Artículos publicados en "Diario Extra"

[Elisa]

2009-01-06-REFLEXIONES ACERCA DE LA NUEVA LEY DE TRÁNSITO-III

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REFLEXIONES ACERCA DE LA NUEVA LEY DE TRÁNSITO-III

La Extra, 06 de enero del 2009. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 109-110.

En mi tercer comentario sobre la nueva Ley de Tránsito (y en el próximo) quiero referirme a algunas multas impuestas por características físicas de los vehículos, algunas de las cuales parecen exageradas y otras hasta imposibles de cumplir en el corto plazo.

Debo ser franco, pues no estoy seguro de si la nueva Ley incluye lo que describo, pero lo escuché de varios transportistas en diferentes medios de comunicación. De estar ellos inventándolo, le ruego al lector que, de antemano, excuse mi apreciación, pero, de ser cierta su inquietud, me parece que tienen un alto grado de razón en estar preocupados. Señalaron que hay una multa cercana a los ¢50.000 en caso de que su vehículo tenga una luz trasera quemada y que, dado el mal estado de las carreteras por las que transitan, es frecuente que eso suceda. Indicaron que esa medida se traduciría en una cantidad insoportable de multas, en tanto el estado de los caminos sea lo que es. Es muy cierto lo que alegan acerca del mal estado de las vías y ese es un grave problema para los ciudadanos, en especial cuando pagamos una enorme cantidad de impuestos a los combustibles para asegurar fondos de mantenimiento vial. Es notorio el incumplimiento de deberes de las autoridades encargadas de asegurar el buen estado de nuestros caminos.

Pero, me pregunto, ¿por qué en lugar de proceder a multarles en carretera, no se sigue una práctica que tome en cuenta esa muy posible circunstancia? Recuerdo cuando transitaba en horas de la noche en el carro de una familia estadounidense en el Estado de Ohio y, de pronto, de la nada sonó la sirena de un policía de tránsito que nos ordenó detenernos. El obediente norteamericano se orilló y el tráfico le hizo una prevención porque una de las luces traseras del carro estaba quemada. Lo que esa persona tenía que hacer era proceder a arreglar el daño y, antes de 24 horas, reportar su arreglo con alguna autoridad de tránsito, para que ésta le quitara el “parte”. Eso hizo mi amigo y asunto arreglado. Aquí parece que la cosa no es así. De entrada, el fuerte “riendazo del parte”, pero no olviden la posibilidad de que surja un arreglo “privado” entre el conductor y el tráfico, tal como comenté en mi primer artículo. Pero, ¿por qué, en vez de ello, no proceder civilizadamente ante la situación e incentivar, como se hizo en Ohio, a que el ciudadano responsable corrija su problema?

Otra exigencia de la nueva Ley es que, de cierta fecha en adelante, los “búmpers” de los carros de pasajeros deberán ser a prueba de golpes para cierta velocidad dada. Que sepa, esta tecnología existe sólo para vehículos modernos y muy caros (me dijeron que los Volvos y los Mercedes) y que no está disponible para muchos que conducen personas de ingresos menores que no pueden comprar aquellos carísimos y, mucho menos, la posee la mayoría del parque de carros hoy existente. En su momento señalaron distintos importadores de vehículos que no podrán importar carros en este año, pues no están disponibles con la característica que exige la nueva Ley. Esta se afana en cargar relativamente más a los más pobres, quienes tendrán que sufragar este mayor gasto, sólo para que, al igual que sus homónimos europeos, cuenten con el último grito de la moda en seguridad, que a algún burócrata se le ocurrió imponer.

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2009-01-13-REFLEXIONES ACERCA DE LA NUEVA LEY DE TRÁNSITO-IV

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REFLEXIONES ACERCA DE LA NUEVA LEY DE TRÁNSITO- IV

La Extra, 13 de enero del 2009. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 113-114.

La nueva Ley contiene medidas sanas para resolver situaciones que causan graves problemas para el ciudadano. Convertir en delito penal la conducta denominada “temeraria”, que incorpora circular a una velocidad superior a 150 Kms. por hora (inconcebible dado el mal estado que caracteriza nuestras vías), registrar 0.75 gramos de alcohol por litro de sangre o participar en piques, ciertamente pone el dedo en la llaga en cuanto a limitar comportamientos peligrosas (aunque multas tan altas incentivarán la corruptela).

