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Tema: ENSAYOS DE ASOJOD

  1. #1

    ENSAYOS DE ASOJOD

    ENSAYOS DE ASOJOD

  2. #2
    2010-10-19-TRAMITES EXCESIVOS Y ABSURDOS

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    TRÁMITES EXCESIVOS Y ABSURDOS


    Publicado en el sitio de ASOJOD el 19 de octubre del 2010.

    Este es el primero de lo que espero será mi comentario semanal en ACOJOD, que se caracterizará por tratar temas principalmente de actualidad, eso sí bajo un enfoque o marco general que llamo liberal: esto es, caracterizado por resaltar el valor de la libertad individual, en donde la coerción estatal se restringirá a un mínimo necesario para asegurar ese orden de libertad.
    Con suma frecuencia uno escucha, ante cierta situación que no le place a alguien, decir que es necesario introducir regulaciones estatales para que no siga sucediendo, no se presente más o que simplemente cambie en el sentido deseado por quien solicita la regulación. Acuden a que el Estado intervenga en múltiples esferas, ambientes y órdenes: tal petición parte de que hay una capacidad especial del Estado, no sólo para interpretar correctamente las cosas (un burócrata diría en un curso universitario, que el Estado interpreta mejor la realidad nacional), sino para sean tomadas las medidas correctivas requeridas. Pero lo opuesto suele ser lo contrario: en el Estado no se dispone del conocimiento necesario, que si es factible encontrar en un orden de libertad o de mercado, en donde el conocimiento es distribuido entre muchísimos y por tanto la gente te especializa en saber lo que le interesa. El Estado nunca es capaz de saber en detalle lo que los individuos sí pueden saber en un orden en el cual se intercambia el conocimiento, que usualmente se traduce en precios que informan en un mercado. Este tema lo conocemos los liberales como la imposibilidad del cálculo en la economía de decisión centralizada, en contraste con el que surge en una economía descentralizada de mercado.

    Pero, aún ante tal incapacidad natural, abundan las peticiones para que el Estado intervenga en cuanta cosa se le puede ocurrir a algunos. Por ello llama la atención lo que dijo la Presidenta Chinchilla en la inauguración de la construcción de viviendas en Nueva Cinchona, zona azotada por un terremoto a inicios del 2009. Como recordarán, hubo un gran esfuerzo de muchas personas, físicas y jurídicas, que recogieron fondos para que se desarrollara un programa de vivienda para la familias que perdieron sus casas por el terremoto. El caso es que ha pasado más de un año y medio para que con esos recursos principalmente “privados” se pudiera empezar a construirlas. Doña Laura señaló que ello “nos mostró lo absurdos que se pueden volver los procedimientos cuando se desconoce la necesidad de muchos costarricenses.” (La Nación, jueves 14 de octubre del 2010, p. 5 A).

    Lo sorprendente no es la queja, que mucho la conocemos todos los costarricenses, sino que sea ella quien la formule, cuando lo que más bien podría esperarse de la Presidenta, justificadamente molesta por la actuación burocrática, es una decisión tajante de eliminar esas trabas impuestas por el Estado, del cual una parte primordial es el Poder Ejecutivo que ella preside. ¿Por qué simplemente, en vez de quejarse, no dio órdenes a sus subalternos y ad lateres de eliminar o variar significativamente los procedimientos actuales para hacerlos más expeditos? Se me ocurren tres posibles explicaciones de ello, aunque podría haber otras:

    (1) que no tiene ni la más mínima idea de cómo actuar ante las circunstancias que ella misma expone, con lo cual no nos queda posiblemente nada más que seguir orando para que se dé cuenta de que ella “gobierna”;

    (2) que apenas está insinuando sus órdenes a la burocracia, lo cual debía alegrarnos, pero hay que pedirle a doña Laura que no lo exprese tan etéreamente, sino que les ordene empezar a actuar de inmediato en tal sentido , para que conozcan “la necesidad de muchos costarricenses”, pero que también porque tales regulaciones tienen enormes costos para la ciudadanía y:

    (3) que su queja ante esos procedimientos “absurdos” debe ser tomada como una orden, lo cual nos podría muy contentos, pero al mismo tiempo nos mueve a contar los días para ver resultados concretos. Ya hemos escuchado amplias promesas en tal sentido. Es más a inicios de su gobierno anunció que algo primordial sería la eliminación de trabas y obstáculos burocráticos que en muy diversos sentidos afecta a toda la población. Como aún no he visto resultado alguno, por las razones que sean, hoy, arrastrando los pies, me inclino por esta última explicación de la conducta presidencial, pero le ruego al amigo lector que dentro de un tiempo me recuerde si ha habido algo al respecto, para, muy posiblemente, enfrentarme con la realidad: en verdad dentro del Estado lo que importa es ver cómo se regula a las personas, en tanto ello les de poder a los burócratas.

    Publicado el 19 de octubre de 2010 en el sitio de ASOJOD.

  3. #3
    2010-10-26-PARTIDARIOS DE LA LIBERTAD

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    PARTIDARIOS DE LA LIBERTAD


    Publicado en el sitio de ASOJOD el 26 de octubre del 2010.

