trata, tal vez uno bien pochotón es el propio gobierno del cual forma parte el prominente Ministro Herrero, pues ha mandado una serie de programas y proyectos de gastos sin que tengan los fondos requeridos. Para muestra un botón, de los cuales hay muchos más: ¿de dónde sale la plata para financiar a los llamados centros de cuido, última creación plena y total de doña Laura? Jamás me atrevería acusarla de “traición a Costa Rica” por haber propuesto proyectos de gasto estatal que no tienen contenido presupuestario, tal como acusa el Ministro Herrero a los diputados. Lo cierto es que ha existido una enorme irresponsabilidad de parte de este gobierno al mandar presupuesto a la aprobación legislativa, en el cual ni siquiera se financian los gastos corrientes con ingresos corrientes. Este presupuesto va tan desfinanciado que no tiene ni los ingresos necesarios para cubrir todos los salarios que este año tiene que pagar (¿quién será el “traidor”?). Está escrito que de los ¢1.7 billones que hay que pagar en salarios, ¢818.000 mil millones se financiarían con préstamos. Pero hay más: de los casi ¢5.900 miles de millones de presupuesto que envía el propio Ministro Herrera para la aprobación legislativa, un 45%; esto es, ¢2.655 miles de millones, deberá ser financiados por medio del endeudamiento. Yo no hablo de traición de nadie, pero lo cierto es que es un gasto que no está financiado, al igual que como le hizo el reclamo el Ministro a los diputados: es gasto del Estado sin impuestos aprobados para financiarlo.

    Desde ese punto de vista, ¿serán los únicos “traidores” los diputados del momento y el actual Ministro de Hacienda y su gobierno? Si alguien lo desea podría extender tal calificación a la administración anterior, cuando le heredó a don Fernando Herrero esa monstruosa planilla estatal que ahora ni siquiera puede cubrir “traicioneramente” en su presupuesto. ¿Será don Oscar otro más del club? Si nos ponemos a hilar delgado, nos llevaría a tantos “traidores de Costa Rica” que mejor nos olvidamos de ese apelativo, porque casi que no caben en nuestro territorio todos los que de una manera u otra han impulsado el gasto público desfinanciado.

    De paso una sugerencia para el Ministro de Hacienda, quien, ante la misma Asamblea Legislativa en que lo hizo acerca de la “traición a Costa Rica”, se quejó públicamente de que no podía reducir los rubros inflexibles de salarios que representan el 42% del gasto corriente, ¿qué tal si esa carga heredada la resuelve mediante el despido de los ahora innecesarios contratados por don Oscar Arias, en su momento y sin financiamiento, como critica que ahora lo hacen los actuales diputados?

    Los que me preocupan son los “traidores” futuros, porque si se aprueban los nuevos impuestos, para lo único que van a servir es para que ese Estado (gracias a sus “traidores” del momento) gaste más y más plata. Esa ha sido la historia fiscal de nuestro país en los últimos tiempos.

    Hace poco revisaba comentarios que escribí hace años y en uno de ellos, titulado “La Economía del Presidente Reagan”, que apareció en La Nación del 1 de diciembre de 1982, me refería a lo que hoy se podría llamar “el inagotable escenario de la traición”. Allí escribí lo siguiente:

    “Lo anteriormente expresado tiene una gran trascendencia para la apropiada comprensión de la actual política económica nacional, pues los proponentes de última hora a favor del presupuesto balanceado ̶ aquellos quienes en el pasado siempre gustaron de ser los grandes amigos del exagerado gasto público ̶ hoy día tratan, y así lo hacen, de cerrar la brecha entre los ingresos y los gastos aunque, de nuevo con espíritu estatista, sólo por el aumento de los tributos impositivos. De aquí que, aunque ahora prediquen el equilibrio del presupuesto estatal, el que sea por medio de un aumento de las recaudaciones de los impuestos, lo que va a provocar es que puedan disponer de más dinero para gastar, y esto no les va a forzar a reducir el gasto público, si desean hacer una realidad sus propuestas para equilibrar al fisco.”

    ¡Qué poco parecen haber cambiado las cosas! Estos, quienes ahora se quejan por el desbalance del exceso de gasto sobre los ingresos, son los mismos que siempre han promovido esa conducta de una enorme expansión del gasto público sin contenido tributario. Como a todo chancho le llega su hora, miro ahora con interés que al menos alguien les haya llamado “traidores” a Costa Rica.

    Pero no sólo me quejo. Aprovecho para destacar a todas luces cómo el propio presidente del Partido Liberación Nacional, el gran promotor histórico de la gastadera pública, don Bernal Jiménez, le brindó la afortunada solución al Ministro Herrero para evitar el “injusto” proyecto tributario que impulsa esta administración en la Asamblea Legislativa. Don Bernal lo que pide es que los ricos paguen más, e incluso destaca la evidente injusticia de que el rico Bernal Jiménez tenga que pagar el mismo porcentaje en impuestos como su pobre chofer (¿su chofer?, vean el símbolo de riqueza).

    Tome don Fernando de la mano las palabras de don Bernal y exprésele lo siguiente. Dada su enorme y virtuosa inclinación por la justicia social, reflejada en su llamado para que los ricos paguen más impuestos, ¿qué le impide para que, personalmente y desde este mismo momento, le destine al Estado un 50% de los ingresos que obtendrá en este año (y podemos luego hablar de sus riquezas) mediante una donación que haría al Ministerio de Hacienda? Con tanta bondad y desprendimiento y justicia social en acción, don Fernando podría, esperamos, conseguir recursos suficientes para que no sea injustamente calificado de “traidor”, por impulsar proyectos de gasto público sin el debido financiamiento. Al mismo tiempo, don Bernal lograría tener muy tranquila su, desde muchos años ha, colosalmente voluminosa conciencia social, a la vez que, con las políticas restrictivas de don Fernando en cuanto a las erogaciones públicas, se evitaría que algunos hagan tantos negocios gracias al gasto que lleva a cabo el Estado.

  5. #95
    2011-09-13-UN COMENTARIO CON EXCESO DE VELOCIDAD

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    UN COMENTARIO CON EXCESO DE VELOCIDAD


    Publicado en el sitio de ASOJOD el 01 de febrero del 2011.