Pero hay otras contenidas en la Ley (además de las que mencioné en mi artículo previo) que no guardan proporción con el posible daño que se causaría a terceros y que, más bien, reflejan un paternalismo estatal que busca regular la vida humana. En vez de que las personas sean responsables de sus actos y que valoren los riesgos, el papá estado (o mamita, si así lo prefiere) pretende definir cómo debemos actuar, según el juicio de algún burócrata que pretende proteger a “seres libres incapaces de actuar con madurez”.

Me refiero a que uno está “obligado” a llevar llave de ranas y gata, cosa que suele hacerse, pero también exige tener lagartos (¡qué más lagarto que el estado!) por si se friega la batería, así como un juego de herramientas (¿será suficiente un desatornillador y algo para las tuercas o querrán una caja llena de chunches que uno ni siquiera sabe usar?); también debe transportar un botiquín para primeros auxilios, sin decir qué debe contener (como diabético, ante un posible accidente ¿deberé llevar mi insulina o será suficiente con curitas y alcohol? Si uso mi botiquín en alguna persona accidentada a quien posiblemente no conozca, ¿seré responsable de los efectos que le pueda causar la aplicación de esos primeros auxilios?). Y no olviden que si se les estalla una llanta o hay que arreglar algo del carro, deben llevar un chaleco retroreflexivo. Todas estas cosas tienen costos altos y tal vez casi nunca se usarán, pero el estado paternalista no quiere que a Usted le pase nada, aunque la probabilidad de ello sea baja. El gasto en que incurrirán para cumplir con todos estos requisitos es posiblemente muy elevado (y más importante dentro de su presupuesto, si Usted es relativamente más pobre).

Pero aquí no terminan las cosas, tiene que llevar un extinguidor de incendios (el costo económico al comprarlos posiblemente es mucho más elevado que el costo total por incendios de vehículos), así como también los “air bags”, que, para suerte de los más ricos ya vienen incorporados en los carros modernos y caros, mientras que los pobretes tendrán que buscar el milagro de ver cómo los ajustan (y pagan por reconvertirlos). ¿Quieren más? Cada camión de carga tendrá un aparatito llamado “transponder”, especie de “caja negra” que registra los datos de velocidad, distancia y tiempo de cada viaje que haga (así papá estado podrá saber exactamente adónde y cuándo estará cada uno de sus siervos camioneros), También, deben tener un sistema de posicionamiento global (GPS) para que las autoridades sepan si el vehículo ingresó a zonas de circulación prohibida. Todo esto no sale de a gratis, ¿verdad? Las empresas trasladarán estos mayores costos a los consumidores y todos pagaremos por estos requisitos tan exagerados.

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2009-01-20-REFLEXIONES ACERCA DE LA NUEVA LEY DE TRÁNSITO-V

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REFLEXIONES ACERCA DE LA NUEVA LEY DE TRÁNSITO- V

La Extra, 20 de enero del 2009. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 115-116.

En esta nueva columna analizamos otras normas de la nueva Ley de Tránsito, que no parecen estar muy claras, por más bien intencionadas que lo estén. Una es la multa que se cargaría a los conductores malhumorados o que maltraten de palabra a los pasajeros. Si bien para ello se requiere la denuncia previa de estos últimos, al fin de cuentas va a resultar en la palabra de uno versus la del otro y eso bien podría dar lugar a sacadas de clavo de pasajeros contra conductores. No se cómo van a hacer los jueces para definir justamente estos casos. Otra norma de difícil aplicación va a ser la de guardar cierta distancia entre vehículos. En países civilizados estas reglas son muy claras: a veces hasta de 9 metros entre vehículos, pero en ellos se tienen calles muy anchas, con pocas intersecciones y con una velocidad aprobada bastante holgada. En síntesis, no hay muchos carros por metro lineal de calle. Pero, ¡en nuestras super-angostas vías! uno se debe adaptar al flujo del tránsito, pues de no hacerlo nunca llegaría a buen tiempo a su destino. Creo que los conductores, por más decentes que sean, no podrán adaptarse y el agente estará avivado a multarlo. Parecido sucede con la falta de señales que indican las velocidades máximas. Ciertamente algunas, dadas las primitivas calles urbanas, son ridículas (20 kilómetros por hora sería una suerte, pues el flujo usual suele ser de entre 5 y 10 kilómetros por hora), pero en carretera tampoco se sabe si una velocidad es tal o cual, pues nunca se indica cuál es la permisible. Las multas sí van a ser muy reales según sea el gusto (o ubicación) del agente del tránsito.