    Hace doscientos años, en la Ciudad de Cádiz hubo una reunión de Las Cortes con el propósito de redactar una constitución que recogiera las ideas de libertad que empezaban a difundirse desenfrenadamente libres por el Imperio Español. De allí surgió la Constitución de Cádiz, aún hoy conocida -y más en aquella época- como “La Pepa”. Entre sus características únicas, dicha reunión fue la matriz de la palabra liberal, que se empleó por primera vez para designar a los partidarios de la libertad. Liberales fue el término usado para agrupar a los creyentes en limitar la coerción que algún estado podía ejercer sobre los individuos. La ausencia de coerción -o libertad- fue el principio vencedor en las Cortes de Cádiz.

    En contraste con los partidarios de la libertad, sus oponentes en ese entonces reivindicaban el derecho real a someter a los súbditos a los imperios monárquicos, que ungidos, por la razón que fuera, divina o terrena, tenían un derecho natural a imponerse sobre las voluntades de los hombres libres, convirtiéndolos en simples receptores de las decisiones de algún soberano y no de actores de su propio destino. A estos partidarios de la monarquía se les llamó “serviles”, pues servían a los reyes gobernantes.

    Afortunadamente, con el paso del tiempo la palabra libertad -al menos en Costa Rica y en muchas partes de Europa y de Oriente- ha conservado su esencia: “la independencia frente a la voluntad arbitraria de un tercero”. No ha sido lo mismo con la palabra servil, que de ser antes un simple servidor del rey, hoy más bien la asociamos de alguna manera con una conducta indigna. Por ejemplo, se oye hablar del “servilismo de un funcionario”, para dar a entender la entrega total de un funcionario segundón al poder de un burócrata superior, o la sumisión de algún individuo a la voluntad de algún otro aún cuando no se está de acuerdo con la bondad o conveniencia de sus órdenes. Pero ese sinónimo de bajeza aún va más allá; su cobertura se ha expandido de individuos a estados: así se dice de naciones serviles cuando renuncian a sus principios, de alguna manera definidos y aceptados, para aceptar sumisamente, y por las razones que fuere, las posiciones de naciones más poderosas, aunque estas vayan en contra de las propias. El silencio, el mutismo, la no-opinión, por el momento, característicamente suele ser su compañero.

    Hace poco el Premio Nobel fue entregado en dos de sus versiones -a la literatura y a la paz- a dos grandes defensores de la libertad. Mario Vargas Llosa -Premio Nobel en Literatura 2010- es y ha sido un destacado promotor de ella. Manifestó, en su alegría al conocer la noticia, que su compromiso con el liberalismo se ve fortalecido con este reconocimiento. El chino Liu Xiaobo, Premio Nobel de la Paz 2010, permanece en una prisión de su país, sin posibilidad actual de lograr ser un hombre físicamente libre, por el delito de pedir la libertad de su pueblo. El reconocimiento otorgado abrió una ventana para que los hombres y mujeres de los pueblos libres clamaran por la libertad física de aquel cuyo delito fue pregonar, desde los ecos de la Plaza Tien an Men, que era hora de que el ciudadano chino se emancipara del yugo opresor del dictador, que impone su voluntad sobre la de los ciudadanos. Tal afrenta lo mandó a prisión y por ella el gobierno chino lo convirtió en “un delincuente”.

    Costa Rica siempre se ha sentido orgullosa de su tradición de defensa a ultranza de los derechos humanos. “No envidia las cortes de Europa ni las riquezas que en ella se encierran”, suele cantar refiriéndose, no a la moderna Europa libre, sino al Ancien Régime que yace en el basurero de la historia: el ciudadano costarricense no estaría dispuesto a que, por un plato de lentejas o un estadio florido -aunque el cínico recordaría que sólo bastaba con llegarle al precio adecuado- dejara de estar dispuesto a interceder respetuosamente y casi a manera de rogativa, por la libertad de Xiaobo. Dudo mucho que el costarricense libre escogería someterse servilmente, con un silencio cómplice, a la tiranía que quita la libertad a un individuo, que tan sólo desea que los ciudadanos de su país puedan escoger sin imposición.

    Me parece que el pueblo costarricenses sigue creyendo en este principio, no así sus gobernantes, quienes, ante la petición de naciones civilizadas de Occidente para que las autoridades del estado chino liberaran al nuevo Premio Nobel de la Paz, optaron por guardar silencio, evidenciando que, “porque China nos ayudaba mucho, porque su gobierno aportó mucho en la crisis financiera para atender nuestra deuda y porque el estadio que se inaugurará pronto es una obra hermosa“, mejor el gobierno con oportunismo guardaba silencio. Y por supuesto, ya pronto se afinará un nuevo paquete de cooperación de China hacia Costa Rica: plata para terminar lo que falta de un estadio, que es el precio del silencio.

  4. #4
    2010-11-02-REGULACIONES ABSURDAS E INSATISFACCIÓN CIUDADANA

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    REGULACIONES ABSURDAS E INSATISFACCIÓN CIUDADANA


    Publicado en el sitio de ASOJOD el 02 de noviembre del 2010.

    Deprime ver, en una nación supuestamente de ciudadanos libres como la nuestra, qué gran cantidad de personas acude a solicitar mayor regulación o control estatal de la más diversa gama de actividades que desempeñan otras personas. Esa actitud puede deberse a una desconfianza generalizada en la capacidad de los individuos de realizar transacciones con otros individuos en donde ambas partes ganan, sin que necesariamente una tenga que ganar a costas de la otra. De ahí saltan a que en dichas transacciones debería participar la mano visible del estado, para que sea mejor llevada a cabo en forma regulada que voluntariamente.