    Tiene que ver con la reciente instalación de cámaras en ciertas vías de tránsito, instaladas recientemente para controlar la velocidad con que en ellas circulan algunos vehículos. Ya anteriormente me había referido a mi preocupación de si las vías en donde se iba a instalar tal control estaban no sólo lo suficientemente bien marcadas como para que el conductor responsable pudiera saber cuáles eran las velocidades máximas permitidas, cosa que a la fecha aún falta mucho por hacer, sino que también mencioné sobre algunas contradicciones en ciertas indicaciones de velocidades máximas hoy existentes, que podrían provocar frenazos súbitos y peligrosos de los conductores, al tratar de no exponerse a tan elevadas multas controladas por las nuevas cámaras. Creo que acerca de esto se hecho algo más.

    No me opongo a la existencia de estas cámaras que miden la transgresión a la velocidad máxima permitida por ley en algún tramo de las vías. Es cierto que se ha observado un abuso en esto que pone en grave peligro principalmente a terceros inocentes. Creo que las cámaras son un uso apropiado de la tecnología para que haya cierto control de un límite, que se supone es el civilizadamente aceptado en las reglas normales de tránsito vehicular, pero esto me conduce a otros terrenos.
    El primero es que desde ya hace demasiado tiempo existe una prohibición para transitar cierto día de la semana en el área central de San José. Esa prohibición, aprobada por las máximas autoridades legales de este país ̶ y Santa Palabra, es razón suficiente para no decir nada más ̶ se puso en marcha como una reacción de los burócratas ante el alza internacional de los precios de los combustibles, lo que, se dijo en ese momento, exigía que se introdujeran reglas de ahorro ̶ algo cuyo resultados en verdad nunca han sido fehacientemente demostrados por esas mismas autoridades ̶ mediante una limitación a la libertad de circulación de las personas (aunque la Sala IV trate de dorarme la píldora).

    Ahora bien, se supone que las cámaras de control de la velocidad, que pronto llegarán ser más de 400 según nos lo han anunciado las autoridades, estarán muchas de ellas instaladas para registrar velocidades superiores a la máxima establecida para ciertos lugares, de alrededor de 60 kilómetros por hora. Pero, según tengo entendido, la mayoría de los vehículos, principalmente los relativamente más modernos, han sido diseñados para lograr su mayor eficiencia en el uso del combustible a velocidades superiores a esos 60 kilómetros por hora y creo que no mayores a los 90 kilómetros por hora (ojalá alguien me corrija si estoy equivocado). De ser así, significaría que si los ciudadanos, temerosos de las multas tan elevadas y detectadas ahora con esas modernas cámaras, deciden reducir su velocidad a menos del óptimo, daría lugar a un aumento posiblemente significativo del consumo nacional de combustibles, con lo cual el objetivo de ahorro de gasto por la restricción a la libre circulación en el área central de San José, va a quedar hecho añicos. Por ello, creo que es hora de que esa prohibición a la circulación sea anulada.

    No termino sin señalar que las cámaras bien podrían convertirse en la tabla de salvación del Ministro de Hacienda en cuanto a solucionarle el problema del déficit provocado por el excesivo gasto del Estado. Si más o menos cada multa por exceso de velocidad es de ¢400.000 y como, según algunos datos publicados, se han agarrado a alrededor de 2000 infractores diarios, significa, a grosso modo, que se van a recaudar casi $5 millones al mes, ante lo cual don Fernando Herrero tendrá tan sólo que implorarle a Tatica Dios que los costarricenses sigan impertérritos corriendo como locos (2.000 diarios), que la Sala Cuarta rechace todas las apelaciones por los partes que sin duda le van a llegar y que las cámaras, al revés de los semáforos inteligentes, de los cuales ya ningún burócrata nos habla responsabilizándose por ellos, esta vez si funcionen bien todo el tiempo. Con ello podrá olvidarse del paquetazo de impuestos y mandar a la porra el pacto con Ottón.

  6. #96
    2011-10-04-EL MISMO AFÁN DE SILENCIARNOS

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    EL MISMO AFÁN DE SILENCIARNOS


    Publicado en el sitio de ASOJOD el 20 de setiembre del 2011.

    Una de las virtudes de lograr cierta edad es que cuando se ve una situación que a muchos les puede parecer como un hecho novedoso, en realidad ya se ha vivido algo parecido. Me refiero al intento de silenciar a la ciudadanía en cuanto a la aprobación rápida del paquete tributario, que está en ciernes en la Asamblea Legislativa. Porque con toda franqueza, esa pretensión de la mayoría de los diputados, como producto de lo que se conoce del PACto Solís-Chinchilla, para aplicar la vía rápida a la discusión legislativa en torno al paquetazo de impuestos, es para impedir que surja una discusión amplia de los alcances de las nuevas leyes tributarias. Y es evidente que la ciudadanía que tendrá que pagar esos arrebatos, tiene un interés supremo en ver qué significado tiene la aprobación de mayores gravámenes, que implica un traslado forzoso y sustancial de sus dineros bien ganados, como producto del trabajo, esfuerzo y riesgo de las personas, hacia el Estado.

    Leyendo en estos días me encontré un artículo que escribí el 19 de abril de 1987 en La Nación, el cual se refiere a un intento parecido, con sólo algunas variantes con lo que pasa en la actualidad, de aplicar una mordaza legal a la voz de los ciudadanos, acerca de la aprobación de nuevos y mayores impuestos por parte de la Asamblea Legislativa. En esencia dicho comentario esgrime los mismos argumentos que esgrimiría hoy en día, para ejercer mi protesta ciudadana en contra del abuso del Estado, que pretende exigirme un silencio sumiso ante su potestad de imponerme tributos, tratando de que ni siquiera diga algo en contra, sino que simplemente acepte que, al ceder mi soberanía a un parlamento, significó que esa cesión sería permanente, universal, irreversible e inobjetable en todo momento. Por el contrario, los hechos me permiten recordar hoy que la soberanía reside en el pueblo y que tratar de limitarla al aprobar legislación odiosa, es ir en contra del principio básico de residencia última de la soberanía popular. Alguien debería recordar, en momentos en que convenencieramente algunos lo han dejado de lado, que de eso se trata la acción ciudadana…

    El artículo en mención se titula “Pega, pero escucha”, el cual reproduzco a continuación:

    “Un hecho reciente acaecido en el seno de la Comisión de Asuntos Hacendarios en la Asamblea Legislativa, debe ser objeto de atención por parte de las personas celosas de la función de un parlamento en una democracia.