Tampoco la Ley es clara en cuanto al tratamiento de los llamados piratas, pues si bien multa con ¢22.700 al que ofrezca transporte público sin autorización en otras zonas diferentes a las autorizadas, como por definición al pirata no se le permite ejercer en ninguna zona, bien podrían caerle con esta nueva multa. Lo lamentable es que esta Ley no considera el interés de los consumidores, quienes se beneficiarían con mayor competencia en el servicio de transporte de taxis (vean como, por ejemplo, ante la baja en los precios del combustible, no se han reducido las tarifas). Es más, ante el aumento en el desempleo que, según las autoridades, se avecina en nuestra economía, el alivio para muchos hogares es la posibilidad de dar un servicio de taxi pirata. La nueva Ley no apoya esta posibilidad y más bien, tanto por omisión como por interpretación, pretende limitar esta posibilidad de empleo. ¿Qué costaba haber incluido un artículo que dijera que cualquier ciudadano, con la debida licencia, podía dar el servicio de taxi –honorablemente y sin privilegio alguno-, con tal de que lo pintara, digamos, de color rojo y que tuviera a ojos del usuario un cartel de aprobación con el nombre del chofer?
La nueva Ley tiene cosas ridículas. Por ejemplo, ahora se exige un certificado reciente del tipo de sangre, lo cual significa que no se acepta un certificado viejo. Pero, según tengo entendido, el tipo de sangre con que uno nace no cambia con el paso del tiempo, excepto en el caso excepcional, me imagino, de que a uno le cambien el tipo de sangre en un hospital. ¿Cuál es el propósito de sea un certificado “reciente”? Vaya usted a saberlo (o lo entenderá cuando tenga que pagarlo).

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2009-01-27-REFLEXIONES ACERCA DE LA NUEVA LEY DE TRÁNSITO-VI

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REFLEXIONES ACERCA DE LA NUEVA LEY DE TRÁNSITO- VI

La Extra, 27 de enero del 2009. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 117-118.

Termino mi análisis sobre la nueva Ley de Tránsito con varias consideraciones generales. En primer lugar destaco la conveniencia de penalizar delitos como manejar en estado de embriaguez, a velocidad temeraria y a participar en piques, si bien multas tan elevadas me parece que inducirán la corrupción y que la confiscación del vehículo es un despropósito pues se expropia sin la compensación debida. En segundo lugar, castigar con pérdidas de puntos es buena estrategia, pero parece que en algunos casos no amerita esa sanción, aunque eso es muy discutible y, finalmente, esta Ley debe revisarse para eliminar características odiosas que más bien estimulan conductas inconvenientes, tal como he reseñado en las previas 5 columnas.

Me refiero ahora a un punto crucial en esto del tránsito. En época de la Administración Rodríguez los costarricenses experimentamos un aumento sustancial en los impuestos a los combustibles para financiar una mejora radical de nuestras vías de comunicación. Pero además el estado nos burló, pues si bien le ingresaron recursos enormes, no se vio que las vías variaran sustancialmente ni siquiera en sus características de seguridad. No ha mejorado su iluminación, ni tampoco se han ampliado y hay pocas nuevas. No hay una señalización adecuada y las pendientes a veces lanzan los carros hacia la vía contraria. Los espaldones dejan mucho que desear y ni que hablar de los huecos en carreteras y vías urbanas, que constantemente obligan al conductor a manejar en zigzag para evitar daños. Las carreteras están llenas de curvas, que hacen que las personas, retrasadas por vehículos lentos, se vean imposibilitadas de avanzar, arriesgándose (a menudo ocasionando accidentes) a rayar apenas puedan (medio puedan) ver.