    Por ello no extraña que, citando tan sólo unos pocos ejemplos recientes, haya peticiones para que el estado regule los precios de una serie de artículos importados (Mayi Antillón del MEIC), sale un decreto reciente para regular el transporte especial de personas (MOPT) o inicialmente se prohíbe la realización de la Teletón, aunque afortunadamente tal decisión absurda se tuvo luego que echar para atrás (TSE). Pero todos estos ejemplos se caracterizan por la creencia de que el estado sabe mejor que las personas lo que hay que hacer y que si se regula de acuerdo con base esa idea las cosas van a estar mejor que antes.

    Por naturaleza soy enemigo de manifestaciones en la vía pública que afecten la libertad de tránsito de las demás personas. Según ello debería estar en contra de la realizada por un grupo de transportistas de servicios especiales el pasado lunes 25, frente a la instalaciones del Ministerio de Obras Públicas (MOPT) en San José. Pero en verdad cuenta con todo mi apoyo, porque tienen toda la razón de protestar ante la incapacidad de aquella institución, pero ante todo por su arrogancia de creer que, limitando mediante regulaciones la libertad de las personas, van a resolver un supuesto problema con el transporte privado de ciudadanos.

    Lo que al final de la jornada hace el MOPT es impedir una mayor competencia en el transporte de la ciudadanía, imponiendo una regulación que exige una serie de costosas transacciones a las partes -a los ciudadanos y a esos empresarios del transporte- quienes durante muchos años han acordado libremente realizar un contrato privado, por el cual no se afecta a terceros indebidamente.

    Cuando joven iba a los partidos de futbol de un equipo de futbol de amigos de Barrio México y para ello contratábamos un bus que nos llevaba y traía de algún pueblo adonde se fuera a jugar. No había que pedir permiso a ninguna burocracia: simplemente nos poníamos de acuerdo con el propietario del busito en cosas básicas tales como el costo, la hora y el lugar. El estado no aparecía en nada, afortunadamente: no había que firmar papeles con pocos días de anticipación, ni llevarlos sellados ni autenticados ni ninguna otra majadería similar. Ningún burócrata se metía en el asunto y las partes estábamos contentos. Si algo fallaba, pues en la próxima ocasión se usaría a otro transportista.

    Estos últimos, con tal de asegurarse la continuidad del cliente, siempre nos trataban de lo más bien.

    Ahora, a algún genio brillante en la administración del MOPT -tal vez inducido por alguien que desea quedarse con un negocio que ha venido operando normalmente sin intervención burocrática- se le ocurrió poner en práctica un decreto (le agregan “de ley”, para que se vea como muy importante lo que es un acto insignificante en el fondo, pero oneroso en sus consecuencias), con el cual se introduce una serie de restricciones, regulaciones, obligaciones, molestias, necedades, para renovar los permisos de operación de empresas que hoy dan ese servicio de transporte especial a los ciudadanos. Esto es, el transporte de grupos a fiestas, funerales, partidos de futbol, tomatingas de amigos que afortunadamente así disponen de un chofer designado; en resumen, de todo aquel tipo transporte de pasajeros que no sea el remunerado de personas que de diario conocemos.

    Con anterioridad los transportistas especiales podían disponer de permisos de operación que duraban un mes. Ahora se cambió para que duren sólo por tres días. Además -siempre presente la voracidad fiscal- cada vez que se solicita se impuso un costo de ¢7.500, monto que, sin duda, será trasladado a los consumidores que contraten el servicio. ¡Chingo de estímulo para que grupos de amigos los contraten para ir a tomar tragos! Así es como el MOPT contribuye a manejar sin alcohol Y, por supuesto, como la minita ya fue encontrada, los burócratas exigen tal pago cada vez que tenga que dar un servicio. A su vez, en el camino sancionador de los reguladores, si el transportista comete el pecado de alejarse de la ruta establecida en el permiso (no se si por cambiar de un camino a otro alternativo, como hay que hacer cuando se viaja a Caldera por la Ruta del Sol), podrían ser multados, se les quitarían las placas y quedarían inhabilitados para trabajar por tres años.

    En su protesta cuentan con mi apoyo y estoy seguro que de los costarricenses quienes usan su servicio y los que lo verán encarecerse por la decisión burocrática. Como dijo Jesús Campos, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas de Servicios Especiales (ANATRANS), interpretando mejor que nadie lo que está en juego, “nosotros hacemos las cosas legales (y los reguladores del MOPT) deberían hacerlas más fáciles en lugar de complicarlas”. Y no encarecerlas, agrego yo.

  5. #5
    2010-11-09-A RIESGO DE QUE ME LLAMEN

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    A RIESGO DE QUE ME LLAMEN “INSENSIBLE”


    Publicado en el sitio de ASOJOD el 09 de noviembre del 2010.

    Como ser humano lamento la tragedia que hoy viven muchos costarricenses a consecuencia del paso del huracán Tomás por el Caribe. Esta no es nueva: en muchas ocasiones la atracción que hacen las fuerzas de los huracanes caribeños, de vientos húmedos provenientes de nuestro Océano Pacífico, han causado enormes daños por las enormes precipitaciones que provocó. Es bastante predecible que esto sucederá cada cierto número de años en nuestras costas del Pacífico. Igualmente, ya sabemos que, a principios de cada año, suele llover fuertemente en la región Atlántica, en donde se inundan las mismas zonas. De nuevo, tales fenómenos son altamente predecibles, pero todos los años vemos como muchas familias sufren graves daños por las inundaciones en esas mismas partes.