    Por un deseo expreso de la mayoría dominante del partido oficial en dicha comisión, en cierto momento se decidió que los ciudadanos no podríamos presentar nuestra opinión verbal ante dicho comité, acerca de las intenciones del Gobierno de imponer más gravámenes a los costarricenses, incorporados en el llamado paquete tributario. Alegaron que si así lo deseaban hacer los grupos interesados, podrían presentar a la comisión de la Asamblea sus opiniones por escrito, a fin de evitar un presunto boicot al paso acelerado con que se deseaba aprobar dicho proyecto de ley de impuestos.

    Casualmente, en los mismos días en que algunos diputados pretendían limitar la función de dar audiencia a la ciudadanía en la Asamblea y particularmente en la comisión, personas conocedoras y sapientes de estos asuntos, en un seminario patrocinado por ese mismo cuerpo político, enfatizaban la importancia que tiene el parlamento en una democracia y específicamente la cercanía que ella debe tener con el pueblo que elige a sus representantes ante una Asamblea Legislativa.

    Este paradójico acontecimiento no puede ser explicado sino por el aprisionamiento en una especie de creencia de “pa’ eso tenemos la mayoría” que prima en la mente de algunos de nuestros legisladores, a quienes más bien se hace muy convenientes recordarles el ligamen histórico que existe entre la representación en una Asamblea y la capacidad que tiene de poner impuestos (aquella “no taxation without representation” que dio vida a la revolución americana) por una parte, en tanto que, por la otra, que esos legisladores fueron electos sus representantes por los ciudadanos ante el Congreso, de quienes por lo menos se espera que les escuchen en sus quejas y pareceres sobre los temas que se tratan en la Asamblea.

    El reciente seminario promovido por el parlamento tiene una enseñanza para los costarricenses y en especial para ciertos diputados hiper-sensitivos, la cual se relaciona con lo expresado en los párrafos anteriores. Independientemente de los intereses personales que puedan tener los expositores y de que puedan estar o no en lo correcto, muchos de los oradores expresaron fuertes críticas a nuestro actual sistema legislativo.

    En algunas oportunidades, cuando se han expresado reparos al Congreso, ciertos diputados se han referido a ellos como intentos de desestabilizar al parlamento o como pretensiones de rebajarlo en su magna función. Con estos arrebatos diputadiles se ha intentado descalificar las quejas de personas acerca del funcionamiento de nuestra Asamblea, de manera que la lección que menciono espero sea bien aprendida por los diputados de piel fina, quienes deben ser bien conscientes de la obligación que tienen de escuchar al pueblo que los eligió, para que así éste les pueda transmitir cómodamente sus opiniones acerca de todo lo que sucede en un parlamento, lo cual se supone irá en beneficio de los gobernados.

    Para bien popular, la minoría en la Asamblea Legislativa hizo meditar a la mayoría para que ella se retractara de una intención de impedir que el pueblo, la ciudadanía, las personas, expresaran su criterio y su satisfacción acerca del proyecto de mayores impuestos, que el Poder Ejecutivo ha enviado para que parlamento lo decida aprobar o rechazar. Este es un buen paso en un largo camino, en el cual debe tenerse siempre presente el origen y función de un parlamento en una democracia.

    Si se quiere que los costarricenses respetemos a nuestra Asamblea Legislativa o que, según lo consideran algunos, se restaure tal reverencia, lo primero que precisamente debe hacer ese parlamento es mostrar diáfanamente a los ciudadanos que a ellos se les escucha, y con el debido respeto, en todo lo que tenga que ver con el gobierno del pueblo. Así entendemos la cesión de nuestra soberanía para nuestro propio bien.”

    En aquella oportunidad de alguna manera se respetó la relación indisoluble que hay entre Asamblea y ciudadanía, aunque luego se aprobara el paquetazo de turno. De paso, observen que en esa época, al igual que ahora, el argumento para la aprobación de mayores impuestos fue la necesidad de eliminar el déficit gubernamental. Lo cierto es que pocos años después, con todo y los nuevos tributos que le ingresaron, de nuevo el Estado exhibió un déficit de similares proporciones. Esto es, la plata que entró, salió disparada en gasto… igual que va a suceder ahora.

    ¿Cuál es el apuro que tienen ahora ciertos diputados para no escuchar ampliamente las razones que, por medio de algunos otros diputados, la ciudadanía puede tener para sugerir que varíen sus propuestas tributarias? ¿Será que, como a la gente no le parecen estos nuevos y mayores gravámenes, entre menos se discuta y más rápidamente se aprueben, la prepotencia legislativa intentará de que lo sucedido pase al olvido? ¿Por qué si tanto creen en la acción ciudadana, en el derecho soberano de las personas a que se discuta ampliamente el tributo mayor que se le quiere imponer, no someten el caso al referendo de la ciudadanía? Ahí diré mi palabra si más impuestos son convenientes o no en la forma en que se plantean. También usted dirá su palabra acerca de esto. Tal vez aquí está la esencia del terror que tiene el llamado “legislador”: que el pueblo le obligue a hacer lo que él desea y no lo que el diputado pretende. Es de esperar que civilizadamente, sin imposición violenta, se logre el camino tributario que de acuerdo con la voluntad de los ciudadanos se debe de seguir.

  7. #97
    2011-10-18-ALTO AL ENGAÑO REINCIDENTE

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    ALTO AL ENGAÑO REINCIDENTE


    Publicado en el sitio de ASOJOD el 18 de octubre del 2011.

    Por más de cuarenta años he escrito con frecuencia acerca de temas de interés económico, político y social, mayormente en columnas en periódicos de circulación nacional. Como parte de un proyecto personal, de nuevo he tenido que volver a leer casi cada una de ellas, lo cual me ha permitido lograr una perspectiva de la evolución durante dicho lapso de una serie de temas económico-políticos. Esto, a su vez, me ha brindado una buena oportunidad para derivar importantes lecciones acerca de una muy amplia serie de cosas que he visto pasar frente a mis ojos.