En síntesis, nuestras vías dejan mucho, pero mucho, que desear en cuanto a su seguridad.

Observamos como el esfuerzo de una nueva Ley para lograr un buen conducir recae en los conductores –lo cual es conveniente-, pero se deja de lado a los gobernantes, los que pasan las leyes, quienes no cumplen con sus obligaciones básicas de asegurar buenos caminos para que podamos transitar con seguridad. Ahora que las autoridades han empezado por “apretar” a los conductores, para que hagan lo mejor posible en ese nudo gordiano que son nuestros caminos actuales, debería darse algo similar sobre las responsabilidades que tienen nuestras autoridades en el área del tránsito. Que tal (¿que nos ampare nuestra Contraloría?) si empezamos por exigir que esas autoridades cumplan con sus obligaciones; tal como debemos hacerlo los conductores. Que sean legalmente responsables si no cumplen con sus deberes y más cuando, por su omisión, inducen a que los conductores nos involucremos en accidentes que bien podrían haberse evitado.

Los responsables no somos únicamente los individuos privados (como debe ser cuando incumplen normas elementales como las citadas de “conducta temeraria”) mientras que los gobernantes siguen siendo irresponsables en sus actuaciones, como pasa con la nueva Ley. Las autoridades siempre deben tener presente que el intento de “cambiar todo” con la nueva ley, lo único que va a lograr es que nada termine por cambiar: esta es una regla política que la arrogancia a veces pretende esconder.

[Elisa]

2009-02-03-MI SUEÑO DE OPIO

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MI SUEÑO DE OPIO

La Extra, 03 de febrero del 2009.


Hasta hace poco había abrigado el sueño de que los señores Magistrados de la Corte Suprema de Justicia recapacitarían acerca de su reciente decisión de aumentar su salario y el de altos funcionarios del Poder Judicial en casi un 60%. Sin embargo, parece que mi sueño fue de opio y la afrenta a los costarricenses aún hoy está vigente.

Recientemente un respetable magistrado expuso en un programa radial cómo sus colegas se aumentaron su ya de por sí elevado salario, el cual estaba por encima de casi todos los otros del sector público, en donde además reciben pagos en especie como vehículo último modelo, gasolina, chofer y seguridad en algunos casos, lo que no tiene el resto de los ciudadanos. No me importa si su salario es alto o no, sino que me irrita la inconsciencia con que lo incrementaron, pues la situación económica es totalmente inapropiada para alza tan grande y más bien los jueces deberían dar un ejemplo de frugalidad a tono con las dificultados que hoy vivimos en nuestros hogares.

Hace unos días el Presidente de la República pidió a los empresarios que, antes de despedir a sus empleados, redujeran los salarios propios y así conservaran el empleo de estos. Tal petición resalta una diferencia entre un salario en el sector privado y otro en el estado. Mientras el primero es un pago efectuado de fondos propios, en el segundo proviene de todos los costarricenses obligados a pagar impuestos. Hoy, cuando muchos costarricenses estamos preocupados por nuestro empleo y nuestro ingreso laboral, vemos con desagrado, para decirlo de la forma más decente que me puedo imaginar, que esos señores magistrados no tomen en cuenta la importancia de que en el país haya una percepción de equilibrio político y que con su actuar lo están rompiendo.

La Contraloría dirá que ese aumento es decisión propia de los magistrados (de paso, también para los sueldos en la Contraloría, entre otros entes de gobierno), pero eso no justifica el lógico disgusto ciudadano y para quienes consideran que lo que se amerita es una sanción política a los magistrados en el seno de la Asamblea Legislativa, no reeligiéndoles en su momento, les digo que el daño ya está hecho: los nuevos jueces que nombrarían recibirían el salario con esa alza del 60%.