    Una de las pocas ideas rescatables de la administración Pacheco fue que en ciertas zonas de Costa Rica, las viviendas se deberían construir hacia lo alto en pilotes. Esa idea no fue producto de algún nuevo descubrimiento de alguien en ese momento, sino simplemente el reconocimiento de cómo era que las compañía bananeras de antaño construían las casas de sus funcionarios y peones. Con la salida de tales empresas (por ejemplo, la United Fruit), esa forma de construir casas varió, dando lugar a que se edificaran a ras del suelo. La idea del gobierno de la administración Pacheco fue que, al menos, las casas que construía el estado o fueran financiadas con programas gubernamentales específicos, en esas zonas concretas, fueran construidas sobre pilotes. Resultado: como me dijo un amigo vendedor en la Feria del Agricultor de Plaza Víquez, “no conozco allá (en el Atlántico que se inunda) casas nuevas construidas en pilotes”.

    El problema es que la acción estatal para paliar desgracias como la que acaba de suceder siguen el camino asistencialista de siempre. Me imagino que creyendo en que la mejor forma de ayudar a los perjudicados es dándoles asistencia ante la emergencia para que sigan viviendo en el mismo lugar de siempre, o con el mismo tipo de vivienda a ras del suelo, se resuelve el problema de la emergencia. Pero esta es una ilusión, porque el incentivo no es para que la gente busque otros sitios relativamente más protegidos para vivir o construir en alto para protegerse de la próxima “llena”, sino todo lo contrario, pues se minimiza el costo de una decisión incorrecta. En tanto se les siga dando la ayuda en esa forma inapropiada, los problemas vendrán de nuevo, una vez más, el próximo año.

    No es insensibilidad ante el dolor ajeno el que me mueve a reiterar la necesidad de redefinir la asistencia en estas emergencias: sólo pretendo que se busque alinear los incentivos correctamente, para no sufrir de nuevo el dolor en la próxima. Por supuesto, también los gobiernos locales deberán ser más responsables en dónde es que otorgan los permisos para construir: como respondió en la televisión un vecino, quien lamentablemente perdió familiares y amigos en Las Lajas de San Antonio de Escazú, ante una pregunta de cómo era que vivían desde hace varios años a la orilla de un riachuelo, que ante la caída de un cerro vecino podía provocar la desgracia que luego sucedió, dijo: “fue porque la Muni nos dio esos terrenos para poder construir”. Mejor muestra de la incapacidad de ciertos gobiernos locales para tomar decisiones apropiadas no he podido encontrar. Si aprendieran la lección, de ser responsables en su actuar, tal vez el pueblo podría sufrir un poco menos.

  6. #6
    2010-11-16-LA DEUDA DEL ESTADIO

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    LA DEUDA DEL ESTADIO


    Publicado en el sitio de ASOJOD el 16 de noviembre del 2010.

    Generalmente se dice “estar en deuda” para dar a entender que se debe estar agradecido con alguien por algún gesto o cosa que dicha persona efectuó para beneficio de uno. Así se ha dicho que estamos en deuda con el pueblo de China (continental) por el obsequio de la construcción del nuevo estadio nacional. No le hagamos caso al cínico quien -con toda razón- nos dice que no fue por nuestro bello rostro que se nos obsequió el estadio, sino que es el pago por la decisión de la administración Arias de terminar relaciones con China (Taiwan) y abrirlas, con razón o sin ella, con la antigua China comunista.

    Siempre me pregunté si en el país no había mejores y más productivas opciones para usar la “donación” china que la de un estadio. Creo que la decisión facilona, torpemente opuesta en su momento por el ex ministro de Cultura Sáenz, que más bien estimuló a los proponentes de ese estadio, pronto empezará a mostrar que no fue la más inteligente.

    Hoy día da pena ver a los ciudadanos de San Carlos realizar protestas respetuosas por el abandono de más de 25 años de la promesa de dotar a ese cantón de una carretera más adecuada que el viejo, sinuoso, si bien lindo, camino -porque eso es lo que en realidad es: un camino- para comunicarse con el Valle Central.

    Fue hasta hace pocos años que con el apoyo de China (Taiwan) se había avanzado en dicha construcción, después de infructuosos intentos de arranques o labores a medias. Aquel mismo cínico me puede decir que esa carretera fue financiada por Taiwan a cambio de las relaciones que manteníamos con ellos. Eso es muy posible, pero el hecho es que gracias a esa decisión de los chinos de Taiwan la carretera venía avanzando.

    En eso se tomó, sorpresivamente, la decisión de la administración Arias de terminar relaciones con China (Taiwan) y hasta allí llegaron los aportes de este país para financiar la carretera a San Carlos. Uno creía que los chinos continentales dejarían de financiar esa carretera: que quedara inconclusa, como las relaciones con China (Taiwan). Sin embargo, recientes declaraciones de una diputada de la zona de San Carlos señalan que de ninguna manera los chinos continentales excluyeron apoyar la terminación de esa vía. Es más, en palabras -digámoslo mejor, en denuncia- de la diputada, China continental donó $30 millones de dólares para que se continuara la construcción de la carretera que estaba a medias. Ella dijo que tal cosa se lo manifestó el Encargado de Negocios de China continental y, continuó con la denuncia de que “ahora no se sabía adónde estaban esos fondos”. Yo, como creyente en la “limpieza” gubernamental, creo que estas afirmaciones de la diputada de San Carlos constituyen una denuncia pública que debe ser atendida de inmediato, no sólo por los medios, los cuales casi que han sido omisos al respecto, sino también por quienes tienen la obligación formal de actuar, como son la Contraloría General de la República y el Ministerio Público.