    Como ahora está nuevamente de moda entre políticos de gobierno y, con algún grado de sorpresa, también entre algunos de una presunta oposición, calificar con el grosero mote de demagogo a cualquiera que se atreva a cuestionarles su nuevo paquetazo fiscal, que en estos momentos están urdiendo en la Asamblea Legislativa, debo decir que mi campo profesional es el de la economía, entre cuyos estudios doctorales en la Universidad de Wisconsin me especialicé en el área de las Finanzas Públicas. Tal vez esto me puede brindar algún espacio en la mente de algunos para seguir opinando sobre estos temas, a riesgo de que aún así el abogado Ministro de la Presidencia me critique por demagogo, con lo cual nos daría a entender que él, con ese paso transitorio en un gobierno, sí está ciertamente capacitado en cuanto a conocer bien del área de las Finanzas Públicas. Es frecuente encontrar entre funcionarios gubernamentales esa pretensión de creer que monopolizan el saber en algún área del conocimiento económico, pero simplemente se debe a circunstancias de la vida el que deban hablar de temas acerca de los cuales es muy poco o nada lo que saben.

    Por ello, a riesgo de que se me enmarque el hoy honroso título de “demagogo”, me atrevo a reclamar por un alto al engaño al cual se ha ido sometiendo a la ciudadanía través de los años en este tema de los paquetes tributarios. De mi experiencia de esos cuarenta años como observador de las políticas públicas, puedo señalarles que, más o menos, cada tres y medio o cuatro años, el Poder Ejecutivo presenta un paquete de nuevos y mayores impuestos para que sean aprobados por la Asamblea Legislativa, para lo cual aducen que necesitan esos fondos adicionales para acabar con el déficit que se ha presentado en sus finanzas. Esto es, el gobierno de turno arguye que necesita de mayores recursos para poder cerrar la brecha ocasionada por un exceso de gastos sobre los gravámenes que recauda.

    Su petición para acabar con el déficit del gasto público termina convirtiéndose en una tragicomedia repetitiva. Comedia, porque llama a la risa la cara compungida con que nos aparecen los Ministros de Hacienda de turno en esos cuatrienios, reclamándonos por más impuestos para acabar con el déficit, aunque sólo se trate de un rictus falso, fingido, pues bien saben que sólo piden esa plata para poder gastarla de nuevo, poco tiempo después de que la tengan en sus manos. Y digo que es una tragedia, porque siempre suelen ser los mismos ciudadanos costarricenses quienes al fin y al cabo seremos los que terminamos pagando esos nuevos impuestos. Con estos mayores gravámenes no sólo lograremos un descenso en los ingresos que llevamos libres a nuestros hogares, producto de nuestro trabajo, esfuerzo y ahorro y que ahora deseamos gastar como mejor sabemos hacerlo, en vez de cómo lo puede hacer el Estado.
    Tragedia porque también encararemos la amarga situación de tener que enfrentar un aumento en los precios de los productos ahora sujetos a los impuestos, pues naturalmente los empresarios, quienes dice el gobierno que serán los que tendrán que pagar esos gravámenes, tratarán de trasladarlos hacia los consumidores al ver sus costos incrementados. Pero hasta aquí no llega el mal: si los empresarios ven que sus negocios caen, en el marco de la recesión en que ya, en estos momentos vivimos, tratarán de salvarlos aunque sean empleando menos gente que la que a la fecha tienen trabajando. Un gobierno serio no debe provocar un desempleo mayor en el sector privado de la economía ̶ el de todos nosotros, trabajadores y empleadores productivos del país ̶ tan sólo para mantener los jugosos salarios en los empleos públicos.

    Esa tragicomedia debe terminar. Por ello creo que es indispensable que la ciudadanía se dé cuenta plena de cómo es que funciona todo este proceso político de los paquetes tributarios: más o menos cada tres y medio o cuatro años se presentan ante la Asamblea Legislativa con el pretexto de que el Estado tenga recursos para disminuir el déficit vigente al momento. Uno esperaría que el Estado fuera a ahorrar esos nuevos fondos y así disminuir el déficit. Pero con suerte eso dura un par de años, pues luego veremos cómo el tal déficit vuelve a crecer y crecer, haciendo necesario que otra vez el gobierno busque allegarse recursos tributarios con el mismo pretexto de disminuir el renacido déficit, pero ya sabemos que simplemente servirán para gastarlos poco después en nuevos y mayores gastos, que a su vez con el paso del tiempo inflarán de nuevo un déficit inevitable.

    Porque de eso se trata todo en el gobierno: de poner nuevos y mayores impuestos para poder gastar más y más. Durante estos cuarenta años, más o menos cada tres años después de que se les han aprobado los nuevos y mayores impuestos, empieza a aparecer reiterativo el déficit en el sector público. En otras palabras, aproximadamente tres años después de que se les aprobara el paquete tributario de turno, vuelve el déficit fiscal, reincidente, obcecado y machacón. Simplemente ya se gastó en exceso lo que había ingresado por los nuevos tributos, lo cual es el inicio del nuevo ciclo: se hace necesario, otra vez más, aprobar un nuevo paquete tributario que llene el nuevo déficit, pero una vez aprobado…

    El descaro ha ido evolucionando e incluso observamos como los políticos de turno cada vez enfrentan mayores dificultades técnicas mas no morales, de lenguaje pero no de convicciones, acerca de cómo llamar al último, al del momento, paquete tributario de moda. Como a los anteriores los han propuesto en nombre de la “justicia tributaria”, de la “equidad tributaria”, “para que los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres”, “con el fin de lograr el balance presupuestario”, “para hacer una reforma tributaria”, “asegurar la estabilidad de la economía”, “lograr una compensación tributaria”, “hacer una reforma tributaria integral”, “lograr una mejora impositiva”, entre muchos otros intentos por disfrazar el verdadero nombre que merece la expoliación de nuestros ingresos personales, cada vez se les dificulta más cómo justificarlos ante el país. Ahora le tocó el turno llamar al paquetazo “Ley de Solidaridad Tributaria”, como si fuera un ejemplo de solidaridad proponer que el 70 por ciento de la recaudación esperada provenga de un aumento en el impuesto a las ventas y su transformación en un impuesto al valor agregado, que ya sabemos quién será el que termine por pagarlos. Suena a descaro que se atrevan a llamarle de “solidaridad tributaria”.