¿Qué queda a los ciudadanos, además del derecho al berreo? ¿El desprecio por el comportamiento asocial de esos señores? Nuestra preocupación por esta insana conducta, ¿a qué rumbos nos podrá llevar? ¿a la rabia? ¿al odio? ¿a dejar de lado el respeto que siempre hemos tenido por esos altos magistrados? Tal vez lo sea al horror de darnos cuenta de cómo tan preclaros ciudadanos son capaces de actuar con tal grado de inconsciencia ante el sufrimiento de su pueblo, pues las cosas hasta se hicieron con un bajo perfil, lo que muestra cómo esas personas, que tan a menudo nos hablan de solidaridad, por otro lado abusan de los impuestos que en esta crisis todos pagamos con mayor dificultad, para darse tan jugoso incremento salarial. Con esto queda claro que la gente se comporta de la misma manera en el campo político que en el económico, en ambos actúan en función de sus intereses propios ¡Quiera Dios que las damas y caballeros que se han beneficiado con tal aumento salarial por ellos dictado, tengan escrúpulos por el daño social y político que con sus actos están provocando!

[Elisa]

2009-02-10-EMPLEO A LO LOCO

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EMPLEO A LO LOCO

La Extra, 10 de febrero del 2009.


Para protegernos ante la crisis económica actual, diversos sectores han acordado que es necesaria alguna política en el sector público que aumente la generación de empleos, ante la incapacidad privada de hacerlo en estos momentos.

Por ello es importante definir la forma en que el gobierno debería de crear dicho empleo. Por eso me sorprendió la concepción que de ello tiene el usualmente lúcido Ministro de Hacienda, don Guillermo Zúñiga, cuando un periodista del Canal 6, ante la petición hecha por el gobierno de que en el sector privado se mantenga el empleo aún a costa de reducir los costos, le preguntó qué cuáles eran las políticas que el gobierno definió sobre el empleo en el sector público ante los altos costos de su planilla.

Elusivo, el Ministro le dijo que él presidía la autoridad presupuestaria y que la decisión era aprobar cualquier solicitud de más trabajadores formulada por los entes públicos que así lo solicitaran. En síntesis, el aporte que el estado daba a la política de mantener los niveles de empleo era el de aprobar cualquier petición para dar chamba.

La respuesta de don Guillermo es muy grave pues desconoce cuál es el propósito de una política de creación de empleo público como paliativo al desempleo privado en una crisis económica. El primer factor es la temporalidad, porque la crisis no es eterna, sino por un tiempo y que, si bien no es posible definirlo, significa que ese programa de empleo es útil en tanto sea necesario y para ello no se vale crear una nueva oleada de burocracia amparada al Servicio Civil que hace casi imposible revertirlo una vez pasada la emergencia.

El segundo factor importante es qué tipo de empleo se debe crear. No es simplemente el que solicite cualquier ente gubernamental ante la Autoridad Presupuestaria, sino que sea diseñado para absorber rápidamente aquél desplazado por la crisis: una sugerencia ha sido hacerlo en obras temporales como el mantenimiento de caminos tan abandonado en el país, pues se puede hacer rápidamente y mediando contratos temporales y no eternos, como es usual en la burocracia pública.

En tercer lugar, a pesar de que simplonamente se sugiere aumentar el empleo en infraestructura, eso no suele tener sentido, porque mucha de ésta demandará mano de obra cuando posiblemente ya no sea necesaria. Una obra grande de infraestructura es usual que requiera de tiempo para diseñarla y aprobarla, luego para licitarla y adjudicarla y si se apela ante la Contraloría, como es lo usual en mucho por el mal diseño operativo de esa entidad, tomará muchos meses más para que pueda empezar, cuando sería, al fin, que se demande trabajo (¿dentro de 5 o 10 años?).

Por último, el primer esfuerzo creador de empleo productivo debe provenir de un temeroso sector de inversión privada, por lo que medidas generales como depreciación inmediata y aplicable en tanto haya utilidades, así como ampliar el plazo en que se pueden diferir las pérdidas para efecto de impuestos, podría ser más eficiente que crear más plazas en el gobierno, como señaló don Guillermo.