    Lo triste es que se les pidió a los nuevos chinitos que construyeran un estadio, pues en el país no había algo similar. Evidentemente las autoridades gubernamentales no se preguntaron la razón por la cual no había en el país una edificación de tal magnificencia: simplemente, porque, al menos para el futbol, no hay demanda tal como para ameritar una inversión así. Si no creen en esto, piensen porque el empresario Jorge Vergara, así como otros, no ha invertido en ampliar y modernizar al estadio Saprissa para hacerlo algo similar al nuevo estadio nacional.

    Lo más grave ahora es que las nuevas instalaciones exigen un mantenimiento que resulta ser muy elevado y no parece haber la demanda suficiente de ellas como para se generen los recursos necesarios. Así, los gastos terminarán siendo cubiertos con fondos públicos, ya sea mediante impuestos que pagamos todos los costarricenses o por cobros en algún servicio que presta el estado. Por supuesto, las autoridades gubernamentales tienen una posible salida a la que casi siempre han acudido: pedir a los nuevos chinitos que se nos regalen más plata, quien sabe ahora a cambio de qué. Así podrán cubrir el mantenimiento indispensable del elefante blanco que se vislumbra trotar en la distancia. En tanto, la carretera a San Carlos, algo productivo que podía haberse financiado si así lo hubieran solicitado los gobernantes de ese entonces, sigue en penurias, embalsamada en las promesas a ser incumplidas por los políticos de siempre. Pero, ahora si vamos a estar en deuda por el estadio…

  7. #7
    2010-11-23-UNA DE LAS FUNCIONES DEL ESTADO

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    UNA DE LAS FUNCIONES DEL ESTADO


    Publicado en el sitio de ASOJOD el 23 de noviembre del 2010.

    Adam Smith es uno de los más importante pensadores del liberalismo clásico. Suelo leerlo pues siempre de él derivo grandes enseñanzas. Lo que experimentamos actualmente en nuestras relaciones con la vecina Nicaragua, me animó a releer parte de su libro La Riqueza de las Naciones, en la sección en donde expone lo que considera son las funciones esenciales del Soberano: o sea, la República o el Estado. Dice Adam Smith:

    “La primera obligación del Soberano, que es la de proteger a la sociedad de la invasión y violencia de otras sociedades independientes, no puede desempeñarse por otro medio que el de la fuerza militar.” (La Riqueza de las Naciones, Tomo III, Libro V, Cap. 1, Parte 1, San José: Universidad Autónoma de Centro América, 1986, p. 5).

    Y agrega luego,

    “Cuando una nación fía enteramente su defensa a una milicia, se encuentra en todo tiempo expuesta a ser vencida y conquistada por cualquier otra bárbara nación que pueda habitar en sus fronteras… Ahora bien, como un ejército de esta especie no lo puede mantener sino una nación civilizada y culta, pudiendo solo él defenderla de las invasiones enemigas, no existe otro medio de conservar o perpetuar la propia cultura y civilización que el de sostener un ejército de tal naturaleza.” (Op. Cit., p. p. 20-21).
    Además de esa función del estado, Smith señala otras dos. Una de ella es:

    “proteger a cada individuo de las injusticias y opresiones de cualquier otro miembro de la sociedad, o sea establecer una recta administración de justicia…” (Op. Cit., p. 23),
    en tanto que la tercera obligación es:

    “erigir y mantener aquellos públicos establecimientos y obras públicas, que aunque ventajosos en sumo grado a toda sociedad, son no obstante de tal naturaleza que la utilidad nunca podría recompensar su coste a un individuo o a un corto número de ellos, y que por lo mismo no debe esperarse se aventurasen a erigirlos ni a mantenerlos.” (Op. Cit., p. 36).
    En el ideario liberal no hay en realidad un límite definitivo a la cantidad de funciones que puede desempeñar el estado; de hecho hay pensadores liberales, como Hayek o Friedman o Epstein, quienes adicionan otras labores, pero lo característico de todos ellos es que suelen ser relativamente pocas y por ello se dice que son proponentes de lo que se considera como un estado mínimo.

    La posición de Costa Rica en torno a su defensa ante la amenaza externa es relativamente reciente: la posición formalmente expuesta durante la administración Monge Alvarez tiene si acaso cerca de 30 años. Es una ilusión pensar que es una posición que va más allá de la liberal clásica expuesta por Adam Smith. No se trata de eliminar esa función al estado, sino que, de alguna forma, la obligación del estado costarricense de defendernos ante el enemigo externo fue trasladada hacia organismos o acuerdos internacionales, en mucho por la decisión de abolir el ejército tomada por don José Figueres a finales de los años cuarenta.

    El estado costarricense, en lo referente a su obligación de defender a los ciudadanos de los enemigos externos, dejó de lado lo que se denomina el principio de jurisdicción territorial, mediante el cual los fallos de los jueces se enmarcan en la generalidad institucional del estado. Por ello acude a organismos supranacionales o acuerdos internacionales que garanticen tal defensa, en vez de asumirla el estado costarricense. En sencillo, nuestra defensa ya no depende de nosotros mismos sino de un conjunto de instituciones externas al país.