    Creo que tan sólo durante la administración Pacheco no fue aprobado un paquete tributario, como sí se ha hecho durante cada una de las que nos ha gobernado durante los últimos cuarenta años. ¿Dígame Usted si acaso con esos nuevos y mayores impuestos que se le han cobrado en cada nueva administración, se ha eliminado el déficit? Nunca, ¿verdad?

    La explicación es muy clara y muy sencilla. Al entrar la plata nueva, se procede a gastarla y que el próximo gobierno que entre vea cómo le hace para llenar de nuevo el hueco que le van a heredar. Huecos que somos los costarricenses quienes cada cuatro años tenemos que lidiar para pagarlos un nuevo paquetazo impositivo.

    Es hora de deshacernos de este tornillo sin fin en que los políticos nos han sumido: si les damos más plata, la van a gastar de nuevo y el próximo gobierno, el de Arias-Solís, nos recetará otra vez con nuevos y mayores impuestos. Ya sabemos que, con el cuento de la necesidad impostergable de satisfacer la justicia social y de lograr la estabilidad económica del país, nos dirán que es indispensable que la ciudadanía tenga más y mayores impuestos. Pero ya sabemos que es tan sólo para poder seguir gastando. Eso debe acabarse ya, antes de que todos nosotros terminemos tan sólo trabajando para el Estado, que es el camino por el cual nos conducen.

  8. #98
    2011-10-25-TODO MENOS REBAJAR EL GASTO PÚBLICO

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    TODO MENOS REBAJAR EL GASTO PÚBLICO


    Publicado en el sitio de ASOJOD el 25 de octubre del 2011.

    Francamente no me extraña que La Nación haya sido sorprendida en cuanto a la reducción del gasto público que se ha propuesto en la Asamblea Legislativa. Es bien sabido que el diputado Fishman, en unión de otros legisladores, había decidido, al fin, entrarle con ganas al exceso de gasto gubernamental, que hoy se refleja en un déficit del 5.5% del Producto Interno Bruto y que es el fundamento que el gobierno ha pregonado como medida para proponernos la imposición de un nuevo paquetazo tributario. La reducción del gasto que ese grupo de diputados proponía para el presupuesto que el gobierno ha presentado para el 2012, ascendía a aproximadamente ¢54.000 millones y, según La Nación, ese presupuesto asciende a un total de ¢5.9 millones de millones (o sea, billones). Si los números de La Nación están bien, la reducción que proponían don Luis Fishman y demás diputados no es ni siquiera de un uno por ciento del presupuesto total enviado por el gobierno (específicamente de un 0.92%). Una bicoca.

    Me imaginé que la sorpresa que dice haber sufrido el editorialista de La Nación del lunes 24 de octubre, se debía a la reducción relativamente tan moderada que proponen esos diputados, pero no: lo que nos dice que lo sorprendió fue, por una parte, que “unos (los diputados de la oposición) trataron de hacer mucho”, así como, por otra parte, que el gobierno de la República propuso, como alternativa a esa propuesta de reducción de los diputados, una rebaja en el presupuesto que envió a la Asamblea Legislativa de tan sólo ¢4.900 millones; esto es, ni siquiera una décima de un uno por ciento del presupuesto inicial (específicamente, de un 0.08%). Si las cifras que nos da La Nación están bien, ¡la oferta del gobierno es ridícula! ¡Totalmente ridícula! Como pocas veces vista y ciertamente difícil de creer.

    Y, según La Nación, aunque luego se moderó esa suma de reducción inicialmente propuesta por los diputados de la oposición, “la suma resultaba muy elevada”.

    ¿Elevada?, si hemos podido darnos cuenta que no llegaba ni a un uno por ciento del presupuesto mandado a la Asamblea por el Poder Ejecutivo. Luego La Nación tiene la ocurrencia de hacer una olla de carne de esa propuesta de los diputados de reducir en menos de un uno por ciento el presupuesto con la ridícula oferta del Poder Ejecutivo de rebajarla en sólo un 0.08%, para proponernos nuevos y mayores impuestos.
    Basado me imagino en la experiencia con otros paquetes tributarios con que se nos ha venido abrumando cada 3 y medio o 4 años desde hace cuatro décadas, al menos, don Luis Mesalles de la Academia de Centro América y columnista de ese periódico, comentó que “Aún si Hacienda lograra recaudar lo que pretende, el hueco del déficit seguirá siendo de más de medio billón de colones anuales” y enfatizó que “históricamente ninguna de las llamadas reformas o paquetes tributarios aprobados ha logrado que los impuestos aumenten en más de un 1% del PIB.”

    O sea, ni aprobando la reducción de gastos que inicialmente propusieron los diputados de la oposición y ni al mismo tiempo imponiendo el paquetazo tributario, se va a eliminar el déficit que actualmente tiene este gobierno gastón. Me imagino que lo que intenta esta administración es, una vez más, seguir con el nadadito de perro de siempre: tener un déficit relativamente pequeño al inicio de la aprobación del nuevo paquete de impuestos, para que después se haga presente el gasto que ahora ha podido financiar, para que aumente de nuevo el déficit y volver a plantear otro aumentazo de impuestos a la ciudadanía. En resumen, lo que este gobierno busca es lograr plata para financiar más gasto y que el gobierno que venga atrás vea cómo resuelve las cosas mediante otra propuesta de un nuevo montón de gravámenes.

    Por ello, gracias al PACto, el gobierno cedió en la presión que estaba ejerciendo ante las instituciones autónomas, que es otro gran componente del Estado gastón, para que redujera su gastadera, pero apenas vio que logró el apoyo del PAC para el paquetazo, dejó de urgir esa reducción y que todo siguiera igual que antes: gasto y más gasto público. Asimismo, por ello el gobierno tuvo la osadía de proponer esa alternativa de reducción de gasto gubernamental por un monto tan absurdamente bajo, porque cree que tiene amarrado el nuevo paquete de impuestos y por tanto no se siente ya obligado a hacer sacrifico alguno, que pueda hacer un poco más aceptable el sacrificio impositivo que sólo exige al ciudadano común y corriente.