No se trata de crear una nueva capa de empleo permanente en el sector público; eso lo tendremos que pagar todos los ciudadanos y en donde no se tiene los incentivos hacia la eficiencia que hay en el sector privado. Hacer loco en estos momentos, es lo menos que se pueda desear.

[Elisa]

2009-02-17-SI HAY PATADAS QUE SEA PA'TODOS

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SI HAY PATADAS, QUE SEA PA’TODOS

La Extra, 17 de febrero del 2009.


El tema del empleo en nuestra economía en tiempos difíciles está en la picota. Lo interesante es que, aparte del deseo expresado por algunos de “crear empleos” permanentes en el sector público, como forma de compensar una supuesta desocupación originada en el sector privado, es poco lo que en consonancia, uno ve en el propio sector público. Por el contrario, la visión en el estado parece ser que sólo está para crear trabajos durante la crisis, pero no para poner algún grado de orden en sus propias estructuras laborales. Ya han visto lo que sucedió con la recetada de aumento salarial que se dieron los Magistrados, sin explicación pública y en total inconciencia con lo que hoy sufren muchos desempleados, aumentazo que –siempre esperanzado- no podrá ni deberá quedar impune.

Pero también hace poco el mismo gobierno decretó un fuerte aumento en el salario de los maestros. Tiendo a creer que en este sector posiblemente se deberían dar tales aumentos, tal vez ilusionado por el alegato de que nuestra educación no es buena porque los maestros son mal pagados. Pero, bien podría decirse que esos aumentos, en tanto no estén ligados a resultados de aumentos en la productividad, simplemente serán otro regalo del dispendioso gobierno, tal vez como medio de arreglar que no haya huelgas de sindicatos poderosos que ya todos conocemos.

Pero al sector privado sí se le pide públicamente que no despidan gente, aunque ello signifique que las empresas no puedan salir económicamente bien de esta crisis. Incluso alguien alega por ahí que “es mejor que dos hagan el trabajo de uno y ganen la mitad.” Esta sugerencia gubernamental significa que los ingresos laborales de cada persona se reducirán. Es posible que tal situación se tendrá en presencia de una crisis grave como la que algunos anticipan, pero ¿no creen Ustedes que esa práctica sugerida debería empezar por casa, en el gobierno, y no tan sólo pedir su vigencia en la empresa privada?
Es más, las empresas suelen ser reacias a despedir a los empleados que necesitan. Hay una enorme inversión en conocimiento útil originado en esas mismas empresas, que se perdería si simplemente se dejara ir a sus trabajadores. Ello se daría tan sólo en un caso extremo en que, de no hacerlo, la empresa podría quebrar. En tanto, la empresa empezaría por despedir al personal que no le es tan productivo ahora, en tanto que conservará aquél necesario para cuando se dé la recuperación económica. Es más la actual legislación impide la flexibilidad requerida en la contratación laboral, de manera que permita, en medio de la crisis, que los trabajadores conserven sus empleos trabajando cuatro días en vez de cinco a la semana.

La pregunta es si en el gobierno sucede algo similar. Más bien parece ser que se sigue en la abundancia e incluso recientemente he llegado a saber que en una entidad gubernamental se han dado despidos que requieren del pago de prestaciones por más de ocho dígitos (saquen la cuenta). La ausencia de austeridad (no sólo en los almuerzos) es notoria en el estado costarricense. Tal vez la crisis hará que los ticos despertemos y actuemos denunciando la jauja pública.

[Elisa]

2009-03-03-EL CONSUMIDOR EXTIRPADO

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EL CONSUMIDOR EXTIRPADO

La Extra, 03 de marzo del 2009.

Así fue: en la gran reunión recientemente organizada en la Casa Presidencial entre taxistas y porteadores al consumidor no se le vio ni siquiera en un “póster”. No llegó como invitado de piedra, sino que su soberanía fue el objeto que se negoció, distribuida a manos llenas entre dos grupos de transportistas en disputa.

El meollo del pleito es sencillo: ver cuál le da el servicio de transporte a los consumidores. Es un mercado muy rico que se quiere dejar tan sólo para que se sirvan unos privilegiados. Unos alegan tener un derecho primigenio; los otros, uno establecido en el Código de Comercio. Ambos deberían tener el derecho de dar el servicio, si no fuera porque, como siempre, el estado se mete en medio camino, creando obstáculos para que los consumidores no puedan escoger libremente quién les dará el servicio que desean.