    Hasta el momento esa política ha tenido un buen resultado, si se tiene presente que tener un ejército para ejercitar tal defensa no suele ser muy barato y los recursos así liberados pueden dedicarse a otras actividades que la sociedad costarricense pueda considerar más apropiadas, como educación y medicina pública. Hasta hoy, cuando el país ha sido objeto de amenazas significativas de parte de otra nación, ha existido una reacción apropiada de tales entidades internaciones que han garantizado la integridad del ciudadano costarricense ente la invasión del exterior.

    El problema con tal política puede radicar en la precariedad de sustentar tal obligación básica del estado en organismos que bien pueden ser incapaces de reaccionar de forma que garantice la seguridad del costarricense. Por ejemplo, es notorio que los Estados Unidos, nación que solía ser clara defensora de la integridad de naciones amigas, hoy no muestra tal disposición, tal vez abrumado por la enorme carga que impone sobre su país la amenaza del terrorismo internacional, en especial en estos momentos económicos difíciles, y muy posiblemente por la desaparición de un mundo bipolar, que se caracterizaba por la existencia de un orden liberal enfrentado al comunismo, hoy casi desaparecido de la faz de la Tierra.

    Pero también debe tenerse presente que no siempre esas entidades alheñen defensa del agredido o del agraviado. Por ejemplo, en el orden judicial internacional se ha podido observar cómo dictadores como Pinochet o los militares argentinos de la Guerra Sucia han sido debidamente enfrentados a las coartes, pero también lo han experimentado personas como Ariel Sharon o Donald Rumsfeld, que si bien son polémicos están lejos de ser tiranos. Pero, por aún. Aún si dejo de lado lo sucedido en Ruanda ante los ojos torvos de cierto organismos, ¿acaso vio usted un proceso internacional contra Yasser Arafat, quien hasta fue homenajeado por algún ex diputado y una ex diputada en nuestra Asamblea?; asimismo, ¿se ha enfrentado a algún tribunal internacional el dictador de 50 años, para dar cuentas del sufrimiento y daño practicado a su pueblo, como lo es Fidel Castro?, y acaso se ha acercado el brazo de la justicia a ese asesino de su pueblo en África como es el tirano Mugabe?

    En cuanto al tema de nuestra defensa ante la agresión externa podríamos mirar hacia una nación que por muchos siglos no ha sido objeto “de invasión y violencia de otras sociedades independientes”, como escribió Smith, a la vez que se caracteriza por su profunda democracia, el respeto a los derechos humanos y la plena vigencia de la libertad.

    Se trata de Suiza (tal vez se le pegue a la que se ha llamado la “Suiza de América“), la cual posee un poderoso ejército que nunca ha participado en guerra alguna contra nadie y menos contra sus propios ciudadanos a los cuales sirve. Vale la pena pensar -enfatizo, pensar- en una posibilidad similar para Costa Rica, mediante la cual dependeríamos de nosotros mismos, manteniendo nuestra posición de paz hacia el mundo y teniendo la capacidad de defendernos a quien intente invadirnos o ejercer violencia contra nosotros.
    Publicado el 23 de noviembre del 2010 en el sitio de ASOJOD

  8. #8
    2010-11-30- PAR DE GASTOS EJEMPLARES

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    PAR DE GASTOS EJEMPLARES


    Publicado en el sitio de ASOJOD el 30 de noviembre del 2010.

    Hay gente que se especializa en decir que “no es posible reducir el gasto estatal”. En realidad no es sino una excusa para promover el crecimiento de la burocracia gubernamental. En esta ocasión no haré un recuento de posibles reducciones del gasto público. Si hay alguien interesado en ello podría leer el artículo de don Carlos Federico Smith en el Boletín de ANFE del mes de noviembre, el cual se espera salga a la luz en una semana. Pero hay ocasiones, como ésta, en que me cuesta refrenarme en mis propósitos de reducir el gasto público. Hoy daré dos ejemplos que me han molestado, tal vez por ser de reciente factura y que aún no se han consolidado en el ego estatista de la ciudadanía como para excusar su existencia. Prueba de esta última afirmación mía es formular la pregunta de si alguien recuerda cuál fue la última reducción de gasto significativa en el estado costarricense o si puede traer a colación el cierre de alguna institución gubernamental una vez que fue creada en, digamos, estos últimos diez años. Me quedaré esperando una respuesta y si fuera afirmativa, al menos eso a mí me alegraría, aunque se me desmienta.

    En días recientes en distintos medios (prensa y televisión) apareció la noticia de una propuesta para subsidiar o garantizar un auxilio a los toreros aficionados que participen en nuestras corridas criollas. Yo, como aficionado, no logré entender cómo es posible que se vaya a subsidiar alguien quien voluntariamente se lanza a un ruedo dizque torear. M imagino que quienes así lo hacen son conscientes de que se arriesgan al hacerlo y que no hay razón alguna para que Juan Pérez en Machorcado de Güelta de Jorco tenga que pagar impuestos para subsidiar a ese osado torero. Sé que es muy fácil pedir fondos públicos y algo más difícil el que se otorguen, pero en asuntos de gasto estatal es fácil observar la mayor diversidad imaginable, resultado de presiones políticas que ejercen algunos grupos específicos o bien de la actitud de políticos de usar el gasto estatal para lograr atraerse votantes. No sería nada raro ver que la Asamblea Legislativa apruebe una ley para subsidiar a los toreros improvisados, pero tendría que apurarla, pues las Fiestas de Fin de Año ya están a la puerta y es la hora de dispensar favores con platas ajenas que pertenecen a la ciudadanía.