    Si el gobierno reduce su gasto, aún cuando tengamos un déficit en sus cuentas, pero sin que haya un aumento en los impuestos, prefiero esa situación por una razón muy sencilla: no se va a afectar el crecimiento de la producción de todos los costarricenses, pudiendo incluso el gobierno recoger así más en impuestos como sucedió hace pocos años, en época de Arias, cuando el crecimiento de la economía permitió que mejorara la recaudación fiscal, aunque luego echaron por la borda todo ese ahorro de recursos.

    Si se ponen nuevos y mayores gravámenes se va a reducir la tasa de crecimiento, ya de por sí alicaída, del Producto Interno Bruto, el cual crece cada vez menos y menos, y, aunque sorprendentemente el Banco Central no parece haberse dado cuenta de ello, o no ha querido siquiera mencionar la posibilidad, estaremos enfrentando a la larga mayores déficit gubernamentales, posiblemente mayor inflación y seguramente un aumento en los niveles de desocupación en el país. Y una Nación preocupada, porque algunos valientes diputados propusieron una reducción de menos un uno por ciento del presupuesto de gasto gubernamental para este año que viene.

  9. #99
    2011-11-01-DE IMPUESTOS Y GASTO GUBERNAMENTAL

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    DE IMPUESTOS Y GASTO GUBERNAMENTAL


    Publicado en el sitio de ASOJOD el 01 de noviembre del 2011.

    Muchas veces me he referido a que un sistema tributario debe tener un cierto sentido de justicia, pero por supuesto tiene una contrapartida, cual es que esos recursos sean usados con sensatez, con mesura. Posiblemente si esto último fuera la norma, la gente estaría más dispuesta a enfrentar su parte del costo de mantener un gobierno, que se supone le debe proteger ante terceros que desean causarle daño y darle seguridad.

    Difícilmente nuestro gobierno exhibe sensatez en la forma en que dispone de su gasto. Por ello, nos guste o no nos guste el ejercicio, por llamarlo de alguna manera, que recientemente realizó el diputado Luis Fishman, nos ha de servir de recordatorio de lo lejos que está nuestro Estado de aquella mesura, de aquellos principios de probidad, que exige un manejo sensato de los recursos que los ciudadanos hemos confiado en el Estado, para que nos brinde ese servicio esencial de proveernos de seguridad ante el enemigo interno y el externo, fundamentalmente.

    Lo que pasa es que uno observa en los estados modernos, que no por ello son más inteligentes sino tan sólo más cercanos en el tiempo, cómo la dispendiosidad es la regla que más bien rige el gasto, lo que estimula a que se inmiscuya en cuanta cosa se le puede ocurrir a algún gobernante de turno. No voy a satanizar esta práctica del gobernante respecto al gasto y puedo hasta asumir que muchas veces es impulsado por las mejores intenciones en sus propósitos de gasto. Pero esto no suficiente justificación de lo que se observa.

    Cuando los hechos muestran una y otra vez que esos propósitos supuestamente loables constituyen una simple sustitución de acción gubernamental por la acción privada de las personas, sólo que ejercitada a un costo mayor; o sea, con una ineficiencia mayor, da lástima que el mejor uso que los individuos pueden hacer con sus recursos bien ganados sirviendo a los demás, sea empleado en la creación usualmente, de una burocracia que es la que disfruta de ese gasto, más que nadie.

    No se está abogando porque tengamos una sociedad sin Estado. Tal vez sólo una mente febrilmente política de alguien que presume de sabio bienhechor, pueda acusar a quienes nos oponemos al despilfarro y a la intromisión del Estado en la vida del ciudadano, como seres que anhelamos un regreso al pasado. Tal vez para algunas cosas el pasado puede haber sido mejor, pero en la realidad de las cosas, sólo cuenta el presente, al igual que las posibilidades de tener un futuro que sea mejor que la actualidad. Si se tiene un sistema tributario que cada vez sangra más a las familias, dejando menos recursos para poder satisfacer sus necesidades de consumo y sus deseos de crecimiento por medio del ahorro y de la inversión, pues ese futuro nunca podrá llegar a ser mejor.
    De aquí que no se trata de anhelar pasados, sino de tener posibilidades para un crecimiento mayor y mejor. Si para condiciones económicas normales sirve esta regla, más aún cuando por circunstancias de la vida las economías no muestran posibilidades de tener un crecimiento relativamente alto y, más bien, pende ominosa sobre muchas personas la continuación de una recesión que hemos vivido y que nos ha costado mucho. Una economía que mantiene una tasa de crecimiento que apenas deja sacar las narices por encima de la superficie del agua que habíamos logrado tan sólo hasta hace pocos años y que ahora sólo parece ofrecernos menores nivel de empleo y más bajos niveles de ingresos familiares.

    De ninguna manera es justo que, en momentos en que la situación de nuestra economía es tan difícil, se acuda a la imposición estatal. No estamos en una bonanza relativa, como la que se puede haber tenido hace unos pocos años en el reino del “sabio bienhechor”, que puede haber permitido que el gobierno gastara a manos llenas, pero, eso sí más grave, atando el futuro de la nación a ese gasto desproporcionado. Si lo que en verdad ese gobernante lo que tiene es una mentalidad social-estatista, aunque la disfrace a veces de una actitud presuntamente en favor de la libertad y de la empresa privada y de la vida propia de las familias, lo cierto es que los hechos parecen mostrar que la norma es la contraria: se pretende que el Estado sustituya la acción privada y la mejor manera de lograrlo es extrayendo los recursos que las familias generan para usarla en la satisfacción de sus propios deseos y necesidades políticas.