El problema está en que el estado tiene que repartir ese privilegio. Si se lo da a los taxistas, los porteadores alegarán tener uno similar; si el estado se lo otorga a los porteadores, los taxistas dirán que se trata de una práctica ilegal. Así el gobierno, tratando de lograr votos repartiendo lo que no es dueño, buscará cómo complacer a ambos grupos, aunque sea la causa de que Usted, amigo consumidor, sufra grandes daños.

Al otorgar el monopolio a estos dos grupos, impide la entrada de otras personas que podrían darle un servicio posiblemente más barato. Los porteadores (o algunos líderes) al aceptar el “arreglado”, olvidan que ellos empezaron como piratas ilegales. Pero, bueno, tal vez de eso se trataba: de tener ahora la bendición de la legalidad en el marco del monopolio. Pero, no se podrá eliminar a los piratas, gracias a Dios y para bien de nosotros, los consumidores. Al venir tiempos difíciles de empleo y tirar el gobierno por la borda el plan Escudo, en cuanto a generar trabajo para quienes lo pierdan por la crisis, ante su infortunio lo primero que harán es usar el tal vez único activo que poseen: a piratear con su carrito para llevar algo a casa.

El Estado estimula la presencia de piratas cuando, para proteger a los taxistas, fijó un elevado precio mínimo del servicio cuando la gasolina estaba cara y fue mucho después de que bajó, cuando ARESEP decide reducirlo. Ojalá esto no sea un alegrón de burro, porque desde ya los taxistas han anunciado que solicitarán un nuevo aumento en las tarifas, porque saben que se ha reducido la competencia que les impedía hacerlo, gracias a la decisión estatal de protegerlos con un monopolio

La solución al problema del transporte en taxis es sencilla y sólo se requiere de una voluntad política casi siempre ausente: en libertad cualquiera podría dar ese servicio en tanto cumpla con requisitos no discriminatorios, universales y aplicables a todos. Por ejemplo, que el vehículo tenga un color rojo, que pase RITEVE, que tenga un seguro contra accidentes, que en su interior se muestre un permiso con la foto del conductor. En general, regulaciones básicas y que benefician al consumidor. Eso sucedería si tuviéramos un buen estado interesado en el bienestar de sus ciudadanos y no en otorgar privilegios a grupos específicos. Pero ya sabemos que eso no sucede en nuestro país, en donde a quienes sirven a 4.5 millones de consumidores, como los piratas, más bien se les termina por colgar el sambenito de delincuentes.

[Elisa]

2009-03-10-LOS CASEROS DUEÑOS DEL OLIMPO

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LOS CASEROS DUEÑOS DEL OLIMPO

La Extra, 10 de marzo del 2009.

Hoy los costarricenses sufrimos las consecuencias de dos grandes impactos económicos, uno proviene del exterior y otro de cosecha estrictamente doméstica. Al primero lo conocemos bien: es la crisis global que afecta a todas las naciones. En nuestro caso la recesión mundial se refleja en un descenso de las exportaciones, que a la vez afecta nuestra posibilidad de importar, asociado a un descenso de la inversión extranjera, que jugó tan importante papel en la expansión económica de la última década, además de una caída en servicios como el turismo. Todo se traduce en una disminución de la producción doméstica, un alza del desempleo, tal vez un empeoramiento de la distribución del ingreso y sin duda que en una baja de la riqueza de los ciudadanos, así como en una disminución de la inflación por la reducción tan fuerte en los precios internacionales de todo tipo de bienes y servicios importados.

A estos efectos de la crisis internacional -albarda sobre aparejo- se suma una crisis autóctona ocasionada por una política incorrecta seguida por el Banco Central, que hace un par de años, artificiosamente y para proteger el límite inferior de una falsa banda cambiaria, redujo radicalmente las tasas de interés para evitar que entraran divisas al país y se diera un menor tipo de cambio del dólar. Tal reducción provocó un endeudamiento generalizado, un falso aliciente para realizar inversiones, que al ser menor el costo de su financiamiento resultaban ser falsamente rentables, así como una inflación que no es sino hasta hace poco que empieza a reducirse, más que todo por la caída de los precios de los bienes y servicios que importamos.