    Más triste es lo sucedido con una oleada de anuncios reciente de Acueductos y Alcantarillados; “anunciadera” en televisión que cuesta toda una bicoca. En parte por la naturaleza inclemente, así como por haber la Municipalidad de Escazú otorgado tierra hace varios años a gente relativamente pobre para que allí construyeran sus casitas en Calle Lajas (o Río Lajas), las recientes inundaciones hicieron que esa pobre gente se quedara en la calle, sin casa en donde morar. Pero también hubo pérdidas al destruirse sistemas para el suministro de agua, entre otros daños graves.

    Me interesa este aspecto del suministro de aguas: el país ha incurrido en grandes pérdidas financieras por los temporales y con los recursos tan limitados de que se dispone, no es posible que, de la noche a la mañana, se recuperen todos los daños. Uno esperaría que el gobierno fuera especialmente frugal en estas circunstancias y que hiciera todos los esfuerzos posibles para redirigir los escasos fondos hacia la reposición de los daños. Obligado a cumplir con su deber de restablecer el servicio de agua, Acueductos y Alcantarillados paga un costoso programa de anuncios en diversos medios para decirnos a los ticos que ha cumplido con su deber. Esa era su obligación y blasonar con tal actuación es una muestra de una gran insensibilidad e irresponsabilidad que debería ser políticamente castigada. El montón de plata que Acueductos y Alcantarillados desperdicia hubiera sido mejor empleada si la dedicara a reparar los enormes daños. Eso se lo agradecerían los ciudadanos. El tema es que como no son fondos de alguien, sino públicos, los jerarcas de esa entidad estatal no tienen reparo en gastarlos, aunque sea en su autobombo.

  9. #9
    2010-12-07-RELAJO SINDICAL

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    RELAJO SINDICAL


    Publicado en el sitio de ASOJOD el 07 de diciembre del 2010.

    No puede pasar inadvertida la información suministrada por La Nación del pasado lunes 29 de noviembre acerca de cómo un empleado de JAPDEVA termina ganando más si se incapacita que si labora. El privilegio es claro. Hoy cualquier persona que no sea un trabajador en JAPDEVA si es incapacitada por la Caja Costarricense de Seguro Social recibe como compensación un 60% de su salario mensual, aproximadamente. Por el contrario, el privilegiado trabajador de JAPDEVA, gracias a la leonina convención laboral de que disfruta, además de aquel 60% recibe un 40% proveniente de la misma JAPDEVA. El relajo evidente no acaba aquí: durante su periodo de incapacidad tampoco se le pueden cobrar las cuotas del Fondo de Mutualidad que tienen los trabajadores, además de recibir el aguinaldo completo aún cuando se ausenten de su trabajo.

    El incentivo es muy claro: vale más, para efectos de los ingresos que se llevan a la casa, estar incapacitado que trabajando. El resto de trabajadores del país no recibe tal gollería, precisamente para evitar este tipo de práctica nefasta. Adicionalmente, este privilegio a unos cuantos que laboran en JAPDEVA lo cubre el resto de los costarricenses, mediante los impuestos que pagamos. De acuerdo con la información periodística, “a la fecha, en la institución hay 47 empleados que cumplen un año o más de incapacitados”, agregando, que “los casos más graves son de personal con licencia por enfermedad que están fuera de los puertos desde enero del 2005.”

    Pues, ¿cómo no iba a ser así? Todo el incentivo diseñado para los privilegiados trabajadores de JAPDEVA está para lograr incapacitarse y con ello poder “ganar más”. Lo que el periódico no dice (en esta ocasión) es que muchos dirigentes del Sindicato de JADEVA se han acogido a tales incapacidades, hecho que ha sido públicamente denunciado. La Caja dice aún estar en proceso de investigación de estas denuncias, pero ya lleva muchos meses sin decirnos qué resultó de la investigación. Producto de mi malicia indígena o del escepticismo que ya ha hecho callo sobre el accionar del estado, no me queda más que dudar acerca de un deseo de la Caja de aclarar las cosas y señalar las responsabilidades de aquellos médicos que otorgaron las incapacidades que ya llevan muchos, pero muchos, meses. Casualmente, muchas de esas incapacidades son de dirigentes del Sindicato de JAPDEVA.

    Para agregar mayor malestar a la conciencia de los ciudadanos, quienes somos los que pagamos todo este tipo de desmadres, el dirigente napoleoncillo de JAPDEVA, Ronaldo Blear, al quejarse acerca de la información que sobre este privilegio difundió el actual Gerente de JAPDEVA, don Allan Hidalgo, sentenció que los días de don Allan “están contados en JAPDEVA” y lanzó el reto ante la ciudadanía de que irá “a defender los derechos de los trabajadores” y que no va “a permitir más que se esté ensuciando el nombre de los trabajadores”. No sólo el Secretario General del Sindicato de JAPDEVA nos golpea con una clara amenaza, sino que aprovecha para hacerse el ofendido tan sólo porque el Gerente de JAPDEVA denunció el privilegio ante la ciudadanía: ante nosotros quienes somos quienes los que pagamos esa gollería. Se necesita tener una cara de barro para todavía querer cobrarnos por medio de la amenaza, aunada al simple desaguisado que el Sindicato ha impuesto a todo el país.

    Es hora de que la ciudadanía despierte y recupere el sentido de decencia elemental extirpado por la convención de JAPDEVA. Esta denuncia no debe pasar inadvertida. Si se siente mal por este abuso, reaccione. Si lo hace por escrito, mándele una copiecita a la Sala Constitucional, que tal vez la tendrá presente la próxima vez que tenga que pronunciarse sobre privilegios arrancados a toda la ciudadanía costarricense.