    Difícilmente veremos funcionarios estatales que estén dispuestos a reducirse, por su propia voluntad, como grita el sabanero, los jugosos sueldos que hoy les honran y que contribuiría, aunque poco, a disminuir el déficit gubernamental, pero que, ante todo sería un excelente ejemplo de mesura. La crisis en Europa, ocasionada por el excesivo gasto estatal, ha tenido que llegar a las profundidades que hoy observamos, como para que los altos burócratas, en España, en Grecia, en Inglaterra e Italia acepten reducciones en sus salarios, pues su Estado “ya no echa más”. En cambio, en Costa Rica el jolgorio continúa y ni por broma se asoma la posibilidad de que quienes hoy pretenden recetar con más impuestos al ciudadano, empiecen por sacrificarse ellos, mucho antes de mandar al resto de la ciudanía a la picota tributaria.

    Este es tan sólo un ejemplo de un gasto gubernamental que no da trazas de retroceder, pues una característica de la politización de la sociedad, es su creciente burocratización, que implica una planilla estatal cada vez más amplia y de costos mayores. ¡Tan lejos de la sensatez a la que me referí al puro principio! Escogí referirme como ejemplo a los altos sueldos gubernamentales por ser lo que tal vez muestra con mayor y más clara evidencia el interés personal que mueve a los políticos, cual es su propio interés, aunque ciertamente ello es también aplicable a una gama sumamente amplia del gasto público. Una gama que oscila desde aquel empresario preocupado en que si el gobierno deja de gastar, limitará las compras que hace de su negocio, pasando por aquellos burócratas cómodos por la falta de competencia que diariamente observan, en claro contraste con quienes tiene que pulsearla día a día laborando para conservar el favor de un cliente o perder sus ingresos.

    La esperanza está en que el ciudadano diga que ya es suficiente con los impuestos que hoy paga. Dar un no rotundo a mayores impuestos, porque si se les otorga más recursos, al fin y al cabo, lo único que va a permitir, como el que está sujeto a la droga, es que agarre más impulso para seguir gastando. Si se les da más plata por la vía de los impuestos, no habrá forma de impedir que puedan seguir su gasto en crecimiento, al cual vislumbran como ilimitado. Si no se le pone un freno, observaremos cómo decaerá nuestra nación y, sobre todo, cada uno de los ciudadanos que hoy habitamos en ella, incluyendo a quienes creen que serán lo que seguirán sirviéndose con la cuchara grande, porque una de las características es que, como la culebra, se termina devorándose a sí misma. Si se empobrece la sociedad productiva, los ingresos de los burócratas también caerán inevitablemente.

    Una de las más mayores estupideces del nuevo paquete tributario es que más bien contribuirá a que, una economía ya deprimida, caiga aún más. Con ello podrán recaudar aún menos, hasta que se acabe para todos. Este no es un susto en ocasión de Halloween: este fenómeno se observó desde hace muchos años atrás, en Lagash, en la Sumeria del hoy moderno Irak, hace cerca de unos 6.000 años. Debida a una guerra, la gente de Lagash introdujo grandes impuestos para pagar por ella. Sin embargo, al terminar, no redujeron los gravámenes. En conos de arcilla, en escritura cuneiforme, se lee como había recaudadores de impuestos de lado a lado en la nación. “Todo estaba gravado. Aún los muertos no podían ser enterrados (igual que va pasar con el IVA ahora, pues también se le aplicará) a menos que se pagara un impuesto.” La historia termina cuando un buen rey, Urukagina, estableció “la libertad de su pueblo” y de nuevo “dejó de haber recaudadores de impuestos”. Sin embargo, la buena medida llegó demasiado tarde, pues poco después el invasor extranjero destruyó la ciudad, mostrando que tal vez la política no fue tan sabia… pero hay otra tableta cuneiforme de Lagash en la cual se lee lo siguiente: “Puedes tener un Dios, puedes tener un Rey, pero al hombre al cual hay que temerle es al recaudador de impuestos”. (Charles Adams, For Good or for Evil: The Impact of Taxes in the Course of Civilization, Lanham, Maryland: Madison Books, 1992, p. p. 2-3).

  10. #100
    2011-11-08-EL GATAZO IMPOSITIVO Y LOS RATONES

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    EL GATAZO IMPOSITIVO Y LOS RATONES


    Publicado en el sitio de ASOJOD el 08 de noviembre del 2011.

    Todos los ratoncitos esperaban que aquél día fuera igual que cualquier otro.

    Tranquilos manejaban a sus trabajos, iban a sus escuelas, se dirigían a las fábricas y a abrir las puertas de sus negocios, en donde ya otros hacían fila para hacer sus compras de siempre. El ratón constructor les indicaba a sus ratoncillos ayudantes, que se apuraran en la construcción de la casita que pronto habitaría una pareja de jóvenes ratones, próximos a casarse. En el centro de la ciudad, el ratón banquero se apresuraba para estar listo a las nueve, cuando tendría que atender a sus clientes, unos ratoncillos interesados en pedirle plata prestada y, otros, en prestársela.

    Nada ominoso se vislumbraba en la distancia tranquila, pero, de pronto, casi de la nada, saltó a la escena un voraz gatazo, quien rampante y con voz fuerte exigió a los ratones que le pagaran todo tipo de nuevos tributos, pues al fin y al cabo era su amo todopoderoso. Si no le obedecían en su arrebato, los mandaría a la cárcel y hasta su vida correría peligro.

    Ante el rayo que rompió la tranquilidad ciudadana, los ratoncillos huyeron espantados, cada cual por su lado, corriendo por su vida sin pensar en las de los demás. Sólo trataban de ver cómo escapaban de las fieras garras del temido gato impositivo, aunque al hacerlo dejaban el campo para que el gatazo se comiera a cualquiera de los otros compañeros. Se trataba de su vida o la de los otros ratoncillos.

    A ninguno se le ocurrió pensar que, ante el desmadre provocado por el gato voraz, aunque cada uno intentara salvar su propia vida, a su propia cuenta y riesgo, corriendo en estampida, ya las cosas no iban a ser jamás iguales, a como se habían venido viviendo. De poco les iba a valer seguir con vida, si en la incertidumbre quedaban muertos muchos de sus vecinos.

    En tanto, el gatazo cruel se relamía de la felicidad, ante la genialidad de poner mayores impuestos a los tranquilos ratoncillos, con la ayuda de sus compinches políticos, a quienes por supuesto luego les haría partícipes del festín, que tendrían con lo que habrían podido arrebatarles a los ratones, quienes difícilmente se podrían quitar de sus espaldas las nuevas cargas impuestas.