Ante la crítica de diversos pensadores, las autoridades del Banco Central escogieron seguir una conducta que caracterizo como severo caso de autismo, despreciando algo esencial en una democracia, cual es la obligación de los funcionarios públicos de rendir cuentas de sus actos ante los ciudadanos. Bien puede ser porque, parafraseando aquella famosa frase de Hayek, sufren de un “engreimiento fatal”, al considerarse seres superiores al resto de los conciudadanos, infalibles que todo lo saben y, por tanto, que no deben prestar atención a lo que se diga sobre sus actos. Podrán tener títulos de rancia alcurnia, pero suelen ser tan limitados como otros profesionales que disienten de lo que hacen los burócratas de turno. Deberían de agradecer a quienes piensan diferente, pues les podría enriquecer su vida pública, mediante un intercambio de opiniones que permita ver si lo hecho está bien y, si no, para corregirlo. Pero prefieren rodearse de un escogido coro de lambiscones que les acaricien con un “yes” a todo lo que hacen, sin que les cuestionen de forma alguna la validez o corrección de lo actuado.

No son ni los mejores, ni tampoco lo sabios que pretenden ser, pues alguien con inteligencia primordial más bien buscaría a quienes opinan diferente, para poder valorar si lo que se hace es lo apropiado. Menospreciar y pretender aislar, excluir y arrinconar, a quien opina diferente es un camino errado. En una democracia ello se cobrará en su momento, pero lo lamentable es que, en tanto se llega a ese final, habrán provocado aún mayores daños a un pueblo que sufre por esa arrogancia de sus caseros dueños del Olimpo.

[Elisa]

2009-03-17-PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE ANFE

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PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE ANFE

La Extra, 17 de marzo del 2009.

Este martes ANFE inicia su curso “La Inflación: la presunta inocencia del Banco Central” que llevará a cabo en sus instalaciones ubicadas de la Casa Italia, 150 metros al oeste, Barrio Francisco Peralta, durante los martes 24 y 31 de marzo y el martes 14 de abril de 6 a 7 y media p. m. Dicha actividad será impartida por el economista y presidente de la Junta Directiva de ANFE, Dr. Jorge Corrales Quesada. Se distribuirá el material didáctico necesario y su costo es de ¢10.000, lo cual incluye un refrigerio al final de cada sesión. Existe una cantidad limitada de becas para estudiantes, tanto de enseñanza media como universitaria. Para inscribirse pueden llamar lo más pronto posible dada la limitación de cupo a los teléfonos 2253 4460, 2253 4497 y 8376 1947 o por el correo electrónico anfe@anfe.or.cr En este curso se hace una amplia explicación del fenómeno inflacionario, en donde se analizarán distintas explicaciones alternativas acerca de su origen, tales como si el alza en los precios del petróleo es causa de la inflación o si lo es el aumento en los salarios o el incremento de los productos agrícolas, entre otros, para enfatizar el origen monetario de la inflación: mucho dinero persiguiendo pocos bienes.

Asimismo, este jueves 26 de 6 a 7 y media de la noche se efectuará el foro “¿Debe Reducirse el Encaje Bancario? con la participación del economista y Gerente General del BAC-San José, Lic. Gerardo Corrales y como moderador el economista Dr. Juan Muñoz Giró, Vice-presidente de ANFE. La actividad se realizará en las instalaciones de ANFE, en la dirección arriba mencionada, y no tiene costo alguno, pero, al ser de cupo restringido, se sugiere reservar su lugar a los teléfonos o a la dirección electrónica también antes mencionados. Al final de la actividad habrá un refrigerio. No hay duda que el tema del foro reviste una enorme importancia actual, en especial por la coyuntura recesiva por la cual pasa nuestra economía y en donde la política monetaria que prosiga el Banco Central es crucial si se quiere mitigar los efectos de la recesión.