  10. #10
    2010-12-14-INCONSISTENCIA LIBERTARIA

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    INCONSISTENCIA LIBERTARIA


    Publicado en el sitio de ASOJOD el 14 de diciembre del 2010.

    Por alguna razón la mayoría de los ticos se considera que pertenecen a la llamada clase media. Si es rico, más allá de lo que poseen las familias de clase media, me imagino que aseveran pertenecer a ella para no darse color ante los que ponen impuestos y si es relativamente más pobre, creo que se puede deber a que hay un deseo de que el progreso que suele implicar la clase media ya se encuentra en sus hogares. Por eso casi siempre responden que pertenecen a la “clase media”. Obviamente los tecnócratas sociólogos, expertos en asuntos de clases, rechazarán mis hipótesis, lo cual no me preocupa, aunque si debo señalar, recordando mis lecturas de Pitirim Sorokin cuando era joven y estudioso, de que en asuntos de clases el análisis caía en una especie de arroz con mango; por ello los conceptos de clases ya no son tan útiles como se creyó hace algún tiempo. Mi familia, que es de clase media, obviamente que se beneficiaría directamente si se aprobara un subsidio que la favoreciera, como el que analizaré a continuación, pero tal práctica extraordinaria iría en contra de mis principios, por lo cual deseo escribir esta nota de hoy.

    Tengo enorme aprecio personal por la diputada libertaria doña Patricia Pérez, por ello me sorprendió -y no de forma agradable- el proyecto de ley que presentó ante la Asamblea Legislativa para lograr que hubiera mayores fondos para que la clase media obtuviera vivienda. Como era de esperar, tan noble propósito encontró amplio eco en el resto de los diputados, quienes, ni lerdos ni perezosos, ya han indicado estar a favor de la propuesta. Muchos de ellos, casi que estoy seguro, lo hacen porque están a favor de “ayudar” a la clase media (ninguno están en contra de la clase media), pero estoy seguro que no han pensado en las implicaciones derivadas de la aprobación de una ley como esta.

    Conociendo el conocimiento profesional privada de la diputada Pérez, con gran experiencia en las Mutuales, más bien me extraña que la solución que propone para dotar con casa a las familias de clase media, lo sea mediante un subsidio a los intereses que tendrían que pagar, los cuales, concuerdo con ello, son muy elevados. Estoy seguro de que doña Patricia conoce los numerosos estudios que a través de los años han hecho muchos economistas acerca de las razones por las cuales, en nuestro país, el diferencial entre las tasas pasivas que un banco comercial le paga a sus ahorrantes es tan grande con respecto a las tasas activas que le cobra a quienes les presta. De paso recuerdo los innumerables trabajos para la Academia de Centro América, de Edna Camacho, Rodolfo Quirós, Ronulfo Jiménez, Thelmo Vargas, Oswald Céspedes y muchos otros, que bien debe recordar don Patricia.

    Si fuera así, Doña Patricia no abogaría por subsidiar intereses para ningún grupo en particular, sino en reducir ese “spread” tan elevado, el cual se origina en la obligación de mantener altas reservas legales, el pago de impuestos locales, los altos gastos operativos de los bancos (estatales), entre otros. En síntesis, más bien debería proponer que legalmente se diera una reducción significativa de esos elevados costos de transacción hoy trasladados a todos quienes piden prestado en los bancos, incluyendo los de clase media que solicitan préstamos para su vivienda.

    El problema con estos últimos préstamos más bien parece estar en el plazo tan corto a que se otorgan, lo que contrasta con la situación de, por ejemplo, los Estados Unidos, o Panamá y más recientemente El Salvador. Una propuesta que permitiría que nuestro país tuviera préstamos a plazos tan largos como los citados lo sería mediante la aprobación de un proyecto de ley precisamente acogido por el Movimiento Libertario para su trámite legislativo, como es la dolarización de nuestra economía. Esta posibilitaría ayudar a que la clase media adquiera vivienda en un plazo factible para este tipo de inversiones. En el caso de El Salvador, antes de que se dolarizara, tales préstamos eran de una duración parecida a la actual de Costa Rica; ahora tienen una duración similar a la estándar de Panamá: 30 años.

    Finalmente, aprovecho para referirme a una coyuntura actual de la economía costarricense, que la propuesta de la diputada Pérez deja de lado. El déficit actual del sector público puede llegar a un 5% este año y a un 6% en el próximo, principalmente por un exagerado gasto gubernamental. Históricamente los libertarios han indicado su disposición para introducir algún grado de racionalidad en ese desbocado gasto estatal, pero la propuesta de la diputada Pérez propone todo lo contrario. Más bien aumentaría el gasto gubernamental porque con el presupuesto público es que se financiaría el 50% de los intereses que tienen que pagar las familias de clase media a quienes se les otorguen préstamos bajo la propuesta bajo comentario. Esos gastos irían a aumentar el déficit en momentos en que más bien los gobernantes nos dicen que pedirán ante el Congreso en aumento de los impuestos que paga la ciudadanía. Triste papel hacen quienes por años han señalado posiciones contrarías a los subsidios estatales y el excesivo gasto público.

    En lo personal tengo un gran aprecio por la diputada Pérez, por lo que aprovecho para recordarle la cita de Aristóteles: “Amicus Plato, sed magis amica veritas” (Soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad).

    Presentado el martes 14 de diciembre del 2010 en el sitio de ASOJOD

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