    Pero más que todo, el gato se chupaba los labios porque ya olfateaba lo que vendría después del anuncio de mayores impuestos. Una vez más, pensaba en lo buena que había sido su estrategia del pasado y que no había razón para que no lo fuera esta vez. Se trataba de la artimaña del divide y vencerás, mezclada con aquello de que lo mío es lo único que importa. Así, el gato esperaba pronto ver el desfile usual ante su corte: cada representante de los diversos grupos de ratoncillos llegaría a ofrecerle el sacrificio de todos los otros, a cambio de que sus representados no fueran afectados en esta ocasión. El gato sabía que cada ratoncillo estaba dispuesto, con tal de salvarse a sí mismo, con tal de poder sobrevivir, a que fueran otros los que terminaran pagando las consecuencias de la decisión del gatazo.

    Y así han sucedido las cosas. El primero que pidió hablar con el gato fue un ratoncillo muy influyente, el ratoncillo banquero, quien le prometió al gato, privadamente por supuesto, que públicamente proclamaría por la necesidad del paquete de impuestos que el gato pensaba poner sobre todos los ratoncillos, siempre que se le quitara de la mente, la idea loca de poner impuestos a los intereses que tenía que pagar por los ahorros, que los demás ratoncillos colocaban en su negocio (y por supuesto, que tampoco el gato se aprovechara para poner más impuestos a los pobres bancos). Y el ratón banquero cumplió: públicamente dijo que el paquete tributario era conveniente, pero que era innecesario gravar los intereses de los ahorros.

    Lo que el ratón banquero no pensó fue que, si los demás ratones iban a ser gravados y como a la vez eran clientes suyos, les iba a quedar menos plata para pagarle lo que le debían a él: tendría una baja en la calidad de la cartera, como le dijo eufemísticamente el ratón regulador, refiriéndose a los préstamos que ahora pasarían a incobrables y a los perros que los otros ratoncillos le irían a amarrar. El gato no ha podido cumplir su parte de lo conversado y los impuestos sobre los intereses aún están siendo decididos por los felinos políticos.

    Al ratón banquero le siguió el ratón solidarista, quien vestido de conciencia social logró convencer al gato que, de por sí, era un grupo relativamente escuálido y que era injusto que también tuviera que tributar por lo poco que le quedaba.

    Como eran muchos los de ese gremio y, además, el gato estaba en un proceso de negociaciones similares con otros ratones contrincantes, los ratones cooperativos, el gato se acordó de lo peligrosas que podían resultar ser las multitudes y accedió a dejar a ambos por fuera, y que las cargas recayeran sobre el resto de ratoncillos mortales. Salvados los ratoncillos solidaristas y los cooperativistas, siempre revisarían por si el gato no tenía algún otros gravamen oculto que tuvieran que pagar, pero por el momento, mutis y bien tranquilos.

    Luego siguió el ratón constructor, molesto porque le quitaran el tiempo que tenía dedicado a la construcción de casas para ratoncillos jóvenes recién casados. De paso, ni el constructor ni el periódico de la ciudad habían tenido tiempo para darse cuenta de que, con el impuesto a los intereses por los ahorros, los ratoncillos jóvenes dejarían de ahorrar en el banco del ratón banquero, porque les iba mejor gastando ahora en queso, que en ahorrar la plata necesaria para pagar la prima de la casita. En todo caso, al ratón constructor se le ocurrió una idea brillante: pedirle al gato que le rebajara los impuestos (porque son varios los nuevos que el gatazo les recetó en esta ocasión) para poder seguir construyendo, no importando si también esa rebaja la sugería para el resto de actividades en que estaban normalmente involucrados los demás ratones.

    Es cierto que el ratón constructor tal vez así saldría particularmente del apuro, pero no se le ha ocurrido pensar que toda la generalidad de ratoncillos ahora tendrá menos plata, que entre otras cosas les dificultará poder comprar casas que él tendría que construir. No hay peor cosa que tener ahora los mismos clientes, pero más pobres. Nada más, imagínense que, tal vez, con la idea del ratón constructor, el ratoncillo recién casado tendrá que pagar un poquito menos por la casa, pero siempre va a tener que enfrentar el montón de nuevos impuestos, cuando tenga que amueblar la casa, porque nadie vive en una vacía; además de que habrá ahorrado menos para poder pagar la prima de la casita. El ratón constructor pensó en lo propio, no en los efectos negativos que sobre los demás roedores tendrá la ambición del gatazo.

    Y así fueron pasando uno tras otro los representantes de los ratones agremiados ante la corte del gato, pidiéndole clemencia para sus representados, aunque callando para que no se dañara a sus congéneres. Sólo pensaron en las consecuencias directas, pero no en los efectos que sobre ellos tendría el daño causado a los demás compañeros y que sin duda se reflejará en su propia actividad. Por eso es que el gato ronroneaba de satisfacción: cada cuál que peleara por lo suyo, pues en río revuelto, ganancia de pescadores. Y el gato lucía muy bien vestido de pescador.

    Una vez más tendrá éxito la voracidad fiscal del gato. Aplicaba bien la falacia del todo y las partes: cada uno de los ratoncillos individualmente buscaría cómo salvarse, pero, al hacerlo, dejaba que se afectara a cualquier otro del gremio. Con ello el gato podía al final de cuentas lograr una buena tajada de la propuesta que originalmente presentó, sin tener que llegar al extremo de tener que acabar con toda la comunidad de ratones, que era la que finalmente lo mantenía. No se puede concebir a un gatazo tal, que esté dispuesto a acabar con la existencia de quienes siempre lo han mantenido vivo.

    Todo iba muy bien para el gato, hasta que a un ratoncillo se le ocurrió gritar: paremos la payasada de más y más impuestos. No más tributos. Si seguimos dándole plata al gato, cada vez nos irá a pedir más y más. Claro que eso exigía que el desfile de ratoncillos pedigüeños del favor del gato, pidiéndole que se les eximiera del tributo pero que sí lo fuera a costa de los demás, terminara de una vez por todas. El resultado de esa lucha por la dignidad de los ratoncillos quedará por verse en un próximo capítulo.

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